Sentencia Nº 2019-000192 de Sala Segunda de la Corte, 22-02-2019

Fecha de Resolución:22 de Febrero de 2019
Emisor:Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia
 
CONTENIDO
*180006230166LA*

Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA

Exp: 18-000623-0166-LA
Res: 2019-000192
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil diecinueve.
Proceso de fuero especial establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por [Nombre 001] y [Nombre 002] , contra la [Nombre 005].) , representada por su apoderado generalísimo [Nombre 003], divorciado. Figuran como apoderados especiales judiciales; de las actoras, el licenciado Jorge Alfredo Fernández Agüero, casado; y de la demandada, los licenciados Erasmo Rojas Madrigal, viudo; y Augusto Trejos Molina. Todos mayores, solteros, médicos y vecinos de San José, con las excepciones indicadas.

Redacta la Magistrada Varela Araya y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: El apoderado especial de la parte accionante presentó demanda ante el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, para solicitar la nulidad del acto de despido; así como se condene al pago de salarios caídos, daños –incluyendo daño moral- y perjuicios, y, demás derechos laborales según el Código de Trabajo, intereses e indexación. Asimismo, pidieron la reinstalación en el trabajo de conformidad con el artículo 410 del mismo Código y el pago de ambas costas de este proceso. Refirieron que iniciaron la relación laboral con la demandada, como médicos generales de [Nombre 005], la actora [Nombre 001] el día 17 de marzo de 2011 y la accionante [Nombre 002] el día 21 de marzo de 2011, ambas laboraron hasta el día el 16 de marzo de 2018, fecha en que fueron despedidas, sorpresiva e intempestivamente en sus respectivos centros de trabajo. Se les entregó la carta de despido con responsabilidad patronal, donde se indica que la empresa decidió prescindir de sus servicios a partir de esa fecha, con responsabilidad patronal. Alegaron que el despido violó el ordenamiento por despedirlas desde esa fecha, encontrándose ambas brindando sus servicios en forma normal y corriente. Consideraron que el despido era discriminatorio, fundamentándose en el artículo 404, 409, 410 y 540 del Código de Trabajo. Señalaron que el despido con responsabilidad patronal “se ha traducido en una licencia que tiene el patrono para actuar muchas veces de MANERA ARBITRARIA, PERO OTRAS VECES TAMBIÉN DISCRIMINATORIA”. Argumentaron que en casos de discriminación, le corresponde al patrono la carga de la prueba, según los numerales 409 y 478 del Código citado. Anotaron que la discriminación deriva de la interposición de un Proceso Ordinario Laboral por parte de las actoras ante el Juzgado de Trabajo del Primero Circuito Judicial de San José, Sección Primera, Expediente número [Valor 001]. Resaltaron que en dicho proceso se reprogramó la Audiencia oral de conciliación para las 13:30 horas del 23 de marzo de 2018 (demanda incorporada al expediente virtual el día 20-03-2018 a las 15:10:52 horas). La representación de la accionada contestó en términos negativos y opuso la excepción de falta de derecho (contestación agregado al expediente virtual el 09/05/2018 a las 18:36:16 horas). El Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José, mediante resolución número 2018-1404 de las 15:23 horas del 26 de julio de 2018, declaró sin lugar la demanda y condenó en costas a la parte actora, fijándolas prudencialmente las personales en la suma de doscientos mil colones para cada una (sentencia agregada al expediente virtual el 26/07/2018 a las 15:23:44 horas).
II.- AGRAVIOS: a) RECURSO PARTE ACTORA: El apoderado de la parte accionante basa su reclamo principalmente en una incorrecta o ilegítima aplicación del régimen probatorio. Recrimina que la jueza de instancia indicara que el demandado tomó la decisión de prescindir de las servidoras, por cuanto incurrieron en conductas que afectaron el clima laboral y las relaciones interpersonales y laborales con otros compañeros de trabajo, con fundamento en el artículo 85 inciso D) del Código de Trabajo. Apunta también a lo resuelto en sentencia de instancia referente a que las actoras fueron despedidas mucho tiempo después de que se interpuso el proceso judicial que se tramita en el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José, el cual se presentó el 8 de febrero de 2017. Reclama el razonamiento de la jueza que rechaza que el despido se realizó porque se declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad presentada por el Gerente General de la [Nombre 005], en contra de los incentivos médicos, ya que la misma se votó el 11 de octubre de 2017, y el despido se dio hasta el 16 de marzo de 2018. Señala que esas apreciaciones son totalmente subjetivas, improcedentes y contrarias a derecho. Piensa que la jueza no apreció las abundantes pruebas documentales, es decir, todo el acerbo probatorio aportado por las demandantes que consta en el expediente, según el artículo 481 del Código de Trabajo. De la misma forma, piensa que hubo violación al artículo 422 del Código mencionado. Prosigue indicando que se inobservó el artículo 478 de Código citado, acerca de la carga de la prueba, la cual dice corresponde al patrono. Además, infiere que la jueza de instancia no valoró los criterios de objetividad, racionalidad y proporcionalidad del Informe rendido bajo juramento de [Nombre 005], considera que no se aportaron documentos donde se demuestren las supuestas conductas que se le atribuyeron a las accionantes. Descalifica las fotocopias presentadas por el accionado: minuta de reunión 24 de febrero de 2014, Dra. [Nombre 002], porque no constituye ninguna sanción disciplinaria; supuesta amonestación verbal, 13 de noviembre de 2015, Dra. [Nombre 002], dice que es ilegal porque carece de firma; traslado de inconformidades, 10 de agosto de 2017, Dra. [Nombre 002], indica que todo paciente asegurado puede presentar inconformidades del servicio; incorformidades agosto 2017, Dra. [Nombre 002], al igual que el anterior, dice que todo paciente asegurado puede presentar inconformidades del servicio; minuta de reunión 12 de marzo de 2018, Dra. [Nombre 002] : fue firmada bajo disconformidad; minutas de reunión 3 de setiembre 2015, 13 de noviembre de 2015 y 1 de noviembre de 2016, Dra. [Nombre 002], menciona que no constituyen ninguna sanción disciplinaria y que las firmas son ilegibles; fotocopia de cuadro de incapacidades, Dra. [Nombre 001], piensa que su presentación se debe a una mala intención y fe. Concluye manifestando que la [Nombre 005] tenía la carga procesal y no logró demostrar con bases objetivas que no hubo discriminación en el despido. Invoca violación al artículo 41 de la Constitución Política, que acarrearía la nulidad conforme el artículo 129 constitucional, por lo que el pago de indemnizaciones como preaviso y cesantía no es suficiente. Declara que las actoras eran funcionarias con mucha antigüedad laboral, y por ende, mayor experiencia y conocimientos médicos generales de [Nombre 005], que sus evaluaciones anuales de personal son prueba de sus capacidades, experiencias y conocimientos, así como de trabajo en equipo, excelentes relaciones laborales y un clima laboral idóneo. Continúa alegando, que lo señalado por el Dr. [Nombre 003], Gerente General de la [Nombre 005] demandada, en su informe bajo la fe de juramento, referente a los tres procesos judiciales e indica que son trece los trabajadores que demandaron y reclaman incentivos médicos, debe ser valorado siguiendo los principios de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad, ya que las demandas de las actoras no se limitan a un solo reclamo del pago de una deuda, como lo hacen los otros reclamantes. Reitera que el despido no se debió al proceso judicial, anteriormente mencionado, en el que solicitan incentivos médicos. Apunta que no fueron despedidas los meses siguientes a la presentación de ese proceso, ya que se había presentado una acción de inconstitucionalidad y que fue a consecuencia del resultado de esa acción que fueron despedidas, por ser el fundamento del proceso judicial que se discute en el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José. Dice que también es probable que el despido de la actora [Nombre 001], no se haya concretado antes porque estuvo incapacitada del 06 de febrero al 23 de febrero de 2018. Asimismo, que las accionantes fueron despedidas días antes de la audiencia de conciliación señalada para el día 23 de marzo de 2018 (recurso incorporado el día 08/08/2018 las 10:34:12 horas). b) RECURSO PARTE DEMANDADA: El apoderado de la parte accionada se muestra disconforme con la sentencia del A quo. Como único motivo de agravio reprocha la condena en costas. Considera que al resolverse por el fondo el proceso, acogerse las excepciones materiales formuladas por su representada y denegarse las pretensiones planteadas por las actoras, lo que correspondía era fijar las costas personales de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 564 de marras. Arguye que el presente proceso es de cuantía determinada o de cuantía inestimable con trascendencia económica, pero nunca de cuantía inestimable, por el juzgador no podía fijarlas de manera prudencial a conciencia, sino que debió hacerse de manera porcentual. Estima que lo resuelto implica una trasgresión al principio de obligatoriedad de los procedimientos, por ser una norma procesal, de orden público, indisponible y de acatamiento obligatorio. Sin embargo, dice que si el proceso se tiene como de cuantía inestimable, el monto otorgado por el A quo no guarda proporción con la labor, cuantía de la cosa litigada y posición de las partes involucradas (recurso incorporado al expediente digital del 10/08/2018 a las 13:28:08 horas).

III. RECURSO DE LA PARTE ACTORA: El canon 404 del Código de Trabajo prohíbe toda discriminación en el trabajo por “ (…) razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación”. El numeral 409 de ese mismo Código estipula que “(…) quien alegue la discriminación deberá señalar específicamente el sustento fáctico en el que funda su alegato y los términos de comparación que substancie su afirmación”. Es un hecho no controvertido que las actoras fueron despedidas el día 16 de marzo de 2018, fecha en que se les hace entrega de la carta de despido. En ella se indicó que la finalización del contrato se hacía por decisión del patrono con responsabilidad patronal. A pesar de lo anterior, dentro de este proceso la parte demandante, como ya se indicó, alegó que el mismo se dio por discriminación, en razón del proceso judicial que las actoras tienen ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Primera, expediente N.° [Valor 001], que interpusieron en otra de la accionada. En el voto de esta Sala número 899-17, de las 9:20 horas del 30 de junio de 2017, se dijo: “Por otro lado, en relación con la discriminación alegada por el trabajador, debe señalarse que, contrario a lo expuesto por el recurrente, esta Sala ha sostenido la tesis de que cuando la persona trabajadora alegue un motivo discriminatorio en la causa de despido y, además, presente indicios que permitan presumir que ese ha sido el motivo, corresponderá al empleador desvirtuar este hecho…” (la negrita no es del original). En el caso de estudio, coincide esta Sala con lo resuelto por la Juzgadora, por las razones que se dirán a continuación. Las demandantes alegaron que fueron víctimas de un despido discriminatorio, señalando como motivo de discriminación el proceso judicial que siguen contra la accionada. Ahí solicitan el reconocimiento de incentivos médicos, aumentos, anualidades y demás sumas que legalmente se tienen como salarios. Sin embargo, las cartas de despido señalan que: “ Por medio de la presente le comunico que la empresa ha decidido prescindir de sus servicios a partir del 16 de marzo del 2018 (siendo este su último día de trabajo con la misma), con responsabilidad patronal…” En escrito de demanda alegan “…hemos valorado en forma objetivo y real, considerando que dicha discriminación deriva de la interposición del Proceso Ordinario Laboral que se tramita…/Es dable señalar que el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito (…) reprogramó la audiencia oral de conciliación para las TRECE HORAS TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO…” El artículo 12 del Código de Trabajo, establece: “Queda prohibido a los patrones despedir a sus trabajadores o tomar cualquier tipo de represalia contra ellos, con el propósito de impedirles demandar el auxilio de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento y aplicación del Presente Código, de sus Reglamentos y de sus leyes conexas.” En virtud de lo anterior, le corresponde a la parte accionada probar que la discriminación alegada no se dio. En materia laboral los jueces y las juezas únicamente están vinculados por el principio de valoración de la prueba, según las reglas dispuestas por el numeral 481 del Código de Trabajo. En consecuencia, la prueba se aprecia en conciencia, siguiendo los principios de la sana crítica, sin sujeción a las normas del Derecho Común, debiendo eso sí, quien juzga, expresar los principios de equidad o de cualquier otra naturaleza en que funde su criterio, estando solo vinculado por la Constitución y la ley. Reclama el recurrente que la jueza de instancia considerara que el despido se dio porque las actoras incurrieron en conductas que afectaron el clima laboral y las relaciones interpersonales y laborales con otros compañeros de trabajo, lo cual hizo con sustento en el artículo 85 inciso D) del Código de Trabajo. Menciona que no hay pruebas que acrediten dicha situación, que las fotocopias que presentó el demandado deben desacreditarse, ya sea porque no constituyen ninguna sanción disciplinaria, son reclamos que cualquier persona puede presentar por inconformidades del servicio, no tienen firma o son ilegibles. Apegados al principio de la libre valoración de la prueba y sana crítica que rige en esta materia, se deben valorar las probanzas aportadas, y establecer si la prueba aportada por la demandada desacredita el indicio de despido discriminatorio. En este sentido, la parte accionada, debía ofrecer prueba que sirviera para acreditar que su decisión se basó en un motivo distinto al que se alega en este proceso. De ahí que es válido aceptar como descargo los documentos aportados por el demandado y desacreditados como válidos por el recurrente (como minuta de reunión del 24 de febrero de 2014, amonestación verbal del 13 de noviembre de 2015, traslado de inconformidades del 10 de agosto de 2017, minuta de reunión del 12 de marzo de 2018, minutas de reunión 3 de setiembre 2015, 13 de noviembre de 2015 y 1 de noviembre de 2016). Si bien, algunos de esos documentos no son recientes, al momento del despido habían ocurrido a varias situaciones con las actoras que contribuyeron a la decisión del proceder al despido con responsabilidad patronal, prueba que cumple el fin -junto con la testimonial- de desvirtuar la discriminación. Al respecto la resolución alegada manifiesta: “…no hay prueba alguna en el expediente que le haga creer a quien resuelve, que tanto la doctora [Nombre 001] como la doctora [Nombre 002], hayan sufrido discriminación alguna por parte de la demandada, véase que en el expediente no hay prueba alguna en ese sentido, más bien la testigo ofrecida por la demandada, [Nombre 037], cuya declaración consta en audio aparte, fue clara al indicar que las actoras no sufrieron discriminación alguna por parte de la demandada, siendo que aunque tuvieran el proceso [Valor 001], el trato contin siendo igual, como si no hubiera nada de por medio, en cuanto a horario, en cuanto a funciones, en cuanto a las jefaturas, permisos con goce ó sin goce de salario que ellas hayan solicitado de horas ó de días completos, se les ha otorgado, se les han dado sus vacaciones cuando las han solicitado para poder gozarlas, se les ha evaluado con los mismos criterios de calidad de expedientes que el resto de los compañeros, así también, que no ha recibido, ni tiene conocimiento de ningún reclamo por parte de las actoras hacia la accionada, después de haber presentado la demanda laboral [Valor 001]...” Apunta también a lo resuelto en sentencia de instancia referente a que las accionantes fueron despedidas mucho tiempo después de que se interpuso el proceso judicial que se tramita en el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José, el cual se presentó el 8 de febrero de 2017. Reclama el razonamiento de la jueza que rechaza que el despido se realizó porque se declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad presentada por el Gerente General de la [Nombre 005], en contra de los incentivos médicos, ya que la misma se votó el 11 de octubre de 2017, y el despido se dio hasta el 16 de marzo de 2018. Señala que esas apreciaciones son totalmente subjetivas, improcedentes y contrarias a derecho, lo que no comparte esta Sala, más por el contrario considera que la tesis de la parte actora no es cierta. Si el motivo del despido fue discriminatorio porque las partes habían interpuesto un proceso judicial reclamando derechos laborales, en nada varía que la acción de inconstitucionalidad haya sido declarada sin lugar, pues según la tesis de la parte accionada, la molestia deviene del reclamo, y no en el resultado en sí del proceso. En este mismo sentido, si se declarara con lugar las pretensiones de las demandantes en el proceso judicial citado, la parte accionada deberá incurrir igualmente en el pago de lo pretendido, con independencia de si laboran o no con la [Nombre 005]. En todo caso, es correcta la apreciación de la Juzgadora, en cuanto a los plazos que transcurrieron entre la presentación de la demanda y la resolución de la acción de inconstitucionalidad, con respecto al despido, ya que no se demuestra nexo causal entre un evento y el otro. Por otro lado, argumenta la parte actora que la jueza no apreció las abundantes pruebas documentales, es decir, todo el acerbo probatorio aportado por las demandantes que consta en el expediente, según el artículo 481 del Código de Trabajo. Infiere que la jueza de instancia no valoró los criterios de objetividad, racionalidad y proporcionalidad del informe rendido bajo juramento, de [Nombre 005], considera que no se aportaron documentos donde se demuestren las supuestas conductas que se le atribuyeron a las demandantes. En relación con este reproche, es necesario aclarar que a las accionantes no se les está atribuyendo conducta alguna, ya que el despido se realizó con responsabilidad patronal, lo que se pretende con la prueba es desvirtuar el indicio de discriminación, que tal y como se dijo anteriormente, se logra con la prueba aportada. Incluso, se trajo al proceso prueba de otros casos judiciales donde la parte recurrida, figura como demandada por otros empleados con los que a la fecha siguen manteniendo una relación laboral. Esto con el fin de hacer notar que no hay persecución del empleador contra quienes hacen valer sus derechos ante los Tribunales de Justicia. Arguye, también, que hay violación al artículo 41 de la Constitución Política, que acarrearía la nulidad conforme el artículo 129 constitucional, por lo que el pago de indemnizaciones como preaviso y cesantía no son suficientes, sin embargo, no se logra establecer en que fundamenta su acusación. Prosigue diciendo que las actoras eran funcionarias con mucha antigüedad laboral, y por ende, mayor experiencia y conocimientos médicos generales de [Nombre 005], que sus evaluaciones anuales de personal son prueba de sus capacidades, experiencias y conocimientos, así como de trabajo en equipo, excelentes relaciones laborales y un clima laboral idóneo, de esas pruebas que se presentaron como pruebas para mejor proveer, no generan indicio de discriminación, ni contradice la prueba testimonial y documental aportada por la parte accionada. Por último, apunta que no fueron despedidas en lo s meses siguientes a la presentación de ese proceso, ya que se había presentado una acción de inconstitucionalidad y que fue a consecuencia del resultado de esa acción que fueron cesadas , por ser el fundamento del proceso judicial que se discute en el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José. Dice que también es probable que el despido de la actora [Nombre 001] , no se haya concretado antes porque estuvo incapacitada del 06 de febrero al 23 de febrero de 2018. Además, fueron despedidas días antes de la audiencia de conciliación señalada para el día 23 de marzo de 2018. La anterior afirmación es simplemente especulativa, pues no hay elementos en el proceso que hagan suponer ese enunciado como cierto. Como consecuencia de las consideraciones expuestas y del análisis realizado, se concluye que la actuación de la empleadora fue objetiva, sin que se advierta vicio alguno de un móvil discriminatorio.

IV. RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA: Como único motivo de agravio reprocha que la condena en costas personales se hiciera en forma prudencial. Considera que corresponde fijar dichas costas de manera porcentual, por creer que el presente proceso es de cuantía determinada o de cuantía inestimable con trascendencia económica, por lo que el juzgador no podía fijarlas de manera prudencial a conciencia, sino que debió hacerlo de manera porcentual. Lo resuelto en cuanto a esto debe confirmarse, por cuanto las pretensiones de la demanda implican extremos de cuantía inestimable (reinstalación con salarios caídos), aunque las accionantes hayan estimado los daños en diez millones de colones, lo que permite a la juzgadora fijar prudencialmente las costas personales, según el artículo 562 párrafo tercero del Código de Trabajo. En relación al monto fijado por el A quo, estima esta Sala que la fijación es acorde con labor realizada, la cuantía de lo litigado y posición económica de las petentes en este proceso especial.

V.-CONSIDERACIÓN FINAL: De conformidad con las razones dadas, ambos recursos deben ser declarados sin lugar y devolver el expediente al Juzgado (numeral 595 del Código de Trabajo).

POR TANTO:

Se declaran sin lugar los recursos interpuestos por ambas partes. Devuélvase el expediente al Juzgado.




Orlando Aguirre Gómez



Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez






Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia


Res: 2019000192
MHERNANDEZD

2
EXP: 18-000623-0166-LA

Teléfonos: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 y 2295-4406. Facsímile: 2234-71-41. Correos Electrónicos: imoralesl@poder-judicial.go.cr. y mbrenesm @poder-judicial.go.cr