Sentencia Nº 2005-08751 de Sala Constitucional, 29-03-2019

Fecha de Resolución:29 de Marzo de 2019
Emisor:Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
 
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*190045570007CO*

EXPEDIENTE N° 19-004557-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2019005817

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintinueve de marzo de dos mil diecinueve .

              Recurso de amparo interpuesto por CAROL MARÍA SEQUEIRA  BARAHONA, cédula de identidad 0304270227, HAZEL TATIANA TENCIO  MARTÍNEZ, cédula de identidad 0112250968, JOSELITO UREÑA VEGA, cédula de identidad 0106530999, KENNIA GILANNIA ROJAS CAMACHO, cédula de identidad 0303500773, KEYSSEN JESÚS SANDOVAL ARAYA, cédula de identidad 0114640609, LUDIN FERNANDO MARTÍNEZ WILLIAMS, cédula de identidad 0105550157, LUIS FERNANDO JARA  BARRANTES, cédula de identidad 0401240517, MARK JOSÉ UREÑA HIDALGO, cédula de identidad 0114080873, ROBERTO DE GERARDO BLANCO  RETANA, cédula de identidad 0203540167, WAYNER DAVID FALLAS  MORA, cédula de identidad 0114340448, contra el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Resultando:

              1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 16 de marzo de 2019, los recurrentes interpusieron recurso de amparo contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Manifiestan que laboran como Oficiales de Tránsito para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Precisan que el Ministerio recurrido implementó una jornada laboral de 12 horas diarias a los Oficiales de Tránsito. Afirman que el 4 de diciembre de 2009 se firmó un "Acuerdo Marco" para los diferentes cuerpos policiales del país y se acordó solicitar la intervención del Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el caso de los oficiales de tránsito, para unificar los horarios y jornadas de trabajo, así como las cargas de trabajo y condiciones laborales. Sostienen que los criterios del Consejo de Salud Ocupacional, dada la especialización de la materia, son vinculantes para la Administración, y desde el 2010 determinó que la jornada que venían laborando los Oficiales de Tránsito en ese momento era extenuantes, y existían factores de riesgo asociados a la naturaleza y condiciones de trabajo que prevalecen durante el ejercicio del trabajo de la Policía de Tránsito que inciden significativa y desfavorablemente sobre su salud, bienestar y calidad de vida, por lo que el Consejo acordó definir la jornada de trabajo de los Oficiales de Tránsito a 8 horas diarias. Agregan que a pesar de lo anterior, la Auditora General del MOPT realizó una consulta a la Procuraduría General de la República respecto al tema de las jornadas de trabajo para los Oficiales de Tránsito. Señalan que la Procuraduría General de la República mediante criterio No. C-025-2019 del 30 de enero de 2019, señaló que los Oficiales de Tránsito se encuentran regidos por la Ley General de Policía y que no están sujetos a las jornadas máximas establecidas en el Código de Trabajo, motivo por el cual dicha jornada puede ser de hasta 12 horas diarias. Amplían que el Ministro de Obras Públicas y Transportes por oficio No. DM- 2019-0863 del 11 de marzo del 2019, le comunicó al Director General de la Policía de Tránsito que en acatamiento de lo establecido en el criterio esgrimido por la Procuraduría General de la República, se debía proceder a establecer una jornada laboral ordinaria de 12 horas diarias e implementar el horario y la jornada utilizado por la Fuerza Pública de 4 días semanales de 12 horas y 2 días de descanso a la semana. Refieren que la orden emitida por el Ministro recurrido violenta sus derechos fundamentales, pues al instaurarse una jornada ordinaria de 12 horas para los Oficiales de Tránsito está poniendo en peligro la seguridad y salud de ellos, pues está demostrado que dado el tipo de funciones que deben desarrollar y a los lugares en donde deben desempeñar las labores, están expuestos a la contaminación de los vehículos, lo cual genera un severo riesgo para la salud, pero además, la exposición al sol durante periodos tan largos de tiempo, aumenta la posibilidad de contraer cáncer de piel. Concluyen que la jornada que se instauró fue derogada desde marzo de 2017, en virtud de que implicaba una afectación a los derechos laborales de los oficiales de la Fuerza Pública, y dicho rol tampoco se aplica a ninguno de los otros cuerpos policiales existentes en el país, por lo que representaría una discriminación respecto de los otros cuerpos policiales del país. Solicitan que se declare con lugar el recurso y se ordene al Ministerio de Obras Públicas y Transportes respetar los criterios técnicos y jurídicos emitidos por el Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asimismo, que se deje sin efecto el oficio DM-2019-0863 del 11 de marzo del 2019.

              2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

              Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

              I.- Objeto del recurso. Los recurrentes pretenden cuestionar en esta jurisdicción la interpretación realizada por las autoridades recurridas para aumentar la jornada laboral de 12 horas diarias a los Oficiales de Tránsito.

              II.- Sobre el caso concreto. Vistas las alegaciones de los recurrentes, se les hace ver que, conforme este Tribunal ha declarado reiteradamente, los horarios especiales a los que están sometidos los miembros de las distintas fuerzas de policía, no violentan el artículo el artículo 58 de la Constitución Política. De esta forma, en el fallo No. 2005-08751 de las 15:27 horas del 5 de julio de 2005, se dispuso lo siguiente:

"Esta Sala, en sentencia Nº 2005-04963 de las 12:36 horas del 29 de abril del 2005, ya se pronunció sobre el reclamo que aquí presenta el accionante, indicando lo siguiente:

“Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala respecto de la jornada laboral policial y ha considerado que la misma no lesiona derecho fundamental alguno por cuanto estos trabajadores se encuentran dentro de un régimen de excepción que les excluye de lo preceptuado por el artículo 58 de la Constitución Política. En este sentido mediante sentencia número 02888-98 de las diecisiete horas con cincuenta y siete minutos del veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho, se indicó lo siguiente:

“El recurrente pretende que por medio de este recurso de amparo se disponga que los Guardias Civiles tienen derecho al disfrute de los días feriados y descansos semanales a los policías, o que en su defecto que se les debe remunerar con el doble salario. El artículo 58 de la Constitución Política, en lo que interesa, establece:

“La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana... Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados que determine la ley”.

      Por su parte, de las disposiciones legales aplicables -artículos 8 y 12 de la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública y 143 del Código de Trabajo- se concluye, que los servidores policiales califican dentro del régimen de excepción que contempla el artículo 58 transcrito, dadas las funciones que deben cumplir, por lo que no resulta aplicable a ellos, la limitación de cuarenta y ocho horas semanales de trabajo específico -máxime que su función no se limita al tiempo de su servicio-. Igual régimen de excepción resulta aplicable en lo que al día de descanso y a las vacaciones se refiere, pues el propio artículo 59 de la Carta Magna dispone la posibilidad de que el legislador en casos muy calificados, como lo es el de los servidores de la fuerza pública, establezca 'excepciones' a lo allí estipulado. Por lo expuesto y al no haberse producido la violación acusada tanto al artículo 58 como 59 Constitucionales, y en consecuencia tampoco al 33 -ya que esos servidores conforman, por las circunstancias apuntadas, una categoría distinta de trabajadores-, el recurso resulta inadmisible y así debe declararse".

Del mismo modo, en la sentencia No. 2016004980 de las 09:05 horas del 15 de abril de 2016, la Sala dispuso:

“SOBRE LA JORNADA DE TRABAJO DE LOS OFICIALES DE TRÁNSITO. El artículo 59, de la Constitución Política establece lo siguiente:

“Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso después de seis días consecutivos de trabajo, y a vacaciones anuales pagadas, cuya extensión y oportunidad serán reguladas por la ley, pero en ningún caso comprenderán menos de dos semanas por cada cincuenta semanas de servicio continuo; todo sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que el legislador establezca”.

Así, resulta claro de la norma trascrita que, en casos muy calificados, el legislador permite establecer excepciones respecto a la jornada ordinaria de los trabajadores. En cuando a los Oficiales de Tránsito, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6, de la Ley General de Policía, forman parte de las fuerzas de policía, dichos trabajadores se encuentran excluidos de la jornada ordinaria en atención a la índole de las funciones que realizan y a los bienes jurídicos resguardados con la actividad policial . Al respecto, esta Sala por sentencia 2014-002062 de las 14:30 horas del 18 de febrero de 2014, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“(…) la jornada de trabajo de los policías de tránsito, al formar parte de los cuerpos policiales, se encuentra dentro de los supuestos de excepción que el artículo 143 del Código de Trabajo establece, por lo que su jornada ordinaria es de 12 horas diarias y 72 horas semanales. En virtud de lo anteriormente expuesto, el actuar de la autoridad recurrida esta dentro de sus potestades, siendo posible el establecimiento de esta modificación a las jornadas de trabajo para los oficiales de la Policía de Tránsito, lejos de ser lesivo de los derechos fundamentales del recurrente más bien se ha adoptado en aras de proteger los intereses de los trabajadores de la Policía de Tránsito, lo que implica necesariamente que el amparo es improcedente…”.

Por último, en el fallo No. 2011009547 de las 10:15 horas del 22 de julio de 2011, este Tribunal declaró lo siguiente:

"La parte recurrente pretende que esta Sala tome las medidas que sean necesarias con el fin de fiscalizar la procedencia de la variación del rol de servicio a un grupo de Oficiales de Tránsito que pertenecen al Grupo de Patrullas de la Delegación de Tránsito de San José, el cual se efectúo el día 11 de junio de 2011, pues dicho cambio de horario le ha causado una serie de perjuicios a nivel laboral a sus representados. En su criterio, el nuevo rol de servicio no puede ser aplicado en el país, pues los oficiales no tienen donde pernoctar y no se les conceden la alimentación necesaria para desempeñar sus labores, por lo que esta Sala debe suspender la aplicación del nuevo horario en disputa. No obstante, esa pretensión es ajena al ámbito de competencia de esta Jurisdicción. Esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, de modo que no le compete revisar si el horario establecido a los oficiales de la Delegación de Tránsito de San José por parte de la Dirección recurrida se ajusta o no a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común, administrativa o jurisdiccional. Por ello, deberá el recurrente plantear su inconformidad o reclamo ante la vía administrativa recurrida, o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones".

Como estos precedentes son aplicables al caso en estudio, de persistir en su disconformidad, deberá la parte accionante acudir ante la vía de legalidad que corresponda, administrativa o jurisdiccional, a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho proceda.

Finalmente, en reiteradas ocasiones, esta Sala ha señalado que en aquellos casos en que se acuse vulneración al numeral 33 de la Constitución Política, no basta con que la parte recurrente afirme que se ha producido un trato distinto entre dos sujetos para tener por demostrado el quebranto a la norma constitucional, toda vez que quien alega la violación a este principio está obligado a aportar ab initio elementos suficientes que sugieran -con un grado de probabilidad razonable- que de modo injustificado se ha dado un trato diferenciado a situaciones iguales. Es decir, no se infieren elementos suficientes –ni siquiera indiciarios- que permitan denotar una posible lesión al principio de igualdad. En conclusión, de lo reclamado no se desprende alguna posible lesión a derechos fundamentales que permita la admisión a estudio de fondo de este asunto. Así las cosas, se declara inadmisible el recurso.

              III.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza por el fondo el recurso.-

 

 

Fernando Castillo V.

Presidente

 

Paul Rueda L.

 

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

 

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

 

Mauricio Chacón J.

 

 

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