Sentencia Nº 2019-000198 de Sala Segunda de la Corte, 27-02-2019

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha27 Febrero 2019
Número de expediente14-001800-1102-LA
Número de sentencia2019-000198
*140018001102LA*

Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA

Exp: 14-001800-1102-LA
Res: 2019-000198
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Seguridad Social del Primer Circuito Judicial de San José, por [Nombre 001], casado, pensionado y de domicilio desconocido, contra el ESTADO, representado por su procuradora adjunta la licenciada Marianella Barrantes Zamora, casada, abogada y vecina de Heredia. Todos mayores.
RESULTANDO:
1.- El actor, en escrito de demanda de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, solicitó que en sentencia se condene al Estado al pago del índice de competitividad salarial del primer semestre del dos mil doce y de los subsiguientes, las diferencias de los aumentos en la pensión posterior al primer semestre de dos mil trece, las diferencias del aguinaldo en los períodos de dos mil trece y subsiguientes, los intereses legales, la indexación y ambas costas del proceso.
2.- La representación estatal contestó la acción en el memorial presentado el diecisiete de diciembre de dos mil catorce y opuso las excepciones de falta de derecho y prescripción.
3.- El Juzgado de Seguridad Social del Primer Circuito Judicial de San José, por sentencia de las quince horas veintitrés minutos del trece de junio de dos mil dieciséis, dispuso: “De conformidad con lo expuesto, artículos 492 y siguientes del Código de Trabajo, FALLO: Se declara parcialmente con lugar la presente demanda por Reajuste de Pensión del Régimen del Poder Judicial establecida por [Nombre 001] contra EL ESTADO representado por su Procuradora Adjunta, MASTER MARIANELLA BARRANTES ZAMORA. Debe la parte accionada reconocer el Índice de Competitividad Salarial para ajustar el monto de pensión que percibe el actor, a partir del primer semestre del dos mil trece y hasta que se normalice su pago. Para su determinación se debe utilizar la siguiente formula, al salario y sus componentes devengado en el último semestre del dos mil once, se le aplica el porcentaje de inflación del uno punto noventa por ciento, al resultado se le rebaja el monto devengado en el primer semestre del dos mil doce y de ahí se saca la diferencia que le corresponde y que tuvo que haber sido tomada en cuenta para la determinación del monto de pensión. El monto de las diferencias debe ser establecida por el Departamento de Personal del Poder Judicial, sin perjuicio de que el demandante pueda acudir a la etapa de ejecución. Además del ajuste en el monto de la pensión, debe el Estado proceder al pago de la diferencia en el pago de aguinaldos desde el dos mil trece, así como al pago de intereses legales sobre las diferencias, al tipo de interés que fije el Banco Nacional de Costa Rica para los certificados a seis meses plazo, a partir del momento en que cada una de ellas debió ser pagada y hasta su efectivo pago; todo lo anterior de conformidad con el tipo legal establecido en el artículo 1163 del Código Civil y sus Reformas. Se condena al demandado, a ajustar el valor de las diferencias concedidas mediante este fallo (indexación), al valor presente, en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para los consumidores para el área metropolitana, que lleva el órgano competente de determinar ese porcentaje, cuya fijación se deja para la etapa de ejecución de sentencia. Se rechaza la demanda en cuanto pretende el actor se le cancele el Índice de Competitividad Salarial desde enero del dos mil doce al día de hoy. Por la forma en que ha sido resuelto este asunto, se rechaza la excepción de falta de derecho interpuesta por la representación estatal en los extremos concedidos y se acoge en el extremo denegado. La defensa de prescripción se rechaza. Son ambas costas de este asunto a cargo del Estado, fijándose las personales por concepto de honorarios de abogados en la suma de doscientos mil colones. (…)”. (Sic).
4.- La representante estatal apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Primera, del Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia de las nueve horas diez minutos del veintidós de marzo de dos mil diecisiete, resolvió: “Se declara, que en la tramitación de este asunto no se advierte omisión alguna que haya podido causar nulidad o indefensión y, en lo que ha sido objeto de impugnación, se confirma la resolución venida en alzada”. (Sic).
5.- La representante de la parte demandada formuló recurso para ante esta Sala en memorial de data once de mayo de dos mil diecisiete, el cual se fundamenta en las razones que se dirán en la parte considerativa.
6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrad o Olaso Álvarez; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: El actor indicó en la demanda que se jubiló por el régimen de pensiones del Poder Judicial a partir del 24 de diciembre de 2012. Señaló que desde el 9 de octubre de 2008 se creó el índice de competitividad salarial para fortalecer los ingresos de las personas empleadas y jubiladas judiciales, el cual se reconoció económicamente con posterioridad. Solicitó que se le pagara el mencionado índice correspondiente al primer semestre de 2012 y los subsiguientes, lo cual se deberá aplicar al monto de su pensión desde enero de 2012 y hasta la actualidad; así como las diferencias por los aumentos de la pensión posteriores al primer semestre de 2013 en razón de la desmejora sufrida al no haberse incluido el referido componente, además de las diferencias en el aguinaldo. Por último requirió el reconocimiento de los intereses, la indexación y las costas. (Archivo digital del Juzgado incorporado el 27-08-2014 a las 11:33:16 en carpeta Escritos). El representante del Estado contestó negativamente y opuso las excepciones de falta de derecho y prescripción (archivo digital del Juzgado incorporado el 19-12-2014 a las 07:48:43 en carpeta Escritos). En primera instancia se declaró parcialmente con lugar la demanda. Se condenó al accionado a reconocer el índice de competitividad salarial para ajustar el monto de pensión que percibe el actor, lo anterior a partir del primer semestre de 2013 y hasta que se normalice su pago. Para ello, se indicó la siguiente fórmula: al salario y demás componentes devengados en el último semestre de 2011 se le aplica el porcentaje de inflación del 1.90%, al resultado se le rebaja el monto devengado en el primer semestre de 2012 y de ahí se obtiene la diferencia que le corresponde y que tuvo que haber sido tomada en cuenta para la determinación del monto de pensión. Se ordenó también el pago de diferencias en los aguinaldos desde el 2013, los intereses y la indexación de las sumas. Se le impuso el pago de ambas costas al Estado y se fijaron las personales en la suma de doscientos mil colones (archivo digital del Juzgado incorporado el 13-06-2016 a las 14:49:40 en carpeta Documentos Asociados). La parte demandada apeló (archivo digital del Juzgado incorporado el 15-07-2016 a las 15:18:45 en carpeta Escritos), pero el Tribunal confirmó lo resuelto (archivo digital del Tribunal incorporado el 29-03-2017 a las 10:14:21en carpeta Documentos Asociados).
II.- AGRAVIOS: Ante la Sala, la representante del Estado muestra disconformidad con la sentencia del Tribunal. Afirma que no comparte lo resuelto en tanto ese órgano rechazó la excepción de prescripción opuesta por su representado y al mismo tiempo otorgó el derecho reclamado. Aduce que esa defensa se interpuso con base en que el actor está reclamando el pago del índice de competitividad salarial del primer semestre de 2012, así como las diferencias por concepto de aumento de la pensión y del aguinaldo para el primer semestre del año 2013 y subsiguientes. Dice que si se toma en consideración que las supuestas diferencias se derivan, según el actor, del I.C.S. del primer semestre de 2012 y la presente demanda le fue notificada a su representado el 26 de agosto de 2014, resulta evidente que el reclamo de aquellas se encuentra prescrito de conformidad con el término establecido en el numeral 607 del Código de Trabajo. Señala que el Tribunal resolvió que el índice de competitividad salarial nació a la vida jurídica a partir de junio de 2013, por así haberlo acordado o aprobado tanto la Corte Plena como el Consejo Superior, lo cual es totalmente cierto. Acota que, conforme se desprende de las sesiones cuyas actas constan en autos, ambos órganos judiciales acordaron en su oportunidad que el ajuste aprobado por concepto del índice de competitividad salarial rigiera a partir del 1 de enero de 2013, es decir, antes de esto no había ningún otro que permitiera realizar algún tipo de ajuste por concepto del citado I.C.S. Dice que no procede lo otorgado a favor del actor, pues el derecho aquí reclamado surgió a la vida jurídica a partir de los acuerdos tomados en junio de 2013 y en ellos claramente se indicó que la aplicación del reajuste aprobado regía a partir del 1 de enero de 2013, tanto para los servidores activos, como para los pensionados, es decir, sin efectos retroactivos. En razón de lo anterior, solicita que se revoque la sentencia impugnada y se declare sin lugar la demanda (archivo digital de la Sala incorporado el 15-05-2017 a las 14:06:57 en carpeta Documentos Asociados).
III.- ANÁLISIS DEL CASO: L a parte demandada reprocha a la resolución del Tribunal, no haber tomado en cuenta que la acción para cobrar los reajustes de pensión se encuentra prescrita. En este particular, no lleva razón la recurrente. Para resolver el presente asunto es importante tomar en consideración dos normas concretas del Código de Trabajo en relación con la prescripción. Una de ellas es el inciso c) del numeral 604 de ese cuerpo legal, el cual estipula, entre otros supuestos, la interrupción de la prescripción: “En caso de reclamos contra el Estado o sus instituciones, a partir del momento cuando al trabajador se le notifique la resolución que da por agotada la vía administrativa, en los términos que dispone el inciso a) del artículo 402 de este Código”. Asimismo, el artículo 607 -aplicable en casos de reclamos por diferencias de pensión- establece el término de un año para exigir los derechos y acciones que no se originen en contratos de trabajo y dispone claramente que el término empieza a correr, “para los trabajadores, desde el momento en que estén en posibilidad efectiva de reclamar sus derechos o ejercitar las acciones correspondientes”. En el presente asunto, la relación de servicio finalizó el 24 de diciembre de 2012 cuando el actor se acogió a la jubilación, fecha cuando dejó de ser servidor activo e inició el término para reclamar el cobro aquí pretendido. Esta Sala concluye que en ninguno de los dos casos operó la prescripción. Durante el año 2013, justamente pocos meses después de jubilarse, el demandante reclamó administrativamente su derecho, según se desprende de las actas del Consejo Superior (sesión [Valor 001] del [...] , artículo [Valor 003], documento [Valor 002]). Nótese que la propia parte demandada admite lo dicho por el Tribunal en cuanto a que el índice de competitividad salarial nació a la vida jurídica a partir de junio de 2013, por así haberlo acordado y aprobado tanto la Corte Plena como el Consejo Superior. El recurrente alega que para el momento de la notificación de la demanda a su representado, ya había operado la prescripción. No obstante, no lleva razón. El 13 de diciembre de 2013 le fue denegada completamente la gestión al actor, según consta en acta de ese órgano número [Valor 001] aportada a los autos. La demanda fue planteada el 26 de agosto de 2014, momento para el cual no había transcurrido el plazo de un año que tenía para ello. Esa gestión tuvo efectos interruptores, por cuanto tendía al cobro de la deuda, iniciando nuevamente el cómputo del plazo. Así, entre esa fecha y la de la notificación del emplazamiento (2 de diciembre de 2014) no transcurrió tampoco el plazo perentorio aplicable y, consecuentemente, no resulta posible acoger la prescripción que invocó la demandada. No medió inercia por parte del actor, ya que planteó la demanda en forma oportuna y estuvo pendiente de que su gestión fuera debidamente comunicada a su ex empleadora, sin que dejara transcurrir el plazo al que hace referencia el artículo 607 del Código de Trabajo. Así las cosas, entre una y otra fecha, no acaeció el término perentorio que tenía para reclamar judicialmente su derecho. La representante del Estado también alega la improcedencia de lo otorgado al actor bajo el argumento de que el derecho reclamado surgió a la vida jurídica a partir de los acuerdos tomados en junio de 2013, de manera que los juzgadores le dieron efectos retroactivos. Sobre el particular tampoco le asiste razón, porque mediante el artículo II de la sesión 08-2013, el Consejo de Personal dispuso que la actualización del Índice de Competitividad Salarial se cancelara a partir de enero de 2013. En relación con lo anterior, en el artículo XCI del acta número 066-13 del 27 de junio de 2013, el Consejo Superior acordó lo siguiente: "En ejecución de lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 26-13 celebrada el 11 de junio del 2013, artículo IV, disponer la aplicación del reajuste del Índice de Competitividad Salarial a las personas jubiladas y pensionadas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a partir del 1° de enero del 2013, en virtud de que ese incremento, estrictamente es un ajuste a lo pagado por costo de vida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial" (imágenes 12 y 13) . En razón de lo expuesto, es correcto lo resuelto, al haberse otorgado el derecho a partir del primer semestre de 2013.
IV.- CONSIDERACIONES FINALES: Con base en lo anteriormente referido, debe confirmarse el fallo impugnado en lo que fue objeto de recurso.
POR TANTO:
Se confirma la sentencia recurrida en lo que fue objeto de recurso.



Orlando Aguirre Gómez



Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez

Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia

Res: 2019000198
HVARGASP/wdcerdas
2
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