Sentencia Nº 2018-001743 de Sala Segunda de la Corte, 26-10-2018

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de resolución*130021851178LA*   Corte Suprema de Justicia SALA SEGUNDA   Exp: 13-002185-1178-LA 2018-001743 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de octubre de dos mil dieciocho.               Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por MARÍA CECILIA RAMÍREZ CHAVARRÍA, unión libre, educadora y vecina de Puntarenas, contra el ESTADO, representado por su procuradora adjunta la licenciada Kattya Vega Sancho, divorciada. Actúa como apoderada especial judicial de la actora, la licenciada Fanny Mora Rivera, casada. Todas mayores y vecinas de San José. RESULTANDO:               1.- La apoderada especial judicial de la actora, en escrito de demanda de fecha treinta de agosto de dos mil trece, promovió la presente acción para que en sentencia se condene al demandado a: “a) Restituir de forma inmediata el pago del Recargo de exceso de 8 lecciones interinas con los que contaba antes de la reubicación. b) Pagar todas las diferencias salariales adeudadas desde la fecha en que se ‘suprimió’ el Recargo de exceso de 8 lecciones interinas en forma ilegal a la Actora, desde el 01 de febrero del 2012 hasta la fecha de su pago efectivo y mientras continúe su condición de reubicada, incluyendo las diferencias que puedan generarse por aguinaldo, salario escolar y vacaciones. c) Pagar intereses legales por las sumas adeudadas, además de daños y perjuicios causados. d) Pagar costas personales y procesales de la presente acción” (sic).               2.- La representante estatal contestó la acción en el memorial de fecha veinte de enero de dos mil catorce y opuso la excepción de falta de derecho.               3.- El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, por sentencia de las quince horas treinta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil quince, dispuso: “Razones expuestas, normas aplicadas, FALLO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la presente demanda interpuesta por MARIA CECILIA RAMIREZ CHAVARRIA contra EL ESTADO. Se condena al demandado a cancelar las diferencias salariales que resulten del reconocimiento de los montos que por ‘recargo de ocho lecciones interinas’ debió devengar la actora desde el primero de febrero del dos mil doce, hasta la fecha de su pago efectivo y mientras continúe su condición de reubicada incluyendo las diferencias que puedan generarse por aguinaldo, salario escolar y vacaciones. Se conceden intereses legales sobre los montos a cancelar por el demandado a la actora, desde el momento en que cada una de las sumas se hizo exigible, hasta su efectivo pago, conforme las tasas de interés dispuestas por el Banco Nacional de Costa Rica, para los certificados de depósito a seis meses plazo. Los extremos concedidos deberán ser liquidados en sede administrativa una vez que ésta sentencia adquiera firmeza; o en caso de que la parte actora no esté de acuerdo con el pago en esa sede, podrá recurrir a la etapa de ejecución de sentencia. Se rechaza la solicitud de condena en daños perjuicios por improcedente. Se acoge en lo denegado y se rechaza en lo concedido, la excepción de falta de derecho interpuesta por la representación del Estado. Se condena al demandado al pago de ambas costas de esta acción, fijándose las personales en un veinte por ciento del total de la condenatoria...” (Sic).               4.- La parte demandada apeló y el Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia de las diez horas cincuenta minutos del veintitrés de enero de dos mil dieciocho, resolvió: “No se notan defectos u omisiones que puedan haber causado nulidad o indefensión a ninguna de las partes, y en lo que es objeto del recurso, se modifica parcialmente la sentencia, en cuanto al rubro de costas personales, la cuales se establecen en la suma de doscientos cincuenta mil colones, y no en forma porcentual como había sido establecido primariamente por la jueza de instancia, y en lo demás, se confirma la resolución impugnada”. 5.- La representación del Estado formuló recurso para ante esta Sala, en memorial remitido vía facsímile el catorce de febrero de dos mil dieciocho, el cual se fundamenta en las razones que de seguido se dirán en la parte considerativa.               6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.               Redacta el Magistrado Blanco González; y, CONSIDERANDO: I.- ANTECEDENTES: la actora refirió que ocupa en propiedad el puesto de profesora de educación especial en la Escuela San Isidro de la Dirección Regional de Puntarenas. Según mencionó, por razones de salud, desde el año 2011 fue reubicada. Afirmó que antes de dicha reubicación trabajó con el recargo de 8 lecciones interinas; no obstante, este le fue suprimido desde el 1° de febrero de 2012. Solicitó se ordene al Estado restituirle de forma inmediata este sobresueldo y pagarle las diferencias salariales adeudadas por su supresión desde el 1° de febrero de 2012 hasta su efectivo pago y mientras se mantenga en la condición de reubicada. Además, pidió las diferencias generadas en aguinaldo, salario escolar y vacaciones; intereses, daños y perjuicios y ambas costas (imágenes 2-5 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado). La representación estatal contestó en términos negativos y opuso la excepción de falta de derecho (imágenes 27-33 ídem). La jueza de primera instancia declaró parcialmente con lugar la demanda y condenó al Estado a pagar las diferencias salariales que resulten del reconocimiento del recargo de 8 lecciones interinas desde el 1° de febrero de 2012 hasta la fecha de su pago efectivo y mientras continúe su condición de reubicada; así como las diferencias generadas en aguinaldo, salario escolar y vacaciones; intereses y ambas costas. Fijó las personales en el 20% de la condenatoria (imágenes 93-100 ibídem). La parte demandada apeló (imágenes 103-111 ibídem) y el Tribunal modificó la condena en costas, la cual estableció en doscientos cincuenta mil colones (imágenes 17-34 de la vista completa del expediente electrónico del Tribunal). II.- AGRAVIOS: la representación estatal se muestra inconforme con lo dispuesto por el Ad-quem. Primer agravio: reclama que se haya ordenado el pago de las diferencias salariales que resulten del reconocimiento del sobresueldo de 8 lecciones interinas desde el 1° de febrero de 2012 hasta su efectivo pago y mientras permanezca en su condición de reubicada, a sabiendas de que la demandante no laboró el recargo. Aduce que el órgano de alzada equiparó el dictamen médico que recomienda la reubicación con una licencia o incapacidad; utilizando una analogía de normas incorrecta, al expresar que su sentencia se encuentra en los supuestos de los artículos 5 del Reglamento de licencias especiales para los servidores del Ministerio de Educación Pública y 174 del Estatuto de Servicio Civil. Destaca que las autoridades competentes para emitir incapacidades son la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros; por lo que, a su juicio, aceptar el razonamiento expresado por el Tribunal equivale a usurpar sus funciones. Considera que no existe fundamento legal para cancelarle a la trabajadora el recargo en cuestión, cuando claramente no lo ejerció y no medió una declaración de incapacidad menor permanente o parcial. Segundo agravio: expone que no puede dársele trato de derecho adquirido al sobresueldo de funciones, pues este depende de varios requisitos y responde a un interés público y a una necesidad institucional, tendiente a brindar un servicio eficaz y eficiente. Apunta que mantener el pago del componente salarial va en perjuicio del erario público; toda vez que no se impartirán esas lecciones o se tendrá que asignar a otra persona, incurriendo en un doble gasto de recursos económicos y humano. Copia un extracto de la sentencia de la Sala Constitucional n.° 6390, de las 15:14 horas del 18 de mayo de 2011. Reitera que la accionante no ejerció el recargo de funciones, por cuanto trabajó en labores administrativas, devengando el salario correspondiente a estas últimas. Tercer agravio: impugna la condena al pago de diferencias salariales por concepto de salario escolar. En su criterio, se está dejando de lado que este no es un monto que paga el Estado o sus instituciones en forma adicional, como si fuera un monto extraordinario o una liberalidad sin respaldo legal. Refiere que se trata de una cantidad que la persona trabajadora recibe en forma diferida en el mes de enero, monto que ya ha devengado y se encuentra dentro de su patrimonio, es decir, que se le ha retenido pero no liquidado. Cuarto agravio: reprocha que se haya condenado a cancelar diferencias salariales por concepto de vacaciones, porque, indistintamente de las labores que realizó, la actora ha venido disfrutando de sus períodos de vacaciones, año tras año. Señala que no es posible cancelar monto alguno por este concepto, ya que su pago por compensación opera únicamente para casos muy excepcionales. Estima que de mantenerse lo resuelto se estaría generando un doble pago. Quinto agravio: recurre la condena en costas y afirma que su representado ha actuado de buena fe, en estricto cumplimiento del principio de legalidad y al amparo de la jurisprudencia constitucional; por lo que pide esta sea revocada (imágenes 3-9 de la vista completa del expediente electrónico de la Sala).  III.- CUESTIONES PREVIAS: el numeral 608 del Código Procesal Civil, aplicable en materia laboral por remisión expresa del ordinal 452 del Código de Trabajo, dispone: “No podrán ser objeto del recurso de casación cuestiones que no hayan sido propuestas ni debatidas oportunamente por los litigantes. La sentencia que se dicte no podrá abrazar otros puntos que no sean los que hubieran sido objeto del recurso”. Como consecuencia lógica, los agravios formulados ante esta Sala, para que sean atendibles, deben haberse expuesto en las instancias precedentes; ya que la competencia de esta Sala se ve limitada en virtud del principio de preclusión, al no poderse plantear ante ella los reclamos no presentados oportunamente ante el Ad-quem que conoció y resolvió la apelación. En el caso concreto, en la segunda objeción se arguye que al sobresueldo en cuestión no puede dársele un trato de derecho adquirido y que proceder conforme se ordena va en perjuicio del erario público, pues se estaría incurriendo en un doble gasto. Estos argumentos no formaron parte del recurso de apelación, por lo que se encuentran precluidos y no pueden ser atendidos por esta Sala. IV.- SOBRE EL DERECHO AL PAGO DEL RECARGO DE 8 LECCIONES INTERINAS: esta Sala estima que la parte recurrente no lleva razón en sus alegatos por las razones que se expondrán a continuación. Ha quedado debidamente acreditado que, en el año 2011, la demandante devengaba el recargo de 8 lecciones interinas y que, debido a problemas de salud, fue reubicada en funciones administrativas a partir del 1° de setiembre de 2011; razón por la cual aquél sobresueldo se le dejó de pagar desde febrero de 2012 (hechos probados 2 y 3 de la sentencia de primera instancia, ratificados por el Tribunal). Asimismo, según se desprende de los oficios números DRH-PPRH-UL-262-2014 y DRH-PRH-UL-279-2015, visibles a imágenes 34-37 y 43-46 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado, respectivamente, está claro que la reubicación se acordó ante una recomendación médica, basada en el artículo 254 del Código de Trabajo que establece la obligación de la parte empleadora de reponer en su puesto a las personas que hayan sufrido un riesgo y puedan trabajar. Además, prevé el deber patronal de proporcionarle un puesto diferente de acuerdo con sus posibilidades, cuando por recomendación médica no pueda regresar a ejercer las funciones que venía desempeñando, pero sí esté en capacidad de realizar otras tareas. Esta Sala ha sido conteste al indicar que, en reubicaciones por motivos de salud, se debe mantener el salario con los pluses como el que solicita la trabajadora, por ser licencias especiales. Aunado a ello, se ha dispuesto que en casos como este prima lo estipulado en el numeral 174 del Estatuto de Servicio Civil y demás normativa relacionada. Así, en la sentencia n.° 200, de las 9:45 horas del 7 de marzo de 2012, se expuso: “En criterio del demandado, el sobresueldo conocido como horario alterno está concebido únicamente para quienes desempeñan funciones de docente, cuando las necesidades de matrícula lo requieran; y dependiendo de los atestados académicos del funcionario o funcionaria, por lo que a la actora no le asiste el derecho al pago de ese plus si su puesto es ahora, de naturaleza administrativa. Sin embargo, se debe tener claro que en la especie no se está frente al reclamo que hace un funcionario o funcionaria del sector administrativo del Ministerio de Educación Pública, para el reconocimiento de ese plus como parte integrante e indisoluble de su salario. La situación en estudio difiere de ese supuesto porque aquí se trata de definir la correspondencia de ese derecho a una funcionaria docente quien por razones de salud ha debido ser reubicada en un cargo administrativo. La diferencia que pretende hacer valer la representación estatal entre ‘incapacidad’ y ‘reubicación’ desconoce que el origen de ambas es una enfermedad del funcionario o la funcionaria que le impide mantenerse en el servicio activo de la docencia. Es por esta razón que la normativa aplicable en casos como este no es únicamente la relacionada con el derecho al reconocimiento de ‘horario alterno’ sino la especialmente prevista al efecto. De primera mano, el Reglamento de Licencias Especiales Ministerio de Educación Pública (Decreto Ejecutivo número 19113 del 28 de julio de 1989), cuyo artículo 1° menciona que esta reglamentación tiene por objeto establecer las normas y los procedimientos que deberá seguir el Ministerio de Educación Pública para conceder licencia a sus servidores o servidoras, con motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo, sobrevivientes de riesgos del trabajo o enfermedad. Por su parte, el numeral 2 establece: ‘Las licencias a que se refiere la presente reglamentación se concederán a aquellos servidores que, por la disminución sufrida en sus facultades o aptitudes, no pudieren desempeñar, sin detrimento de su salud o del servicio, las funciones y atribuciones correspondientes al cargo que venían desempeñando en calidad de servidores regulares’. Esa normativa distingue entre licencia permanente y licencia parcial, declarando que tienen derecho a esta última aquellos servidores o servidoras respecto de los cuales la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros, en su valoración final, declaren una incapacidad menor permanente o una incapacidad parcial o permanente y recomienden un cambio de funciones. El artículo 8 trata específicamente el supuesto de la concesión de la licencia especial en los siguientes términos: ‘De conformidad con lo establecido en el artículo 5° anterior, el Ministerio de Educación Pública, concederá una licencia especial a aquellos servidores que encuentren en las siguientes circunstancias:/a) Que de acuerdo con su dolencia la Caja Costarricense de Seguro Social, recomiende en la valoración final del tratamiento su cambio de funciones./ b) Que en la valoración final de los efectos del riesgo de trabajo acaecido, el Instituto Nacional de Seguros, determine una incapacidad menor o parcial permanente y recomiende su incorporación al servicio con cambio de funciones’ (énfasis suplido). El artículo 17 dice: ‘Los beneficiarios de las licencias previstas en esta reglamentación gozarán de un subsidio equivalente a la totalidad de su salario con arreglo a lo dispuesto por el Estatuto de Servicio Civil y el Código de Educación sobre la materia’ (énfasis suplido). De modo que esta normativa complementa y no contradice lo dispuesto por el numeral 174 del Estatuto de Servicio Civil, que reza: ‘a) Si el servidor, en el momento de incapacitarse por enfermedad o maternidad, estuviese devengando salario adicional por zonaje, por ‘horario alterno’, o cualquier sobresueldo, tendrá derecho a un subsidio equivalente al salario total que en dicho momento estuviese devengando./ b) Las licencias por enfermedad, cualquiera que sea su duración, no interrumpirán el derecho que tienen los servidores para recibir los aumentos de sueldos correspondientes./c) Para todos los efectos legales, tanto el subsidio, como los auxilios a que se refiere el artículo 167, tendrán el carácter de salario, y serán, en consecuencia, la base para el cálculo de pensiones y prestaciones legales, entre otros extremos, que pudieran corresponder’. La normativa reglamentaria desarrolla esta expresa  disposición, contemplando de manera indistinta el derecho a la indemnización tanto para el caso de la licencia permanente como de la especial.  Así lo ha resuelto esta Sala en ocasiones anteriores en las que se ha discutido este mismo tema. […] En consecuencia, si al momento de la reubicación (licencia especial) la actora devengaba un sobresueldo por horario alterno resulta indiscutible el derecho que tiene, conforme a esa normativa especial, a que dentro de su remuneración como funcionaria administrativa se le contemple ese plus, que por lo mismo, en su caso el otorgamiento resulta independiente a los requerimientos que de esos servicios tenga el ente empleador. Es decir, en aplicación de esa disposición especial, el ente demandado no podía suprimir del subsidio con naturaleza salarial concedido a la actora (inciso c, artículo 174 ídem) el plus por horario alterno que percibía antes de ser incapacitada” (sic). Asimismo, en el fallo n.° 578, de las 9:50 horas del 18 de julio de 2012, sobre el particular se dijo: “De manera que es claro que la reubicación de la servidora, originada en una causa totalmente ajena a su voluntad -su salud-, no podía afectarla en su salario, eliminándole el referido incentivo de la forma en que se realizó por parte del Ministerio de Educación. Igualmente, conforme a la sentencia de esta Sala citada en el considerando anterior, si bien dictadas en un caso en que se reclamaba el pago de horario alterno, la normativa analizada no permite concluir que cuando un trabajador se vea afectado por un problema de salud pueda resultar perjudicado en su salario, pues todo lo contrario, del citado artículo 174 del Estatuto de Servicio Civil se desprende que en esa situación -de resultar incapacitado- el salario a recibir será equivalente al salario total, incluyendo cualquier sobresueldo que se le pagara al momento de incapacitarse; protección que también se desprende del ordinal 173 ibídem. No otro es el caso de la gestionante pues, por razones de salud, está con una licencia especial de las previstas en el Reglamento de Licencias Especiales para los Servidores del Ministerio de Educación Pública, artículos 2, 5, 8, 9, 12; casos en que el ordinal 17 de ese mismo reglamento prevé el pago de un subsidio equivalente a la totalidad de su salario -obviamente, en este caso, al devengado al momento de la reubicación- […] Finalmente, se debe subrayar que para esta Sala resulta contradictorio que sea el problema de salud de la actora el que sirva para justificar la eliminación del plus en cuestión, pues ello no solo deviene injusto, sino, además violatorio de su derecho fundamental a la salud”. También se ha considerado que el ordinal 254 del Código de Trabajo tiene relación directa con los supuestos regulados por el Reglamento de Licencias Especiales del Ministerio de Educación Pública (Decreto Ejecutivo número 19113 del 28 de julio de 1989), pues, según su artículo 1°, este tiene por objeto establecer las normas y los procedimientos que deberá seguir el Ministerio de Educación Pública, en procura de conceder licencia a sus personas servidoras, con motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo sobrevinientes de riesgos del trabajo o enfermedad. Entonces, aunque no consta que la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros extendiera una incapacidad formalmente a favor de la accionante, profesionales en medicina recomendaron su reubicación por cuestiones de salud, lo que para efectos prácticos significa que dicha señora está incapacitada para ejercer la docencia, pero tiene condiciones de llevar a cabo otro tipo de tareas (en este caso, administrativas).  En ese orden de ideas, si bien es cierto la actora no realizó labores docentes, sino administrativas, esa situación obedeció a un problema de salud que la afectó, sin que esa circunstancia pueda ir en detrimento de su remuneración, conforme las razones expuestas. Si como se desprende del expediente, incluso de la contestación de la demanda, el recargo de funciones lo venía devengando la demandante mas en febrero de 2012 le fue suprimido, le asiste derecho a continuar percibiéndolo, dado que lo disfrutaba al momento de decretarse la reubicación, sin que sea aceptable que la Administración decida dejar de cancelarlo a partir de determinado momento cuando siguió en condición de reubicada, como sucedió en el caso de que se conoce. Consecuentemente, los agravios expuestos a este respecto no son procedentes, dado que la Administración acogió la solicitud de reubicación de la trabajadora por problemas de salud. V.- RESPECTO DEL SALARIO ESCOLAR: la representación estatal reprocha la condena al pago de las diferencias generadas en el salario escolar. Al respecto, debe indicarse que desde hace algún tiempo, esta Sala rectificó el criterio esbozado en esta materia y ha venido sosteniendo que, en el Sector Público, ese rubro no constituye una retención salarial que se paga en forma diferida en cada mes de enero sino de un componente salarial más. Así, en la sentencia n.° 833, de las 9:40 horas del 12 de octubre de 2011, se expuso: “Con base en lo anterior, se desprende claramente que el Salario Escolar en el sector público fue promovido como un componente salarial calculado sobre el salario total que perciben las personas trabajadoras y cuyo pago se realiza en forma acumulada en el mes de enero del año siguiente. Es decir, que a diferencia del sector [privado], en el que el salario escolar está conceptuado como una deducción del aumento salarial autorizado, en el sector público es un componente salarial acumulado, que se calcula con base en el salario mensual percibido en un año”. (El subrayado es agregado. Lo incluido entre paréntesis no consta en el original, pero resulta evidente la omisión). Lo mismo se dijo en un fallo posterior: “En consecuencia, con base en este otro criterio según el cual, el salario escolar es un componente salarial acumulado, que se calcula con base en el salario mensual percibido en un año; y no, una retención acumulada de parte del salario, lo resuelto deberá ser revocado para disponer que a los actores y actora les asiste también el derecho para que las diferencias acordadas se vean también reflejadas en los salarios escolares correspondientes” (el resaltado es agregado. Sentencia n.° 1055, de las 9:35 horas del 21 de diciembre de 2011. En igual sentido, puede consultarse el voto n.° 667, de las 10:00 horas del 10 de agosto de 2012). De conformidad con lo anterior, la tesis contenida en el recurso en cuanto a que el salario escolar constituye una retención no tiene asidero jurídico y por eso las diferencias resultan procedentes, en el tanto en que el recargo de 8 lecciones interinas ha de tomarse en cuenta para calcular esta otra remuneración. VI.- SOBRE LAS DIFERENCIAS POR CONCEPTO DE VACACIONES: la parte recurrente sostiene que no proceden las diferencias acordadas, toda vez que la accionante las ha venido disfrutando año tras año. Además, refiere que ello conlleva a un doble pago, por cuanto ya le fueron aprobadas las diferencias salariales y la compensación monetaria opera solo en casos muy excepcionales, sin que se esté en este último supuesto. Sobre el particular, debe señalarse que el reclamo es parcialmente atendible. Como se está ordenando el pago del reajuste salarial derivado del reconocimiento del sobresueldo, el cual comprende también el período de disfrute de vacaciones, no procede disponer por separado el pago de diferencias por ese concepto, ya que de hacerlo se estaría –efectivamente- generando un doble pago, lo que no es ajustado a derecho y resulta contrario al principio de equidad y justicia. En ese orden de ideas, debe precisarse que el reconocimiento de las diferencias por vacaciones procede –únicamente- si estas han sido compensadas. VII.- RESPECTO DE LAS COSTAS: finalmente, la representación estatal impugna la condenatoria en costas. Considera que la fijación de estas en su contra es improcedente, porque su representado ha actuado de buena fe, en estricto cumplimiento del principio de legalidad y al amparo de la jurisprudencia constitucional. Al respecto ha de indicarse que al haberse resuelto como se hizo, tomando en cuenta que la actora se vio obligada a acudir a estrados judiciales en procura de la satisfacción de sus derechos y ante la existencia de reiterados pronunciamientos de esta Sala sobre el tema debatido, se estima no estar en ninguno de los supuestos de excepción contemplados en el artículo 222 del Código Procesal Civil (concretamente la buena fe invocada en el recurso), a efecto de ejercer la facultad concedida a los juzgadores de exonerar del pago de las costas a la parte vencida. VIII.- CONSIDERACIONES FINALES: como consecuencia de lo aquí resuelto, procede confirmar la sentencia impugnada, en el entendido de que las diferencias en vacaciones se deben reconocer –únicamente- si estas han sido compensadas. IX.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA VARELA ARAYA: La suscrita se aparta del criterio de mayoría en cuanto reconoce a la actora el pago del sobresueldo por recargo de 8 lecciones interinas a partir del momento en que fue reubicada en labores administrativas y mientras se mantenga en esa condición. Ha quedado debidamente acreditado que, en el año 2011, la demandante devengaba aquel recargo y que, debido a problemas de salud, fue reubicada en funciones administrativas a partir del 1° de setiembre de 2011; razón por la cual aquel sobresueldo se le dejó de pagar (hechos probados 2 y 3 de la sentencia de primera instancia, ratificados por el Tribunal). Asimismo, según se desprende de los oficios números DRH-PPRH-UL-262-2014 y DRH-PRH-UL-279-2015, visibles a imágenes 34-37 y 43-46 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado, respectivamente, está claro que la reubicación se acordó ante una recomendación médica, basada en el artículo 254 del Código de Trabajo. No estamos ante una incapacidad propiamente dicha. Ante la Sala se sostiene que la Administración Pública está sujeta al principio de legalidad, por lo que solo puede proceder conforme a lo que esté debidamente autorizado en el ordenamiento jurídico (numerales 11 de la Constitución Política y 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública), y que la servidora no se encuentra dentro de los presupuestos de hecho previstos en el artículo 22 bis inciso a) del Reglamento de Estatuto del Servicio Civil, pues no se encuentra incapacitada por enfermedad como se estableció, que la hagan acreedora a lo pretendido. Luego de un replanteamiento del análisis sobre los alcances de la normativa aplicable al caso concreto, concluyo que lleva razón quien recurre. Los ordinales 118 del Código de Educación y 13 del Manual de Procedimientos para Administrar el Personal Docente estipulan la posibilidad de asignar ciertos recargos, los cuales no constituyen un derecho adquirido y, por consiguiente, el pago de estos debe suspenderse cuando la persona funcionaria, en el ejercicio de sus labores habituales, deja de cumplir los requisitos exigidos para su reconocimiento. Por otro lado, el artículo 174 del Estatuto del Servicio Civil, establece que: “a) Si el servidor, en el momento de incapacitarse por enfermedad o maternidad, estuviese devengando salario adicional por zonaje, por "horario alterno", o cualquier sobresueldo, tendrá derecho a un subsidio equivalente al salario total que en dicho momento estuviese devengando. /b) Las licencias por enfermedad, cualquiera que sea su duración, no interrumpirán el derecho que tienen los servidores para recibir los aumentos de sueldos correspondientes. (Así reformado por el artículo 1º de la Ley No.5659 de 17 de diciembre de 1974). /c) Para todos los efectos legales, tanto el subsidio, como los auxilios a que se refiere el artículo 167, tendrán el carácter de salario, y serán, en consecuencia, la base para el cálculo de pensiones y prestaciones legales, entre otros extremos, que pudieran corresponder. / (Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1º de la Ley No. 6110 de 9 de noviembre de 1977)” (el resaltado es agregado). Del texto antes trascrito se colige, en forma clara y expresa, que la persona servidora que se encuentre incapacitada por enfermedad, o la funcionaria en licencia por maternidad, que viniere devengando salario adicional por sobresueldos, tiene derecho a que estos se contemplen al momento de fijar el importe del subsidio a pagarle. En el caso que nos ocupa, la promovente fue reubicada en funciones administrativas y no está incapacitada ni disfrutando de aquella licencia, por lo que su situación no se subsume en el presupuesto de hecho de la norma. Además, hay que tener presente que al tenor de lo dispuesto en los numerales 118, inciso j), del Código de Educación y 13 del Decreto Ejecutivo n.° 12915-E-P, antes citados, estos pluses se conceden cuando la persona servidora lleva a cabo funciones adicionales a las que realiza ordinariamente en su puesto, de manera temporal, y cuya asignación se encuentra debidamente justificada, ya sea por necesidades de los centros educativos, por razones de oportunidad y conveniencia, o para la satisfacción efectiva y eficiente del servicio brindado. Dicho de otro modo, el otorgamiento de estos sobresueldos depende de que las circunstancias así lo ameriten y por ello se asignan con carácter temporal, para cada curso lectivo, según las fechas de inicio y fin normadas en el ordinal 176 del Estatuto de Servicio Civil; de lo contrario, se desnaturalizaría el servicio eventual y se convertiría en uno ordinario. En consonancia con lo anterior, el artículo 15 de la Ley de Salarios de la Administración Pública prescribe que “el exceso se mantendrá como un recargo, por ende, de carácter temporal”. Consecuentemente, aquellos recargos que dependan de alguna condición particular para ser concedidos no se configuran como un derecho adquirido, que se incorpora irremediablemente al salario total de la persona trabajadora, en forma permanente y con independencia del servicio que preste, como se pretende en este caso. Existe vasta jurisprudencia de la Sala Constitucional en el sentido de que los recargos de funciones (en este caso por horario alterno) no pueden considerarse como un derecho adquirido de la persona servidora. Así, en la sentencia n.° 3681, de las 15:45 horas del 22 de marzo de 2011, se externó: “Debe recordarse que esta Sala ha señalado que el desempeño del trabajador que pueda ser catalogado como un recargo de funciones, no constituye un derecho adquirido para el trabajador al que se le asigna y que obligue a la Administración a mantenerle en esa condición. Generalmente la asignación de tales recargos -por obedecer a la necesidad de prestación del servicio en un momento determinado-, tiene un carácter temporal y se paga por una cantidad de labores específicas, siendo que, lógicamente, su valor deberá ser determinado por la autoridad recurrida con fundamento en criterios técnicos y objetivos que son propiamente de su interés y de su competencia (ver en ese sentido sentencia número 2003-09533 de las doce horas veintiocho minutos del cinco de septiembre del dos mil tres y 2006-7717 de las dieciséis horas cuarenta y siete minutos del treinta de mayo del dos mil seis, entre otras). Por tal razón, el recargo constituye un ‘plus’ o beneficio salarial que depende del hecho de que las funciones se ejerzan o no, sin que la circunstancia de haberlas realizado por un plazo determinado, tenga el efecto de constituir un derecho subjetivo a favor del interesado para que se le siga pagando tal extremo, o para que se le mantenga el recargo u horario alterno" (énfasis suplido; véanse también las resoluciones números 6390 de las 15:14 horas del 18 de mayo de 2011 y 868 de las 9:05 horas del 18 de enero de 2013). De igual manera, en el voto n.° 3306, de las 12:48 horas del 9 de marzo de 2007, se acotó: “…si los supuestos por los cuales fue otorgado un sobresueldo varían, y la persona ya no se encuentra en las mismas circunstancias, no resulta arbitrario que la Administración revoque en forma unilateral tal beneficio, toda vez que no se cumple la condición bajo la cual se originó (sentencia N° 2006-010959 de las 17:51 horas del 26 de julio de 2006)”. En este mismo fallo se hizo referencia a la sentencia n.° 296, de las 11:54 horas del 13 de enero de 1995, en el cual expresamente se indicó: “De igual forma cabe pronunciarse en lo que toca a la diferencia salarial que dice el recurrente que deja de percibir con ocasión del acto cuestionado, toda vez que la retribución por el recargo citado constituye un ‘plus’ o beneficio salarial, el cual depende del hecho de que las funciones se ejerzan o no, sin que la circunstancia de haberlas realizado por un plazo determinado, tenga el efecto de constituir un derecho subjetivo a favor del interesado, para que se le siga pagando tal extremo, o para que se le mantenga el recargo señalado, de manera que el recurso, en cuanto a este último reparo es también improcedente…”. Por último, en la resolución n.° 10959, de las 17:51 horas del 26 de julio de 2006, se apuntó: “Esta Sala, en múltiples oportunidades, ha establecido que los sobresueldos que dependan de alguna condición para ser otorgados no constituyen un derecho adquirido que se incorpore como tal al salario propiamente dicho, toda vez que su otorgamiento depende de las condiciones objetivas por las cuales fue reconocido. En otras palabras, si las condiciones bajo las cuales fue otorgado un sobresueldo varían, y la persona ya no se encuentra en las mismas circunstancias, no resulta arbitrario que la Administración revoque en forma unilateral tal beneficio, toda vez que no se cumple la condición bajo la cual se originó”. Conforme a lo expuesto, resulta evidente que las sumas recibidas por recargos constituyen sobresueldos temporales, anexos a la estructura salarial, que si bien forman parte de la remuneración final que percibe la persona funcionaria, no son un componente sustancial permanente, sino adicional, cuyo reconocimiento depende de que aquella se encuentre en los presupuestos establecidos en el ordenamiento jurídico para su concesión y de las necesidades que surjan en cada periodo lectivo. Cabe destacar que el pago de estos recargos procede en razón del puesto y de las funciones que realiza la persona servidora, por lo que puede denegarse cuando las condiciones originarias de su otorgamiento desaparezcan. Con base en las normas traídas a colación, la jurisprudencia citada y los principios de primacía de la realidad, razonabilidad e igualdad salarial, considero que la representación del Estado lleva razón cuando manifiesta que no es factible mantener el pago de retribuciones cuando no se da la prestación real del servicio, por motivos como el de autos (persona reubicada en un puesto administrativo), pues no existe sustento fáctico ni jurídico para retribuir un servicio que no se está prestando. Además, obligar al Estado a cancelar una remuneración por una contraprestación que no se está brindando resulta irrazonable y contrario a la equidad. Aunado a ello, se estaría dando una ventaja indebida a las personas reubicadas, con respecto a quienes se encuentran nombradas en una plaza de docente y ejerciendo las funciones por recargo de algún tipo, pues no se hallan en igualdad de condiciones y ganan igual. Amén de que el Estado estaría pagando doble (a dos funcionarios) por un mismo recargo, cuando haya sido necesario que lo asuma la persona que sustituye a quien ha sido reubicada por razones de salud. Como se dijo antes, el recargo de 8 lecciones interinas, como ocurre en el caso de estudio, no constituye un derecho adquirido, amén de que, por lo excepcional del tema, no pueden ser reputados como un derecho que se incorpora de ordinario (fijo) a los contratos de trabajo de las personas docentes. Finalmente, téngase presente que para poder exigir el pago del recargo se requiere necesariamente que una norma así lo autorice (principio de legalidad que rige en el sector público) y cumplir con las condiciones y presupuestos por ella estatuidos; lo que no se da en la especie. En virtud de lo anterior, la supresión del sobresueldo en cuestión, al pasar la actora de la condición de docente a cumplir funciones administrativas por reubicación, está ajustada a derecho. SOBRE LAS COSTAS: Aunque la normativa sobre costas establece como regla de principio la condenatoria en esos gastos a la parte vencida, quien suscribe este voto salvado considera que, en el caso concreto, se debe absolver en costas. Si bien se ha demostrado que a la parte actora no le corresponde el derecho que reclama, se aprecia que esta ha litigado con evidente buena fe, bajo la creencia de que le asiste el derecho a mantener el pago de recargo de 8 lecciones interinas durante su reubicación en labores administrativas y, la suscrita se ha replanteado el tema de la interpretación correcta de las normas que rigen el recargo por algún motivo, (como es el de 8 lecciones interinas) a la carga académica contratada de ordinario. Esta exoneración se dispone en aplicación del artículo 222 del Código Porcesal Civil. DISPOSICIONES FINALES: Como corolario de lo expuesto, revoco la sentencia recurrida, declaro sin lugar la demanda y resuelvo sin especial condenatoria en costas. POR TANTO En lo que ha sido objeto de agravio, se confirma la sentencia recurrida, en el entendido de que las diferencias en vacaciones solo se deben reconocer si estas han sido compensadas. La Magistrada Varela Araya salva el voto, revoca la sentencia recurrida, declara sin lugar la demanda y resuelve sin especial condenatoria en costas.       Orlando Aguirre Gómez     Julia Varela Araya                                                 Luis Porfirio Sánchez Rodríguez       Héctor Luis Blanco González                       Flora Marcela Allón Zúñiga Res: 2018001743 PROJASM/mrg 1
Número de expedienteExp:
Número de sentencia2018-001743
Fecha26 Octubre 2018
Revisión del Documento

*130021851178LA*

Corte Suprema de Justicia

SALA SEGUNDA

Exp: 13-002185-1178-LA

Res: 2018-001743

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de octubre de dos mil dieciocho.

Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por MARÍA CECILIA RAMÍREZ CHAVARRÍA, unión libre, educadora y vecina de Puntarenas, contra el ESTADO, representado por su procuradora adjunta la licenciada Kattya Vega Sancho, divorciada. Actúa como apoderada especial judicial de la actora, la licenciada Fanny Mora Rivera, casada. Todas mayores y vecinas de San José.

RESULTANDO:

1.- La apoderada especial judicial de la actora, en escrito de demanda de fecha treinta de agosto de dos mil trece, promovió la presente acción para que en sentencia se condene al demandado a: a) Restituir de forma inmediata el pago del Recargo de exceso de 8 lecciones interinas con los que contaba antes de la reubicación. b) Pagar todas las diferencias salariales adeudadas desde la fecha en que se ‘suprimió’ el Recargo de exceso de 8 lecciones interinas en forma ilegal a la Actora, desde el 01 de febrero del 2012 hasta la fecha de su pago efectivo y mientras continúe su condición de reubicada, incluyendo las diferencias que puedan generarse por aguinaldo, salario escolar y vacaciones. c) Pagar intereses legales por las sumas adeudadas, además de daños y perjuicios causados. d) Pagar costas personales y procesales de la presente acción (sic).

2.- La representante estatal contestó la acción en el memorial de fecha veinte de enero de dos mil catorce y opuso la excepción de falta de derecho.

3.- El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, por sentencia de las quince horas treinta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil quince, dispuso: Razones expuestas, normas aplicadas, FALLO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la presente demanda interpuesta por MARIA CECILIA RAMIREZ CHAVARRIA contra EL ESTADO. Se condena al demandado a cancelar las diferencias salariales que resulten del reconocimiento de los montos que por ‘recargo de ocho lecciones interinas’ debió devengar la actora desde el primero de febrero del dos mil doce, hasta la fecha de su pago efectivo y mientras continúe su condición de reubicada incluyendo las diferencias que puedan generarse por aguinaldo, salario escolar y vacaciones. Se conceden intereses legales sobre los montos a cancelar por el demandado a la actora, desde el momento en que cada una de las sumas se hizo exigible, hasta su efectivo pago, conforme las tasas de interés dispuestas por el Banco Nacional de Costa Rica, para los certificados de depósito a seis meses plazo. Los extremos concedidos deberán ser liquidados en sede administrativa una vez que ésta sentencia adquiera firmeza; o en caso de que la parte actora no esté de acuerdo con el pago en esa sede, podrá recurrir a la etapa de ejecución de sentencia. Se rechaza la solicitud de condena en daños perjuicios por improcedente. Se acoge en lo denegado y se rechaza en lo concedido, la excepción de falta de derecho interpuesta por la representación del Estado. Se condena al demandado al pago de ambas costas de esta acción, fijándose las personales en un veinte por ciento del total de la condenatoria... (Sic).

4.- La parte demandada apeló y el Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia de las diez horas cincuenta minutos del veintitrés de enero de dos mil dieciocho, resolvió: No se notan defectos u omisiones que puedan haber causado nulidad o indefensión a ninguna de las partes, y en lo que es objeto del recurso, se modifica parcialmente la sentencia, en cuanto al rubro de costas personales, la cuales se establecen en la suma de doscientos cincuenta mil colones, y no en forma porcentual como había sido establecido primariamente por la jueza de instancia, y en lo demás, se confirma la resolución impugnada.

5.- La representación del Estado formuló recurso para ante esta Sala, en memorial remitido vía facsímile el catorce de febrero de dos mil dieciocho, el cual se fundamenta en las razones que de seguido se dirán en la parte considerativa.

6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Blanco González; y,

CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES: la actora refirió que ocupa en propiedad el puesto de profesora de educación especial en la Escuela San Isidro de la Dirección Regional de Puntarenas. Según mencionó, por razones de salud, desde el año 2011 fue reubicada. Afirmó que antes de dicha reubicación trabajó con el recargo de 8 lecciones interinas; no obstante, este le fue suprimido desde el 1° de febrero de 2012. Solicitó se ordene al Estado restituirle de forma inmediata este sobresueldo y pagarle las diferencias salariales adeudadas por su supresión desde el 1° de febrero de 2012 hasta su efectivo pago y mientras se mantenga en la condición de reubicada. Además, pidió las diferencias generadas en aguinaldo, salario escolar y vacaciones; intereses, daños y perjuicios y ambas costas (imágenes 2-5 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado). La representación estatal contestó en términos negativos y opuso la excepción de falta de derecho (imágenes 27-33 ídem). La jueza de primera instancia declaró parcialmente con lugar la demanda y condenó al Estado a pagar las diferencias salariales que resulten del reconocimiento del recargo de 8 lecciones interinas desde el 1° de febrero de 2012 hasta la fecha de su pago efectivo y mientras continúe su condición de reubicada; así como las diferencias generadas en aguinaldo, salario escolar y vacaciones; intereses y ambas costas. Fijó las personales en el 20% de la condenatoria (imágenes 93-100 ibídem). La parte demandada apeló (imágenes 103-111 ibídem) y el Tribunal modificó la condena en costas, la cual estableció en doscientos cincuenta mil colones (imágenes 17-34 de la vista completa del expediente electrónico del Tribunal).

II.- AGRAVIOS: la representación estatal se muestra inconforme con lo dispuesto por el Ad-quem. Primer agravio: reclama que se haya ordenado el pago de las diferencias salariales que resulten del reconocimiento del sobresueldo de 8 lecciones interinas desde el 1° de febrero de 2012 hasta su efectivo pago y mientras permanezca en su condición de reubicada, a sabiendas de que la demandante no laboró el recargo. Aduce que el órgano de alzada equiparó el dictamen médico que recomienda la reubicación con una licencia o incapacidad; utilizando una analogía de normas incorrecta, al expresar que su sentencia se encuentra en los supuestos de los artículos 5 del Reglamento de licencias especiales para los servidores del Ministerio de Educación Pública y 174 del Estatuto de Servicio Civil. Destaca que las autoridades competentes para emitir incapacidades son la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros; por lo que, a su juicio, aceptar el razonamiento expresado por el Tribunal equivale a usurpar sus funciones. Considera que no existe fundamento legal para cancelarle a la trabajadora el recargo en cuestión, cuando claramente no lo ejerció y no medió una declaración de incapacidad menor permanente o parcial. Segundo agravio: expone que no puede dársele trato de derecho adquirido al sobresueldo de funciones, pues este depende de varios requisitos y responde a un interés público y a una necesidad institucional, tendiente a brindar un servicio eficaz y eficiente. Apunta que mantener el pago del componente salarial va en perjuicio del erario público; toda vez que no se impartirán esas lecciones o se tendrá que asignar a otra persona, incurriendo en un doble gasto de recursos económicos y humano. Copia un extracto de la sentencia de la Sala Constitucional n.° 6390, de las 15:14 horas del 18 de mayo de 2011. Reitera que la accionante no ejerció el recargo de funciones, por cuanto trabajó en labores administrativas, devengando el salario correspondiente a estas últimas. Tercer agravio: impugna la condena al pago de diferencias salariales por concepto de salario escolar. En su criterio, se está dejando de lado que este no es un monto que paga el Estado o sus instituciones en forma adicional, como si fuera un monto extraordinario o una liberalidad sin respaldo legal. Refiere que se trata de una cantidad que la persona trabajadora recibe en forma diferida en el mes de enero, monto que ya ha devengado y se encuentra dentro de su patrimonio, es decir, que se le ha retenido pero no liquidado. Cuarto agravio: reprocha que se haya condenado a cancelar diferencias salariales por concepto de vacaciones, porque, indistintamente de las labores que realizó, la actora ha venido disfrutando de sus períodos de vacaciones, año tras año. Señala que no es posible cancelar monto alguno por este concepto, ya que su pago por compensación opera únicamente para casos muy excepcionales. Estima que de mantenerse lo resuelto se estaría generando un doble pago. Quinto agravio: recurre la condena en costas y afirma que su representado ha actuado de buena fe, en estricto cumplimiento del principio de legalidad y al amparo de la jurisprudencia constitucional; por lo que pide esta sea revocada (imágenes 3-9 de la vista completa del expediente electrónico de la Sala).

III.- CUESTIONES PREVIAS: el numeral 608 del Código Procesal Civil, aplicable en materia laboral por remisión expresa del ordinal 452 del Código de Trabajo, dispone: “No podrán ser objeto del recurso de casación cuestiones que no hayan sido propuestas ni debatidas oportunamente por los litigantes. La sentencia que se dicte no podrá abrazar otros puntos que no sean los que hubieran sido objeto del recurso”. Como consecuencia lógica, los agravios formulados ante esta Sala, para que sean atendibles, deben haberse expuesto en las instancias precedentes; ya que la competencia de esta Sala se ve limitada en virtud del principio de preclusión, al no poderse plantear ante ella los reclamos no presentados oportunamente ante el Ad-quem que conoció y resolvió la apelación. En el caso concreto, en la segunda objeción se arguye que al sobresueldo en cuestión no puede dársele un trato de derecho adquirido y que proceder conforme se ordena va en perjuicio del erario público, pues se estaría incurriendo en un doble gasto. Estos argumentos no formaron parte del recurso de apelación, por lo que se encuentran precluidos y no pueden ser atendidos por esta Sala.

IV.- SOBRE EL DERECHO AL PAGO DEL RECARGO DE 8 LECCIONES INTERINAS: esta Sala estima que la parte recurrente no lleva razón en sus alegatos por las razones que se expondrán a continuación. Ha quedado debidamente acreditado que, en el año 2011, la demandante devengaba el recargo de 8 lecciones interinas y que, debido a problemas de salud, fue reubicada en funciones administrativas a partir del 1° de setiembre de 2011; razón por la cual aquél sobresueldo se le dejó de pagar desde febrero de 2012 (hechos probados 2 y 3 de la sentencia de primera instancia, ratificados por el Tribunal). Asimismo, según se desprende de los oficios números DRH-PPRH-UL-262-2014 y DRH-PRH-UL-279-2015, visibles a imágenes 34-37 y 43-46 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado, respectivamente, está claro que la reubicación se acordó ante una recomendación médica, basada en el artículo 254 del Código de Trabajo que establece la obligación de la parte empleadora de reponer en su puesto a las personas que hayan sufrido un riesgo y puedan trabajar. Además, prevé el deber patronal de proporcionarle un puesto diferente de acuerdo con sus posibilidades, cuando por recomendación médica no pueda regresar a ejercer las funciones que venía desempeñando, pero sí esté en capacidad de realizar otras tareas. Esta Sala ha sido conteste al indicar que, en reubicaciones por motivos de salud, se debe mantener el salario con los pluses como el que solicita la trabajadora, por ser licencias especiales. Aunado a ello, se ha dispuesto que en casos como este prima lo estipulado en el numeral 174 del Estatuto de Servicio Civil y demás normativa relacionada. Así, en la sentencia n.° 200, de las 9:45 horas del 7 de marzo de 2012, se expuso: “En criterio del demandado, el sobresueldo conocido como horario alterno está concebido únicamente para quienes desempeñan funciones de docente, cuando las necesidades de matrícula lo requieran; y dependiendo de los atestados académicos del funcionario o funcionaria, por lo que a la actora no le asiste el derecho al pago de ese plus si su puesto es ahora, de naturaleza administrativa. Sin embargo, se debe tener claro que en la especie no se está frente al reclamo que hace un funcionario o funcionaria del sector administrativo del Ministerio de Educación Pública, para el reconocimiento de ese plus como parte integrante e indisoluble de su salario. La situación en estudio difiere de ese supuesto porque aquí se trata de definir la correspondencia de ese derecho a una funcionaria docente quien por razones de salud ha debido ser reubicada en un cargo administrativo. La diferencia que pretende hacer valer la representación estatal entre ‘incapacidad’ y ‘reubicación’ desconoce que el origen de ambas es una enfermedad del funcionario o la funcionaria que le impide mantenerse en el servicio activo de la docencia. Es por esta razón que la normativa aplicable en casos como este no es únicamente la relacionada con el derecho al reconocimiento de ‘horario alterno’ sino la especialmente prevista al efecto. De primera mano, el Reglamento de Licencias Especiales Ministerio de Educación Pública (Decreto Ejecutivo número 19113 del 28 de julio de 1989), cuyo artículo 1° menciona que esta reglamentación tiene por objeto establecer las normas y los procedimientos que deberá seguir el Ministerio de Educación Pública para conceder licencia a sus servidores o servidoras, con motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo, sobrevivientes de riesgos del trabajo o enfermedad. Por su parte, el numeral 2 establece: ‘Las licencias a que se refiere la presente reglamentación se concederán a aquellos servidores que, por la disminución sufrida en sus facultades o aptitudes, no pudieren desempeñar, sin detrimento de su salud o del servicio, las funciones y atribuciones correspondientes al cargo que venían desempeñando en calidad de servidores regulares’. Esa normativa distingue entre licencia permanente y licencia parcial, declarando que tienen derecho a esta última aquellos servidores o servidoras respecto de los cuales la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros, en su valoración final, declaren una incapacidad menor permanente o una incapacidad parcial o permanente y recomienden un cambio de funciones. El artículo 8 trata específicamente el supuesto de la concesión de la licencia especial en los siguientes términos: ‘De conformidad con lo establecido en el artículo 5° anterior, el Ministerio de Educación Pública, concederá una licencia especial a aquellos servidores que encuentren en las siguientes circunstancias:/a) Que de acuerdo con su dolencia la Caja Costarricense de Seguro Social, recomiende en la valoración final del tratamiento su cambio de funciones./ b) Que en la valoración final de los efectos del riesgo de trabajo acaecido, el Instituto Nacional de Seguros, determine una incapacidad menor o parcial permanente y recomiende su incorporación al servicio con cambio de funciones’ (énfasis suplido). El artículo 17 dice: ‘Los beneficiarios de las licencias previstas en esta reglamentación gozarán de un subsidio equivalente a la totalidad de su salario con arreglo a lo dispuesto por el Estatuto de Servicio Civil y el Código de Educación sobre la materia’ (énfasis suplido). De modo que esta normativa complementa y no contradice lo dispuesto por el numeral 174 del Estatuto de Servicio Civil, que reza: ‘a) Si el servidor, en el momento de incapacitarse por enfermedad o maternidad, estuviese devengando salario adicional por zonaje, por ‘horario alterno’, o cualquier sobresueldo, tendrá derecho a un subsidio equivalente al salario total que en dicho momento estuviese devengando./ b) Las licencias por enfermedad, cualquiera que sea su duración, no interrumpirán el derecho que tienen los servidores para recibir los aumentos de sueldos correspondientes./c) Para todos los efectos legales, tanto el subsidio, como los auxilios a que se refiere el artículo 167, tendrán el carácter de salario, y serán, en consecuencia, la base para el cálculo de pensiones y prestaciones legales, entre otros extremos, que pudieran corresponder’. La normativa reglamentaria desarrolla esta expresa disposición, contemplando de manera indistinta el derecho a la indemnización tanto para el caso de la licencia permanente como de la especial. Así lo ha resuelto esta Sala en ocasiones anteriores en las que se ha discutido este mismo tema. […] En consecuencia, si al momento de la reubicación (licencia especial) la actora devengaba un sobresueldo por horario alterno resulta indiscutible el derecho que tiene, conforme a esa normativa especial, a que dentro de su remuneración como funcionaria administrativa se le contemple ese plus, que por lo mismo, en su caso el otorgamiento resulta independiente a los requerimientos que de esos servicios tenga el ente empleador. Es decir, en aplicación de esa disposición especial, el ente demandado no podía suprimir del subsidio con naturaleza salarial concedido a la actora (inciso c, artículo 174 ídem) el plus por horario alterno que percibía antes de ser incapacitada” (sic). Asimismo, en el fallo n.° 578, de las 9:50 horas del 18 de julio de 2012, sobre el particular se dijo: “De manera que es claro que la reubicación de la servidora, originada en una causa totalmente ajena a su voluntad -su salud-, no podía afectarla en su salario, eliminándole el referido incentivo de la forma en que se realizó por parte del Ministerio de Educación. Igualmente, conforme a la sentencia de esta Sala citada en el considerando anterior, si bien dictadas en un caso en que se reclamaba el pago de horario alterno, la normativa analizada no permite concluir que cuando un trabajador se vea afectado por un problema de salud pueda resultar perjudicado en su salario, pues todo lo contrario, del citado artículo 174 del Estatuto de Servicio Civil se desprende que en esa situación -de resultar incapacitado- el salario a recibir será equivalente al salario total, incluyendo cualquier sobresueldo que se le pagara al momento de incapacitarse; protección que también se desprende del ordinal 173 ibídem. No otro es el caso de la gestionante pues, por razones de salud, está con una licencia especial de las previstas en el Reglamento de Licencias Especiales para los Servidores del Ministerio de Educación Pública, artículos 2, 5, 8, 9, 12; casos en que el ordinal 17 de ese mismo reglamento prevé el pago de un subsidio equivalente a la totalidad de su salario -obviamente, en este caso, al devengado al momento de la reubicación- […] Finalmente, se debe subrayar que para esta Sala resulta contradictorio que sea el problema de salud de la actora el que sirva para justificar la eliminación del plus en cuestión, pues ello no solo deviene injusto, sino, además violatorio de su derecho fundamental a la salud”. También se ha considerado que el ordinal 254 del Código de Trabajo tiene relación directa con los supuestos regulados por el Reglamento de Licencias Especiales del Ministerio de Educación Pública (Decreto Ejecutivo número 19113 del 28 de julio de 1989), pues, según su artículo 1°, este tiene por objeto establecer las normas y los procedimientos que deberá seguir el Ministerio de Educación Pública, en procura de conceder licencia a sus personas servidoras, con motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo sobrevinientes de riesgos del trabajo o enfermedad. Entonces, aunque no consta que la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros extendiera una incapacidad formalmente a favor de la accionante, profesionales en medicina recomendaron su reubicación por cuestiones de salud, lo que para efectos prácticos significa que dicha señora está incapacitada para ejercer la docencia, pero tiene condiciones de llevar a cabo otro tipo de tareas (en este caso, administrativas). En ese orden de ideas, si bien es cierto la actora no realizó labores docentes, sino administrativas, esa situación obedeció a un problema de salud que la afectó, sin que esa circunstancia pueda ir en detrimento de su remuneración, conforme las razones expuestas. Si como se desprende del expediente, incluso de la contestación de la demanda, el recargo de funciones lo venía devengando la demandante mas en febrero de 2012 le fue suprimido, le asiste derecho a continuar percibiéndolo, dado que lo disfrutaba al momento de decretarse la reubicación, sin que sea aceptable que la Administración decida dejar de cancelarlo a partir de determinado momento cuando siguió en condición de reubicada, como sucedió en el caso de que se conoce. Consecuentemente, los agravios expuestos a este respecto no son procedentes, dado que la Administración acogió la solicitud de reubicación de la trabajadora por problemas de salud.

V.- RESPECTO DEL SALARIO ESCOLAR: la representación estatal reprocha la condena al pago de las diferencias generadas en el salario escolar. Al respecto, debe indicarse que desde hace algún tiempo, esta Sala rectificó el criterio esbozado en esta materia y ha venido sosteniendo que, en el Sector Público, ese rubro no constituye una retención salarial que se paga en forma diferida en cada mes de enero sino de un componente salarial más. Así, en la sentencia n.° 833, de las 9:40 horas del 12 de octubre de 2011, se expuso: “Con base en lo anterior, se desprende claramente que el Salario Escolar en el sector público fue promovido como un componente salarial calculado sobre el salario total que perciben las personas trabajadoras y cuyo pago se realiza en forma acumulada en el mes de enero del año siguiente. Es decir, que a diferencia del sector [privado], en el que el salario escolar está conceptuado como una deducción del aumento salarial autorizado, en el sector público es un componente salarial acumulado, que se calcula con base en el salario mensual percibido en un año”. (El subrayado es agregado. Lo incluido entre paréntesis no consta en el original, pero resulta evidente la omisión). Lo mismo se dijo en un fallo posterior: “En consecuencia, con base en este otro criterio según el cual, el salario escolar es un componente salarial acumulado, que se calcula con base en el salario mensual percibido en un año; y no, una retención acumulada de parte del salario, lo resuelto deberá ser revocado para disponer que a los actores y actora les asiste también el derecho para que las diferencias acordadas se vean también reflejadas en los salarios escolares correspondientes” (el resaltado es agregado. Sentencia n.° 1055, de las 9:35 horas del 21 de diciembre de 2011. En igual sentido, puede consultarse el voto n.° 667, de las 10:00 horas del 10 de agosto de 2012). De conformidad con lo anterior, la tesis contenida en el recurso en cuanto a que el salario escolar constituye una retención no tiene asidero jurídico y por eso las diferencias resultan procedentes, en el tanto en que el recargo de 8 lecciones interinas ha de tomarse en cuenta para calcular esta otra remuneración.

VI.- SOBRE LAS DIFERENCIAS POR CONCEPTO DE VACACIONES: la parte recurrente sostiene que no proceden las diferencias acordadas, toda vez que la accionante las ha venido disfrutando año tras año. Además, refiere que ello conlleva a un doble pago, por cuanto ya le fueron aprobadas las diferencias salariales y la compensación monetaria opera solo en casos muy excepcionales, sin que se esté en este último supuesto. Sobre el particular, debe señalarse que el reclamo es parcialmente atendible. Como se está ordenando el pago del reajuste salarial derivado del reconocimiento del sobresueldo, el cual comprende también el período de disfrute de vacaciones, no procede disponer por separado el pago de diferencias por ese concepto, ya que de hacerlo se estaría –efectivamente- generando un doble pago, lo que no es ajustado a derecho y resulta contrario al principio de equidad y justicia. En ese orden de ideas, debe precisarse que el reconocimiento de las diferencias por vacaciones procede –únicamente- si estas han sido compensadas.

VII.- RESPECTO DE LAS COSTAS: finalmente, la representación estatal impugna la condenatoria en costas. Considera que la fijación de estas en su contra es improcedente, porque su representado ha actuado de buena fe, en estricto cumplimiento del principio de legalidad y al amparo de la jurisprudencia constitucional. Al respecto ha de indicarse que al haberse resuelto como se hizo, tomando en cuenta que la actora se vio obligada a acudir a estrados judiciales en procura de la satisfacción de sus derechos y ante la existencia de reiterados pronunciamientos de esta Sala sobre el tema debatido, se estima no estar en ninguno de los supuestos de excepción contemplados en el artículo 222 del Código Procesal Civil (concretamente la buena fe invocada en el recurso), a efecto de ejercer la facultad concedida a los juzgadores de exonerar del pago de las costas a la parte vencida.

VIII.- CONSIDERACIONES FINALES: como consecuencia de lo aquí resuelto, procede confirmar la sentencia impugnada, en el entendido de que las diferencias en vacaciones se deben reconocer –únicamente- si estas han sido compensadas.

IX.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA VARELA ARAYA: La suscrita se aparta del criterio de mayoría en cuanto reconoce a la actora el pago del sobresueldo por recargo de 8 lecciones interinas a partir del momento en que fue reubicada en labores administrativas y mientras se mantenga en esa condición. Ha quedado debidamente acreditado que, en el año 2011, la demandante devengaba aquel recargo y que, debido a problemas de salud, fue reubicada en funciones administrativas a partir del 1° de setiembre de 2011; razón por la cual aquel sobresueldo se le dejó de pagar (hechos probados 2 y 3 de la sentencia de primera instancia, ratificados por el Tribunal). Asimismo, según se desprende de los oficios números DRH-PPRH-UL-262-2014 y DRH-PRH-UL-279-2015, visibles a imágenes 34-37 y 43-46 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado, respectivamente, está claro que la reubicación se acordó ante una recomendación médica, basada en el artículo 254 del Código de Trabajo. No estamos ante una incapacidad propiamente dicha. Ante la Sala se sostiene que la Administración Pública está sujeta al principio de legalidad, por lo que solo puede proceder conforme a lo que esté debidamente autorizado en el ordenamiento jurídico (numerales 11 de la Constitución Política y 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública), y que la servidora no se encuentra dentro de los presupuestos de hecho previstos en el artículo 22 bis inciso a) del Reglamento de Estatuto del Servicio Civil, pues no se encuentra incapacitada por enfermedad como se estableció, que la hagan acreedora a lo pretendido. Luego de un replanteamiento del análisis sobre los alcances de la normativa aplicable al caso concreto, concluyo que lleva razón quien recurre. Los ordinales 118 del Código de Educación y 13 del Manual de Procedimientos para Administrar el Personal Docente estipulan la posibilidad de asignar ciertos recargos, los cuales no constituyen un derecho adquirido y, por consiguiente, el pago de estos debe suspenderse cuando la persona funcionaria, en el ejercicio de sus labores habituales, deja de cumplir los requisitos exigidos para su reconocimiento. Por otro lado, el artículo 174 del Estatuto del Servicio Civil, establece que: “a) Si el servidor, en el momento de incapacitarse por enfermedad o maternidad, estuviese devengando salario adicional por zonaje, por "horario alterno", o cualquier sobresueldo, tendrá derecho a un subsidio equivalente al salario total que en dicho momento estuviese devengando. /b) Las licencias por enfermedad, cualquiera que sea su duración, no interrumpirán el derecho que tienen los servidores para recibir los aumentos de sueldos correspondientes. (Así reformado por el artículo 1º de la Ley No.5659 de 17 de diciembre de 1974). /c) Para todos los efectos legales, tanto el subsidio, como los auxilios a que se refiere el artículo 167, tendrán el carácter de salario, y serán, en consecuencia, la base para el cálculo de pensiones y prestaciones legales, entre otros extremos, que pudieran corresponder. / (Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1º de la Ley No. 6110 de 9 de noviembre de 1977)” (el resaltado es agregado). Del texto antes trascrito se colige, en forma clara y expresa, que la persona servidora que se encuentre incapacitada por enfermedad, o la funcionaria en licencia por maternidad, que viniere devengando salario adicional por sobresueldos, tiene derecho a que estos se contemplen al momento de fijar el importe del subsidio a pagarle. En el caso que nos ocupa, la promovente fue reubicada en funciones administrativas y no está incapacitada ni disfrutando de aquella licencia, por lo que su situación no se subsume en el presupuesto de hecho de la norma. Además, hay que tener presente que al tenor de lo dispuesto en los numerales 118, inciso j), del Código de Educación y 13 del Decreto Ejecutivo n.° 12915-E-P, antes citados, estos pluses se conceden cuando la persona servidora lleva a cabo funciones adicionales a las que realiza ordinariamente en su puesto, de manera temporal, y cuya asignación se encuentra debidamente justificada, ya sea por necesidades de los centros educativos, por razones de oportunidad y conveniencia, o para la satisfacción efectiva y eficiente del servicio brindado. Dicho de otro modo, el otorgamiento de estos sobresueldos depende de que las circunstancias así lo ameriten y por ello se asignan con carácter temporal, para cada curso lectivo, según las fechas de inicio y fin normadas en el ordinal 176 del Estatuto de Servicio Civil; de lo contrario, se desnaturalizaría el servicio eventual y se convertiría en uno ordinario. En consonancia con lo anterior, el artículo 15 de la Ley de Salarios de la Administración Pública prescribe que “el exceso se mantendrá como un recargo, por ende, de carácter temporal”. Consecuentemente, aquellos recargos que dependan de alguna condición particular para ser concedidos no se configuran como un derecho adquirido, que se incorpora irremediablemente al salario total de la persona trabajadora, en forma permanente y con independencia del servicio que preste, como se pretende en este caso. Existe vasta jurisprudencia de la Sala Constitucional en el sentido de que los recargos de funciones (en este caso por horario alterno) no pueden considerarse como un derecho adquirido de la persona servidora. Así, en la sentencia n.° 3681, de las 15:45 horas del 22 de marzo de 2011, se externó: “Debe recordarse que esta Sala ha señalado que el desempeño del trabajador que pueda ser catalogado como un recargo de funciones, no constituye un derecho adquirido para el trabajador al que se le asigna y que obligue a la Administración a mantenerle en esa condición. Generalmente la asignación de tales recargos -por obedecer a la necesidad de prestación del servicio en un momento determinado-, tiene un carácter temporal y se paga por una cantidad de labores específicas, siendo que, lógicamente, su valor deberá ser determinado por la autoridad recurrida con fundamento en criterios técnicos y objetivos que son propiamente de su interés y de su competencia (ver en ese sentido sentencia número 2003-09533 de las doce horas veintiocho minutos del cinco de septiembre del dos mil tres y 2006-7717 de las dieciséis horas cuarenta y siete minutos del treinta de mayo del dos mil seis, entre otras). Por tal razón, el recargo constituye un ‘plus’ o beneficio salarial que depende del hecho de que las funciones se ejerzan o no, sin que la circunstancia de haberlas realizado por un plazo determinado, tenga el efecto de constituir un derecho subjetivo a favor del interesado para que se le siga pagando tal extremo, o para que se le mantenga el recargo u horario alterno" (énfasis suplido; véanse también las resoluciones números 6390 de las 15:14 horas del 18 de mayo de 2011 y 868 de las 9:05 horas del 18 de enero de 2013). De igual manera, en el voto n.° 3306, de las 12:48 horas del 9 de marzo de 2007, se acotó: “…si los supuestos por los cuales fue otorgado un sobresueldo varían, y la persona ya no se encuentra en las mismas circunstancias, no resulta arbitrario que la Administración revoque en forma unilateral tal beneficio, toda vez que no se cumple la condición bajo la cual se originó (sentencia N° 2006-010959 de las 17:51 horas del 26 de julio de 2006)”. En este mismo fallo se hizo referencia a la sentencia n.° 296, de las 11:54 horas del 13 de enero de 1995, en el cual expresamente se indicó: “De igual forma cabe pronunciarse en lo que toca a la diferencia salarial que dice el recurrente que deja de percibir con ocasión del acto cuestionado, toda vez que la retribución por el recargo citado constituye un ‘plus’ o beneficio salarial, el cual depende del hecho de que las funciones se ejerzan o no, sin que la circunstancia de haberlas realizado por un plazo determinado, tenga el efecto de constituir un derecho subjetivo a favor del interesado, para que se le siga pagando tal extremo, o para que se le mantenga el recargo señalado, de manera que el recurso, en cuanto a este último reparo es también improcedente…”. Por último, en la resolución n.° 10959, de las 17:51 horas del 26 de julio de 2006, se apuntó: “Esta Sala, en múltiples oportunidades, ha establecido que los sobresueldos que dependan de alguna condición para ser otorgados no constituyen un derecho adquirido que se incorpore como tal al salario propiamente dicho, toda vez que su otorgamiento depende de las condiciones objetivas por las cuales fue reconocido. En otras palabras, si las condiciones bajo las cuales fue otorgado un sobresueldo varían, y la persona ya no se encuentra en las mismas circunstancias, no resulta arbitrario que la Administración revoque en forma unilateral tal beneficio, toda vez que no se cumple la condición bajo la cual se originó”. Conforme a lo expuesto, resulta evidente que las sumas recibidas por recargos constituyen sobresueldos temporales, anexos a la estructura salarial, que si bien forman parte de la remuneración final que percibe la persona funcionaria, no son un componente sustancial permanente, sino adicional, cuyo reconocimiento depende de que aquella se encuentre en los presupuestos establecidos en el ordenamiento jurídico para su concesión y de las necesidades que surjan en cada periodo lectivo. Cabe destacar que el pago de estos recargos procede en razón del puesto y de las funciones que realiza la persona servidora, por lo que puede denegarse cuando las condiciones originarias de su otorgamiento desaparezcan. Con base en las normas traídas a colación, la jurisprudencia citada y los principios de primacía de la realidad, razonabilidad e igualdad salarial, considero que la representación del Estado lleva razón cuando manifiesta que no es factible mantener el pago de retribuciones cuando no se da la prestación real del servicio, por motivos como el de autos (persona reubicada en un puesto administrativo), pues no existe sustento fáctico ni jurídico para retribuir un servicio que no se está prestando. Además, obligar al Estado a cancelar una remuneración por una contraprestación que no se está brindando resulta irrazonable y contrario a la equidad. Aunado a ello, se estaría dando una ventaja indebida a las personas reubicadas, con respecto a quienes se encuentran nombradas en una plaza de docente y ejerciendo las funciones por recargo de algún tipo, pues no se hallan en igualdad de condiciones y ganan igual. Amén de que el Estado estaría pagando doble (a dos funcionarios) por un mismo recargo, cuando haya sido necesario que lo asuma la persona que sustituye a quien ha sido reubicada por razones de salud. Como se dijo antes, el recargo de 8 lecciones interinas, como ocurre en el caso de estudio, no constituye un derecho adquirido, amén de que, por lo excepcional del tema, no pueden ser reputados como un derecho que se incorpora de ordinario (fijo) a los contratos de trabajo de las personas docentes. Finalmente, téngase presente que para poder exigir el pago del recargo se requiere necesariamente que una norma así lo autorice (principio de legalidad que rige en el sector público) y cumplir con las condiciones y presupuestos por ella estatuidos; lo que no se da en la especie. En virtud de lo anterior, la supresión del sobresueldo en cuestión, al pasar la actora de la condición de docente a cumplir funciones administrativas por reubicación, está ajustada a derecho. SOBRE LAS COSTAS: Aunque la normativa sobre costas establece como regla de principio la condenatoria en esos gastos a la parte vencida, quien suscribe este voto salvado considera que, en el caso concreto, se debe absolver en costas. Si bien se ha demostrado que a la parte actora no le corresponde el derecho que reclama, se aprecia que esta ha litigado con evidente buena fe, bajo la creencia de que le asiste el derecho a mantener el pago de recargo de 8 lecciones interinas durante su reubicación en labores administrativas y, la suscrita se ha replanteado el tema de la interpretación correcta de las normas que rigen el recargo por algún motivo, (como es el de 8 lecciones interinas) a la carga académica contratada de ordinario. Esta exoneración se dispone en aplicación del artículo 222 del Código Porcesal Civil. DISPOSICIONES FINALES: Como corolario de lo expuesto, revoco la sentencia recurrida, declaro sin lugar la demanda y resuelvo sin especial condenatoria en costas.

POR TANTO

En lo que ha sido objeto de agravio, se confirma la sentencia recurrida, en el entendido de que las diferencias en vacaciones solo se deben reconocer si estas han sido compensadas. La Magistrada Varela Araya salva el voto, revoca la sentencia recurrida, declara sin lugar la demanda y resuelve sin especial condenatoria en costas.

Orlando Aguirre Gómez

Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez

Héctor Luis Blanco González Flora Marcela Allón Zúñiga Res: 2018001743

PROJASM/mrg

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