Sentencia Nº 2019-000196 de Sala Segunda de la Corte, 27-02-2019

Fecha de Resolución:27 de Febrero de 2019
Emisor:Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia
 
CONTENIDO
*130007581178LA*

Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA

Exp: 13-000758-1178-LA
Res: 2019-000196
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas treinta y cinco minutos del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de S.J. (oral-electrónico), por [Nombre 001], educadora, contra el ESTADO, representado por su procuradora adjunta la licenciada K.V.S., divorciada. Figura como apoderada especial judicial de la actora la licenciada Julieth Gómez Gamboa, vecina de Heredia. Todas mayores, solteras, abogadas y vecinas de S.J., con las excepciones indicadas.
Redacta el Magistrado O.Á.; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: La apoderada especial judicial de la actora, promovió la presente acción para que en sentencia se ordene al demandado a restituir el pago de 8 lecciones interinas; las diferencias salariales generadas en las vacaciones, aguinaldo y salario escolar dejadas de percibir desde el 1 de febrero del 2011 intereses legales, daños y perjuicios y ambas costas del proceso. La representación estatal contestó negativamente y opuso la excepción de falta de derecho. En primera instancia se condenó al Estado a reconocer y pagar a favor de la actora los siguientes extremos: El pago del recargo de 8 lecciones interinas, que ostentaba la actora al momento de ser reubicada por problemas de salud, así como cancelar todas diferencias salariales existentes por concepto de aguinaldos, vacaciones y salario escolar, otorgándole además intereses hasta el efectivo pago; impuso ambas costas a cargo del Estado. Fijó las personales en un 15 % de la condenatoria (imágenes 3 a la 5, 63 a la 69 y 92 a la 101 del expediente virtual completo del Juzgado).
II.- AGRAVIOS: La representación estatal muestra disconformidad con lo dispuesto por el Juzgado de instancia. Reprocha la condena a restituir el sobresueldo por horario alterno desde el 1° de febrero de 2011 y mientras la demandante siga reubicada; alude que debe tomarse en cuenta que cuando la actora fue reubicada en funciones administrativas en el curso lectivo 2011, no tenía tramitado el pago de ningún sobresueldo. Indica que en la instancia precedente se ha aplicado de manera incorrecta el artículo 174 del Estatuto del Servicio Civil, pues la actora fue reubicada de funciones docentes a administrativas, por haberlo solicitado ella misma, no incapacidad menor permanente o incapacidad parcial. Alega que en este caso, nunca medió una declaración de incapacidad de la Caja Costarricense del Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros, motivo por el cual se equipara el dictamen médico que recomendó la reubicación con una licencia o incapacidad, lo cual es incorrecto a la luz del ordinal 174 mencionado. En cuanto al salario escolar reconocido, reclama que ese rubro laboral no es un monto que el Estado paga en forma adicional como si fuera una cancelación extraordinaria o una liberalidad sin respaldo legal, sino que es un pago diferido en enero de cada año, que ha sido devengado y se encuentra dentro del patrimonio, que ha sido retenido pero no liquidado. Que es una deducción que se paga de manera diferida, no siendo un plus, de manera que no existe razón para reconocer el salario escolar si no se ha ejecutado previamente. Con respecto a la diferencia salarial por concepto de vacaciones, reprocha que se haya condenado a cancelar diferencias salariales por concepto de vacaciones, porque, indistintamente de las labores que realizó, la actora ha venido disfrutando de sus períodos de vacaciones, año tras año. Señala que no es posible cancelar monto alguno por este concepto, ya que su pago por compensación opera únicamente para casos muy excepcionales. Estima que de mantenerse lo resuelto se estaría generando un doble pago. Sostiene que se condenó a su representado al pago del denominado incentivo didáctico, sin tomar en cuenta que se ha pagado mes a mes a actora, según puede verificarse de las acciones de personal aportadas. Igualmente, se opone al reconocimiento del incentivo por ampliación del curso lectivo. No obstante, tal plus salarial no incorporado al salario base de todos los servidores docentes y administrativos docentes a partir del 2008. En cuanto a la condena por aumentos salariales y carrera profesional, resultan improcedentes, toda vez que el primero se paga año con año a todos los funcionarios y funcionarias públicas. Sobre la carrera profesional no es parte del salario base, sino que es determinado por la Dirección de Servicio Civil y se otorga mediante puntos que tiene un valor por reunir los atestados académicos, de manera que la cancelación o no del recargo por lecciones interinas en absoluto afecta este sobrecargo. Por último, objeta la condenatoria en costas. Considera que se ha cometido en error al condenar a su representado al pago de las costas procesales y personales y que en todo caso, tratándose de un asunto de cuantía inestimable, la fijación debe ser prudencial y no porcentual. Solicita se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos y se impongan ambas costas del proceso a cargo del actor (imágenes 103 a la 114 del expediente virtual completo del Juzgado).
III.- El artículo 560 del Código de Trabajo en lo que interesa establece: “… la sentencia se dictará y tendrá como límite los actos de proposición de las partes y lo fijado en la fase preliminar de la audiencia de juicio…”. Por su lado, el ordinal 589 del mismo cuerpo legal reza: “…no podrán ser objeto de apelación o de casación cuestiones que no hayan sido propuestas ni debatidas oportunamente por los litigantes y la sentencia que se dicte no podrá abrazar otros puntos distintos de los planteados en el recurso, salvo las nulidades, correcciones o reposiciones que procedan por iniciativa del órgano…”. En el presente asunto, de acuerdo con el escrito de demanda, la actora solicitó se ordene al demandado restituir el pago de 8 lecciones interinas; las diferencias salariales generadas en las vacaciones, aguinaldo y salario escolar dejadas de percibir desde el 1 de febrero del 2011 intereses legales, daños y perjuicios y ambas costas del proceso (imágenes de la 3 a la 5 del expediente virtual completo del Juzgado). Sobre estos extremos versó la discusión en tanto la representación estatal contestó la demanda oponiéndose al pago de las lecciones interinas, así como las diferencias salariales en el aguinaldo, las vacaciones y el salario escolar (imágenes de la 63 a la 69 del expediente virtual completo del Juzgado). Este fue el límite de las pretensiones sobre las cuales debía el Juez de instancia pronunciarse, según el artículo 560 del Código de Trabajo. No obstante, en la parte dispositiva del fallo impugnado se consignó: "En razón de las consideraciones de hecho y derecho, citas jurisprudenciales antes indicadas, se rechaza la excepción de falta de derecho invocada por el Estado, siendo innecesario pronunciarse en cuanto a la de pago. Debiendo se declarar CON LUGAR la presente demanda interpuesta [Nombre 001] en contra del ESTADO, deberá la parte demandada restituir el pago correspondiente al Recargo de 8 lecciones interinas, que la actora ostentaba al momento de ser reubicada por problemas de salud; cancelar todas las diferencias salariales correspondientes a dicho Recargo de 8 lecciones interinas desde febrero de 2011 y hasta que se mantenga la condición de reubicada; más las diferencias resultantes en los extremos proporcionales de aguinaldo, vacaciones, incentivo por ampliación del curso lectivo, incentivo didáctico, aumentos anuales, carrera profesional y salario escolar originados por dicha supresión…” (Imagen 100 del expediente virtual del Juzgado). Con ello incurrió en un vicio de incongruencia del fallo que infringe los preceptos 99 y 155 del Código Procesal Civil (a los que reenvía el 428 del Código de Trabajo), por haberse pronunciado sobre extremos no solicitados en la demanda ni debatidos en el proceso, específicamente sobre las diferencias salariales en los pluses de incentivo por ampliación del curso lectivo, incentivo didáctico, aumentos anuales y carrera profesional. De acuerdo con esto, el Juez de instancia al pronunciarse y otorgar pretensiones no expuestas por la accionante en la demanda incurrió en ultrapetita (otorgar más de lo pedido) y, por eso, la sentencia debe anularse para una nueva sustanciación. No obstante, por economía procesal, esta S. anulará el fallo únicamente en cuanto se otorgó a favor de la actora las diferencias salariales en los pluses de incentivo por ampliación del curso lectivo, incentivo didáctico, aumentos anuales y carrera profesional; por no haber sido pretendidos en la demanda.
IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO: Ha quedado debidamente acreditado que en el 2011, momento en que la actora fue reubicada por problemas de salud, devengaba el sobresueldo por lecciones interinas y que, debido a problemas de salud, en febrero de ese mismo año fue trasladada para realizar funciones administrativas; razón por la cual aquél recargo se le dejó de pagar en febrero del 2011. También se tuvo por demostrado que mediante oficio acción de personal número [Valor 008], el Ministerio de Educación Pública le aprobó una reubicación laboral temporal en la Escuela [Nombre 004] de la Dirección Regional de S.J., a partir del 01 de febrero del 2011 y hasta el 31 de enero del 2012, pero el sobresueldo mencionado le fue suspendido su pago, a partir del 1° de febrero del 2011. V. acciones de personal número [Valor 001], [Valor 002] , [Valor 003], [Valor 004] , [Valor 005], [Valor 006] , [Valor 007], [Valor 008], [Valor 009], oficios [Valor 010] y [Valor 011], en imágenes 11, 18 a la 25, 46 a la 49, 84 a la 86. Está claro, entonces, que la reubicación se acordó ante una recomendación médica, basada en el artículo 254 del Código de Trabajo, que establece la obligación de la parte empleadora de reponer en su puesto a las personas que hayan sufrido un riesgo y puedan trabajar. Además, prevé el deber patronal de proporcionarle un puesto diferente de acuerdo con sus posibilidades, cuando por recomendación médica no pueda regresar a ejercer las funciones que venía desempeñando, pero sí esté en capacidad de realizar otras tareas. Para resolver el caso bajo análisis, es necesario tener presente que los ordinales 118 del Código de Educación y 13 del Manual de Procedimientos para Administrar el Personal Docente precisamente estipulan la posibilidad de acordar ciertos recargos. También es verdad que los sobresueldos relacionados no constituyen un derecho adquirido y que debe suspenderse su pago cuando la persona servidora, en el ejercicio de sus funciones habituales, deja de estar en las condiciones establecidas para su reconocimiento. No obstante, el presente asunto no versa sobre un servidor o servidora que en el ejercicio normal de sus funciones deja de estar en los supuestos que hacen viable el recargo, sino de una persona que por razones de salud queda impedida para seguir ejecutando sus labores normales. No se advierte entonces que lo decidido resulte violatorio de los artículos 118 y 13 citados. La representación estatal sostiene que el numeral 174 del Estatuto del Servicio Civil se aplicó indebidamente, por cuanto dicha norma supone la existencia de una incapacidad o una licencia especial, que en este asunto no se dieron, por cuanto solo existe una reubicación por razones de salud. En relación con ese planteamiento, debe indicarse que la S. ha conocido y resuelto reiterados asuntos de iguales características, sin que advierta alguna circunstancia que haga posible variar el criterio sostenido. Tal y como quedó explicado en la instancia precedente, se ha estimado que en casos de esta naturaleza resulta de aplicación el Decreto Ejecutivo número 19113, del 28 de julio de 1989, que es el Reglamento Licencias Especiales Servidores del Ministerio de Educación Pública, sin que pueda considerarse, que este quedó sin sustento al haberse derogado el ordinal 167 del Estatuto del Servicio Civil, pues no fue esta la única norma que le dio sustento. En el artículo primero de esa reglamentación se establece que ahí se prevén las normas y procedimientos que debe seguir el citado Ministerio para conceder licencia a las personas servidoras, con motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo, derivada de un riesgo del trabajo o de una enfermedad. En el numeral segundo se reafirma que las licencias que la reglamentación contempla se concederán a quienes sufran una disminución en sus facultades y que por ello no puedan desempeñar las funciones y atribuciones del cargo que venían desempeñando. De conformidad con lo regulado en los ordinales 5 y 8, las personas servidoras a las que la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros les declaren una incapacidad menor o parcial permanente y recomienden un cambio de funciones tienen derecho a una licencia especial. Ahora bien, el artículo 9 estipula que de previo a la concesión de la licencia, el Ministerio procederá a la reubicación de la persona servidora, lo que se ratifica en las normas siguientes, según las cuales “…esta licencia especial podrá ser suspendida, a juicio del Ministro de Educación Pública, a los efectos de asignar labores y funciones compatibles con sus condiciones personales, con las recomendaciones médicas y la formación académica del beneficiario, que con carácter temporal se requiera” y que “…el Ministerio de Educación Pública, podrá hacer uso del recurso humano que estuviere en disfrute de licencia especial para la atención de tareas y funciones de carácter administrativo, administrativo-docente o de carácter técnico, en cualquiera de sus dependencias cuando tales servicios se requieran para la buena marcha de las instituciones o para implementar programas especiales”, lo anterior guarda absoluta correspondencia con el numeral 254 del Código de Trabajo. Luego, en el ordinal 17 se establece, de manera expresa, que “Los beneficiarios de las licencias previstas en este reglamentación gozarán de un subsidio equivalente a la totalidad de su salario con arreglo a lo dispuesto por el Estatuto de Servicio Civil y el Código de Educación sobre la materia”. De esa manera, se ha considerado que esta normativa más bien complementa el artículo 174 del Estatuto del Servicio Civil, el cual no hace diferencia alguna entre incapacidades permanentes o parciales y de ahí que tampoco quepa realizar diferenciación para los efectos del pago entre las licencias permanentes y especiales. En consecuencia, si al momento de la reubicación la trabajadora devengaba el sobresueldo por lecciones interinas, resulta indiscutible el derecho que tiene, conforme a esa normativa especial, a que dentro de su remuneración como funcionario administrativo se le contemple ese plus. En ese sentido, en la sentencia de esta S. número 308, de las 10:30 horas del 26 de marzo de 2014, se explicó: “En criterio del demandado, los sobresueldos conocidos como horario alterno y del comité técnico asesor, están concebidos únicamente para quienes desempeñan funciones de docente, cuando las necesidades de matrícula lo requieran; y dependiendo de los atestados académicos del funcionario o funcionaria, por lo que a la actora no le asiste el derecho al pago de esos pluses si su puesto es ahora, de naturaleza administrativa. Sin embargo, se debe tener claro que en la especie no se está frente al reclamo que hace un funcionario o funcionaria del sector administrativo del Ministerio de Educación Pública, para el reconocimiento de los pluses como parte integrante e indisoluble de su salario. La situación en estudio difiere de ese supuesto porque aquí se trata de definir la correspondencia de ese derecho a una funcionaria docente quien por razones de salud ha debido ser reubicada en un cargo administrativo. La diferencia que pretende hacer valer la representación estatal entre ´incapacidad´ y ´reubicación´ desconoce que el origen de ambas es una enfermedad del funcionario o la funcionaria que le impide mantenerse en el servicio activo de la docencia. Es por esta razón que la normativa aplicable en casos como este no es únicamente la relacionada con el derecho al reconocimiento de horario alterno, sino la especialmente prevista al efecto. De primera mano, el Reglamento de Licencias Especiales Ministerio de Educación Pública (Decreto Ejecutivo número 19113 del 28 de julio de 1989), cuyo artículo 1° menciona que esta reglamentación tiene por objeto establecer las normas y los procedimientos que deberá seguir el Ministerio de Educación Pública para conceder licencia a sus servidores o servidoras, con motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo, sobrevinientes de riesgos del trabajo o enfermedad. Por su parte, el numeral 2 establece: ´Las licencias a que se refiere la presente reglamentación se concederán a aquellos servidores que, por la disminución sufrida en sus facultades o aptitudes, no pudieren desempeñar, sin detrimento de su salud o del servicio, las funciones y atribuciones correspondientes al cargo que venían desempeñando en calidad de servidores regulares ´. (Lo resaltado es agregado). Luego, de conformidad con el artículo 5 tienen derecho a que se les conceda una licencia especial aquellos servidores y servidoras respecto de los cuales la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros, en su valoración final, declaren una incapacidad menor permanente o una incapacidad parcial o permanente y recomienden un cambio de funciones. El artículo 8 trata específicamente el supuesto de la concesión de la licencia especial en los siguientes términos: ´De conformidad con lo establecido en el artículo 5° anterior, el Ministerio de Educación Pública, concederá una licencia especial a aquellos servidores que encuentren en las siguientes circunstancias: a) Que de acuerdo con su dolencia la Caja Costarricense de Seguro Social, recomiende en la valoración final del tratamiento su cambio de funciones. b) Que en la valoración final de los efectos del riesgo de trabajo acaecido, el Instituto Nacional de Seguros, determine una incapacidad menor o parcial permanente y recomiende su incorporación al servicio con cambio de funciones´ (énfasis suplido). Seguidamente los artículos 9 y 10, por su orden, establecen: ´De previo a la concesión de la licencia y de acuerdo con las disponibilidades de plazas y con los requisitos del interesado, el Ministerio de Educación Pública, procederá a su reubicación, traslado o ascenso, según corresponda´. Y, ´Cuando fuere viable, en forma inmediata, la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior se concederá la licencia especial hasta tanto se pueda realizar el movimiento de personal correspondiente´. Además, el numeral 12 señala: ´Igualmente el Ministerio de Educación Pública, podrá hacer uso del recurso humano que estuviere en disfrute de licencia especial para la atención de tareas y funciones de carácter administrativo, administrativo-docente o de carácter técnico, en cualquiera de sus dependencias cuando tales servicios se requieran para la buena marcha de las instituciones o para implementar programas especiales´. Finalmente, el artículo 17 dice: ´Los beneficiarios de las licencias previstas en esta reglamentación gozarán de un subsidio equivalente a la totalidad de su salario con arreglo a lo dispuesto por el Estatuto de Servicio Civil y el Código de Educación sobre la materia´ (énfasis suplido). De modo que esta normativa complementa y no contradice lo dispuesto por el numeral 174 del Estatuto de Servicio Civil, que reza: ´a) Si el servidor, en el momento de incapacitarse por enfermedad o maternidad, estuviese devengando salario adicional por zonaje, por horario alterno , o cualquier sobresueldo, tendrá derecho a un subsidio equivalente al salario total que en dicho momento estuviese devengando. b) Las licencias por enfermedad, cualquiera que sea su duración, no interrumpirán el derecho que tienen los servidores para recibir los aumentos de sueldos correspondientes. c) Para todos los efectos legales, tanto el subsidio, como los auxilios a que se refiere el artículo 167, tendrán el carácter de salario, y serán, en consecuencia, la base para el cálculo de pensiones y prestaciones legales, entre otros extremos, que pudieran corresponder.´ (Lo resaltado es agregado). La normativa reglamentaria desarrolla esta expresa disposición, contemplando de manera indistinta el derecho a la indemnización tanto para el caso de la licencia permanente como de la especial”. (Los destacados constan en el original). Tampoco lleva razón la recurrente en cuanto aduce que el recargo no fue laborado, pues esto se debió a la necesidad de reubicar a la servidora en funciones diferentes a las de docencia, por razones de salud. La normativa contempla el derecho a que se siga percibiendo, en esas circunstancias, “ un subsidio equivalente a la totalidad de su salario”. De ahí que no pueda concluirse, como se pretende, que se desvirtuó la naturaleza del sobresueldo o que se afectan los fondos públicos de manera injustificada, puesto que las normas aplicables al caso son las que establecen esas consecuencias jurídicas.
V.- SOBRE EL SALARIO ESCOLAR: Desde hace algún tiempo, esta S. ha venido sosteniendo el criterio de que, en el Sector Público, el salario escolar no constituye una retención salarial que se paga en forma diferida en cada mes de enero -como lo aduce la parte recurrente- sino un componente salarial más. En ese orden de ideas, en la sentencia n.° 833, de las 9:40 horas del 12 de octubre de 2011, se indicó: “Con base en lo anterior, se desprende claramente que el S.rio Escolar en el sector público fue promovido como un componente salarial calculado sobre el salario total que perciben las personas trabajadoras y cuyo pago se realiza en forma acumulada en el mes de enero del año siguiente. Es decir, que a diferencia del sector [privado], en el que el salario escolar está conceptuado como una deducción del aumento salarial autorizado, en el sector público es un componente salarial acumulado , que se calcula con base en el salario mensual percibido en un año” (énfasis agregado). Lo mismo se dijo en un fallo posterior: “En consecuencia, con base en este otro criterio según el cual, el salario escolar es un componente salarial acumulado, que se calcula con base en el salario mensual percibido en un año; y no, una retención acumulada de parte del salario, lo resuelto deberá ser revocado para disponer que a los actores y actora les asiste también el derecho para que las diferencias acordadas se vean también reflejadas en los salarios escolares correspondientes” (La negrita no corresponde al original. Sentencia n.° 1055, de las 9:35 horas del 21 de diciembre de 2011. En igual sentido también puede consultarse el voto n.° 667, de las 10:00 horas del 10 de agosto de 2012). Así las cosas, el argumento de que el salario escolar constituye una retención no tiene asidero jurídico y las diferencias resultan procedentes, ya que al ordenarse el pago del recargo de 8 lecciones interinas, se le deben cancelar también las diferencias del salario escolar que debió habérsele abonado en cada uno de los años en los cuales no se acreditó que se le hubiera satisfecho el pago por ese concepto. Por lo anterior, los reparos de la impugnante en este sentido resultan improcedentes.
VI.- SOBRE LAS VACACIONES: En relación con este tema, la parte recurrente argumenta que de mantenerse la condena se incurriría en doble pago, puesto que el demandante ha venido disfrutando de sus períodos de vacaciones de manera regular. En ese sentido, debe señalarse que el actor tenía derecho a que la remuneración percibida durante los períodos de vacaciones que haya disfrutado se calculara con base en los salarios que debió devengar, incluyendo la jornada extraordinaria otorgada en este proceso. Ahora bien, como se está ordenando el pago del reajuste salarial durante el tiempo que comprende el disfrute de vacaciones -tal y como entiende el fallo de segunda instancia la representación del Estado-, no procede disponer por separado el pago de diferencias por este concepto, ya que de hacerlo –efectivamente- se estaría generando un doble pago, tal y como lo aduce la representación estatal, y ello no resulta ajustado a derecho. Es por esta razón que debe aclararse que el otorgamiento de diferencias en el pago de vacaciones procede únicamente en caso de que el accionante se le haya pagado suma alguna por este concepto, a modo de compensación.
VII.- COSTAS: Ante esta S. se impugna la condenatoria en costas. La representación estatal considera que la fijación de estas en su contra es improcedente. Este argumento no es de recibo, precisamente por lo indicado líneas atrás, en cuanto a que al demandante le correspondía el pago del sobresueldo pretendido. Así, al haberle suprimido la cancelación respectiva, no se observan causas eximentes del pago en costas, de conformidad con el artículo 563 del Código Procesal Civil y, por ende, debe estarse a lo dispuesto por el Juzgado sobre el particular. En lo que sí lleva razón la recurrente es que las costas procesales deben fijarse prudencialmente por tratarse de un asunto que no es susceptible de fijación pecuniaria. Ahora bien, tomando en cuenta la laborar realizada, la cosa litigada y la posición económica de ambas partes, se fijan prudencialmente en la suma de trescientos mil colones (artículo 563 ibídem).
VIII.- CONSIDERACIONES FINALES: Al haberse constatado que los extremos otorgados de diferencias salariales por los pluses de incentivo por ampliación del curso lectivo, incentivo didáctico, aumentos anuales y carrera profesional no formaron parte del marco del debate, se debe anular la sentencia recurrida en cuanto los otorgó . Asimismo, debe acogerse parcialmente el recurso contra dicho fallo modificándose lo resuelto respecto al otorgamiento de diferencias en el pago de vacaciones que procede únicamente en caso de que al accionante se le haya pagado suma alguna por este concepto, a modo de compensación. Igualmente, se modifica lo dispuesto en cuanto a la condenatoria porcentual en costas procesales, para en su lugar, fijarlas en la suma prudencial de doscientos mil colones.
IX.- VOTO SALVADO DE LAS MAGISTRADAS VARELA ARAYA Y CHACÓN ARTAVIA: Las suscritas nos apartamos del criterio de mayoría en cuanto reconoce a la actora el pago del sobresueldo de 8 lecciones interinas a partir del momento en que fue reubicada en labores administrativas y mientras se mantenga en esa condición. Ha quedado debidamente acreditado que, en el año 2011, la demandante devengaba aquel recargo y que, debido a problemas de salud, fue reubicada en funciones administrativas a partir del 1° de febrero de 2011, con base en el artículo 254 del Código de Trabajo. No estamos ante una incapacidad propiamente dicha. Ante la S. se sostiene que la Administración Pública está sujeta al principio de legalidad, por lo que solo puede proceder conforme a lo que esté debidamente autorizado en el ordenamiento jurídico (numerales 11 de la Constitución Política y 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública), y que la servidora no se encuentra dentro de los presupuestos de hecho previstos en el ordinal 174 del Estatuto del Servicio Civil, pues no se encuentra incapacitada por enfermedad como se estableció, que la hagan acreedora a lo pretendido. Luego de un replanteamiento del análisis sobre los alcances de la normativa aplicable al caso concreto, concluimos que lleva razón quien recurre. Los artículos 118 del Código de Educación y 13 del Manual de Procedimientos para Administrar el Personal Docente estipulan la posibilidad de asignar ciertos recargos, los cuales no constituyen un derecho adquirido y, por consiguiente, el pago de estos debe suspenderse cuando la persona funcionaria, en el ejercicio de sus labores habituales, deja de cumplir los requisitos exigidos para su reconocimiento. Por otro lado, el numeral 174 del Estatuto del Servicio Civil, establece que: “a) Si el servidor, en el momento de incapacitarse por enfermedad o maternidad, estuviese devengando salario adicional por zonaje, por "horario alterno", o cualquier sobresueldo, tendrá derecho a un subsidio equivalente al salario total que en dicho momento estuviese devengando. /b) Las licencias por enfermedad, cualquiera que sea su duración, no interrumpirán el derecho que tienen los servidores para recibir los aumentos de sueldos correspondientes. (Así reformado por el artículo 1º de la Ley No.5659 de 17 de diciembre de 1974). /c) Para todos los efectos legales, tanto el subsidio, como los auxilios a que se refiere el artículo 167, tendrán el carácter de salario, y serán, en consecuencia, la base para el cálculo de pensiones y prestaciones legales, entre otros extremos, que pudieran corresponder. / (Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1º de la Ley No. 6110 de 9 de noviembre de 1977)” (el resaltado es agregado). Del texto antes trascrito se colige, en forma clara y expresa, que la persona servidora que se encuentre incapacitada por enfermedad, o la funcionaria en licencia por maternidad, que viniere devengando salario adicional por sobresueldos, tiene derecho a que estos se contemplen al momento de fijar el importe del subsidio a pagarle. En el caso que nos ocupa, la promovente fue reubicada en funciones administrativas y no está incapacitada ni disfrutando de aquella licencia, por lo que su situación no se subsume en el presupuesto de hecho de la norma. Además, hay que tener presente que al tenor de lo dispuesto en los ordinales 118, inciso j), del Código de Educación y 13 del Decreto Ejecutivo n.° 12915-E-P, antes citados, estos pluses se conceden cuando la persona servidora lleva a cabo funciones adicionales a las que realiza ordinariamente en su puesto, de manera temporal, y cuya asignación se encuentra debidamente justificada, ya sea por necesidades de los centros educativos, por razones de oportunidad y conveniencia, o para la satisfacción efectiva y eficiente del servicio brindado. Dicho de otro modo, el otorgamiento de estos sobresueldos depende de que las circunstancias así lo ameriten y por ello se asignan con carácter temporal, para cada curso lectivo, según las fechas de inicio y fin normadas en el artículo 176 del Estatuto de Servicio Civil; de lo contrario, se desnaturalizaría el servicio eventual y se convertiría en uno ordinario. En consonancia con lo anterior, el numeral 15 de la Ley de S.rios de la Administración Pública prescribe que “el exceso se mantendrá como un recargo, por ende, de carácter temporal”. Consecuentemente, aquellos recargos que dependan de alguna condición particular para ser concedidos no se configuran como un derecho adquirido, que se incorpora irremediablemente al salario total de la persona trabajadora, en forma permanente y con independencia del servicio que preste, como se pretende en este caso. Existe vasta jurisprudencia de la S. Constitucional en el sentido de que los recargos de funciones (en este caso, de 8 lecciones interinas) no pueden considerarse como un derecho adquirido de la persona servidora. Así, en la sentencia n.° 3681, de las 15:45 horas del 22 de marzo de 2011, se externó: “Debe recordarse que esta S. ha señalado que el desempeño del trabajador que pueda ser catalogado como un recargo de funciones, no constituye un derecho adquirido para el trabajador al que se le asigna y que obligue a la Administración a mantenerle en esa condición. Generalmente la asignación de tales recargos -por obedecer a la necesidad de prestación del servicio en un momento determinado-, tiene un carácter temporal y se paga por una cantidad de labores específicas, siendo que, lógicamente, su valor deberá ser determinado por la autoridad recurrida con fundamento en criterios técnicos y objetivos que son propiamente de su interés y de su competencia (ver en ese sentido sentencia número 2003-09533 de las doce horas veintiocho minutos del cinco de septiembre del dos mil tres y 2006-7717 de las dieciséis horas cuarenta y siete minutos del treinta de mayo del dos mil seis, entre otras). Por tal razón, el recargo constituye un ‘plus’ o beneficio salarial que depende del hecho de que las funciones se ejerzan o no, sin que la circunstancia de haberlas realizado por un plazo determinado, tenga el efecto de constituir un derecho subjetivo a favor del interesado para que se le siga pagando tal extremo, o para que se le mantenga el recargo u horario alterno" (énfasis suplido; véanse también las resoluciones números 6390 de las 15:14 horas del 18 de mayo de 2011 y 868 de las 9:05 horas del 18 de enero de 2013). De igual manera, en el voto n.° 3306, de las 12:48 horas del 9 de marzo de 2007, se acotó: “…si los supuestos por los cuales fue otorgado un sobresueldo varían, y la persona ya no se encuentra en las mismas circunstancias, no resulta arbitrario que la Administración revoque en forma unilateral tal beneficio, toda vez que no se cumple la condición bajo la cual se originó (sentencia N° 2006-010959 de las 17:51 horas del 26 de julio de 2006)”. En este mismo fallo se hizo referencia a la sentencia n.° 296, de las 11:54 horas del 13 de enero de 1995, en el cual expresamente se indicó: “De igual forma cabe pronunciarse en lo que toca a la diferencia salarial que dice el recurrente que deja de percibir con ocasión del acto cuestionado, toda vez que la retribución por el recargo citado constituye un ‘plus’ o beneficio salarial, el cual depende del hecho de que las funciones se ejerzan o no, sin que la circunstancia de haberlas realizado por un plazo determinado, tenga el efecto de constituir un derecho subjetivo a favor del interesado, para que se le siga pagando tal extremo, o para que se le mantenga el recargo señalado, de manera que el recurso, en cuanto a este último reparo es también improcedente…”. Por último, en la resolución n.° 10959, de las 17:51 horas del 26 de julio de 2006, se apuntó: “Esta S., en múltiples oportunidades, ha establecido que los sobresueldos que dependan de alguna condición para ser otorgados no constituyen un derecho adquirido que se incorpore como tal al salario propiamente dicho, toda vez que su otorgamiento depende de las condiciones objetivas por las cuales fue reconocido. En otras palabras, si las condiciones bajo las cuales fue otorgado un sobresueldo varían, y la persona ya no se encuentra en las mismas circunstancias, no resulta arbitrario que la Administración revoque en forma unilateral tal beneficio, toda vez que no se cumple la condición bajo la cual se originó”. Conforme a lo expuesto, resulta evidente que las sumas recibidas por recargos constituyen sobresueldos temporales, anexos a la estructura salarial, que si bien forman parte de la remuneración final que percibe la persona funcionaria, no son un componente sustancial permanente, sino adicional, cuyo reconocimiento depende de que aquella se encuentre en los presupuestos establecidos en el ordenamiento jurídico para su concesión y de las necesidades que surjan en cada periodo lectivo. Cabe destacar que el pago de estos recargos procede en razón del puesto y de las funciones que realiza la persona servidora, por lo que puede denegarse cuando las condiciones originarias de su otorgamiento desaparezcan. Con base en las normas traídas a colación, la jurisprudencia citada y los principios de primacía de la realidad, razonabilidad e igualdad salarial, consideramos que la representación del Estado lleva razón cuando manifiesta que no es factible mantener el pago de retribuciones cuando no se da la prestación real del servicio, por motivos como el de autos (persona reubicada en un puesto administrativo), pues no existe sustento fáctico ni jurídico para retribuir un servicio que no se está prestando. Además, obligar al Estado a cancelar una remuneración por una contraprestación que no se está brindando resulta irrazonable y contrario a la equidad. Aunado a ello, se estaría dando una ventaja indebida a las personas reubicadas, con respecto a quienes se encuentran nombradas en una plaza de docente y ejerciendo las funciones por recargo de algún tipo, pues no se hallan en igualdad de condiciones y ganan igual. Amén de que el Estado estaría pagando doble (a dos funcionarios) por un mismo recargo, cuando haya sido necesario que lo asuma la persona que sustituye a quien ha sido reubicada por razones de salud. Como se dijo antes, el recargo de 8 lecciones interinas, como ocurre en el caso de estudio, no constituye un derecho adquirido, amén de que, por lo excepcional del tema, no puede ser reputado como un derecho que se incorpora de ordinario (fijo) a los contratos de trabajo de las personas docentes. Finalmente, téngase presente que para poder exigir el pago del recargo se requiere necesariamente que una norma así lo autorice (principio de legalidad que rige en el sector público) y cumplir con las condiciones y presupuestos por ella estatuidos; lo que no se da en la especie. En virtud de lo anterior, la supresión del sobresueldo en cuestión, al pasar la actora de la condición de docente a cumplir funciones administrativas por reubicación, está ajustada a derecho. SOBRE LAS COSTAS: Aunque la normativa sobre costas establece como regla de principio la condenatoria en esos gastos a la parte vencida, quienes suscribimos este voto salvado consideramos que, en el caso concreto, se debe absolver en costas. Si bien se ha demostrado que a la parte actora no le corresponde el derecho que reclama, se aprecia que esta ha litigado con evidente buena fe, bajo la creencia de que le asiste el derecho a mantener el pago del recargo de 8 lecciones interinas durante su reubicación en labores administrativas y, además, se ha replanteado el tema de la interpretación correcta de las normas que rigen el recargo por algún motivo, (como son el horario ampliado y comité de evaluación del aprendizaje) a la carga académica contratada de ordinario. Esta exoneración se dispone en aplicación de los ordinales 562 y 563 del Código de Trabajo. DISPOSICIONES FINALES: Como corolario de lo expuesto, procede anular la sentencia recurrida y declarar sin lugar la demanda en todos sus extremos, admitiendo a su respecto la excepción de falta de derecho. Por las razones anteriormente señaladas, se debe resolver sin especial condenatoria en costas.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se anula la sentencia en cuanto reconoció a favor de la actora diferencias salariales por los pluses salariales de incentivo por ampliación del curso lectivo, incentivo didáctico, aumentos anuales y carrera profesional; extremos no pretendidos en la demanda. Se modifica el fallo en el sentido que el otorgamiento de diferencias en el pago de vacaciones procede únicamente en caso de que el accionante se le haya pagado suma alguna por este concepto, a modo de compensación. Se modifica lo dispuesto en cuanto a la condenatoria porcentual en costas procesales, para en su lugar, fijarlas en la suma prudencial de doscientos mil colones. Las M.V.A. y C.A. salvan el voto, acogen la defensa de falta de derecho, anulan el fallo impugnado, declaran sin lugar la demanda y resuelven sin especial condenatoria en costas.


Orlando Aguirre Gómez


Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez



Jorge Enrique O.Á. Roxana C.A.
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