Sentencia Nº 2018-001895 de Sala Segunda de la Corte, 21-11-2018

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expedienteExp:
Número de sentencia2018-001895
Número de resolución*170011890505LA*   Corte Suprema de Justicia SALA SEGUNDA   Exp: 17-001189-0505-LA 2018-001895 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cincuenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.               Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo de Heredia, por ARMANDO ALBERTO CHACÓN COTO, estado civil ignorado, oficial de seguridad, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL, representada por su apoderado general judicial, el licenciado Bernal Saborío Valverde. Figuran como apoderados especiales judiciales; del actor, el licenciado Alejandro Ulloa Dormond; y, de la demandada, el licenciado Julio García Paniagua. Todos mayores, casados, abogados y vecinos de Heredia, con las excepciones indicadas.               Redacta el Magistrado Aguirre Gómez; y, CONSIDERANDO: I.- ANTECEDENTES: El apoderado especial judicial del actor argumentó en su escrito de demanda que su poderdante se desempeña como guarda de seguridad para la accionada, y que conforme al manual descriptivo de perfiles, su puesto encuadra dentro de lo que la Sala Constitucional ha dicho que son servidores que ejecutan funciones policiales, ya que el fin último de su trabajo es el resguardo de los bienes de la institución y la seguridad del personal y estudiantes universitarios. Para realizar sus tareas debe portar armas de fuego, aprobar los cursos y obtener los permisos de portación. Aseguró que en ocasiones debe salir del campus universitario a brindar apoyo en actividades que la universidad desarrolla fuera de sus instalaciones. Dijo que a lo largo de la relación laboral, el actor ha tenido que enfrentarse a situaciones que han puesto en peligro su vida e integridad física, ya que en muchos eventos ingresa  gran cantidad de personas y se han presentado asaltos y robos, entre otros ilícitos. Manifestó que conforme a los pronunciamientos de la Sala Constitucional, sus labores concuerdan con las policiales y, de acuerdo a la Ley General de Policía, debe reconocérsele  el incentivo del Riesgo Policial equivalente a un 18 %  del salario base. Explicó que junto a otros funcionarios en igualdad de condiciones, por años han tratado de solucionar su situación acudiendo a las autoridades universitarias, sin embargo, les han negado el beneficio, pese a que el numeral 91de aquella Ley les obliga a otorgarlo, ya que dicha norma fue reformada a causa del voto de la Sala Constitucional número 2006-12017 en el que consideró que otorgarlo solo a ciertos cuerpos policiales era violatorio al principio de igualdad salarial. Solicitó que en sentencia se condene a la accionada a otorgarle al actor el pago del incentivo de Riesgo Policial de forma retroactiva, desde la fecha de inicio de las labores para esa institución, las diferencias que ese reconocimiento genera en vacaciones, aguinaldo, salario escolar y horas extra, así como intereses indexación y costas (documento anexado por el Juzgado el 28/11/2017/10:52:59 hrs). El apoderado general judicial de la demandada, se opuso a esas pretensiones. Dijo que las funciones del señor Chacón Soto no coinciden con las de los cuerpos policiales definidos en la Ley General de Policía, por lo que no es atendible el reclamo del pago del incentivo pretendido. Destacó que para poder pagar el sobresueldo debe existir una norma legal que autorice a la Universidad Nacional a cancelarlo, y ese beneficio creado en la Ley General de Policía, no es aplicable a los funcionarios como el actor. Negó que este y otros guardas universitarios deban brindar servicios fuera de sus instalaciones. Citó el voto de esta Sala n.° 151 de las 09:35 horas del 13 de febrero de 2013, en el que se negó el pago de ese incentivo a los oficiales de tránsito de la Universidad de Costa Rica. Opuso las excepciones de falta de derecho, falta de interés legítimo, falta de legitimación activa y pasiva y falta de competencia por razón de la materia (resuelta interlocutoriamente). Solicitó se declare sin lugar la demanda y se condene al actor al pago de ambas costas (documento anexado el 09/12/2017/22:09:23 hrs). El Juzgado, por sentencia n.° 290, de las 14:18 horas del 20 de febrero de 2018, acogió las defensas de falta de derecho, falta de interés legitimo y falta de legitimación activa y pasiva, declaró sin lugar la demanda y resolvió el asunto sin especial condenatoria en costas (resolución agregada el 20/02/2018/14:18:20 hrs). II.- AGRAVIOS: Recurren la sentencia ambas partes y exponen su inconformidad de la siguiente forma: LA ACCIONADA: Se manifiesta inconforme con la exoneración del pago de costas otorgada al actor, ya que para el recurrente, la acción obligó a la UNA a hacer gastos para plantear su defensa. El asunto que se ventila en este expediente es un tema reiterativo ya resuelto por la Administración y la Sala Constitucional en el voto 12017 de las 16:30 horas del 16 de agosto de 2006. Para el agraviante, el actor no actuó de buena fe, además fue vencido en todas sus pretensiones, por lo que resulta imperativo su condena al pago de ese extremo. EL ACTOR: El apoderado del demandante, dice que en la sentencia se tuvo como demostrado que su poderdante realiza funciones  para garantizar  la custodia de activos e integridad física del personal de la institución, pero a criterio del recurrente, en el análisis de fondo, la señora jueza aseguró que realizaba funciones administrativas, lo que considera un vicio procesal por falta de determinación clara y precisa de los hechos acreditados  por el juzgado. De igual forma, critica que en la resolución se haya expuesto que en la Universidad no se den disturbios, cuando es un hecho notorio que por la inseguridad que atraviesa el país, los incidentes de ese tipo se presentan en el campus universitario, poniendo en riesgo  no solo a estudiantes y funcionarios, sino también al resto de habitantes, dada la gran cantidad de personas que a diario acuden a esa casa de enseñanza. Da cuenta que si bien los oficiales de seguridad de la UNA hacen labores administrativas, los miembros de los cuerpos policiales también, pero eso no provoca que los segundos pierdan el pago del incentivo, y ambos funcionarios realizan las funciones administrativas de forma ocasional y complementariamente a las tareas policiales. Afirma que las labores del actor se asemejan a las definidas en el artículo 8 de la Ley General de Policía, con la diferencia de que si bien no resguardan el orden público del país en general, sí lo hace dentro del ámbito universitario, protegiendo y vigilando sus bienes y repeliendo la comisión de delitos. Expone que sus argumentos fueron los que siguió el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José  en la sentencia 4086 del 16:35  horas del 29 de septiembre de 2006, para otorgar el beneficio del riesgo policial a los oficiales de tránsito de la UCR. Censura que la Juzgadora propicie una desigualdad salarial al desconocer que su representado se encuentra en la misma situación que los oficiales de tránsito de aquella otra universidad pública, y cita el voto de esta Sala y de la Constitucional, por su orden, números 2017-050 y 316-93, para fundamentar inconformidad. Considera que la Jueza debió establecer si existe una justificación razonable para establecer la diferenciación entre su poderdante y el resto de funcionarios que ejercen funciones policiales, incluyendo a los oficiales de tránsito de la UCR, a quienes sí se les paga el riesgo policial. Por último, reprocha que el Juzgado razonó que el reconocimiento de ese incentivo al actor, fomente extenderlos de forma indeterminada y flexible, creando el rompimiento en las escalas salariales. Para el recurrente, la Administración se ha enriquecido indebidamente, pues cumple con los requisitos para obtener el plus, pero se ampara en la inexistencia de una norma que permita a la UNA concederlo (documento incorporado por el Juzgado el 14/03/2018/11:38:20 hrs). III.- SOBRE LOS AGRAVIOS PROCESALES: La parte actora asegura que el Juzgado cometió una infracción procesal al razonar que el demandante se encarga de custodiar los activos y proteger a las personas dentro del campus universitario, pero luego, en el análisis de fondo, aseguró que realiza funciones administrativas, lo que considera un yerro procesal por falta de determinación clara y precisa de los hechos acreditados  por el juzgado. El agravio no es de recibo. El artículo 587 del Código de Trabajo  establece que el recurso de casación será admisible por razones procesales cuando se invoque: “1.- Cualquiera de los vicios por los cuales procede la nulidad de actuaciones, siempre y cuando estos hayan sido alegados en alguna de las fases precedentes del proceso y la reclamación se haya desestimado. 2.- Incongruencia de la sentencia u oscuridad absoluta de esta última parte. En los supuestos de incongruencia, el recurso solo es admisible cuando se ha agotado el trámite de la adición o aclaración. 3.- Falta de determinación, clara y precisa, de los hechos acreditados por el juzgado. 4.- Haberse fundado la sentencia en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso. 5.- Falta de fundamento o fundamento insuficiente de la sentencia. 6.- Haberse dictado la sentencia fuera del tiempo previsto para hacerlo.”. (El resaltado es agregado). La causal invocada por el actor corresponde a la señalada en el inciso 3 del artículo trascrito, el que sanciona con nulidad de la sentencia cuando en la resolución no se determina o enumera clara y precisa los hechos acreditados o demostrados en el proceso, nada de lo cual sucede en este caso, pues en la resolución la señora jueza enumeró los hechos tenidos por demostrados (acreditados), estos son la fecha de ingreso del actor a la Universidad Nacional y el puesto que ocupa, así como las labores que en ese cargo deben realizarse. Por otro lado, en el considerando IV, argumentó el despacho que el actor no demostró que sus funciones sean similares a las establecidas en el artículo 8 de la Ley General de Policía. Como puede verse sí se dio una clara y precisa determinación de los hechos acreditados en el proceso, lo que el recurrente en el fondo reprocha es que se haya considerado que sus funciones no son policiales sino administrativas, lo cual no es un yerro procesal sino una apreciación subjetiva con respecto a las tareas que ejecuta como guarda, para el demandante son de tipo policial, para el Juzgado no, lo cual no violenta la norma transcrita.   IV.- SOBRE EL FONDO: El actor en su demanda lo que pretende es que la accionada le pague el sobresueldo de riesgo policial contemplado en la Ley General de Policía n.° 7410 publicada en La Gaceta n.° 103 del 30 de mayo de 1994. En su artículo 6 establece esa ley cuáles son los cuerpos policiales que integran las fuerzas de policía encargadas de la seguridad pública al señalar: “Artículo 6º-Cuerpos. Las fuerzas de policía encargadas de la seguridad pública, son las siguientes: la Guardia Civil, la Guardia de Asistencia Rural, la policía encargada del control de drogas no autorizadas y de actividades conexas, la Policía de Fronteras, la Policía de Migración y Extranjería, la Policía del Control Fiscal, la Dirección de Seguridad del Estado, la Policía de Tránsito, la Policía Penitenciaria, la Policía Escolar y de la Niñez, así como las demás fuerzas de policía, cuya competencia esté prevista en la ley.”, (lo resaltado es agregado) Como puede verse, en la norma transcrita no se contempla que los encargados de la seguridad y vigilancia de las universidades públicas sean parte de las fuerzas de policía; tampoco existe al día de hoy otra ley que les haya incorporado a esas fuerzas. El recurrente pretende que se le conceda el plus salarial a su patrocinado porque realiza funciones que se asemejan a las establecidas en el numeral 8 de la ley de comentario, pero el beneficio no le puede ser concedido por lo que de seguido se explicará. Debe indicarse que el voto de la Sala Constitucional invocado por ambas partes en este proceso, n.° 12017 de las 16:30 horas del 16 de agosto de 2016, corresponde a una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 90 de la Ley General de Policía n.° 7410, el cual establecía: “Créase un incentivo denominado riesgo policial, el cual consiste en un plus salarial equivalente a un dieciocho por ciento (18%) del salario base; corresponderá a todos los funcionarios de los ministerios de Gobernación y Policía, y de Seguridad Pública que desarrollen funciones policiales que impliquen riesgo a su integridad física, independientemente de la ubicación en la estructura administrativa de ese Ministerio.” Aquella Sala en la parte dispositiva de ese fallo se estableció: “Se declara CON LUGAR la acción. En consecuencia, se anulan por inconstitucionales las frases “…de los ministerios de Gobernación y Policía, y de Seguridad Pública.” y “…de ese Ministerio” contenidas en el párrafo primero del artículo 90 de la Ley General de Policía. Asimismo y por conexidad y consecuencia se anula la frase “para los ministerios de Gobernación y Policía, y de Seguridad Pública" contenida en el inciso e) del artículo 39 de la Ley General de Policía. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.” Esta sentencia lo que estableció fue la inconstitucionalidad de aquellas frases, porque como se indicó, la misma Ley General de Policía, determinó cuáles son los cuerpos policiales que integran las fuerzas de policía, y algunas como la Penitenciaria, la de Tránsito, la de Migración y la de Control Fiscal, no se encuentran ubicadas en el Ministerio de Seguridad Pública ni en el de Gobernación, y era discriminatorio para los oficiales de policía de esos otros ministerios que solo se pagara el riesgo policial a quienes laboraban en aquellos ministerios. Pero la anulación de las frases no hace extensivo el pago del beneficio a funcionarios que no se encuentran ubicados dentro de aquellos cuerpos policiales y que eventualmente realizan funciones semejantes a las de esos policías como entiende el actor. Ya esta Sala tuvo oportunidad de referirse al reclamo del pago del riesgo policial a los oficiales de tránsito de la Universidad de Costa Rica y, contrario a lo expuesto por el actor, ese beneficio se denegó en el voto 151 de las 09:35 horas del 13 de febrero de 2013, por las siguientes razones: “La Sala prohíja la conclusión a la que se arribó en los estadios precedentes, en el sentido de que la Ley General de Policía -n° 7410 del 26 de mayo de 1994- no resulta aplicable a los/as oficiales de tránsito de la UCR, por los motivos que a continuación se explicarán. El artículo 6 de la citada Ley reza: “Las fuerzas de policía encargadas de la seguridad pública, son las siguientes: la Guardia Civil, la Guardia de Asistencia Rural, la policía encargada del control de drogas no autorizadas y de actividades conexas, la Policía de Fronteras, la Policía de Migración y Extranjería, la Policía del Control Fiscal, la Dirección de Seguridad del Estado, la Policía de Tránsito, la Policía Penitenciaria, la Policía Escolar y de la Niñez, así como las demás fuerzas de policía, cuya competencia esté prevista en la ley” (no subrayado en el original -observación válida para todos los resaltados que aparecen de aquí en adelante-). De conformidad con el ordinal 1 del “Reglamento de organización y servicio de las autoridades de tránsito” (Decreto Ejecutivo n° 29625 del 7 de junio de 2001), “la Policía de Tránsito es un cuerpo policial que contará con un Director General, y estará adscrita orgánicamente al Ministerio de Obras Públicas y Transportes”. El precepto 50 de la Ley General de Policía estatuye: “El presente Estatuto regulará las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los servidores miembros de las distintas fuerzas de policía, con el propósito de garantizar la eficiencia en el mantenimiento de la seguridad pública y de proteger los derechos de estos servidores”. El numeral siguiente (51) se lee: “Sin ninguna discriminación, únicamente podrán ser miembros de los cuerpos de las fuerzas de policía a los que se refiere este Estatuto, las personas nombradas de conformidad con las normas prescritas en la presente Ley y sus Reglamentos”. El canon 53 dice: “Para los efectos de este Estatuto, serán atribuciones del Presidente de la República y del ministro del ramo: a) Nombrar y remover a los miembros de las fuerzas de policía, con sujeción a los principios mínimos establecidos en la presente Ley y sus Reglamentos”.  De lo anterior se desprende que los/as accionantes, para tener derecho a las ventajas reclamadas, tuvieron que haber sido nombrados por el/la Presidente/a de la República y el/la Ministro/a de Obras Públicas y Transportes. Empero, tal requisito no se cumple en la especie, por cuanto tratándose del nombramiento de los inspectores de tránsito ad honórem (categoría a la que pertenecen los/as demandantes), tal competencia está asignada por ley al/la Director/a General de la Policía de Tránsito, tal y como se verá. Llegados a este punto, se hace necesario señalar que el Decreto Ejecutivo traído a colación al responderse la demanda, n° 22737 del 13 de diciembre de 1993 (“Reglamento de inspectores de tránsito destacados en la Universidad de Costa Rica”), fue derogado expresamente por el artículo 37 del Decreto Ejecutivo n° 29065 del 7 de octubre de 2000 (“Reglamento para policías de tránsito ad honórem”), cuya primera regla indica: “Se dispone, conforme al artículo 197 de la Ley de Tránsito por las Vías públicas Terrestres, la creación de un único Cuerpo de Policías de Tránsito Ad Honórem que estará al servicio de la Dirección General de la Policía de Tránsito”. El ordinal 5 estipula: “Corresponderá al Director General de la Policía de Tránsito efectuar el nombramiento de los policías de tránsito ad honórem, sin embargo estos no gozarán de estabilidad en su nombramiento”. También interesa el artículo 12: “A juicio del Director General de la Policía de Tránsito, podrán existir grupos de policías de tránsito ad honórem destacados en una institución pública (en este caso, sería la UCR), que se regirán, además de la normativa general de este reglamento, por las siguientes disposiciones”. El ya mencionado “Reglamento de organización y servicio de las autoridades de tránsito” dispone en su artículo 2: “El presente cuerpo normativo se emite como reglamentación a la Ley General de Policía, número 7410, y en especial al título tercero de la citada ley, Estatuto Policial”. El canon 3 define al “policía de tránsito regular” como “el inspector o policía de tránsito contratado y asalariado como tal por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o por el Consejo de Seguridad Vial, vinculado a la Policía de Tránsito mediante una relación de servicio”; mientras que el “policía de tránsito ad honórem” es conceptualizado como “el inspector o policía de tránsito que, subordinado a la Dirección General de la Policía de Tránsito, presta sus servicios por el honor de la investidura, sin recibir de esta Institución ninguna retribución salarial”. Resulta trascendental para nuestros efectos el transitorio único del Reglamento en cuestión, que manda: “Los incentivos previstos en la Ley General de Policía y en este Reglamento, se reconocerán únicamente a los servidores que se encuentren incorporados al Estatuto Policial”. Como los/as actores/as no se encuentran adscritos/as al Estatuto Policial, no puede accederse a sus pretensiones, en acato del principio de legalidad (artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública).” Las razones expuestas en aquella sentencia son completamente aplicables al caso del actor, pues independientemente de las funciones que ejecute para su empleadora, no es un funcionario incorporado al régimen de servicio civil policial conocido como Estatuto Policial, razón por la cual su nombramiento no ha sido emitido por el Presidente de la República o alguno de los ministros a los que están adscritas las diferentes policías reguladas en la Ley n.° 7410, sino por las autoridades de la Universidad Nacional, se repite, independientemente de si las funciones que realiza tengan alguna similitud con las descritas en el artículo 8 de la Ley 7410. Así las cosas el recurso de la parte actora debe declararse sin lugar. V.- SOBRE LA ABSOLUTORIA EN COSTAS: Pretende la parte accionada que al actor se le condene en ese extremo por haber litigado de mala fe, obligó a la Universidad Nacional a dedicar recursos para su defensa, porque se le denegaron todas sus pretensiones y porque es un tema reiterativo en los tribunales. Para esta Sala el actor actuó con evidente buena fe. Este proceso se ha desarrollado bajo una discusión de puro derecho en cuanto a la interpretación y alcance de normas y de un fallo de la Sala Constitucional a que se hizo referencia y no se tiene noticia de precedentes jurisprudenciales sobre la materia, por lo que se considera que la interposición de la demanda se originó  en la errónea creencia de tener derecho al beneficio, de tal forma que la exoneración en costas al actor es pertinente conforme a lo establecido en el inciso 1 del artículo 563 del Código de Trabajo.    POR TANTO               Se declaran sin lugar los recursos interpuestos.       Orlando Aguirre Gómez         Julia Varela Araya                                                 Luis Porfirio Sánchez Rodríguez       Jorge Enrique Olaso Álvarez                                            Héctor Luis Blanco González      Res: 2018001895 RSANCHOL/mrg   1
Fecha21 Noviembre 2018
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*170011890505LA*

Corte Suprema de Justicia

SALA SEGUNDA

Exp: 17-001189-0505-LA

Res: 2018-001895

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cincuenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.

Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo de Heredia, por ARMANDO ALBERTO CHACÓN COTO, estado civil ignorado, oficial de seguridad, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL, representada por su apoderado general judicial, el licenciado Bernal Saborío Valverde. Figuran como apoderados especiales judiciales; del actor, el licenciado Alejandro Ulloa Dormond; y, de la demandada, el licenciado Julio García Paniagua. Todos mayores, casados, abogados y vecinos de Heredia, con las excepciones indicadas.

Redacta el Magistrado Aguirre Gómez; y,

CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES: El apoderado especial judicial del actor argumentó en su escrito de demanda que su poderdante se desempeña como guarda de seguridad para la accionada, y que conforme al manual descriptivo de perfiles, su puesto encuadra dentro de lo que la Sala Constitucional ha dicho que son servidores que ejecutan funciones policiales, ya que el fin último de su trabajo es el resguardo de los bienes de la institución y la seguridad del personal y estudiantes universitarios. Para realizar sus tareas debe portar armas de fuego, aprobar los cursos y obtener los permisos de portación. Aseguró que en ocasiones debe salir del campus universitario a brindar apoyo en actividades que la universidad desarrolla fuera de sus instalaciones. Dijo que a lo largo de la relación laboral, el actor ha tenido que enfrentarse a situaciones que han puesto en peligro su vida e integridad física, ya que en muchos eventos ingresa gran cantidad de personas y se han presentado asaltos y robos, entre otros ilícitos. Manifestó que conforme a los pronunciamientos de la Sala Constitucional, sus labores concuerdan con las policiales y, de acuerdo a la Ley General de Policía, debe reconocérsele el incentivo del Riesgo Policial equivalente a un 18 % del salario base. Explicó que junto a otros funcionarios en igualdad de condiciones, por años han tratado de solucionar su situación acudiendo a las autoridades universitarias, sin embargo, les han negado el beneficio, pese a que el numeral 91de aquella Ley les obliga a otorgarlo, ya que dicha norma fue reformada a causa del voto de la Sala Constitucional número 2006-12017 en el que consideró que otorgarlo solo a ciertos cuerpos policiales era violatorio al principio de igualdad salarial. Solicitó que en sentencia se condene a la accionada a otorgarle al actor el pago del incentivo de Riesgo Policial de forma retroactiva, desde la fecha de inicio de las labores para esa institución, las diferencias que ese reconocimiento genera en vacaciones, aguinaldo, salario escolar y horas extra, así como intereses indexación y costas (documento anexado por el Juzgado el 28/11/2017/10:52:59 hrs). El apoderado general judicial de la demandada, se opuso a esas pretensiones. Dijo que las funciones del señor Chacón Soto no coinciden con las de los cuerpos policiales definidos en la Ley General de Policía, por lo que no es atendible el reclamo del pago del incentivo pretendido. Destacó que para poder pagar el sobresueldo debe existir una norma legal que autorice a la Universidad Nacional a cancelarlo, y ese beneficio creado en la Ley General de Policía, no es aplicable a los funcionarios como el actor. Negó que este y otros guardas universitarios deban brindar servicios fuera de sus instalaciones. Citó el voto de esta Sala n.° 151 de las 09:35 horas del 13 de febrero de 2013, en el que se negó el pago de ese incentivo a los oficiales de tránsito de la Universidad de Costa Rica. Opuso las excepciones de falta de derecho, falta de interés legítimo, falta de legitimación activa y pasiva y falta de competencia por razón de la materia (resuelta interlocutoriamente). Solicitó se declare sin lugar la demanda y se condene al actor al pago de ambas costas (documento anexado el 09/12/2017/22:09:23 hrs). El Juzgado, por sentencia n.° 290, de las 14:18 horas del 20 de febrero de 2018, acogió las defensas de falta de derecho, falta de interés legitimo y falta de legitimación activa y pasiva, declaró sin lugar la demanda y resolvió el asunto sin especial condenatoria en costas (resolución agregada el 20/02/2018/14:18:20 hrs).

II.- AGRAVIOS: Recurren la sentencia ambas partes y exponen su inconformidad de la siguiente forma: LA ACCIONADA: Se manifiesta inconforme con la exoneración del pago de costas otorgada al actor, ya que para el recurrente, la acción obligó a la UNA a hacer gastos para plantear su defensa. El asunto que se ventila en este expediente es un tema reiterativo ya resuelto por la Administración y la Sala Constitucional en el voto 12017 de las 16:30 horas del 16 de agosto de 2006. Para el agraviante, el actor no actuó de buena fe, además fue vencido en todas sus pretensiones, por lo que resulta imperativo su condena al pago de ese extremo. EL ACTOR: El apoderado del demandante, dice que en la sentencia se tuvo como demostrado que su poderdante realiza funciones para garantizar la custodia de activos e integridad física del personal de la institución, pero a criterio del recurrente, en el análisis de fondo, la señora jueza aseguró que realizaba funciones administrativas, lo que considera un vicio procesal por falta de determinación clara y precisa de los hechos acreditados por el juzgado. De igual forma, critica que en la resolución se haya expuesto que en la Universidad no se den disturbios, cuando es un hecho notorio que por la inseguridad que atraviesa el país, los incidentes de ese tipo se presentan en el campus universitario, poniendo en riesgo no solo a estudiantes y funcionarios, sino también al resto de habitantes, dada la gran cantidad de personas que a diario acuden a esa casa de enseñanza. Da cuenta que si bien los oficiales de seguridad de la UNA hacen labores administrativas, los miembros de los cuerpos policiales también, pero eso no provoca que los segundos pierdan el pago del incentivo, y ambos funcionarios realizan las funciones administrativas de forma ocasional y complementariamente a las tareas policiales. Afirma que las labores del actor se asemejan a las definidas en el artículo 8 de la Ley General de Policía, con la diferencia de que si bien no resguardan el orden público del país en general, sí lo hace dentro del ámbito universitario, protegiendo y vigilando sus bienes y repeliendo la comisión de delitos. Expone que sus argumentos fueron los que siguió el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José en la sentencia 4086 del 16:35 horas del 29 de septiembre de 2006, para otorgar el beneficio del riesgo policial a los oficiales de tránsito de la UCR. Censura que la Juzgadora propicie una desigualdad salarial al desconocer que su representado se encuentra en la misma situación que los oficiales de tránsito de aquella otra universidad pública, y cita el voto de esta Sala y de la Constitucional, por su orden, números 2017-050 y 316-93, para fundamentar inconformidad. Considera que la Jueza debió establecer si existe una justificación razonable para establecer la diferenciación entre su poderdante y el resto de funcionarios que ejercen funciones policiales, incluyendo a los oficiales de tránsito de la UCR, a quienes sí se les paga el riesgo policial. Por último, reprocha que el Juzgado razonó que el reconocimiento de ese incentivo al actor, fomente extenderlos de forma indeterminada y flexible, creando el rompimiento en las escalas salariales. Para el recurrente, la Administración se ha enriquecido indebidamente, pues cumple con los requisitos para obtener el plus, pero se ampara en la inexistencia de una norma que permita a la UNA concederlo (documento incorporado por el Juzgado el 14/03/2018/11:38:20 hrs).

III.- SOBRE LOS AGRAVIOS PROCESALES: La parte actora asegura que el Juzgado cometió una infracción procesal al razonar que el demandante se encarga de custodiar los activos y proteger a las personas dentro del campus universitario, pero luego, en el análisis de fondo, aseguró que realiza funciones administrativas, lo que considera un yerro procesal por falta de determinación clara y precisa de los hechos acreditados por el juzgado. El agravio no es de recibo. El artículo 587 del Código de Trabajo establece que el recurso de casación será admisible por razones procesales cuando se invoque: “1.- Cualquiera de los vicios por los cuales procede la nulidad de actuaciones, siempre y cuando estos hayan sido alegados en alguna de las fases precedentes del proceso y la reclamación se haya desestimado. 2.- Incongruencia de la sentencia u oscuridad absoluta de esta última parte. En los supuestos de incongruencia, el recurso solo es admisible cuando se ha agotado el trámite de la adición o aclaración. 3.- Falta de determinación, clara y precisa, de los hechos acreditados por el juzgado. 4.- Haberse fundado la sentencia en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso. 5.- Falta de fundamento o fundamento insuficiente de la sentencia. 6.- Haberse dictado la sentencia fuera del tiempo previsto para hacerlo.”. (El resaltado es agregado). La causal invocada por el actor corresponde a la señalada en el inciso 3 del artículo trascrito, el que sanciona con nulidad de la sentencia cuando en la resolución no se determina o enumera clara y precisa los hechos acreditados o demostrados en el proceso, nada de lo cual sucede en este caso, pues en la resolución la señora jueza enumeró los hechos tenidos por demostrados (acreditados), estos son la fecha de ingreso del actor a la Universidad Nacional y el puesto que ocupa, así como las labores que en ese cargo deben realizarse. Por otro lado, en el considerando IV, argumentó el despacho que el actor no demostró que sus funciones sean similares a las establecidas en el artículo 8 de la Ley General de Policía. Como puede verse sí se dio una clara y precisa determinación de los hechos acreditados en el proceso, lo que el recurrente en el fondo reprocha es que se haya considerado que sus funciones no son policiales sino administrativas, lo cual no es un yerro procesal sino una apreciación subjetiva con respecto a las tareas que ejecuta como guarda, para el demandante son de tipo policial, para el Juzgado no, lo cual no violenta la norma transcrita.

IV.- SOBRE EL FONDO: El actor en su demanda lo que pretende es que la accionada le pague el sobresueldo de riesgo policial contemplado en la Ley General de Policía n.° 7410 publicada en La Gaceta n.° 103 del 30 de mayo de 1994. En su artículo 6 establece esa ley cuáles son los cuerpos policiales que integran las fuerzas de policía encargadas de la seguridad pública al señalar: “Artículo 6º-Cuerpos. Las fuerzas de policía encargadas de la seguridad pública, son las siguientes: la Guardia Civil, la Guardia de Asistencia Rural, la policía encargada del control de drogas no autorizadas y de actividades conexas, la Policía de Fronteras, la Policía de Migración y Extranjería, la Policía del Control Fiscal, la Dirección de Seguridad del Estado, la Policía de Tránsito, la Policía Penitenciaria, la Policía Escolar y de la Niñez, así como las demás fuerzas de policía, cuya competencia esté prevista en la ley.”, (lo resaltado es agregado) Como puede verse, en la norma transcrita no se contempla que los encargados de la seguridad y vigilancia de las universidades públicas sean parte de las fuerzas de policía; tampoco existe al día de hoy otra ley que les haya incorporado a esas fuerzas. El recurrente pretende que se le conceda el plus salarial a su patrocinado porque realiza funciones que se asemejan a las establecidas en el numeral 8 de la ley de comentario, pero el beneficio no le puede ser concedido por lo que de seguido se explicará. Debe indicarse que el voto de la Sala Constitucional invocado por ambas partes en este proceso, n.° 12017 de las 16:30 horas del 16 de agosto de 2016, corresponde a una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 90 de la Ley General de Policía n.° 7410, el cual establecía: “Créase un incentivo denominado riesgo policial, el cual consiste en un plus salarial equivalente a un dieciocho por ciento (18%) del salario base; corresponderá a todos los funcionarios de los ministerios de Gobernación y Policía, y de Seguridad Pública que desarrollen funciones policiales que impliquen riesgo a su integridad física, independientemente de la ubicación en la estructura administrativa de ese Ministerio.” Aquella Sala en la parte dispositiva de ese fallo se estableció:Se declara CON LUGAR la acción. En consecuencia, se anulan por inconstitucionales las frases “…de los ministerios de Gobernación y Policía, y de Seguridad Pública.” y “…de ese Ministerio” contenidas en el párrafo primero del artículo 90 de la Ley General de Policía. Asimismo y por conexidad y consecuencia se anula la frase “para los ministerios de Gobernación y Policía, y de Seguridad Pública" contenida en el inciso e) del artículo 39 de la Ley General de Policía. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.” Esta sentencia lo que estableció fue la inconstitucionalidad de aquellas frases, porque como se indicó, la misma Ley General de Policía, determinó cuáles son los cuerpos policiales que integran las fuerzas de policía, y algunas como la Penitenciaria, la de Tránsito, la de Migración y la de Control Fiscal, no se encuentran ubicadas en el Ministerio de Seguridad Pública ni en el de Gobernación, y era discriminatorio para los oficiales de policía de esos otros ministerios que solo se pagara el riesgo policial a quienes laboraban en aquellos ministerios. Pero la anulación de las frases no hace extensivo el pago del beneficio a funcionarios que no se encuentran ubicados dentro de aquellos cuerpos policiales y que eventualmente realizan funciones semejantes a las de esos policías como entiende el actor. Ya esta Sala tuvo oportunidad de referirse al reclamo del pago del riesgo policial a los oficiales de tránsito de la Universidad de Costa Rica y, contrario a lo expuesto por el actor, ese beneficio se denegó en el voto 151 de las 09:35 horas del 13 de febrero de 2013, por las siguientes razones: “La Sala prohíja la conclusión a la que se arribó en los estadios precedentes, en el sentido de que la Ley General de Policía -n° 7410 del 26 de mayo de 1994- no resulta aplicable a los/as oficiales de tránsito de la UCR, por los motivos que a continuación se explicarán. El artículo 6 de la citada Ley reza: “Las fuerzas de policía encargadas de la seguridad pública, son las siguientes: la Guardia Civil, la Guardia de Asistencia Rural, la policía encargada del control de drogas no autorizadas y de actividades conexas, la Policía de Fronteras, la Policía de Migración y Extranjería, la Policía del Control Fiscal, la Dirección de Seguridad del Estado, la Policía de Tránsito, la Policía Penitenciaria, la Policía Escolar y de la Niñez, así como las demás fuerzas de policía, cuya competencia esté prevista en la ley” (no subrayado en el original -observación válida para todos los resaltados que aparecen de aquí en adelante-). De conformidad con el ordinal 1 del “Reglamento de organización y servicio de las autoridades de tránsito” (Decreto Ejecutivo 29625 del 7 de junio de 2001), “la Policía de Tránsito es un cuerpo policial que contará con un Director General, y estará adscrita orgánicamente al Ministerio de Obras Públicas y Transportes”. El precepto 50 de la Ley General de Policía estatuye: “El presente Estatuto regulará las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los servidores miembros de las distintas fuerzas de policía, con el propósito de garantizar la eficiencia en el mantenimiento de la seguridad pública y de proteger los derechos de estos servidores”. El numeral siguiente (51) se lee: “Sin ninguna discriminación, únicamente podrán ser miembros de los cuerpos de las fuerzas de policía a los que se refiere este Estatuto, las personas nombradas de conformidad con las normas prescritas en la presente Ley y sus Reglamentos”. El canon 53 dice: “Para los efectos de este Estatuto, serán atribuciones del Presidente de la República y del ministro del ramo: a) Nombrar y remover a los miembros de las fuerzas de policía, con sujeción a los principios mínimos establecidos en la presente Ley y sus Reglamentos”. De lo anterior se desprende que los/as accionantes, para tener derecho a las ventajas reclamadas, tuvieron que haber sido nombrados por el/la Presidente/a de la República y el/la Ministro/a de Obras Públicas y Transportes. Empero, tal requisito no se cumple en la especie, por cuanto tratándose del nombramiento de los inspectores de tránsito ad honórem (categoría a la que pertenecen los/as demandantes), tal competencia está asignada por ley al/la Director/a General de la Policía de Tránsito, tal y como se verá. Llegados a este punto, se hace necesario señalar que el Decreto Ejecutivo traído a colación al responderse la demanda, 22737 del 13 de diciembre de 1993 (“Reglamento de inspectores de tránsito destacados en la Universidad de Costa Rica”), fue derogado expresamente por el artículo 37 del Decreto Ejecutivo 29065 del 7 de octubre de 2000 (“Reglamento para policías de tránsito ad honórem”), cuya primera regla indica: “Se dispone, conforme al artículo 197 de la Ley de Tránsito por las Vías públicas Terrestres, la creación de un único Cuerpo de Policías de Tránsito Ad Honórem que estará al servicio de la Dirección General de la Policía de Tránsito”. El ordinal 5 estipula: “Corresponderá al Director General de la Policía de Tránsito efectuar el nombramiento de los policías de tránsito ad honórem, sin embargo estos no gozarán de estabilidad en su nombramiento”. También interesa el artículo 12: “A juicio del Director General de la Policía de Tránsito, podrán existir grupos de policías de tránsito ad honórem destacados en una institución pública (en este caso, sería la UCR), que se regirán, además de la normativa general de este reglamento, por las siguientes disposiciones”. El ya mencionado “Reglamento de organización y servicio de las autoridades de tránsito” dispone en su artículo 2: “El presente cuerpo normativo se emite como reglamentación a la Ley General de Policía, número 7410, y en especial al título tercero de la citada ley, Estatuto Policial”. El canon 3 define al “policía de tránsito regular” como “el inspector o policía de tránsito contratado y asalariado como tal por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o por el Consejo de Seguridad Vial, vinculado a la Policía de Tránsito mediante una relación de servicio”; mientras que el “policía de tránsito ad honórem” es conceptualizado como “el inspector o policía de tránsito que, subordinado a la Dirección General de la Policía de Tránsito, presta sus servicios por el honor de la investidura, sin recibir de esta Institución ninguna retribución salarial”. Resulta trascendental para nuestros efectos el transitorio único del Reglamento en cuestión, que manda: “Los incentivos previstos en la Ley General de Policía y en este Reglamento, se reconocerán únicamente a los servidores que se encuentren incorporados al Estatuto Policial”. Como los/as actores/as no se encuentran adscritos/as al Estatuto Policial, no puede accederse a sus pretensiones, en acato del principio de legalidad (artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública).” Las razones expuestas en aquella sentencia son completamente aplicables al caso del actor, pues independientemente de las funciones que ejecute para su empleadora, no es un funcionario incorporado al régimen de servicio civil policial conocido como Estatuto Policial, razón por la cual su nombramiento no ha sido emitido por el Presidente de la República o alguno de los ministros a los que están adscritas las diferentes policías reguladas en la Ley n.° 7410, sino por las autoridades de la Universidad Nacional, se repite, independientemente de si las funciones que realiza tengan alguna similitud con las descritas en el artículo 8 de la Ley 7410. Así las cosas el recurso de la parte actora debe declararse sin lugar.

V.- SOBRE LA ABSOLUTORIA EN COSTAS: Pretende la parte accionada que al actor se le condene en ese extremo por haber litigado de mala fe, obligó a la Universidad Nacional a dedicar recursos para su defensa, porque se le denegaron todas sus pretensiones y porque es un tema reiterativo en los tribunales. Para esta Sala el actor actuó con evidente buena fe. Este proceso se ha desarrollado bajo una discusión de puro derecho en cuanto a la interpretación y alcance de normas y de un fallo de la Sala Constitucional a que se hizo referencia y no se tiene noticia de precedentes jurisprudenciales sobre la materia, por lo que se considera que la interposición de la demanda se originó en la errónea creencia de tener derecho al beneficio, de tal forma que la exoneración en costas al actor es pertinente conforme a lo establecido en el inciso 1 del artículo 563 del Código de Trabajo.

POR TANTO

Se declaran sin lugar los recursos interpuestos.

Orlando Aguirre Gómez

Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez

Jorge Enrique Olaso Álvarez Héctor Luis Blanco González

Res: 2018001895

RSANCHOL/mrg

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