Sentencia Nº 2019-000172 de Sala Segunda de la Corte, 20-02-2019

Fecha de Resolución:20 de Febrero de 2019
Emisor:Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia
 
CONTENIDO
*180000391342LA*

Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA

Exp: 18-000039-1342-LA
Res: 2019-000172
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas cincuenta minutos del veinte de febrero de dos mil diecinueve.
Proceso de protección especial establecido ante el Juzgado de Trabajo de Sarapiquí, por [Nombre 001], soltero, agricultor, vecino de [...], contra [Nombre 003], representada por su apoderada general judicial la licenciada [Nombre 004]. Figura como apoderado especial judicial de la demandada el licenciado Marvin Esteban Barrantes Reyes. Todos mayores, estados civiles desconocidos, abogados y vecinos de S.J., con la excepción indicada.
Redacta el Magistrado Sánchez Rodríguez ; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: En la acción, el actor expresó que ingresó a laborar para la accionada el 4 de diciembre de 2017 en labores de resiembra. El 3 de enero de 2018 se afilió a la [Nombre 005] para obtener mejores beneficios en su condición de trabajador y para ejercer su derecho de libre asociación y sindicalización. El 3 de febrero siguiente se le comunicó el despido sin ahondar en la motivación de aquella decisión. Refiere que tuvo un buen rendimiento y nunca tuvo problemas; sin embargo, desde que se sindicalizó comenzó una tortura para él. Se le persiguió, no lo dejaban trabajar con libertad y se le entregaron cartas con llamadas de atención. Con base en lo expuesto, solicitó se ordene la suspensión de los efectos del acto discriminatorio del despido ejecutado por la empleadora y se ordene su restitución al puesto que venía ocupando, se anule el despido y se le reinstale en su puesto, así como que se le paguen los salarios caídos desde la ruptura y hasta la reinstalación efectiva más los daños y perjuicios del artículo 545 del Código de Trabajo, los intereses desde que las sumas se hicieron exigibles y hasta su efectivo pago, la indexación y ambas costas del proceso (documento incorporado el 16/02/2018 a las 14:51:34). La representación de la accionada contestó en términos negativos y opuso las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva (documento incorporado en fecha 19/03/2019 a las 12:53:02). En primera instancia, se acog la primera de esas defensas, se denegó la demanda y se condenó al actor al pago de las costas, fijando los honorarios de abogado en el 15% de la absolutoria (sentencia incorporada en fecha 27/08/2018 a las 17:05:44).
II.- AGRAVIOS: Ante la S. recurre la parte actora. Refiere que la empresa lo despidió sin justificación y conforme al artículo 35 del Código de Trabajo la carta de despido tiene que especificar los detalles del despido, aspecto que se extraña en el documento entregado. Sostiene que la demandada alega que no superó la prueba de los tres meses por rendimiento inadecuado, lo que niega, pues de ser cierto tal argumento se le habría despedido antes; sin embargo, lo hicieron hasta que se dieron cuenta de su afiliación al sindicato. Así, estima que la A quo no tomó en cuenta lo dispuesto en los artículos 368 y 404 ídem. Señala que las amonestaciones a las que se hace referencia la demandada se dieron inmediatamente después de su afiliación, lo que denota la persecución sindical de la que fue objeto, agrega ya haber trabajado para la demandada sin presentar problemas. Reprocha que el juzgador no tomara en cuenta lo expuesto por su testigo, aduciendo que carece de prueba. Al respecto expone que la parte patronal posee toda la prueba a su disposición, ya que este realiza las evaluaciones sin presencia del trabajador y sin testigos, aduciendo que el empleado no quiso estar presente. Acusa que se le dio mucha importancia a la declaración del testigo [Nombre 011], quien ha perseguido a todos los trabajadores que se han afiliado al sindicato. Menciona que la empresa permite que los jefes inmediatos tomen decisiones, sin ponerles límites a sus actuaciones. Considera que dicho testigo no puede demostrar que su labor no era buena, pero el a-quo lo aceptó. Por lo expuesto, solicita declarar con lugar el recurso y anular la sentencia recurrida (documento incorporado el 10/09/2018 a las 16:09:05).
III.- SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: La parte actora se manifiesta inconforme con lo resuelto en la sentencia de primera instancia. Al plantearse este proceso sumario, el actor alegó discriminación en virtud de haber sido despedido el 3 de febrero de 2018 justamente un mes después de su afiliación a la [Nombre 005], (3 de enero de 2018). En contraposición, la demandada alegó que el accionante no superó el período de prueba, pues tuvo un desempeño deficiente en las labores que se le encomendaron, (hecho segundo de la contestación). Planteados los argumentos en estos términos, debe quedar claro, en primer lugar, que la protección de este proceso sumario se solicitó, no por violación al fuero sindical, sino por discriminación (véase el encabezado y el fundamento de derecho de la demanda). Dentro del título “Protección en fueros especiales y tutela del debido proceso”, el artículo 540 del Código de Trabajo señala, en su último párrafo, lo siguiente: “También, podrán impugnarse en la vía sumarísima prevista en esta sección, los casos de discriminación por cualquier causa , en contra de trabajadores o trabajadoras, que tengan lugar en el trabajo o con ocasión de él” (énfasis agregado). De manera que, en este proceso, se pretende hacer efectiva la prohibición de discriminar plasmada en el Título Octavo de la normativa laboral. En específico el artículo 404 indica: “ Se prohíbe toda discriminación en el trabajo por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación”. La persona trabajadora que sufra cualquier tipo de discriminación, contemplada en dicho título, está facultada para alegarla ante los juzgados de trabajo, señalando el sustento fáctico en el que funda su alegato y los términos de comparación que substancie su afirmación (artículo 409). Es un hecho no controvertido que, cuando el actor fue despedido, el 3 de febrero de 2018, se le entregó una carta de despido. En ella se indicó que la finalización del contrato obedecía a “no haber superado el período de prueba para el cargo que se le encomendó en la empresa” (imagen 5 del documento incorporado el 16/02/2017 a las 14:51:34). En el voto de esta S. número 899, de las 9:20 horas del 30 de junio de 2017, se dijo: “Por otro lado, en relación con la discriminación alegada por el trabajador, debe señalarse que, contrario a lo expuesto por el recurrente, esta S. ha sostenido la tesis de que cuando la persona trabajadora alegue un motivo discriminatorio en la causa de despido y, además, presente indicios que permitan presumir que ese ha sido el motivo, corresponderá al empleador desvirtuar este hecho. Al respecto, en la sentencia n.° 1229, de las 11:20 horas del 2 de diciembre de 2009, se resolvió: ‘[…] En otras ocasiones, en las que representantes sindicales reclaman la nulidad de un despido por violación a la libertad sindical, la S. ha establecido que razonablemente debe partirse de la presunción de verdad de la afirmación de persecución sindical, contenida en la demanda, en aras, precisamente, de brindar una tutela adecuada al indicado derecho fundamental. Interpretar lo contrario, implicaría dejar al trabajador/a en una situación de verdadera desventaja en el campo probatorio, haciendo nugatorio el derecho, pues es el patrono quien tiene a su disposición los medios suficientes para poder probar su tesis en juicio. Esa conclusión, además, pone en práctica la Recomendación 143 de la Organización Internacional del Trabajo, que en el inciso e) del numeral 6 literalmente contempla como necesaria para lograr una protección eficaz: ‘e) imponer al empleador, cuando se alegue que el despido de un representante de los trabajadores o cualquier cambio desfavorable en sus condiciones de empleo tiene un carácter discriminatorio, la obligación de probar que dicho acto estaba justificado’. Claro está, que la aludida presunción no es absoluta, sino, relativa, de ahí que admita prueba en contrario. En ese supuesto, la parte patronal tiene la carga procesal de demostrar que el cese de la relación no es discriminatorio. Aunque ya esta S. ha admitido que la protección de los Derechos Sindicales no solamente ampara a los representantes sindicales sino también a aquellos trabajadores y trabajadoras a quienes expresa o tácitamente se les limitan las libertades sindicales, persiste en estos casos la obligación del trabajador/a sindicalizado/a de demostrar, al menos mediante prueba indiciaria, que la afectación de sus derechos proviene de su pertenencia o de alguna actuación relacionada con el ejercicio de tales derechos. En este caso, el actor debió aportar al menos algún indicio de su postulación a delegado sindical, para revertir en la demandada la obligación de acreditar que el despido tuvo una razón objetiva y no discriminatoria” (en igual sentido, consúltese el voto n.° 822, de las 10:00 horas del 7 de octubre de 2011). La tesis sostenida por esta S. ha sido la misma que mantienen los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, específicamente el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración que ha indicado: ‘Además de los mecanismos de protección preventiva contra actos de discriminación antisindical (como por ejemplo, la obtención de una autorización previa de la inspección del trabajo antes de proceder al despido de un dirigente sindical), otra forma de garantizar una protección eficaz podría consistir en obligar a los empleadores a aportar la prueba de que su decisión de despedir a un trabajador no está vinculada a las actividades sindicales del mismo’ (OIT. Libertad sindical: Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo. Quinta edición (revisada). 2006. Página 177. Suiza). De modo que cuando existan indicios de la discriminación, la carga de la prueba de la existencia de razones objetivas que justifiquen el despido y que descarten la presencia de un acto discriminatorio por persecución sindical, una vez que ha quedado acreditada la condición de afiliado sindical, recae sobre el empleador.” (El resaltado es agregado). Expresamente nuestra legislación laboral establece que corresponde a la parte patronal probar: “La justificación de la objetividad, racionalidad y proporcionalidad de las medidas o las conductas señaladas como discriminatorias en todas las demandas relacionadas con discriminaciones” (artículo 478, inciso 10, según ley n.° 9343 del 25 de enero de 2016, “Reforma Procesal Laboral”). En los elementos probatorios traídos al expediente, se constata que: El 8 de enero de 2018, la Junta Directiva de [Nombre 005] ([Nombre 041]) [Nombre 043] en nota dirigida al Departamento de Recursos Humanos de la accionada, indicó: “1. Nuestros afiliados [Nombre 012] y [Nombre 001]…. Ellos manifiestan que trabajan en labores de desoja y resiembra y en pala y desoja se presentan a las 5 de la mañana para que se les asignen su labor. / 2. El encargado Sr. [Nombre 013] jefe inmediato los cambia de labor mandándolos a la cosecha. Ellos responden y le dicen que esa no es su labor y que no están en condición de salud para desempeñarla el sr. [Nombre 014] les responde con palabras inadecuada y le dice que le dieron orden para mandarlos a la cosecha. / 3. Ellos solicitaron la presencia de lo representante sindicales [Nombre 015] y [Nombre 016] para manifestarle la situación que se les estaba presentando a nuestros afiliados y fueron ignorado por el sr. Encargado [Nombre 013] limitándole a nuestros representantes sindicales. / 4. Nuestros afiliados manifiestan que desde el momento que fueron afiliados al sindicato el sr. [Nombre 013] les viene dando persecución y discriminación sindical y les ha hecho desmejora salarial. / Solicitamos a la empresa de no recibir pronta respuesta o solución a las quejas de discriminación sindical planteada por nuestros afiliados, ya que de otra manera acudiremos a otras vías, con nuestros representantes sindicales” (sic) (imagen 10, documento incorporado el 16/02/2018 a las 14:51:34). El día 10 de enero de 2018, el señor [Nombre 011], quien fungía como supervisor del actor, hizo de su conocimiento una amonestación escrita en la cual se indicó: “La presente es una llamada de atención, por desacato a la labor de cosecha, ya que durante las evaluaciones realizadas por parte de su jefatura inmediata, se observó problemas de cicatriz viva en la fruta, no se cubrió el corte con la bolsa, lo cual consta en la evaluación realizada a la labor que usted ejecuta el día 05 de enero de 2018 en el cable 14…” (sic) (imagen 11, del documento incorporado el 12/03/2018 16:50:16). Al día siguiente, es decir, el 11 de enero de 2018, al actor le fueron entregadas otras dos amonestaciones escritas por parte de su supervisor, en la primera de estas se consignó: “La presente es una llamada de atención por abandono de trabajo, ya que el pasado sábado 06 de enero de 2018, a su persona se le asignó otra labor adicional para que completara su jornada laboral y su salario devengado ese día; sin embargo, usted hizo caso omiso a dicha instrucción y se retiró de su centro de trabajo al ser la 1:00 pm, sin autorización de su jefatura inmediata...” (sic) (imagen 8, documento incorporado el 16/02/2018 a las 14:51:34), mientras que en la segunda se le comunicó: “La presente es una llamada de atención por bajo rendimiento en su labor asignada de cosecha, el pasado 06 de enero del 2018. Este día usted y sus compañeros de cuadrilla recorrieron 5.92 has en cable 14, cosecharon solamente 124 frutas hasta la 1:00 p.m., cuando al menos debían haber cosechado 175 frutas, ya que tenían todas las condiciones de disponibilidad de fruta y herramientas, lo cual produjo atrasos en el proceso general productivo de la finca…” (sic) (imagen 9, documento incorporado el 12/03/2018 16:50:16). Finalmente, el 16 de enero de 2018 se le informó: “La presente es una llamada de atención por abandono de trabajo, ya que el pasado jueves 11 de enero de 2018, a su persona se le asignó por parte de su jefatura inmediata la labor de arrancar bejuco, sin embargo, al ser la 1:00 pm, usted se retiró de su centro de trabajo sin previa autorización de su jefatura inmediata y sin haber finalizado su jornada laboral…” (sic) (imagen 8, documento incorporado el 12/03/2018 16:50:16). En la declaración de parte del actor, indicó haber trabajado en distintas ocasiones con la demandada sin haber tenido ningún tipo de problema o llamada de atención, no obstante, con posterioridad a su afiliación al sindicato, se comenzaron a dar una serie de situaciones que considera discriminatorias, como llamadas de atención, y un cambio en las funciones que realizaba, todo esto finalizó con la su despido un mes después haberse afiliado al sindicato. Aclaró haber sido contratado para realizar funciones de resiembra, deshoja y pala, sin embargo con posterioridad a su afiliación fue reasignado al proceso de cosecha sin justificar las razones del cambio. Señaló que el señor [Nombre 013] era su jefe inmediato, pero este no evaluaba las funciones que realizaban los trabajadores. Al respecto indicó que la empresa cuenta con otro funcionario que lleva acabo dichas valoraciones, sin embargo nunca se le realizó alguna evaluación. En cuanto a la amonestación del 11 de enero, manifestó se debió a una supuesta evaluación que realizó el señor [Nombre 013] , no obstante se negó a recibirla, pues las evaluaciones se deben realizar en presencia del trabajador, lo que no sucedió en esa ocasión. Afirmó tener conocimiento de un total de 4 trabajadores sindicalizados en la empresa, sin embargo todos han sido despedidos. Procede valorar la prueba testimonial. Al efecto, el testigo [Nombre 028], quien era compañero de trabajo del actor fue conteste con el actor al indicar que este tuvo problemas con su jefe inmediato debido a su afiliación al sindicato, ya que con posterioridad a su afiliación al sindicato se le cambio de funciones, incluso cuando el mismo actor había indicado no encontrarse en las condiciones de salud necesarias para desempeñar la tarea de siembra. Fue enfático en manifestar que la empresa demandada realiza prácticas antisindicales. No obstante, difirió en cuanto a la fiscalización que recibía el actor en sus funciones, ya que aseguró que el señor [Nombre 013] sí supervisaba al actor en el lugar en que realizaban su trabajo, aseguró que el actor era perseguido por el señor [Nombre 013], llegando a un punto en que él mismo tuvo que intervenir a favor del actor, pues este llegaba a fiscalizar prácticamente solo al actor. Asimismo mencionó que en la empresa sí habían más personas sindicalizadas, algunos aun permanecen en la empresa, otros han sido despedidos. Finalizó agregando que al igual que el actor también fue despedido por afiliación sindical. Por su parte, el señor [Nombre 011], quien es supervisor del cultivo en finca [Nombre 069], aclaró que sus funciones consistían en fiscalizar y girar instrucciones, corroborando que estas se ejecuten de manera correcta, y evaluar el desempeño de los trabajadores. Agregó que al personal se le visita todos los días para girar instrucciones, pero las evaluaciones se realizan semanalmente, indicándosele al trabajador de forma personal la calificación obtenida. Indicó que el actor no superó el periodo de prueba, por no realizar sus tareas con la calidad que se le solicitaba, incluso agregó haberle señalado al actor los rubros en los que debía mejorar. Expuso en que dichas evaluaciones el trabajador debe estar presente para conocer sobre lo que se le está evaluando y los puntos en que no está bien. Afirmó que los despidos de la empresa, se basan en el rendimiento y calidad del trabajador. También confirmó la existencia de más trabajadores sindicalizados en la empresa. Finalmente la testigo [Nombre 042] supervisora de relaciones del bajo, manifestó que el actor no cumplió con las expecta tivas de la empresa durante el periodo de prueba. Asimismo confirmó que las evaluaciones se realizaban una vez a la semana, y que estas se llevaban a cabo en presencia de los trabajadores para así indicarles en que rubros se debía mejorar. En primer término, debe señalarse que las alegaciones del recurrente en relación con la carta de despido, no resultan procedentes, pues la parte demandada planteó en el citado documento la causa de terminación de la relación de trabajo con el actor, posición que ha sostenido a lo largo del proceso, en el que solo ha detallado aquellas circunstancias concretas que conllevaron a que la demandada no tuviera por “superado” el período de prueba por parte del demandante. Ahora bien, en lo que respecta al análisis de lo sucedido, la S. concluye que carecen de sustento probatorio las alegaciones de la parte actora en torno a que el verdadero motivo del cese del accionante fue su condición de afiliado al sindicato [Nombre 005]. En autos, no medió prueba alguna, que haga al menos presumir que el despido tenía como finalidad limitarle el ejercicio de la libertad sindical al trabajador. Al respecto, como se dijo, la accionada ha justificado su decisión en que el accionante no superó el período de prueba y no alcanzó las expectativas de la demandada. En torno al tema, el actor manifestó que nunca fue evaluado ni supervisado en sus funciones por parte de su supervisor (minuto 25:20 de la audiencia), no obstante dicha declaración contrasta significativamente con lo expresado por el señor [Nombre 028], (testigo aportado por la parte actora) quien aseguró que el señor [Nombre 013] ejercía una constante supervisión sobre las labores que efectuaba el actor, incluso indicó: “ [Nombre 013] llagaba se iba a cable 49 daba la vuelta, aparecía por el fondo, me consta porque yo andaba cortando ese cable…” (minuto 52:25 de la audiencia). Al respecto el señor [Nombre 011] manifestó ser el encargado de realizar las evaluaciones al actor, agregando: “se le hace una evaluación semanalmente, se visita todos los días para corregir algo, hablar con ellos, decirles alguna instrucción que tal vez no entendieron bien, entonces ir y corregir… Se le hace una evaluación por semana, pero se visita todos los días para darles retroalimentaciones y corregir tal vez algún procedimiento que no esté en lo que la empresa pide”. Dichas declaraciones concuerdan con el mecanismo descrito por la testigo [Nombre 042] para emitir las cartas de amonestación a los trabajadores de la empresa y con la llamada de atención del 10 de enero de 2018 en la cual se consignó: “La presente es una llamada de atención, por desacato a la labor de cosecha, ya que durante las evaluaciones realizadas por parte de su jefatura inmediata, se observó problemas de cicatriz viva en la fruta, no se cubrió el corte con la bolsa, lo cual consta en la evaluación realizada a la labor que usted ejecuta el día 05 de enero de 2018 en el cable 14…” (el destacado es agregado). De la prueba testimonial como documental se extrae que el actor sí era evaluado y fiscalizado por parte de su supervisor. Los testigos de la parte accionada son contestes sobre la problemática del demandante, en contraposición, con los testimonios del actor y su testigo, los cuales difieren significativamente en cuanto a la supervisión de la cual era sujeto el accionante, lo cual genera serias dudas sobre la tesis expuesta en la demanda. En otro orden de ideas, si bien ambos señalaron que al accionante se le cambio de funciones, esto no es un elemento que lleve a tener por establecido un ánimo de perturbar el trabajo del demandante, ya que el mismo actor manifestó que en otros periodos en que había laborado para la empresa demandada había recibido la inducción adecuada (minuto 29:27) y, por ende, conforme a las necesidades de la demandada se le podía colocar en una u otra actividad, máxime cuando, como lo indicó la señora [Nombre 042], a ellos se les contrataba como peones agrícolas, sumado a que como expresó el señor [Nombre 011], cada día se les asignaba las labores a las que se iban a dedicar. Así las cosas, conforme a lo señalado, se estima que la sociedad accionada cumplió con la carga procesal del acreditar la presencia de circunstancias objetivas que excluían cualquier espíritu discriminatorio.
IV.- CONSIDERACIONES FINALES: C. de lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por la parte actora.
V.- VOTO SALVADO DE LAS MAGISTRADAS VARELA ARAYA Y CHACÓN ARTAVIA: Las suscritas nos apartamos del criterio de mayoría, ya que consideramos que sí existió discriminación en el despido del actor. En el caso que nos ocupa, queda claro que el actor alega discriminación, señalando haber sido despedido unos días después de haber comunicado a la demandada su afiliación sindical, circunstancia que le significó, según dijo, toda una tortura, pues se le persiguió, no se le dejaba trabajar con libertad y, además, se le hicieron diversos llamados de atención, pese a que siempre mostró un buen rendimiento y nunca tuvo problemas con anterioridad. A este respecto también debe resaltarse el voto de la S. Constitucional N.° 5000 de las 10:09 horas del 8 de octubre de 1993, donde se indicó: “Atendiendo a la letra y al espíritu de todas las disposiciones transcritas resulta evidente que la protección especial dada a los representantes de los trabajadores, a quienes se les concede protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido, constituye lo que en materia se conoce como un fuero especial en beneficio particular, de dichos representantes y como protección de los derechos de los trabajadores mismos, quienes verían menoscabados sus derechos fundamentales si sus líderes no fueran inamovibles mientras ostenten el mandato válidamente concedido y pudieran ser despedidos unilateralmente por decisión patronal, sin que mediara causal legal objetiva que justificara el rompimiento del contrato laboral. Desde esa perspectiva y en vista del interés social comprometido, el pago de las denominadas prestaciones sociales es insuficiente para amparar el despido el cual, cuando proceda debe fundamentarse en una causal comprobada que demuestre mediante el debido proceso, que el representante como tal, ha violado sus obligaciones particulares y generales (…). (…) aunque hasta el momento se ha venido considerando la situación de los representantes de los trabajadores, sindicalizados o no, cabe decir que con igual sustento normativo y con igual criterio debe resolverse el despido de los simples trabajadores cuando la causal, expresa o tácita, sea su pertenencia a una asociación o sindicato, porque ello también viola sus derechos fundamentales… (énfasis agregado). Este concepto ampliado de la libertad sindical se enmarca dentro de la protección frente a lo que se ha dado en llamar “prácticas laborales desleales”, que ya no son aquellas que se ejercen contra las personas trabajadoras cubiertas por un fuero de protección especial, sino todas aquellas acciones que, contraviniendo el principio de buena fe contenido en el artículo 19 del Código de Trabajo, pretendan impedir que las personas trabajadoras ejerciten sus derechos, entre estos, fundamentalmente, los derechos colectivos derivados de la libertad sindical (ver las resoluciones de esta S. N.º 285 de las 9:05 horas, del 3 de abril de 2009 y 913 de las 10:40 horas, del 3 de octubre de 2012). Es un hecho no controvertido que, cuando el actor fue despedido, el 3 de febrero de 2018, se le entregó una carta de despido. En ella se indicó que la finalización del contrato obedecía a “no haber superado el período de prueba para el cargo que se le encomendó en la empresa” (imagen 5 del documento incorporado el 16/02/2017 a las 14:51:34). En el voto de esta S. número 899, de las 9:20 horas del 30 de junio de 2017, se dijo: “Por otro lado, en relación con la discriminación alegada por el trabajador, debe señalarse que, contrario a lo expuesto por el recurrente, esta S. ha sostenido la tesis de que cuando la persona trabajadora alegue un motivo discriminatorio en la causa de despido y, además, presente indicios que permitan presumir que ese ha sido el motivo, corresponderá al empleador desvirtuar este hecho. Al respecto, en la sentencia n.° 1229, de las 11:20 horas del 2 de diciembre de 2009, se resolvió: ‘[…] En otras ocasiones, en las que representantes sindicales reclaman la nulidad de un despido por violación a la libertad sindical, la S. ha establecido que razonablemente debe partirse de la presunción de verdad de la afirmación de persecución sindical, contenida en la demanda, en aras, precisamente, de brindar una tutela adecuada al indicado derecho fundamental. Interpretar lo contrario, implicaría dejar al trabajador/a en una situación de verdadera desventaja en el campo probatorio, haciendo nugatorio el derecho, pues es el patrono quien tiene a su disposición los medios suficientes para poder probar su tesis en juicio. Esa conclusión, además, pone en práctica la Recomendación 143 de la Organización Internacional del Trabajo, que en el inciso e) del numeral 6 literalmente contempla como necesaria para lograr una protección eficaz: ‘e) imponer al empleador, cuando se alegue que el despido de un representante de los trabajadores o cualquier cambio desfavorable en sus condiciones de empleo tiene un carácter discriminatorio, la obligación de probar que dicho acto estaba justificado’. Claro está, que la aludida presunción no es absoluta, sino, relativa, de ahí que admita prueba en contrario. En ese supuesto, la parte patronal tiene la carga procesal de demostrar que el cese de la relación no es discriminatorio. Aunque ya esta S. ha admitido que la protección de los Derechos Sindicales no solamente ampara a los representantes sindicales sino también a aquellos trabajadores y trabajadoras a quienes expresa o tácitamente se les limitan las libertades sindicales, persiste en estos casos la obligación del trabajador/a sindicalizado/a de demostrar, al menos mediante prueba indiciaria, que la afectación de sus derechos proviene de su pertenencia o de alguna actuación relacionada con el ejercicio de tales derechos. En este caso, el actor debió aportar al menos algún indicio de su postulación a delegado sindical, para revertir en la demandada la obligación de acreditar que el despido tuvo una razón objetiva y no discriminatoria” (en igual sentido, consúltese el voto n.° 822, de las 10:00 horas del 7 de octubre de 2011). La tesis sostenida por esta S. ha sido la misma que mantienen los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, específicamente el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración que ha indicado: ‘Además de los mecanismos de protección preventiva contra actos de discriminación antisindical (como por ejemplo, la obtención de una autorización previa de la inspección del trabajo antes de proceder al despido de un dirigente sindical), otra forma de garantizar una protección eficaz podría consistir en obligar a los empleadores a aportar la prueba de que su decisión de despedir a un trabajador no está vinculada a las actividades sindicales del mismo’ (OIT. Libertad sindical: Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo. Quinta edición (revisada). 2006. Página 177. Suiza). De modo que cuando existan indicios de la discriminación, la carga de la prueba de la existencia de razones objetivas que justifiquen el despido y que descarten la presencia de un acto discriminatorio por persecución sindical, una vez que ha quedado acreditada la condición de afiliado sindical, recae sobre el empleador.” (El resaltado es agregado). Expresamente nuestra legislación laboral establece que corresponde a la parte patronal probar: “La justificación de la objetividad, racionalidad y proporcionalidad de las medidas o las conductas señaladas como discriminatorias en todas las demandas relacionadas con discriminaciones” (artículo 478, inciso 10, según ley n.° 9343 del 25 de enero de 2016, “Reforma Procesal Laboral”). En los elementos probatorios traídos al expediente, resalta que el 8 de enero de 2018, la Junta Directiva de [Nombre 005] ([Nombre 041]) [Nombre 043] en nota dirigida al Departamento de Recursos Humanos de la accionada, indicó: “1. Nuestros afiliados [Nombre 012]… y [Nombre 001] …. Ellos manifiestan que trabajan en labores de desoja y resiembra y en pala y desoja se presentan a las 5 de la mañana para que se les asignen su labor. / 2. El encargado Sr. [Nombre 013] jefe inmediato los cambia de labor mandándolos a la cosecha. Ellos responden y le dicen que esa no es su labor y que no están en condición de salud para desempeñarla el sr. [Nombre 014] les responde con palabras inadecuada y le dice que le dieron orden para mandarlos a la cosecha. / 3. Ellos solicitaron la presencia de lo representante sindicales [Nombre 015] y [Nombre 016] para manifestarle la situación que se les estaba presentando a nuestros afiliados y fueron ignorado por el sr. Encargado [Nombre 013] limitándole a nuestros representantes sindicales. / 4. Nuestros afiliados manifiestan que desde el momento que fueron afiliados al sindicato el sr. [Nombre 013] les viene dando persecución y discriminación sindical y les ha hecho desmejora salarial. / Solicitamos a la empresa de no recibir pronta respuesta o solución a las quejas de discriminación sindical planteada por nuestros afiliados, ya que de otra manera acudiremos a otras vías, con nuestros representantes sindicales” (sic) (imagen 10 documento incorporado el 16/02/2018 a las 14:51:34). En la declaración de parte del actor , indicó haber trabajado en distintas ocasiones con la demandada sin haber tenido ningún tipo de problema o llamada de atención, no obstante, con posterioridad a su afiliación al sindicato, se comenzaron a dar una serie de situaciones que considera discriminatorias, como llamadas de atención y un cambio en las funciones que realizaba, todo esto finalizó con su despido un mes después de haberse afiliado al sindicato. Aclaró haber sido contratado para realizar funciones de resiembra, deshoja y pala, sin embargo con posterioridad a su afiliación fue reasignado al proceso de cosecha sin justificar las razones del cambio. En cuanto a la amonestación del 11 de enero, manifestó que se debió a una supuesta evaluación que le realizó el señor [Nombre 013] , no obstante se negó a recibirla, pues las evaluaciones se deben realizar en presencia del trabajador, lo que no sucedió en esa ocasión. Afirmó tener conocimiento de un total de 4 trabajadores sindicalizados en la empresa, sin embargo todos han sido despedidos. Por su parte el testigo [Nombre 028], quien era compañero de trabajo del actor fue conteste con el actor al indicar que este tuvo problemas con su jefe inmediato debido a su afiliación al sindicato, ya que de seguido a esto se le cambio de funciones, incluso cuando el mismo actor había indicado no encontrarse en las condiciones de salud necesarias para desempeñar la tarea de siembra. Fue enfático en manifestar que la empresa demandada realiza prácticas antisindicales. Finalizó agregando que al igual que el actor también fue despedido por afiliación sindical. Ahora bien, en lo que respecta al análisis de lo sucedido, las suscritas concluyen que la prueba aportada a los autos revela significativos indicios de que el despido del actor se debió a su afiliación al sindicato [Nombre 005]. Resulta muy coincidente que la empresa accionada se enterara de la incorporación del actor a dicha organización sindical el 4 de enero de 2018 y que al día siguiente comenzaran los problemas en torno al accionante, los cuales incluso le representaron a éste llamados de atención los días 10, 11, y 16 siguientes. T. en cuenta que el actor ya había trabajado para la demandada en distintas ocasiones, por lo que no hubiese resultado lógico ni razonable que la empleadora le hubiera dado nuevas oportunidades, a un empleado que en periodos anteriores no hubiera cumplido con las expectativas de calidad de la empleadora. Al respecto, tanto el actor como su testigo señalaron que desde aquel instante (afiliación) hubo un cambio en el trato hacia el accionante. El señor [Nombre 028] dio cuenta de que al actor se le cambio de funciones con posterioridad a la afiliación sindical. Por otra parte, resulta pertinente señalar que la justificación de la demandada fue que al actor se le despidió en período de prueba por no haber superado las expectativas de la empleadora debido a su bajo rendimiento. Al respecto los testigos de la demandada fueron contestes al afirmar que al actor se le realizaban evaluaciones de forma semanal, y ante las malas calificaciones que recibió el actor, se tomó la decisión de poner fin a la relación laboral. En ese sentido el señor [Nombre 011] manifestó: “ a él se evaluó e igual se le comunicó, y se le enseñaban las evaluaciones y después se le hizo una medida disciplinaria” (minuto 01:27:31 de la audiencia); por su parte la señora [Nombre 042] indicó ser la persona que realiza las cartas de amonestación, en función de las evaluaciones que le son escaneadas y comunicadas (minuto 01:46:33). Extraña que la accionada omitiera aportar dichas evaluaciones, por cuanto estas constituyen el fundamento de la demandada para endilgarle al actor un rendimiento deficiente y por ello poner fin a la relación laboral, en especial teniendo la carga procesal en torno a la tesis alegada. Así las cosas, por la cercanía de la fecha en que la empresa accionada conoció de la afiliación sindical del actor, con las amonestaciones recibidas y la fecha de finalización de la relación laboral, aunado a la ausencia de las evaluaciones realizadas que confirmen la tesis de la demandada, se llega a la conclusión de que la accionada no logró desvirtuar, como le correspondía, que la causa real del rompimiento de aquella relación fue la vinculación del trabajador al sindicato, es decir, la existencia de discriminación por el ejercicio de la libertad sindical. En todo caso, debe señalarse que en esta materia resulta aplicable el principio protector, por lo que en caso de duda se debe resolver a favor del trabajador. CONSIDERACIONES FINALES: C. de lo expuesto, procede declarar con lugar el recurso, anular la sentencia recurrida y emitir pronunciamiento sobre el reclamo. Se debe declarar parcialmente con lugar la demanda, acogiendo la excepción de falta de derecho respecto de lo denegado y desestimándola en cuanto a los derechos concedidos; ordenándose la reinstalación del actor al puesto que ocupaba con el pleno goce de sus derechos, debiendo tener la relación como inalterada para todos los efectos; pagándole los salarios que dejó de percibir desde el 19 de enero de 2018 y hasta su efectiva reinstalación. Los salarios que deben reconocerse, como caídos, son aquellos que debió haber percibido durante todo el período en que estuvo cesante; cuyo monto no podría superar el máximo regulado en el canon 566 del Código de Trabajo, conforme al cual “… el pago de estos no podrá ser superior al importe de veinticuatro veces el salario mensual total de la parte trabajadora al momento de la firmeza del fallo, salvo disposición especial que establezca otra cosa, sin que en ningún momento pueda ser inferior al mínimo legal”. Se debe denegar la indexación solicitada por resultar improcedente al tenor de lo dispuesto en el numeral 566 del Código de Trabajo, que expresamente señala “Esta fijación no admite adecuaciones o indexaciones”. Por consiguiente, respecto de la petitoria de indexación debe acogerse la excepción de falta de derecho. Sobre las sumas resultantes sí procede el pago de intereses legales, pues ese reclamo tiene sustento en lo regulado en el canon 565 ídem. De conformidad con esta norma, estos proceden conforme las regulaciones del Código de Comercio y deben concederse a partir de la exigibilidad de lo adeudado, es decir, desde el 3 de febrero de 2018 (data del despido). El reclamo de daños y perjuicios resulta improcedente pues se omitió indicar en qué consiste el motivo que los origina y su estimación, incumpliendo así con la obligación procesal que deriva de los numerales 542, último párrafo y 495, inciso 5), in fine del Código de Trabajo, sin que se adviertan otros distintos al pago de los salarios caídos y los intereses. En consecuencia, respecto de esta pretensión también habrá de acogerse la excepción formulada. En cuanto a las costas, el canon 562 ídem, en lo que resulta de interés, estipula: “ En toda sentencia… se condenará al vencido… al pago de las costas personales y procesales causadas./Si la sentencia resuelve el asunto por el fondo… las personales no podrán ser menores del quince por ciento (15%) ni mayores del veinticinco por ciento (25%) del importe líquido de la condenatoria o de la absolución, en su caso./ En los demás supuestos, así como cuando el proceso no fuera susceptible de estimación pecuniaria, la fijación se hará prudencialmente./ Para hacer la fijación del porcentaje o del monto prudencial se tomarán en cuenta la labor realizada, la cuantía de la cosa litigada y la posición económica del actor y demandado./ En los asuntos inestimables en que hubiera trascendencia económica se hará la fijación con base en el monto resultante hasta la firmeza de la sentencia y, si a consecuencia del proceso se siguiera generando en el futuro el resultado económico, podrá agregarse al monto fijado, según criterio prudencial, hasta un cincuenta por ciento (50%). Si el resultado económico fuera intrascendente se hará la fijación de forma prudencial con fundamento en los criterios mencionados.” (La negrita no consta en el original). El presente asunto conlleva una pretensión inestimable, cual es la reinstalación del actor en su puesto de trabajo, con el pleno goce de sus derechos, circunstancia que lo convierte también en un proceso de trascendencia económica. Por consiguiente, corresponde condenar a la accionada a pagar ambas costas del proceso, fijando las personales en el 15% de las sumas adeudadas a la firmeza de la sentencia más un 25% adicional del resultado económico que se seguirá generando a futuro. De conformidad con lo establecido en el artículo 567 del Código de Trabajo, la demandada deberá realizar las deducciones legales respectivas, incluyendo las cuotas obrero-patronales y todas las obligaciones correspondientes a la Seguridad Social.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso interpuesto. Las M.V.A. y Chacón Artavia salvan el voto y resuelven: Se anula la sentencia recurrida y se declara parcialmente con lugar el recurso planteado por la parte actora; se acoge la excepción de falta de derecho , respecto de lo denegado y se desestima en cuanto a los derechos concedidos; se ordena la reinstalación del actor en su puesto de trabajo, con el pleno goce de sus derechos laborales, teniéndose la relación como inalterada para todos los efectos. Debe la demandada pagar al actor los salarios que dejó de percibir desde el diecinueve de enero de dos mil dieciocho y hasta su efectiva reinstalación; intereses sobre las sumas resultantes , según la tasa prevista en el numeral cuatrocientos noventa y siete del Código de Comercio, a partir del tres de febrero de ese año y hasta el efectivo pago; junto con ambas costas del proceso, fijando las personales en el quince por ciento de las sumas adeudadas a la firmeza de la sentencia más un veinticinco por ciento adicional del resultado económico que se seguirá generando a futuro. Se deniegan los daños y perjuicios pretendidos, así como la indexación reclamada. La demandada deberá realizar las deducciones legales procedentes, incluyendo las correspondientes por las cuotas obrero-patronales y todas las obligaciones derivadas de la Seguridad Social, por los salarios dejados de cancelar.


Orlando Aguirre Gómez



Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez


Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia
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