Sentencia Nº 2018 de Sala Tercera de la Corte, 28-11-2018

Fecha de Resolución:28 de Noviembre de 2018
Emisor:Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia
 
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Exp: 17-000062-0033-PE

Res: 2018-00864

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho.

              Visto el procedimiento para Juzgar a los miembros de los Supremos Poderes interpuesto en la presente causa seguida contra Abelino Esquivel Quesada y Otros, por el delito de Malversación de Fondos y Otros, en perjuicio  de Los Deberes de la Función Pública, y;

Considerando:

              I. El señor Melvin de Jesús Reyes Parajón presentó denuncia por los posibles delitos de tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, favorecimiento personal y malversación de fondos, junto a otras posibles faltas administrativas, contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Nancy Hernández López, Fernando Cruz Castro, William Molinari Vílchez, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Paul Rueda Leal, Carmen María Escoto Fernández, Julia Varela Araya, Orlando Aguirre Gómez, Luis Fernando Salazar Alvarado, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Fernando Castillo Víquez, Román Solís Zelaya, Ernesto Jinesta Lobo y Rocío Rojas Morales, “…o quienes los hayan suplido en la sesión de Corte Plena del día 30 de octubre del 2017, resultando estos ser los magistrados suplentes José Rodolfo León Díaz, Marcela Allón Zúñiga, Héctor Blanco González, Sandra Zúñiga Morales, Ronald Cortés Coto y José Paulino Hernández Gutiérrez. Asimismo, denunció a los diputados de la Asamblea Legislativa Rafael Ortiz Fábrega, Ottón Solís Fallas, Ronny Monge Salas, Patricia Mora Castellanos, Julio Rojas Astorga, José Alberto Alfaro Jiménez, William Alvarado Bogantes, Abelino Esquivel Quesada, Sandra Piszk Feinzilber y a “…quienes hayan concurrido en los siguientes hechos…”. Como tercer grupo de denunciados, aparecen en su libelo el señor Director del Organismo de Investigación Judicial, señor Walter Espinoza Espinoza, y la señora Fiscal General de la República en funciones, señora Emilia Navas Aparicio.

              II. Los hechos se refieren a las presuntas presiones ejercidas por los diputados integrantes de la Comisión Especial Investigadora creada en trámite del expediente legislativo n° 20461, para ahondar en el examen de operaciones crediticias realizadas por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Banco de Costa Rica y otras entidades bancarias del Estado. Según el denunciante, dichos diputados coaccionaron e influyeron para que la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, aprobara el préstamo de un analista criminal que colaborara con la preparación del informe final de aquella. El Consejo Superior, sostiene el denunciante, había improbado dicha solicitud. Sin embargo, sujetos al “…uso de presión mediática…”, los magistrados se vieron compelidos en la sesión de Corte Plena del 30 de octubre del 2017, a acceder a dicho préstamo del aludido recurso humano. Por su parte, en diversos medios noticiosos, el Director General del Organismo de Investigación Judicial, señor Walter Espinoza Espinoza, ofreció los servicios de un funcionario de esa dependencia, para que laborara a tiempo completo en las tareas ya descritas, como en efecto sucedió; y, la Fiscal General a.í. de la República, señora Emilia Navas Aparicio, dejó en claro que las averiguaciones de la comisión legislativa de referencia, no tendrían efecto alguno para el aparato judicial.

              III. Los hechos anteriores son constitutivos de una infracción a la legalidad administrativa y correcta gestión financiera, indica el señor Reyes Parajón. Ellos violentan la separación de funciones y el uso de los presupuestos. En este sentido, la ley n° 8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, en sus artículos 1, 11 y 43, establece la división de Poderes y regula la administración de sus recursos. En consecuencia, amén de que sólo pueden emplearse en los rubros autorizados por el presupuesto, no es lícito que el Poder Judicial pueda autorizar el préstamo de una plaza a la Asamblea Legislativa. Tratándose de una funcionaria del Organismo de Investigación Judicial, eso contraviene también los artículos 1 y 2 de su Ley Orgánica. Seguidamente, en la denuncia se hace una consideración sobre las facultades de los diputados para nombrar, reelegir o remover de su cargo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, las cuales fueron aprovechadas para influir y presionar a estos últimos en aras de lograr el préstamo de los servicios de dicha analista criminal. Además de infringir la separación de Poderes de la República, quebranta los artículos 4, 52, 57 y 58 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y son igualmente constitutivos de los delitos contemplados en los artículos 329 y 339 del Código Penal.

              IV. Sobre la competencia de la Sala Tercera para conocer del presente asunto. La Ley Orgánica del Poder Judicial, en el numeral 56 delimita los asuntos que puede conocer esta Sala de Casación, y al respecto señala “…La Sala Tercera conocerá: 1) De los recursos de casación y revisión en materia penal de adultos y penal  juvenil. 2) De las causas penales contra los miembros de los Supremos Poderes y otros funcionarios equiparados. 3) De los conflictos de competencia suscitados entre tribunales de apelación de sentencia penal. 4) De los demás asuntos que las leyes le atribuyan; es decir, que de acuerdo con la literalidad de la norma antes citada, esta Cámara, en principio, tiene competencia para conocer de las causas penales seguidas contra los miembros de los Supremos Poderes, para lo cual se deberá aplicar el procedimiento especial consignado en los artículos 391 siguientes y concordantes del Código Procesal Penal, siendo para dichos efectos un requisito esencial que la persona investigada sea un miembro de esos Supremos Poderes.

              V. En este asunto, como ya acertadamente lo dispuso la Fiscalía General de la República (folio 20), se imponía separar las causas respecto a dos de los inquiridos, a saber el Director del Organismo de Investigación Judicial, señor Walter Espinoza Espinoza, y la Fiscal General a.í. de la República, señora Emilia Navas Aparicio, pues estos no forman parte de los Supremos Poderes.

              VI. Por otra parte, a partir del 1° de mayo del 2018, los señores Rafael Ortiz Fábrega, Ottón Solís Fallas, Ronny Monge Salas, Patricia Mora Castellanos, Julio Rojas Astorga, José Alberto Alfaro Jiménez, William Alvarado Bogantes, Abelino Esquivel Quesada, Sandra Piszk Feinzilber dejaron su cargo como diputados de la Asamblea Legislativa de la República, al haberse cumplido su periodo constitucional. En cuanto a esos encausados, se declara la incompetencia de esta Sala para conocer la causa en su estado actual. Debe tramitarse el asunto ante los tribunales ordinarios y mediante el procedimiento común.

              VII. De ahí que este pronunciamiento se refiera únicamente a los magistrados de la Corte Plena, con la excepción del señor Ernesto Jinesta Lobo, quien se acogió a su pensión. Respecto a éste, se impone la misma resolución que en cuanto a los exdiputados anteriormente mencionado. Al mismo tiempo, conviene aclarar que, aunque el artículo 401 del Código Procesal Penal excluye el procedimiento para juzgar a miembros de los Supremos Poderes, a los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (así como a los magistrados integrantes del Tribunal Supremo de Elecciones), de conformidad con el voto 16111, emitido por la Sala Constitucional a las 9:15 horas del 2 de noviembre del 2016, aquellos se ven protegidos por el fuero constitucional y sometidos a ese procedimiento especial, cuando los hechos investigados hayan sido en el ejercicio de sus funciones como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De ahí que proceda sustanciar la denuncia contra los citados magistrados suplentes a través de ese trámite especial y resolver su situación en este pronunciamiento. En otra dirección, se excluye del análisis de esas acciones a la señora magistrada Iris Rocío Rojas Morales, quien no tomó parte en la sesión de Corte Plena en que se tomó el acuerdo que reprocha el quejoso.

              VIII. La Fiscal General Subrogante, señora Mayra Campos Zúñiga, solicita la desestimación de esta causa contra los integrantes de los Supremos Poderes enunciados en el primer considerando de esta resolución. Respecto a los magistrados integrantes de la Corte Plena, señala que este órgano autorizó, en el artículo VIII de la sesión 41-17, efectuada el 30 de octubre del 2017, al Director del Organismo de Investigación Judicial, señor Walter Espinoza Espinoza, para que prestara la colaboración de un analista criminal a las labores de la comisión legislativa antes dicha. Como consecuencia, mediante oficio 528/OPO/2017, se otorgó a la funcionaria María del Carmen Vargas Quesada permiso con goce de salario y sustitución, del 3 de noviembre al 31 de diciembre del 2017, a fin de que colaborara con aquella comisión legislativa. Ese acuerdo se encuadra en las previsiones del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que hace factibles los permisos con goce de sueldo, así como la posibilidad de que un servidor judicial pueda desempeñarse en otras dependencias del Estado, debiendo adoptarse el acuerdo por tres cuartas partes de los votos del total de los Magistrados o del Consejo Superior del Poder Judicial, según sea el caso. Añade la Fiscal Subrogante que se cumplió de ese modo con el principio de legalidad. Igualmente, de conformidad con el principio de Unidad del Estado, no existe impedimento para tal asistencia entre Poderes, puesto que no compromete la función primaria de ninguno de ellos. Ello se deriva de los artículos 9 y 153 de la Constitución Política, en relación con el 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el presente asunto, el préstamo de servicios a la Asamblea Legislativa se enmarca dentro de esos preceptos normativos y del programa 928 del Organismo de Investigación Judicial, según lo informó el Departamento Financiero Contable, en el oficio 853-P-2017, con fecha del 3 de noviembre del 2017. En consecuencia, se trató de una decisión conforme a Derecho.

              IX. Conforme al esquema normativo expuesto en los considerandos antecedentes, concuerda esta Sala con el planteamiento hecho por la señora Fiscala Subrogante. El examen y validación de sus argumentos se puede hacer en cuatro niveles. El primero, como atinadamente lo indica dicha funcionaria, es el principio de Unidad del Estado, que implica que en su desempeño, el aparato público es uno solo y en conjunto debe hacerse el aprovechamiento de sus recursos materiales y humanos, no siendo racional que, teniéndolos a la mano, se incurra en otros expendios o, peor aún, que no se cumpla la función a su cargo o lo sea deficitariamente. Como se puede observar, el cumplimiento mismo de esas altas tareas impone la necesidad de asistencia entre los Poderes de la República. Pero, en un Estado de Derecho, la premisa y el límite los encontramos en el Ordenamiento Jurídico.

              X. En cuanto a este, a nivel constitucional existe la separación de Poderes y el principio de legalidad administrativa. A nivel legal, la exigencia de una norma habilitante. En el presente asunto no se infringe ninguno de los dos postulados. El que la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, como jerarca máximo del Poder Judicial, facilite recursos propios para una investigación legislativa, no significa ni produce una invasión de competencias funcionales o transgresión de la separación de Poderes. Como lo explica la señora Fiscal Subrogante con plena claridad, ello no interfiere con las funciones primarias del Parlamento; a saber, legislar y ejercer control político, las cuales están y seguirán a cargo de sus integrantes. El préstamo de un recurso (en este caso humano), para una investigación legislativa, no desnaturaliza la Administración de Justicia, cuya integridad sigue intacta; ni tampoco las mencionadas competencias legislativas primarias, las cuales siguen estando a cargo enteramente de los integrantes del Parlamento, como cuerpo colegiado. En lo que toca a la necesidad de ley autorizante, también como lo explica la gestionante, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial autorizan ese tipo de colaboraciones. Por consiguiente, como se puede constatar, no ha habido contravención alguna a los postulados constitucionales ni legales pertinentes. Ello descarta los delitos de tráfico de influencias, incumplimiento de deberes y favorecimiento personal, por cuanto, por un lado, los hechos averiguados resultan ajenos a la descripción típica de esos delitos; por el otro, esos hechos se hallarían legitimados por el propio ordenamiento jurídico, lo cual excluye su antijuridicidad.

              XI. Ahora bien, en lo que concierne a la pretendida mala administración de recursos públicos, eventualmente constitutiva de un delito de malversación, esta debe descartarse. Amén de las razones legitimantes ya enunciadas, existía la previsión presupuestaria correspondiente para esa clase de colaboraciones por parte de la policía judicial. De modo que no se desvió ningún fondo público de su destino asignado, lo cual nuevamente descarta la adecuación típica de aquellas.

              XII. Como corolario de todo lo expuesto, concluye la Sala que la desestimación solicitada es procedente. Eso no impide, sin embargo, que conforme al artículo 282 del Código Procesal Penal, si ulteriores elementos de criterio modificaran las inferencias hasta ahora alcanzadas, esta investigación pueda reabrirse.

Por tanto:

              Se acoge la solicitud de desestimación formulada en este proceso por la señora Fiscal Subrogante General de la República. Se desestima la causa por los aparentes delitos de tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, favorecimiento personal y malversación de fondos, interpuesta por el señor M. de J. R. P, contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia N. H. L., F. C. C, W. M. V., L. P. S. R., P. R. L., C. M. E. F., J. V. A., O. A. G., L. F. S. A., L. G. R. L., F. C. V., R. S. Z., E. J. L. y R. R. A., y los magistrados suplentes J. R. L. D., M. A. Z., H. B.G., S. Z. M., R. C. C. y J. P. H. G. En lo concerniente a los otros diputados de la Asamblea Legislativa R. O. F., O. S. F., R. M. S, P. M. C., J. R. A, J. A. A. J., W. A. B., A. E. Q. y S. P. F., y al exmagistrado E. J. L., se declara la incompetencia de este despacho para conocer la causa en esta etapa. Esta deberá sustanciarse ante las autoridades judiciales ordinarias y mediante el procedimiento común.

 

 

Jesús Ramírez Q.

 

Patricia Solano C.

 

 

Jaime Robleto G.

Mag. Suplente.

 

 

Rafael Segura B.                                                                       Mag. Suplente.

 

 

 

Jorge Enrique Desanti H.

Mag. Suplente.

 

 

 

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