Sentencia Nº 2015-395 de Sala Tercera de la Corte, 28-11-2018

Fecha de Resolución:28 de Noviembre de 2018
Emisor:Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia
 
CONTENIDO

*170003030006PE*

Exp: 17-000303-0006-PE
Res: 2018-00871
SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las dieciséis horas treinta minutos del veintiocho de noviembre del  dos mil dieciocho.
            Procedimiento de revisión interpuesto en la presente causa seguida contra Edwin Rodrigo de la Trinidad Masís Quirós, costarricense, mayor de edad, divorciado, abogado , cédula de identidad número uno- setecientos cuarenta y cuatro- novecientos treinta y nueve; por el delito de falsedad ideológica agravada en concurso ideal con un delito de estafa mayor, en perjuicio de [Nombre 001]. Intervienen en la decisión del procedimiento las Magistradas y los Magistrados Jesús Alberto Ramírez Quirós, Rosibel López Madrigal, Jorge Enrique Desanti Henderson, Sandra Eugenia Zúñiga Morales y Rafael Segura Bonilla, los cuatro últimos como suplentes.  Además, en esta instancia, la licenciada Lucrecia Rivas Quesada, como defensora pública del encartado. Se apersonó la representante del Ministerio Público, licenciada Adriana Chaves Redondo.
Resultando:
            1.- Mediante sentencia N° 2015-395 de las catorce horas cincuenta minutos del primero de setiembre del dos mil quince, el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, Sede Desamparados, resolvió: “POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, artículos 8 y 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 37 al 41, 54, 70, 71, 11 al 124, 141 al 143, 180 al 184, 265 al 270, 360 al 368, 372, 373 al 375, 483, 484, 488 y 492 del Código Procesal Penal, artículos 1, 2, 18, 21, 22, 30, 31, 45, 50, 51, 59 al 63, 71, 72, 73, 74, 75, 76 103 inciso 2), 216 inciso 2) y 366 al 367 del Código Penal, artículos 122 al 138 del Código Penal de 1941 que se refieren a las Reglas Vigentes Sobre Responsabilidad Civil, artículo 1045 del Código Civil, artículos 1, 16, 18 y 38 y 42 del Decreto Ejecutivo Número 36562-JP vigente el 18 de mayo de 2011 (Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado), se declara al imputado Edwin Rodrigo De La Trinidad Masís Quirós autor responsable de un delito de falsedad ideológica agravada en concurso ideal con un delito de estafa mayor, cometidos en perjuicio de la fe pública y el ofendido [Nombre 001], y en tal carácter se le impone la pena total de un año y cuatro meses de prisión (sin aumentarla), la cual deberá descontar en el centro carcelario que determinen las normas y reglamentos de Adaptación Social. Se rechaza el otorgamiento del beneficio de condena de ejecución condicional de la pena a favor del sentenciado Edwin Rodrigo De La Trinidad Masís Quirós, al no cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 60 del Código Penal. Se rechaza la solicitud de unificación de penas solicitada por la Defensa, en virtud de que en este momento el Tribunal no cuenta con suficientes elementos de prueba para llevarla a cabo, sin perjuicio de que se gestione en la etapa de ejecución de sentencia. Se declara con lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por el ofendido [Nombre 001], quien otorgó poder especial judicial a la Licda. Yorleny Campos Oporta, en contra del demandado civil Edwin Rodrigo De La Trinidad Masís Quirós. Consecuentemente se condena al demandado civil Edwin Rodrigo De La Trinidad Masís Quirós, a pagar a favor del ofendido y actor civil [Nombre 001] , la suma de ocho millones doscientos cincuenta y tres mil colones (¢8.253.000), por concepto de daño material y moral, la cual se desglosa de la siguiente forma: i. Daño material, el cual se concede en la suma de tres millones doscientos cincuenta y tres mil colones (¢3.253.000); ii. Daño moral, el cual se concede en la suma de cinco millones de colones (¢5.000.000). Además, se condena al demandado civil Edwin Rodrigo De La Trinidad Masís Quirós a pagar a favor del ofendido y actor civil [Nombre 001], la suma de un millón cien mil cuatrocientos colones (¢1.100.400) por concepto de costas personales, por el ejercicio de la acción civil resarcitoria. De igual forma, se condena al querellado Edwin Rodrigo De La Trinidad Masís Quirós a pagar a favor del ofendido y querellante [Nombre 001] , la suma de cuatrocientos cincuenta mil colones (¢450.000) por concepto de costas personales, por el ejercicio de la querella. Así las cosas, el acusado, querellado y demandado civil Edwin Rodrigo De La Trinidad Masís Quirós se le condena a pagar a favor del ofendido, actor civil y querellante [Nombre 001], la suma total de nueve millones ochocientos tres mil cuatrocientos colones (¢9.803.400), junto con los correspondientes intereses al tipo legal, desde la fecha en que esta sentencia adquiera firmeza hasta su efectivo pago, intereses que deben ser liquidados en la vía civil de ejecución de sentencia. Dicha suma de dinero debe ser cancelada por parte del acusado, querellado y demandado civil Edwin Rodrigo De La Trinidad Masís Quirós a favor del ofendido, actor civil y querellante [Nombre 001], una vez que esta sentencia adquiera firmeza, caso contrario y de conformidad con lo establecido en el artículo 488 del Código Procesal Penal, el ofendido y actor civil [Nombre 001] podrá ejecutar el cobro en la vía civil de ejecución de sentencia. No existen bienes decomisados a la orden de este Tribunal, sobre los cuales se deba disponer en esta sentencia. Al haberse declarado en esta sentencia la falsedad ideológica del testimonio de escritura pública número 375 de las 16:00 horas del 4 de diciembre de 2009, visible a folio 162 frente del tomo 9 del protocolo del notario público Edwin Rodrigo Masís Quirós, en el cual el imputado y notario público Edwin Rodrigo Masís Quirós, en coautoría con el coimputado Ronald Hernán Jenkins Monge insertaron falsamente que el imputado Ronald Jenkins Monge comparecía como propietario del automóvil marca Hyundai Elantra, modelo 1999, color verde, placas 701079, y que a la vez la venta de ese automotor la hacía a favor del señor [Nombre 001] , por medio de un poder especial otorgado al efecto por el señor José Alonso Camacho Soto (quien para ese momento aparecía ante el Registro Nacional como propietario registral del citado vehículo), expedido mediante la escritura pública número 301 de las 9:00 horas del día 9 de noviembre de 2009, visible a folio 125 frente, del tomo noveno del protocolo del notario público Edwin Rodrigo, poder sobre el cual dicho notario público daba fe sobre su existencia y vigencia; de conformidad con el artículo 468 del Código Procesal Penal, se declara la falsedad de dicha escritura pública. Consecuentemente se ordena al Archivo Nacional (concretamente al Archivo Notarial), proceda a anotar la declaratoria de falsedad, al margen de la matriz de dicha escritura pública. Al no haberse presentado testimonio de dicha escritura pública ante el Registro Nacional, no debe ordenarse comunicar lo resuelto a dicha institución. Al haberse demostrado que el acusado Edwin Rodrigo Masís Quirós, cometió los hechos delictivos de falsedad ideológica agravada y estafa mayor en perjuicio de la fe pública y del ofendido [Nombre 001], aprovechándose de su condición de abogado y notario público, se ordena comunicar esta sentencia condenatoria al Colegio de Abogados y a la Dirección Nacional de Notariado, para lo de su cargo. Firme el fallo, inscríbase en el Registro Judicial y envíense los testimonios de estilo ante las oficinas correspondientes. Es todo. Notifíquese. Esteban Amador Garita Juez de Juicio. (sic)”.
            2.-  Contra el anterior pronunciamiento el imputado, interpuso procedimiento de revisión. 
             3.-  Verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer del procedimiento.
            4-  En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
Considerando:
             I.  Mediante resolución 2018-121, de las 10:52 horas, del 28 de febrero de 2018, esta Sala admitió para estudio de fondo el procedimiento de revisión interpuesto por el sentenciado Edwin Masís Quirós, en contra de las sentencias números 2013-589, dictada por el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José; 2015-340, dictada el 4 de agosto de 2015 por el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José y 2015-395, dictada por el Tribunal de Juicio del Tercer Circuito Judicial de San José el día 1 de setiembre de 2015, todas por los delitos de falsedad ideológica y otros, en perjuicio de la fe pública.
II. En el único motivo, solicita el sentenciado se revise las sentencias indicadas por cuanto en ellas se agravó la pena a expensas de su condición de notario público, misma que para el momento de su juzgamiento se equiparaba a la de funcionario público, y por ende implicaba la agravación del delito de falsedad ideológica.  Menciona como fundamento de su gestión el voto 2017-8043 de la Sala Constitucional. El motivo se declara parcialmente con lugar.  La formulación del motivo es parca en señalar la relevancia del voto de la Sala Constitucional que cita como fundamento del procedimiento de revisión; pese a ello, el tema es de gran relevancia dado que la resolución 2017-8043, emitida por la Sala Constitucional a las 11:50 horas, del 26 de mayo, desarrolla un criterio jurisprudencial que con carácter de erga omnes marca un límite en la definición del contenido normativo del término funcionario público, al excluir del mismo al notario público que ejerce la función notarial desde el  ámbito privado.   Partiendo del artículo primero del Código Notarial (Ley No. 7764 de 17 de abril de 1998) dice la Sala Constitucional que se: “califica el notariado como “función pública”, en el sentido que el notario público es, esencialmente, un fedatario público que da plena fe, para efectos jurídicos, de una serie de hechos y actos de relevancia jurídica. Con lo que es evidente que el correcto ejercicio de la función notarial tiene un inequívoco interés público o relevancia pública, dadas las implicaciones que tiene algún yerro cometido de manera intencional o no por un fedatario público. Empero, a partir de tal calificación legal no cabe concluir que el notario público sea un funcionario público, en el sentido que lo define el bloque de legalidad al que debe, necesariamente, remitirse el juez penal para imponer una condena. De otra parte, el artículo 2°, párrafo 1°,  del Código Notarial es más preciso al indicar que “El notario público es el profesional en Derecho, especialista en Derecho Notarial y Registral, habilitado legalmente para ejercer la función notarial (…)”.Es menester concordar las dos normas ya citada con los artículos 30 y 31 del Código Notarial, para evitar caer en una interpretación y aplicación aislada del artículo 1°, en aras de una hermenéutica contextual y sistemática. Así el numeral 30 establece que “La persona autorizada para practicar el notariado, en el ejercicio de esta función legitima y autentica los actos en los que interviene, con sujeción a las regulaciones del presente código y cualquier otra resultante de leyes especiales, para lo cual goza de fe pública (…)” (el destacado no es del original). Por su parte, el ordinal 31 establece que “ El notario tiene fe pública cuando deja constancia de un hecho, suceso, situación, acto o contrato jurídico, cuya finalidad sea asegurar o hacer constatar derechos y obligaciones (…) En virtud de la fe pública, se presumen ciertas las manifestaciones del notario que consten en los instrumentos y demás documentos autorizados por él.” (el destacado no es del original). Consecuentemente, por regla general, el notario público, entonces, es un profesional liberal que ejerce una función notarial de relevancia o de claro interés público, al dar fe de una serie de hechos y actos, sin que por tal circunstancia se le pueda tener como un funcionario público. (el resaltado pertenece al original).".   Corresponde entonces, determinar si en las sentencias dictadas contra Edwin Masís Quirós, se interpretó la norma en el sentido de que por ser notario público debía considerársele funcionario público y como tal aplicarse el tipo agravado.  Reporta el revisionista las siguientes condenatorias en su contra: a) En la causa 09-000010-612-PE, sentencia número 2013-589 (folio 887) dictada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, a las 14:30 horas, del 20 de junio, en la que fue declarado autor responsable de un delito de falsedad ideológica y un delito de falsedad  ideológica en concurso ideal con un uso de documento falso, que concurre con el primero, delincuencias por las que se le impuso la pena de dos años y seis meses por el primero y un año y seis meses por el segundo para un total de cuatro años de prisión.  El Tribunal de Apelación de San José, recalificó los hechos del concurso ideal a un solo delito de falsedad ideológica y ajustó la sanción a un año de prisión, por lo que el total resultante es de tres años y seis meses. b) En la causa 12-000098-276-PE, mediante la sentencia 2015-395 (folio 293), de las 14:50 horas, del 1 de setiembre de 2015, el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, en aplicación del procedimiento abreviado, declaró a Masís Quirós autor responsable de un delito de falsedad ideológica agravada en concurso ideal con un delito de estafa mayor y le impuso una sanción de un año y cuatro meses de prisión sin aplicar aumento. c) Por último en la causa 10-007085-175-PE, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, emitió la sentencia 2015-340 (DVD pag 163 a 197), de las 14:00 horas, del 4 de agosto, en la que declaró a Masís Quirós y otro, coautores responsables de dos delitos de falsedad ideológica en concurso material, imponiéndole al primero dos años de prisión por cada delito para un total de cuatro años de prisión.  La norma común aplicada en sendas condenatorias es el artículo 367 del Código Penal, que tipifica el delito de falsedad ideológica, y sanciona con prisión de uno a seis años “al que insertare o hiciere insertar en un documento público o auténtico, declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio” descripción que corresponde al tipo básico.  Además cuando el hecho es cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, la pena establecida es de dos a ocho años, por la remisión que se hace a las penas del artículo 366 del mismo CP.  Como se puede apreciar, únicamente en la sentencia 2015-395, se calificaron los hechos como falsedad ideológica agravada, considerándose al efecto la condición de notario público del encartado.  Al respecto se dijo:  “Aquí es menester agregar que el delito de falsedad ideológica es agravado (pena de dos a ocho años de prisión) por cuanto la falsedad ideológica fue cometida por un funcionario público, a saber, por el notario público Edwin Rodrigo Masís Quirós” (folio 314). Y agrega el juzgador que comparte el criterio de la Sala Tercera plasmado en el voto 475-F de las 8:50 horas, del 27 de agosto de 1993, en cuanto a la consideración del notario como un funcionario público.  Ello no sucede en las otras dos sentencias en las cuales, se califica los hechos como falsedades ideológicas conforme al tipo base.  Ya en lo referente a la determinación de la pena, en la sentencia 2015-395, que calificó los hechos como agravados, se explica el monto impuesto de la siguiente forma: “…La pena total impuesta (un año y cuatro meses de prisión), corresponde a la pena mínima del delito más grave, a saber dos años de prisión por el delito de falsedad ideológica agravada, reducida en un tercio (ocho meses de prisión), por cuanto en la audiencia oral las partes (Ministerio Público y Defensa) fueron claras en señalar que en relación al delito de estafa mayor, se pactó la pena mínima, es decir, seis meses de prisión, rebajada en un tercio (dos meses de prisión)…”(folio 320).   Propiamente en cuanto a las condiciones personales del encartado Edwin Masís Quirós al momento de la comisión de los hechos se consideró que éste aprovechó sus conocimientos jurídicos y la fe pública que le concede el ordenamiento jurídico para insertar información falsa en una escritura pública, actuación que evidencia el desprecio a la ética en la profesión y ejercicio de la abogacía y el notariado.  Como se dijo, en este caso el juzgador estimó que la actuación del encartado se adecuaba a la prescripción del artículo 367 CP, pero en la forma agravada por la condición de notario público del encartado, de ahí que la determinación de la pena se realizó entre la escala de dos a ocho años de prisión, que contempla la norma para el tipo agravado, y se fijó en el mínimo, sea dos años de prisión.  La situación es diferente en la sentencia 2015-340, pues en ella se establece claramente que la condición de notario público no cambia el hecho de que se trata de un sujeto privado, con lo que se descarta la equiparación a funcionario público.  Así se dijo: “… es importante mencionar que el delito bajo examen no es especial ni de propia mano, por lo que cualquiera puede hacer insertar o insertar datos falsos.  De manera que no solo el notario público calificado para su función y quien está autorizado para la confección de escrituras públicas en su protocolo, podría ser autor de este delito, sino también otros sujetos que hagan insertar declaraciones falsas, máxime si –como en el presente caso- hubo una participación conjunta de los dos acusados y aunque ambos son sujetos privados, uno de ellos ostentaba la condición de fedatario público” (folio 160 v. legajo unificación de penas) Es claro que en este caso no se aplicó el tipo agravado por tratarse de un notario público, sino que se consideró que la conducta se adecuaba al tipo básico del delito de falsedad ideológica.  Ello no impide que, al momento de determinar la sanción,  entre el rango de uno a seis años correspondiente, sí se considerara como un elemento de mayor reprochabilidad para Masís Quirós, el ser abogado y notario público.  La valoración de las condiciones personales del encartado al momento de la comisión de los hechos, entre las que se encuentra su oficio y profesión, no tienen relación con el tema que se viene reclamando, el cual debe circunscribirse a la equiparación del notario público como funcionario público, y en virtud de la cual podría aplicarse –y de hecho así sucedió en una de las sentencias dictadas contra el revisionista-, el tipo agravado a los notarios públicos que incurrían en un delito de falsedad ideológica.  La justificación de la pena en la sentencia 2015-340, válidamente considera  que a Masís Quirós le es más reprochable la conducta y por lo tanto también debe ser mayor la sanción a imponer.  Así se dijo: “… se toma en cuenta que los sentenciados son personas de edad media, de cuyos ingresos económicos dependen terceras personas y de baja escolaridad en el caso de J.R. mientras que Masís Quirós por sus estudios, profesión y su condición de fedatario público debió ser más reflexivo acerca de la ilicitud y consecuencias de sus acciones, razones para determinar también su mayor sanción.  En el caso de Masís Quirós, también se toma en cuenta que, por su condición de sujeto privado en ejercicio de funciones públicas, no solo estaba llamado a respetar los deberes propios de su cargo, sino también generar dicha confianza en la sociedad, particularmente sobre la corrección y licitud de las funciones notariales desarrolladas” (folio 162 v. legajo unificación de pena).  Consecuentemente con tal razonamiento se impuso a Edwin Masís Quirós la pena de dos años de prisión –seis meses por encima del mínimo-,y al otro encartado la pena de un año y seis meses; fijación que no responde al tema de fondo que se reclama, por lo que tampoco procede su ajuste.  Por último, en la sentencia 2013-589, tampoco se estimó que los hechos configuraran la conducta agravada, pero sí se analizó su profesión de abogado y notario público, considerándose que le era más exigible una actuación conforme a derecho.  Sobre el particular se apuntó:  “… no podemos perder de vista que éste, por su condición de Notario Público, debió, de previo ha (sic) adquirir dicha condición de fedatario público, -hecho público y notorio-, haber efectuado estudios en derecho hasta adquirir el grado de licenciado, por lo que fácilmente puede entender entonces que no puede dar fe de un hecho falso, ni mucho menos emplear un documento de esa naturaleza, pues dicha (sic) tipo de acciones se encuentran reguladas y sancionadas en el ordenamiento jurídico, por lo que respecto de éste y se declara que hubiera podido actuar bajo algún tipo de error de prohibición y que lejos de ajustar su conducta con el mandato de la norma penal que le imponía la obligación de no dar fe en un documento público de hechos falsos, y además hacer uso del documento espurio, sencillamente no lo hace, y opta por contradecir el derecho… se toma en consideración que es una persona joven, de 44 años de edad a la fecha, mismo que posee una respetable profesión como Abogado que le permitiría obtener suficientes ingresos para velar por su bienestar personal y el de su familia, por otra parte no menos importante es la circunstancia que éste es de limpios antecedentes penales” (folio 941) y “ Ahora bien, con relación a los hechos, véase que éste los ejecuta faltando a la condición personal, confiada por el Estado, de fedatario público, con lo que indistintamente de los móviles que ha tenido para ello y que no duda el Tribunal tienen como factor común el ganar dinero fácil pues ningún interés se ha establecido en el resultado de las inscripciones de los bienes a favor de otros, ha traicionado la función de dar fe de los actos que se realicen en su presencia.  Más aún, véase que en el primero de los casos, -expediente 09-000010-612-PE-, por el que se le ha encontrado responsable de un delito de Falsedad Ideológica, este más allá del simple hecho de realizar afirmaciones de hechos falsos en el “testimonio”, hace constar la existencia de una orden judicial, con lo que además muestra su poco o ningún respeto a los Tribunales de Justicia, en tanto que cuando afirma la existencia de una orden por parte de un Juez, involucra en sus actos y con menosprecio a la administración de justicia, por ello el mismo no puede hacerse acreedor del extremo menor de la sanción penal establecida por el legislador, sino que por el contrario debe aumentarse la misma, hasta el tanto de dos años y seis meses de prisión.  Por otra parte y con relación a la segunda de las acciones, relacionadas con el expediente 10-1299-612-PE, y respecto de los delitos de falsedad ideológica y uso de documentos falso, tenemos que al igual que en caso de don Gerardo Arce, estos concursan idealmente, y si bien, el acusado faltando a su condición de fedatario público hizo constar que ante él comparecieron dos personas que en realidad nunca lo hicieron y falsamente aseguró que éstos habían realizado un negocio jurídico, es lo cierto que ello se encuentra dentro de los límites mínimos de la sanción creada por el legislador, -un año-, sin embargo dado que además se hizo uso de los documentos, en criterio del Tribunal debe aumentarse el respectivo reproche en al menos seis meses más-, para que en total se le imponga entonces por estos hechos el tanto de un año y seis meses de prisión” (folio 945)De la amplia fundamentación que hace el Tribunal en cuanto a la fundamentación de la pena, se constata sin lugar a dudas, a partir de los extremos de la pena, que se aplicó el tipo básico del delito por lo que, como ya se dijo en tal caso no procede revisión de la pena, tal como lo solicito el sentenciado. 
III.  Habiéndose determinado, que una de las condenatorias dictadas contra Edwin Masís Quirós se le aplicó el tipo penal de falsedad ideológica agravada, en consideración estrictamente a la condición de notario público utilizada en la comisión del hecho, bajo la tesis de que esa condición acarreaba el ser funcionario público, y en estricto cumplimiento de la jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional en el voto 2017- 8043, en el que declara parcialmente inconstitucional la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto estima que el notario público es funcionario público, con la salvedad de que si lo son aquellos a quienes una entidad pública les paga salario por desempeñar tal actividad en calidad de funcionario público.  Considerando además, que de acuerdo con el voto referido: “La declaratoria de inconstitucionalidad debe tener efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la jurisprudencia impugnada, sin perjuicio de de las relaciones o situaciones jurídicas consolidadas por prescripción, caducidad, sentencia con autoridad de cosa juzgada material, la consumación de hechos material o técnicamente irreversibles y derechos adquiridos de buena fe. Respecto de las personas que estén descontando una pena privativa de libertad por sentencia firme, agravada con fundamento en la línea jurisprudencial impugnada y que debe declararse inconstitucional, se les debe reducir su pena y en el supuesto de haberla cumplido por esta reducción, se les debe poner en libertad, salvo que la ejecución de otra sentencia condenatoria firme o medida cautelar de prisión preventiva vigente lo impida.” (el resaltado es añadido).   Conforme a lo expuesto, procede acoger parcialmente la demanda revisoria impulsada por el sentenciado y consecuentemente, en aplicación del artículo 408 inciso f) del Código Procesal Penal, se revoca parcialmente la sentencia 2015-395, dictada por el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, a las 14:50 horas, del 1 de setiembre de 2015, únicamente en cuanto a la calificación jurídica misma que se recalifica a un delito de falsedad ideológica en concurso ideal con un delito de estafa mayor.  Consecuentemente se ajusta la sanción al quantum de un año y dos meses de prisión, considerando al efecto que la sentencia se dictó en un procedimiento abreviado, en el que a las penas mínimas se les aplicó el rebajo del tercio.  Así las cosas, la pena mínima del delito más grave (falsedad ideológica) es un año, reducida en un tercio (cuatro meses), más cuatro meses que corresponden a la pena mínima fijada para el delito de estafa  (seis meses) rebajada en un tercio.   Inscríbase el fallo en el Registro Judicial de Delincuentes y comuníquese al Tribunal de Juicio, al Instituto Nacional de Criminología y al Juzgado de Ejecución de la Pena para lo de su cargo.
Por Tanto:
Se acoge parcialmente la demanda revisoría impulsada por el sentenciado y consecuentemente, se revoca parcialmente la sentencia 2015-395, dictada por el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, a las 14:50 horas, del 1 de setiembre de 2015, únicamente en cuanto a la calificación jurídica misma que se recalifica a un delito de falsedad ideológica en concurso ideal con un delito de estafa mayor.  Consecuentemente se ajusta la sanción al quantum de un año y dos meses de prisión.  Inscríbase el fallo en el Registro Judicial de Delincuentes y comuníquese al Tribunal de Juicio, al Instituto Nacional de Criminología y al Juzgado de Ejecución de la Pena para lo de su cargo.


Jesús Alberto Ramírez Q.


Rosibel López M.                                                                 Jorge Enrique Desanti H.
(Mag. suplente)                                                                                (Mag. suplente)


Sandra Eugenia Zúñiga M.                                                                    Rafael Segura B.
(Mag. suplente)                                                                                     (Mag. suplente)

N° interno. 915-3/15-4-17
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