Sentencia Nº 2018-01023 de Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón, 17-12-2018

Fecha de Resolución:17 de Diciembre de 2018
Emisor:Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón
 
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PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN
Tel: 2456-9069 tapelacion-sra@poder-judicial.go.cr Fax: 24569029
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Exp: 14-200233-0315-PE
Res: 2018-01023
TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN TERCERA. San Ramón, a las nueve horas siete minutos (09:07 a.m.) del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho.
RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], [...], por un delito de VIOLACIÓN y otros en perjuicio de [Nombre 002].. Intervienen en la decisión del recurso, las juezas Yadira Godínez Segura, Annia Enríquez Chavarría y Adriana Escalante Moncada. Se apersonan en apelación de sentencia, la licenciada María Gabriela Alfaro Zúñiga, representante del Ministerio Público.
RESULTANDO:
I.- Que mediante sentencia número 677-2017 de las ocho horas cincuenta minutos del día cuatro de octubre del año dos mil diecisiete, el Tribunal de Juicio de Alajuela, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 11 Declaración Universal de Derechos Humanos; 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 a 6, 142, 265, 360 a 366 del Código Procesal Penal; 1, 30, 45, 156 inciso 2 y 174 del Código Penal; por unanimidad de votos se resuelve: se absuelve de toda pena y responsabilidad a [Nombre 001] por UN DELITO DE VIOLACION Y UN DELITO DE DIFUSION DE PORNOGRAFIA que en perjuicio de [Nombre 002] se le venía atribuyendo. Se ordena el cese de cualquier medida cautelar impuesta en razón del presente proceso. Son los gastos del proceso penal a cargo del Estado. Hágase saber. " (sic).
II.- Que contra el anterior pronunciamiento, la licenciada María Gabriela Alfaro Zúñiga, interpuso recurso de apelación de sentencia.
III.- Que verificada la deliberación respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Apelación de Sentencia del III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, procedió a conocer del recurso.
IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
Redacta la jueza de apelación de sentencia Godínez Segura; y,
CONSIDERANDO:
I. Mediante escrito interpuesto en fecha 3 de noviembre de 2017, la fiscal María Gabriela Alfaro Zúñiga, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia absolutoria (no indica número), dictada por el Tribunal del Primer Circuito Judicial de Alajuela, en el juicio penal por el delito de violación y difusión de pornografía, en perjuicio de [Nombre 002].
II. Como primer motivo, refiere inconformidad con la valoración de la prueba, por preterición de prueba y falta de fundamentación de la sentencia. Señala la apelante que el Ministerio Público acusó al encartado de dos delincuencias, violación y difusión de pornografía, describiéndose en la pieza acusatoria las circunstancias de modo, tiempo y lugar de esas acciones, circunstancias sobre las que fustiga la apelante, de que el tribunal no se refirió en la sentencia. Agrega que -en el fallo- no hay fundamentación, en cuanto a los elementos de prueba que fueron incorporados al debate, los que considera que permiten determinar la autoría del acusado en los hechos que se le atribuyen, sobre los cuales existen probanzas documentales, como las denuncias de la madre del ofendido y de la víctima, prueba pericial y las declaraciones de la madre del ofendido [Nombre 002] y el perito Carlos Saborío Valverde, pruebas sobre las cuales -se queja-, no existió ningún tipo de estudio en la sentencia. Añade que el ofendido [Nombre 002], presenta una condición de vulnerabilidad especial, por ser una persona declarada incapaz, aspecto sobre el cual existe una sentencia del Juzgado de Familia de Alajuela, en la que se le declaró en estado de interdicción y se nombró como curadora a su madre, la señora [Nombre 005]. Añade que esa condición no fue controvertida en el debate, sobre la que el tribunal hizo una mínima mención, sin analizarla. De seguido, la apelante insiste en que el Tribunal de Alajuela dejó ayuna de análisis la prueba admitida, que el Tribunal luego de aseverar que existe una falta de correlación entre acusación y sentencia, se dedicó a mencionar las características más importantes de un Estado de Derecho. Que los jueces señalaron que en el presente asunto, concurre una violación al principio de correlación entre acusación y sentencia, ya que existe una incongruencia en el mes en que sucedieron los hechos, según lo acusado por el Ministerio Público y lo que mencionó el ofendido en el debate. Añade la fiscal, que lo anterior causa un agravio a la víctima, quien se refirió a los hechos en forma clara, precisa, coherente y consistente, los cuales fueron ratificados por su madre y complementados por prueba documental, y si se hubiera realizado una verdadera fundamentación, se habría arribado a la única conclusión, de que se demostró la autoría del acusado en los hechos que se le atribuyen. Solicita que se anule la sentencia y se ordene el reenvío del caso. Como un segundo motivo, alega errónea aplicación de preceptos procesales, propiamente del artículo 365 del Código Procesal Penal. Considera que tribunal aplicó erróneamente el numeral citado, al considerar que en este asunto existe una vulneración al principio de correlación entre acusación y sentencia. Reitera que el tribunal de juicio no realizó ningún tipo de análisis sobre las probanzas. Agrega que el tribunal señaló en las últimas dos hojas de la sentencia, que el Ministerio Público acusó los hechos cometidos "en el transcurso del mes de octubre del 2017" y en realidad la fecha correcta es en el mes de octubre del 2014, y de seguido la apelante hace alusión a los aspectos señalados en sentencia sobre el tema, sin que se tomara en cuenta la condición especial del ofendido, la que considera que debió ser valorada por el tribunal, ya que esta lo convierte una persona vulnerable, asimismo obliga a los operadores del derecho, a aplicar las reglas de no revictimación, no sólo en el abordaje sino también en la valoración de su relato, el cual -en este caso- fue vertido tres años después de los hechos, por lo que no puede exigírsele a los testigos y ofendidos, que guarden en su memoria los datos exactos de la fecha de los hechos. Agrega que el doctor Carlos Saborío Valverde, declaró que el ofendido por su capacidad especial, se encuentra consumiendo medicamentos, e incluso en su pericia señaló el mismo tiene limitación para ubicar fechas y horas, con lo cual puso en conocimiento del tribunal, la incapacidad del ofendido para establecer una fecha exacta. En debate, el ofendido dijo que de los hechos hacía mucho tiempo, que fue un día que estaba lloviendo mucho, antes de vacaciones y este elemento debió ser valorado por el tribunal, considerando las otras circunstancias que se indicaron con respecto a la víctima. Añade que tal y como lo señala el tribunal, la madre del ofendido señaló en debate que creía que estos hechos ocurrieron en junio o fines de julio hace como tres años, sin embargo como se indicó, se trata un evento que se relata tres años después de acaecido, lo que obliga a valorar las probanzas, a través de la denuncia de la madre del ofendido, ya que como se dijo el ofendido presenta problemas para ubicar fechas. Añade que la madre del agraviado, dejó claro en su denuncia interpuesta el 30 de octubre de 2014, la fecha en que estos ocurrieron y apunta varios elementos que ratificó...

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