Sentencia Nº 2019-000223 de Sala Segunda de la Corte, 01-03-2019

Fecha de Resolución: 1 de Marzo de 2019
Emisor:Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia
 
CONTENIDO
*170007730166LA*

Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA

Exp: 17-000773-0166-LA
Res: 2019-000223
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas diez minutos del primero de marzo de dos mil diecinueve.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José (oral-electrónico), por [Nombre 001], educadora, vecina de [...], contra el ESTADO, representado por su procuradora adjunta la licenciada [Nombre 003], casada, vecina de [...]. Figura como apoderada especial judicial de la actora la licenciada Julieth Gómez Gamboa, vecina de Heredia. Todas mayores, solteras y abogadas con las excepciones indicadas.
Redacta el Magistrado SÁNCHEZ RODRÍGUEZ; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES.- La apoderada de la actora [Nombre 001], demandó al Estado y expuso que su representada trabaja para el Ministerio de Educación Pública. En el mes de agosto de 2014, por razones de salud, se le reubicó en funciones administrativas en la Escuela [...] de la Dirección Regional de [...] . Dado que mejoró, en el año 2016, se reintegró a su puesto en propiedad; sin embargo, a partir de junio de ese año, debió acogerse otra vez a la reubicación. Destacó que cuando laboraba como docente, tenía un recargo de “ Ampliación de Jornada Laboral en Primero y Segundo Ciclo (50%)”, que se le suprimió por primera vez en febrero de 2015, en el 2016 se le pagó y nuevamente se le quitó en el 2017. Por lo anterior, solicitó restituir de forma inmediata el pago del recargo señalado, con el que contaba antes de la reubicación y mientras mantenga esa condición. Además, pidió las diferencias salariales adeudadas en los periodos que este se suprimió y hasta la fecha que estas sean canceladas, incluyendo las que puedan generarse en aguinaldo, salario escolar y vacaciones. Por último, requirió el reconocimiento de intereses legales, daños y perjuicios y ambas costas (imágenes 2 a 5 del expediente electrónico). La representación estatal contestó negativamente la demanda e interpuso la excepción de falta de derecho (imágenes 144 a 172 del expediente virtual). En sentencia n.º 641-2018 de las 11:16 horas del 19 de abril de 2018, el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, resolvió: “Citas dadas y razones dichas, procede declarar PARCIALMENTE CON LUGAR la presente demanda de [Nombre 001] contra EL ESTADO - MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA, representada por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. Sin lugar las pretensiones de diferencias salariales de los períodos 2015-2016 y 2017-2018 y lo que genera en diferencias en aguinaldos, salario escolar, vacaciones e intereses. Con lugar las pretensiones de restitución de forma inmediata el pago de recargo de ampliación de jornada laboral en I y II ciclo mientras se mantenga la condición de reubicada y daños y perjuicios que se fijan prudencial en un millón cien mil colones exactos. Se acoge la excepción de falta de derecho en los extremos denegados y se rechaza en los acogidos.. Se resuelve sin especial condena en costas” (imágenes 179 a 188).
II.- SÍNTESIS DE LOS RECURSOS.- A) Parte demandada.- La representación estatal se opone a tres aspectos de la sentencia del Juzgado. 1.- Condena al pago del recargo de ampliación de jornada laboral encontrándose la actora reubicada en labores administrativas. Indica que lo referente a la reubicación laboral de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, se encuentra establecido en los numerales 254 del Código de Trabajo y 22 bis inciso a) del Reglamento de Estatuto del Servicio Civil, figura que no puede equipararse con una incapacidad, como erróneamente lo estableció la juzgadora. Agrega que el reconocimiento salarial de los recargos de funciones de quienes laboran en el Ministerio de Educación Pública, tiene asidero jurídico en lo dispuesto en el artículo 13 del “Manual de Procedimientos para Administrar el Personal Docente” (Decreto Ejecutivo n.º 12915-E-P) y el numeral 118 del Código de Educación, que destacan que son de carácter temporal, tal como lo reconoció la Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación en el oficio n.º [Valor 001] del 5 de enero de 2005. Añade que los recargos no generan derechos adquiridos, según lo ha dispuesto la Sala Constitucional. Considera que es claro que estos se extinguen, por su propia naturaleza, cuando finaliza cada curso lectivo y se deben reconocer a los servidores que continúan cumpliendo con una prestación efectiva en funciones docentes. Expone que el numeral 56 de la “Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”, tipifica de manera clara y precisa el delito de reconocimiento ilegal de beneficios laborales y establece una pena privativa de libertad para aquel funcionario público, que otorgue o reconozca beneficios patrimoniales derivados de la relación de servicio, con infracción al principio de legalidad que rige en el sistema estatutario. Explica que el artículo 15 de la “Ley de Salarios de la Administración Pública” y la jurisprudencia de la Sala Constitucional, apuntan que los recargos de funciones cuentan con una naturaleza temporal. Resalta que el Estado ha respetado el derecho de la actora a recibir la remuneración pactada por el recargo que ejerció durante su vigencia y no existe justificación para un pago permanente por un trabajo que no está realizando. 2.- Reconocimiento de diferencias en las vacaciones.- Señala que debe tomarse en cuenta que todos los funcionarios docentes del Ministerio de Educación Pública gozan de un período de vacaciones colectivas, de ahí que no es posible que se le haya limitado a la actora su disfrute en razón de su reubicación en funciones administrativas. 3.- Condena al pago de daños y perjuicios.- Estima que esta decisión es incorrecta, porque la promovente no los probó, a pesar de tener la carga. Además, no cualquier daño da pie a la obligación de resarcir, ya que debe ser cierto, real y efectivo y no meramente eventual o hipotético, como sucede en el presente caso. Destaca que no basta con solicitar los daños y perjuicios sin individualizarlos, sino que deben demostrarse y establecer el nexo de causalidad. Por lo anterior solicita que se acoja el recurso, se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos y se condene a la parte actora al pago de ambas costas de la acción (imágenes 197 a 221 del expediente electrónico). B.- Recurso de la parte actora.- La apoderada de la demandante, impugna dos aspectos del fallo de primera instancia. 1.- Sobre la denegatoria del pago de las diferencias dejadas de percibir por la falta de reconocimiento del recargo en los períodos 2015-2016 y 2017. Expone que no comparte la interpretación del juzgador en cuanto que el artículo 174 del Estatuto de Servicio Civil, indica que cuanto hay incapacidad por enfermedad se pagará el recargo, pero que no en el caso de la reubicación, porque no es lo mismo. Manifiesta que en este caso, se tuvo por probado que el cambio de la actora se dio por cuestiones de salud con fundamento en el artículo 254 del Código de Trabajo, en concordancia con el artículo 22 bis del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. Acota que para el curso lectivo 2011, el Ministerio de Educación aceptó que la supresión de sobresueldos a los servidores reubicados por salud, según las normas citadas, es una situación que no se apega al principio de legalidad, por lo que en circular [Valor 002], ordenó realizar el pago. Sin embargo, dicha disposición fue dejada sin efecto sin fundamento alguno. Considera que lo interpretado por la A-quo, es arbitrario y violatorio del principio de legalidad, en perjuicio de los derechos de su representada, ya que a partir del año 2017 se le suprimió un componente de su salario, por causa de una reubicación por enfermedad, que se da por la incapacidad para continuar prestando sus servicios como docente. Pide que se otorgue lo adeudado por ampliación de jornada laboral desde el primero de febrero de 2015 y hasta el 31 de enero de 2016 y del primero de febrero de 2017 y hasta su efectivo pago y mientras se mantenga su condición de reubicada, así como las diferencias de aguinaldo, vacaciones y salario escolar. 2.- Costas.- Por último, requiere que se condene al pago del 15% de la condenatoria por concepto de costas y de intereses legales (imágenes 190 a 195 del expediente del juzgado).
III.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. SOBRE EL RECARGO POR “AMPLIACIÓN DE JORNADA LABORAL EN PRIMERO Y SEGUNDO CICLO ”- Ha quedado debidamente acreditado que a la demandante se le cancelaba el sobresueldo correspondiente a “Ampliación de Jornada Laboral en Primero y Segundo Ciclo (50%)”, durante los períodos académicos 2002 al 2015 y del 2016 al 2017. La señora [Nombre 001] fue reubicada por recomendación médica a partir del primero de agosto de 2014 y hasta el 31 de enero de 2015. Dado que para el 2014, tenía asignado el recargo mencionado, se le continúo pagando hasta el 31 de enero de 2015. Como la reubicación fue prorrogada del primero de febrero de 2015 al 31 de enero de 2016, durante ese periodo lo correspondiente a la “Ampliación de Jornada Laboral”, no se le canceló. Posteriormente, la promovente se reincorporó a sus labores como docente, por lo que durante el curso lectivo del año 2016, sea del primero de febrero de 2016 al 31 de enero de 2017, el recargo sí se le pagó. No obstante, ella volvió a ser reubicada el primero de junio de 2016, razón por la cual, en el año 2017, a partir del primero de febrero, el recargo nuevamente no se le pagó. En la demanda, el representante de la petente, no solo reclama que este rubro se le debe seguir pagando a futuro, en el tanto se encuentre reubicada, sino que, además, pide las diferencias generadas en los periodos que se le suprimió. En primera instancia, se le dio la razón en cuanto que tiene derecho a que se le continúe pagando el sobresueldo mientras esté reubicada; sin embargo, no se le concedieron las diferencias en periodos anteriores. Ante este panorama, ambas partes impugnan el fallo del Juzgado. Previo a entrar a analizar los alegados de los recursos, debe aclararse que la posición de la Sala en estos asuntos, cuando una persona es reubicada en labores administrativas por razones de salud, es que, deben respetársele todas y cada una de las condiciones salariales que tenía al momento del cambio. Los fundamentos dados en el recurso presentado por el Estado, no son de recibo, por los motivos que de seguido se expondrán. Cuando el cambio de funciones se acuerda ante una recomendación médica, basada en el artículo 254 del Código de Trabajo, que establece la obligación de la parte empleadora de reponer en su plaza a las personas que hayan sufrido un riesgo y puedan trabajar. Dicho numeral, además, prevé el deber patronal de proporcionarle un puesto diferente de acuerdo con sus posibilidades, cuando por recomendación médica no pueda regresar a ejercer las funciones que venía desempeñando, pero sí esté en capacidad de realizar otras tareas. La recurrente sostiene que la Administración Pública está sujeta al principio de legalidad, razón por la que solo puede proceder conforme a lo que esté debidamente autorizado por el ordenamiento jurídico, lo cual es acertado (artículos 11 de la Constitución Política y 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública). Los artículos 118 del Código de Educación y 13 del Manual de Procedimientos para Administrar el Personal Docente precisamente establecen la posibilidad de acordar ciertos recargos. También es verdad que el sobresueldo relacionado no constituye un derecho adquirido y que debe suspenderse su pago cuando la persona servidora, en el ejercicio de sus funciones habituales, deja de cumplir los requisitos exigidos para su reconocimiento o bien, deja de ejecutar las funciones por las cuales se le remunera ese plus. No obstante, el presente asunto no versa sobre una persona servidora que en el ejercicio normal de sus funciones deja de estar en los supuestos que hacen viable el recargo sino, de una persona que por razones de salud queda impedida para seguir ejecutando sus labores habituales. No se advierte entonces que lo decidido resulte violatorio de los artículos 118 y 13 citados. La representante estatal aduce que se aplicó indebidamente el numeral 174 del Estatuto del Servicio Civil, por cuanto dicha norma supone la existencia de una incapacidad o una licencia especial que en este asunto no se dieron, por cuanto solo existe una reubicación por razones de salud. En relación con ese planteamiento, debe indicarse que la Sala ha conocido y resuelto reiterados asuntos de iguales características, sin que advierta alguna circunstancia que haga posible variar el criterio sostenido. Se ha estimado que en casos de esta naturaleza resulta de aplicación el Decreto Ejecutivo número 19.113, del 28 de julio de 1989, que es el “Reglamento Licencias Especiales Servidores del Ministerio de Educación Pública”, sin que pueda considerarse que este quedó sin efecto al haberse derogado el numeral 167 del Estatuto del Servicio Civil, pues no fue esta la única norma que le dio sustento. En el canon primero de esa reglamentación se prevén las normas y procedimientos que debe seguir el citado Ministerio para conceder licencia a las personas servidoras con motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo, derivada de un riesgo del trabajo o de una enfermedad común. En el artículo segundo se reafirma que las licencias contempladas en la reglamentación se concederán a quienes sufran una disminución en sus facultades y que por ello no puedan cumplir las funciones y atribuciones del cargo que venían desempeñando. De conformidad con lo regulado en los numerales 5 y 8, las personas servidoras a quienes la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros les declaren una incapacidad menor o parcial permanente y les recomienden un cambio de funciones tienen derecho a una licencia especial. Ahora bien, el canon 9 estipula que de previo a la concesión de la licencia, el Ministerio procederá a la reubicación de la persona servidora, lo que se ratifica en las normas siguientes, según las cuales “…esta licencia especial podrá ser suspendida, a juicio del Ministro de Educación Pública, a los efectos de asignar labores y funciones compatibles con sus condiciones personales, con las recomendaciones médicas y la formación académica del beneficiario, que con carácter temporal se requiera” y que “…el Ministerio de Educación Pública, podrá hacer uso del recurso humano que estuviere en disfrute de licencia especial para la atención de tareas y funciones de carácter administrativo, administrativo-docente o de carácter técnico, en cualquiera de sus dependencias cuando tales servicios se requieran para la buena marcha de las instituciones o para implementar programas especiales”, lo cual guarda absoluta correspondencia con el artículo 254 del Código de Trabajo. En el artículo 17 se estipula, de manera expresa, que “Los beneficiarios de las licencias previstas en esta reglamentación gozarán de un subsidio equivalente a la totalidad de su salario con arreglo a lo dispuesto por el Estatuto de Servicio Civil y el Código de Educación sobre la materia”. De esa manera, se ha considerado que esta normativa más bien complementa el artículo 174 del Estatuto del Servicio Civil, el cual no hace diferencia alguna entre incapacidades permanentes o parciales y de ahí que tampoco se pueda realizar diferenciación para los efectos del pago entre las licencias permanentes y especiales. En consecuencia, si al momento de la reubicación, la actora devengaba el sobresueldo por “Ampliación de Jornada Laboral en Primero y Segundo Ciclo (50%)”, resulta indiscutible el derecho que tiene, conforme a esa normativa especial, a que dentro de su remuneración como funcionaria administrativa reubicada por razones de salud, se le contemple ese plus. En el sentido expuesto, en la sentencia de esta Sala número 308, de las 10:30 horas del 26 de marzo de 2014, se explicó cuanto sigue: “[…] en la especie no se está frente al reclamo que hace un funcionario o funcionaria del sector administrativo del Ministerio de Educación Pública, para el reconocimiento de los pluses como parte integrante e indisoluble de su salario. La situación en estudio difiere de ese supuesto porque aquí se trata de definir la correspondencia de ese derecho a una funcionaria docente quien por razones de salud ha debido ser reubicada en un cargo administrativo. La diferencia que pretende hacer valer la representación estatal entre ´incapacidad´ y ´reubicación´ desconoce que el origen de ambas es una enfermedad del funcionario o la funcionaria que le impide mantenerse en el servicio activo de la docencia. Es por esta razón que la normativa aplicable en casos como este no es únicamente la relacionada con el derecho al reconocimiento de horario alterno, sino la especialmente prevista al efecto. De primera mano, el Reglamento de Licencias Especiales Ministerio de Educación Pública (Decreto Ejecutivo número 19113 del 28 de julio de 1989), cuyo artículo 1° menciona que esta reglamentación tiene por objeto establecer las normas y los procedimientos que deberá seguir el Ministerio de Educación Pública para conceder licencia a sus servidores o servidoras, con motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo, sobrevinientes de riesgos del trabajo o enfermedad. Por su parte, el numeral 2 establece: ´Las licencias a que se refiere la presente reglamentación se concederán a aquellos servidores que, por la disminución sufrida en sus facultades o aptitudes, no pudieren desempeñar, sin detrimento de su salud o del servicio, las funciones y atribuciones correspondientes al cargo que venían desempeñando en calidad de servidores regulares´. (Lo resaltado es agregado). Luego, de conformidad con el artículo 5 tienen derecho a que se les conceda una licencia especial aquellos servidores y servidoras respecto de los cuales la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros, en su valoración final, declaren una incapacidad menor permanente o una incapacidad parcial o permanente y recomienden un cambio de funciones. El artículo 8 trata específicamente el supuesto de la concesión de la licencia especial en los siguientes términos: ´De conformidad con lo establecido en el artículo 5° anterior, el Ministerio de Educación Pública, concederá una licencia especial a aquellos servidores que encuentren en las siguientes circunstancias: a) Que de acuerdo con su dolencia la Caja Costarricense de Seguro Social, recomiende en la valoración final del tratamiento su cambio de funciones. b) Que en la valoración final de los efectos del riesgo de trabajo acaecido, el Instituto Nacional de Seguros, determine una incapacidad menor o parcial permanente y recomiende su incorporación al servicio con cambio de funciones´ (énfasis suplido). Seguidamente los artículos 9 y 10, por su orden, establecen: ´De previo a la concesión de la licencia y de acuerdo con las disponibilidades de plazas y con los requisitos del interesado, el Ministerio de Educación Pública, procederá a su reubicación, traslado o ascenso, según corresponda´. Y, ´Cuando fuere viable, en forma inmediata, la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior se concederá la licencia especial hasta tanto se pueda realizar el movimiento de personal correspondiente´. Además, el numeral 12 señala: ´Igualmente el Ministerio de Educación Pública, podrá hacer uso del recurso humano que estuviere en disfrute de licencia especial para la atención de tareas y funciones de carácter administrativo, administrativo-docente o de carácter técnico, en cualquiera de sus dependencias cuando tales servicios se requieran para la buena marcha de las instituciones o para implementar programas especiales. Finalmente, el artículo 17 dice: ´Los beneficiarios de las licencias previstas en esta reglamentación gozarán de un subsidio equivalente a la totalidad de su salario con arreglo a lo dispuesto por el Estatuto de Servicio Civil y el Código de Educación sobre la materia´ (énfasis suplido). De modo que esta normativa complementa y no contradice lo dispuesto por el numeral 174 del Estatuto de Servicio Civil, que reza: ´a) Si el servidor, en el momento de incapacitarse por enfermedad o maternidad, estuviese devengando salario adicional por zonaje, por horario alterno, o cualquier sobresueldo, tendrá derecho a un subsidio equivalente al salario total que en dicho momento estuviese devengando. b) Las licencias por enfermedad, cualquiera que sea su duración, no interrumpirán el derecho que tienen los servidores para recibir los aumentos de sueldos correspondientes. c) Para todos los efectos legales, tanto el subsidio, como los auxilios a que se refiere el artículo 167, tendrán el carácter de salario, y serán, en consecuencia, la base para el cálculo de pensiones y prestaciones legales, entre otros extremos, que pudieran corresponder´. (Lo resaltado es agregado). La normativa reglamentaria desarrolla esta expresa disposición, contemplando de manera indistinta el derecho a la indemnización tanto para el caso de la licencia permanente como de la especial”. (Los destacados constan en el original. Sic.). Tampoco lleva razón la recurrente en cuanto sostiene que el recargo no fue laborado, pues esto se debió a la necesidad de reubicar a la servidora en funciones diferentes a la docencia, por razones de salud. Es decir, el pago del sobresueldo no se origina en el cumplimiento de las funciones del recargo, sino en atención a la norma que dispone el traslado con el reconocimiento de lo equivalente al salario total que estaba devengando la persona servidora al momento de la reubicación. La normativa contempla el derecho a que se siga percibiendo, en esas circunstancias, “un subsidio equivalente a la totalidad de su salario”. De ahí que no pueda concluirse, como se pretende, que se desvirtuó la naturaleza del recargo o que se afectan los fondos públicos de manera injustificada, puesto que las normas aplicadas al caso son las vigentes, que establecen esa consecuencia jurídica. Por lo expuesto, tampoco es cierto que se hayan violentado los artículos 15 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, ni el 56 de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. El primero hace referencia a la posibilidad de que el límite de cuarenta lecciones semanales se exceda cuando el servicio así lo requiera, manteniéndose el exceso como un recargo, de carácter temporal. Tal disposición no regula la situación que aquí se plantea y está prevista para el ejercicio efectivo de las funciones de docencia, no para los casos de personas servidoras a quienes se les prescribe una incapacidad o licencia. La otra norma no pudo resultar violada, pues se refiere a la penalización por el otorgamiento de sobresueldos improcedentes, lo cual no es el supuesto que se discute. Por último, cabe señalar que las decisiones de otros órganos jurisdiccionales sobre el particular no son vinculantes para esta Sala. Lo decidido no resulta contrapuesto al criterio del Tribunal Constitucional en el sentido de que los recargos tienen naturaleza temporal y no constituyen un derecho adquirido. Se insiste, el caso en análisis no se refiere a la situación de una persona servidora activa que demande los recargos, sino que el tema se reduce a establecer la remuneración que debe percibir una persona servidora trasladada a desempeñar un cargo distinto, en razón de no poder seguir efectuando sus labores normales ni los recargos que venía ejerciendo, debido a un padecimiento o afectación en su salud; tema totalmente distinto al planteamiento que hace la recurrente. De lo expuesto, se colige que la actora tiene derecho a que se le continúe pagando lo correspondiente a “Ampli ación de Jornada Laboral en Primero y Segundo Ciclo”, por lo que en este aspecto la impugnación presentada debe ser declarada sin lugar. Por su parte, el recurso de la parte actora, sí merece ser acogido. Si bien, la juzgadora otorgó la restitución del pago del recargo, denegó las diferencias salariales de los períodos 2015-2016 y 2017-2018, así como las generadas en el aguinaldo, salario escolar, vacaciones y intereses, con fundamento en un argumento que es a todas luces contradictorio, primero expone (en el mismo sentido que ha resuelto esta Sala) que ante reubicaciones por recomendaciones médicas, el salario debe mantenerse incólumne, siempre y cuando al momento del cambio la persona trabajadora tuviera asignado el recargo que reclama y que esta se debiera a motivos de salud, razonamiento con base en el cual ordenó la restitución del pago. Sin embargo, posteriormente indica: “Durante tales períodos académicos otros disfrutaron tal beneficio (folios 139, 141 y 142) y, esto pese a que la jurisprudencia ha indicado que no se puede perjudicar a una persona trabajadora que ha sido reubicada por razones de salud, ya que estas no dependen de una decisión unilateral de la persona trabajadora, sino a la recomendación de un tercero (…), la accionada otorgó tal beneficio a otros colaborados (…) tal accionar de la Administración perjudicó a la actora que debía mantener el salario mientras se encontraba reubicada por recomendación médica” y agregó: “Durante los períodos en que la actora no disfrutó de tal recargo, otros cumplieron con el mismo”, por lo que concluyó: “ la presente resolución restituye el recargo de ampliación de jornada de I y II Ciclo que la actora gozaba previo a su reubicación por recomendación médica en el período académico en que nos encontramos y mientras se mantenga su condición de reubicada; pero no se reconoce pecuniariamente como diferencias salariales los períodos pasados que no estuvo nombrada, sea de 2015-2016 y 2017-2018, ya que, como se dijo, la actora no ejecutó en tiempo real efectivo tal reclamo sino los otros docentes que fueron nombrados como tales” (Sic) . Es decir, reconoció que todas las reubicaciones deben hacerse respetando el salario del trabajador, por lo que decretó la restitución a la actora de la “Ampliación de Jornada Laboral y Primero y Segundo Ciclo”, pero después se contradice al decir que no le corresponden las diferencias salariales generadas con su supresión. Las mismas circunstancias se mantienen al momento en que se eliminó el pago en los años 2015 y 2017 y con la restitución del mismo, pues en todo ese tiempo, al encontrarse la petente reubicada en labores administrativas no ha podido ejercer el recargo, ni podrá hacerlo en el tanto continúe reubica. La Administración deberá decidir las medidas a tomar para solventar esta situación y si es nombrar a otro docente para que realice el trabajo que la demandante no puede hacer, ello en nada influye en sus derechos. Por ese motivo, lo procedente es acoger el recurso interpuesto por su representante y otorgar también las diferencias generadas en los periodos del primero de febrero de 2015 al 31 de enero de 2016 y desde primero febrero de 2017 al momento en que el recargo sea restituido, con las correspondientes diferencias en el aguinaldo, salario escolar, vacaciones e intereses.
IV.- VACACIONES.- Este reproche, realizado por la parte demandada, también debe denegarse. Aduce que debe tomarse en cuenta que todos los funcionarios docentes del Ministerio de Educación Pública gozan de un período de vacaciones colectivas, de ahí que no es posible que el Ministerio le haya limitado a la actora dicho derecho en razón de su reubicación en funciones administrativas. No se cuestiona que a la actora se le deban días de vacaciones, sino que, cuando los disfrutó el cálculo del salario se hizo sin tomar en consideración el sobresueldo del 50% de la salario correspondiente a “Ampliación Jornada Laboral Primer y Segundo Ciclo”. El ordinal 157 del Código de Trabajo, es claro al indicar que el monto que debe pagarse durante las vacaciones se calcula con un promedio de los salarios ordinarios y extraordinarios de las últimas cincuenta semanas, lo que implica que, al no haberse pagado el sobresueldo mencionado, este promedio se vería afectado.
V.- DAÑOS Y PERJUICIOS.- La juzgadora de primera instancia reconoció el pago de este extremo, con el siguiente argumento: “Para el caso concreto, la actora durante dos períodos académicos no percibió el pago por recargo de ampliación de jornada, toda vez que este les fue asignado a otros docentes que, contrario a ella, no estaban reubicadas y ejercieron las labores de recargo; sin embargo, como se dijo, tal decisión unilateral de la Administración no solo estuvo alejada del marco legal y del criterio sostenido jurisprudencialmente desde hace varios años, sino que perjudicó a la actora en su salario al no percibir durante su padecimiento el monto que disfrutaba antes de tal reubicación; razón por la cual, considera la suscrita que le asiste el derecho de resarcirse económicamente ante tal perjuicio causado por su patrono” (Sic). Dicha fundamentación no solo es improcedente, sino además, contradictoria, pues la A-Quo otorga los daños y perjuicios por el menoscabo causado por la falta de reconocimiento del pago del sobresueldo por “Ampliación Jornada Laboral Primer y Segundo Ciclo”; no obstante, no concedió en sentencia las diferencias en el período que no le fueron reconocidas, por lo que no es coherente conferir daños y perjuicios, que es un extremo accesorio que depende de una pretensión principal que no se otorgó. Por otra parte, de conformidad con el artículo 290, inciso 5° del anterior Código Procesal Civil, aplicable a la especie en forma supletoria de acuerdo con lo que indica el numeral 428 del Código de Trabajo, cuando se solicitan accesoriamente daños y perjuicios, se debe concretar el motivo que los origina, en qué consisten y darle la estimación específica de cada uno de ellos, lo que no hizo la parte demandante, que se limitó a pedir en el apartado de pretensiones: “d) Pagar intereses legales por las sumas adeudadas, además de daños y perjuicios causados”, solicitud que no es atendible, porque según la doctrina del artículo 706 del Código Civil, tratándose de obligaciones de pagar dinero, los daños y perjuicios consistirán siempre en el reconocimiento de intereses legales, mismos que ya fueron reconocidos.
VI.-COSTAS.- La juzgadora resolvió sin especial condena en costas, aspecto que reclama la parte actora. Debe tenerse presente que en materia laboral, el tema de las costas está regulado en los numerales 562 a 564 del Código de Trabajo reformados por la Ley número 9343 del 25 de enero de 2016. El primero, establece la regla que a la parte vencida deben imponérsele el pago de las costas personales y procesales causadas. Conforme con el artículo 563 siguiente, puede dispensarse de la cancelación de esos gastos en los supuestos que éste contempla. Mas, no se estima estar en presencia de un asunto que amerite ejercer dicha potestad, toda vez que, es justo que a la actora se le retribuya los gastos en que se le hizo incurrir en procura de la satisfacción de su legítimo derecho. Luego, el indicado artículo 562 también dispone que las costas personales no podrán ser menores del quince por ciento ni mayores al veinticinco por ciento del importe líquido de la condenatoria o de la absolución en su caso. Cuando el proceso no sea susceptible de estimación pecuniaria, a la luz de esa norma, la fijación se hará prudencialmente. Mas, en el supuesto de un asunto de cuantía inestimable con trascendencia económica, el párrafo final de ese numeral 562 reza: “... En los asuntos inestimables en que hubiera trascendencia económica se hará la fijación con base en el monto resultante hasta la firmeza de la sentencia y, si a consecuencia del proceso se siguiera generando en el futuro el resultado económico, podrá agregarse al monto fijado, según criterio prudencial, hasta un cincuenta por ciento (50%). Si el resultado económico fuera intrascendente se hará la fijación de forma prudencial con fundamento en los criterios mencionados”. En aplicación de esa norma y tomando en cuenta que se está restituyendo el pago del sobresueldo por “Ampliación Jornada Laboral Primer y Segundo Ciclo”, cuyo efecto económico se seguirá generando en el futuro, procede fijar las costas personales en el quince por ciento de la condenatoria hasta la firmeza de la sentencia, más un cincuenta por ciento del monto resultante.
VII.- VOTO SALVADO DE LAS MAGISTRADAS VARELA ARAYA Y CHACÓN ARTAVIA.- Las suscritas nos apartamos del criterio de mayoría en cuanto reconoce a la actora el pago del sobresueldo por recargo por horario alterno, durante los periodos en que ha estado reubicada y se le eliminó en labores administrativas y mientras se mantenga en esa condición. Ha quedado debidamente acreditado que, en el año, la demandante devengaba el recargo de “Ampliación Jornada Laboral Primer y Segundo Ciclo” y que, debido a problemas de salud, fue reubicada en funciones administrativas; razón por la cual aquel sobresueldo se le dejó de pagar. Asimismo, según se desprende del oficio [Valor 003] del primero de julio de 2014 (imagen 7 del expediente electrónico), está claro que la reubicación se acordó ante una recomendación médica, basada en el artículo 254 del Código de Trabajo. No estamos ante una incapacidad propiamente dicha. La Administración Pública está sujeta al principio de legalidad, por lo que solo puede proceder conforme a lo que esté debidamente autorizado en el ordenamiento jurídico (numerales 11 de la Constitución Política y 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública ), y que la servidora no se encuentra dentro de los presupuestos de hecho previstos en el artículo 22 bis inciso a) del Reglamento de Estatuto del Servicio Civil, pues no se encuentra incapacitada por enfermedad, para ser acreedora a lo pretendido. Luego de un replanteamiento del análisis sobre los alcances de la normativa aplicable al caso concreto, concluimos que lleva razón la representación estatal. Los ordinales 118 del Código de Educación y 13 del Manual de Procedimientos para Administrar el Personal Docente estipulan la posibilidad de asignar ciertos recargos, los cuales no constituyen un derecho adquirido y, por consiguiente, el pago de estos debe suspenderse cuando la persona funcionaria, en el ejercicio de sus labores habituales, deja de cumplir los requisitos exigidos para su reconocimiento. Por otro lado, el artículo 174 del Estatuto del Servicio Civil, establece que: “a) Si el servidor, en el momento de incapacitarse por enfermedad o maternidad, estuviese devengando salario adicional por zonaje, por "horario alterno", o cualquier sobresueldo, tendrá derecho a un subsidio equivalente al salario total que en dicho momento estuviese devengando. /b) Las licencias por enfermedad, cualquiera que sea su duración, no interrumpirán el derecho que tienen los servidores para recibir los aumentos de sueldos correspondientes. (Así reformado por el artículo 1º de la Ley No.5659 de 17 de diciembre de 1974). /c) Para todos los efectos legales, tanto el subsidio, como los auxilios a que se refiere el artículo 167, tendrán el carácter de salario, y serán, en consecuencia, la base para el cálculo de pensiones y prestaciones legales, entre otros extremos, que pudieran corresponder. / (Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1º de la Ley No. 6110 de 9 de noviembre de 1977)” (el resaltado es agregado). Del texto antes trascrito se colige, en forma clara y expresa, que la persona servidora que se encuentre incapacitada por enfermedad, o la funcionaria en licencia por maternidad, que viniere devengando salario adicional por sobresueldos, tiene derecho a que estos se contemplen al momento de fijar el importe del subsidio a pagarle. En el caso que nos ocupa, la promovente fue reubicada en funciones administrativas y no está incapacitada ni disfrutando de aquella licencia, por lo que su situación no se subsume en el presupuesto de hecho de la norma. Además, hay que tener presente que al tenor de lo dispuesto en los numerales 118, inciso j), del Código de Educación y 13 del Decreto Ejecutivo n.° 12915-E-P, antes citados, estos pluses se conceden cuando la persona servidora lleva a cabo funciones adicionales a las que realiza ordinariamente en su puesto, de manera temporal, y cuya asignación se encuentra debidamente justificada, ya sea por necesidades de los centros educativos, por razones de oportunidad y conveniencia, o para la satisfacción efectiva y eficiente del servicio brindado. Dicho de otro modo, el otorgamiento de estos sobresueldos depende de que las circunstancias así lo ameriten y por ello se asignan con carácter temporal, para cada curso lectivo, según las fechas de inicio y fin normadas en el ordinal 176 del Estatuto de Servicio Civil; de lo contrario, se desnaturalizaría el servicio eventual y se convertiría en uno ordinario. En consonancia con lo anterior, el artículo 15 de la Ley de Salarios de la Administración Pública prescribe que “el exceso se mantendrá como un recargo, por ende, de carácter temporal”. Consecuentemente, aquellos recargos que dependan de alguna condición particular para ser concedidos no se configuran como un derecho adquirido, que se incorpora irremediablemente al salario total de la persona trabajadora, en forma permanente y con independencia del servicio que preste, como se pretende en este caso. Existe vasta jurisprudencia de la Sala Constitucional en el sentido de que los recargos de funciones (en este caso por “Ampliación Jornada Laboral Primer y Segundo Ciclo” ) no pueden considerarse como un derecho adquirido de la persona servidora. Así, en la sentencia n.° 3681, de las 15:45 horas del 22 de marzo de 2011, se externó: “Debe recordarse que esta Sala ha señalado que el desempeño del trabajador que pueda ser catalogado como un recargo de funciones, no constituye un derecho adquirido para el trabajador al que se le asigna y que obligue a la Administración a mantenerle en esa condición. Generalmente la asignación de tales recargos -por obedecer a la necesidad de prestación del servicio en un momento determinado-, tiene un carácter temporal y se paga por una cantidad de labores específicas, siendo que, lógicamente, su valor deberá ser determinado por la autoridad recurrida con fundamento en criterios técnicos y objetivos que son propiamente de su interés y de su competencia (ver en ese sentido sentencia número 2003-09533 de las doce horas veintiocho minutos del cinco de septiembre del dos mil tres y 2006-7717 de las dieciséis horas cuarenta y siete minutos del treinta de mayo del dos mil seis, entre otras). Por tal razón, el recargo constituye un ‘plus’ o beneficio salarial que depende del hecho de que las funciones se ejerzan o no, sin que la circunstancia de haberlas realizado por un plazo determinado, tenga el efecto de constituir un derecho subjetivo a favor del interesado para que se le siga pagando tal extremo, o para que se le mantenga el recargo u horario alterno" (énfasis suplido; véanse también las resoluciones números 6390 de las 15:14 horas del 18 de mayo de 2011 y 868 de las 9:05 horas del 18 de enero de 2013). De igual manera, en el voto n.° 3306, de las 12:48 horas del 9 de marzo de 2007, se acotó: “…si los supuestos por los cuales fue otorgado un sobresueldo varían, y la persona ya no se encuentra en las mismas circunstancias, no resulta arbitrario que la Administración revoque en forma unilateral tal beneficio, toda vez que no se cumple la condición bajo la cual se originó (sentencia N° 2006-010959 de las 17:51 horas del 26 de julio de 2006)”. En este mismo fallo se hizo referencia a la sentencia n.° 296, de las 11:54 horas del 13 de enero de 1995, en el cual expresamente se indicó: “De igual forma cabe pronunciarse en lo que toca a la diferencia salarial que dice el recurrente que deja de percibir con ocasión del acto cuestionado, toda vez que la retribución por el recargo citado constituye un ‘plus’ o beneficio salarial, el cual depende del hecho de que las funciones se ejerzan o no, sin que la circunstancia de haberlas realizado por un plazo determinado, tenga el efecto de constituir un derecho subjetivo a favor del interesado, para que se le siga pagando tal extremo, o para que se le mantenga el recargo señalado, de manera que el recurso, en cuanto a este último reparo es también improcedente…”. Por último, en la resolución n.° 10959, de las 17:51 horas del 26 de julio de 2006, se apuntó: “Esta Sala, en múltiples oportunidades, ha establecido que los sobresueldos que dependan de alguna condición para ser otorgados no constituyen un derecho adquirido que se incorpore como tal al salario propiamente dicho, toda vez que su otorgamiento depende de las condiciones objetivas por las cuales fue reconocido. En otras palabras, si las condiciones bajo las cuales fue otorgado un sobresueldo varían, y la persona ya no se encuentra en las mismas circunstancias, no resulta arbitrario que la Administración revoque en forma unilateral tal beneficio, toda vez que no se cumple la condición bajo la cual se originó”. Conforme a lo expuesto, resulta evidente que las sumas recibidas por recargo de “Ampliación Jornada Laboral Primer y Segundo Ciclo” constituyen sobresueldos temporales, anexos a la estructura salarial, que si bien forman parte de la remuneración final que percibe la persona funcionaria, no son un componente sustancial permanente, sino adicional, cuyo reconocimiento depende de que aquella se encuentre en los presupuestos establecidos en el ordenamiento jurídico para su concesión y de las necesidades que surjan en cada periodo lectivo. Cabe destacar que el pago de estos recargos procede en razón del puesto y de las funciones que realiza la persona servidora, por lo que puede denegarse cuando las condiciones originarias de su otorgamiento desaparezcan. Con base en las normas traídas a colación, la jurisprudencia citada y los principios de primacía de la realidad, razonabilidad e igualdad salarial, se considera que la representación del Estado lleva razón cuando manifiesta que no es factible mantener el pago de retribuciones cuando no se da la prestación real del servicio, por motivos como el de autos (persona reubicada en un puesto administrativo), pues no existe sustento fáctico ni jurídico para retribuir un servicio que no se está prestando. Además, obligar al Estado a cancelar una remuneración por una contraprestación que no se está brindando resulta irrazonable y contrario a la equidad. Aunado a ello, se estaría dando una ventaja indebida a las personas reubicadas, con respecto a quienes se encuentran nombradas en una plaza de docente y ejerciendo las funciones por recargo de algún tipo, pues no se hallan en igualdad de condiciones y ganan igual. Amén de que el Estado estaría pagando doble (a dos funcionarios) por un mismo recargo de “Ampliación Jornada Laboral Primer y Segundo Ciclo” , cuando haya sido necesario que lo asuma la persona que sustituye a quien ha sido reubicada por razones de salud. Como se dijo antes, el recargo “Ampliación Jornada Laboral Primer y Segundo Ciclo” , como ocurre en el caso de estudio, no constituye un derecho adquirido, amén de que, por lo excepcional del tema, no pueden ser reputados como un derecho que se incorpora de ordinario (fijo) a los contratos de trabajo de las personas docentes. Finalmente, téngase presente que para poder exigir el pago del recargo se requiere necesariamente que una norma así lo autorice (principio de legalidad que rige en el sector público) y cumplir con las condiciones y presupuestos por ella estatuidos; lo que no se da en la especie. En virtud de lo anterior, la supresión del sobresueldo por “Ampliación Jornada Laboral Primer y Segundo Ciclo” , al pasar la actora de la condición de docente a cumplir funciones administrativas por reubicación, lo que ocurrió en las oportunidades que reclama en este proceso, está ajustada a derecho, por lo que es atendible el recurso de la representación del Estado. Por las razones expuestas no es atendible el recurso de la actora, puesto que en ninguno de los momentos en que estuvo reubicada, tenía derecho a que se le siguiera cancelando el porcentaje reclamado por ampliación de jornada. SOBRE LAS COSTAS: Aunque la normativa sobre costas establece como regla de principio la condenatoria en esos gastos a la parte vencida, quien suscribe este voto salvado considera que, en el caso concreto, se debe absolver en costas. Si bien se ha demostrado que a la parte actora no le corresponde el derecho que reclama, se aprecia que esta ha litigado con evidente buena fe, bajo la creencia de que le asiste el derecho a mantener el pago de recargo por horario alterno durante su reubicación en labores administrativas y, las suscrita s se han planteado el tema de la interpretación correcta de las normas que rigen el recargo por algún motivo, (como es el de horario alterno) a la carga académica contratada de ordinario. Esta exoneración se dispone en aplicación de los artículos 563 y 562 del Código de Trabajo. DISPOSICIONES FINALES: Como corolario de lo expuesto, concluimos que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de la representación de la parte actora, en cuanto a las diferencias generadas en los períodos 2015-2016 y 2 017 en adelante, mientras se mantenga reubicada. El recurso incoado por la representación estatal, debe declararse con lugar, anular la sentencia impugnada y desestimar la demanda en todos sus extremos, admitiendo a su respecto la excepción de falta de derecho. Por las razones anteriormente señaladas, se debe resolver sin especial condenatoria en costas.
VIII.- COLORARIO. En mérito de lo expuesto, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso interpuesto por la representación estatal, únicamente en cuanto al reconocimiento de daños y perjuicios, los cuales deben denegarse y acogerse a su respecto la defensa de falta de derecho. En lo demás, objeto del recurso, este debe denegarse. Procede acogerse en todos sus extremos la impugnación presentada por la parte actora y ordenarle al Estado cancelarle a la demandante lo dejado de percibir por “Ampliación Jornada Laboral en I y II Ciclo”, durante los períodos del primero de febrero de 2015 y 31 de enero de 2016 y del primero de febrero de 2017, hasta que este se le restituya, en el tanto continúe reubicada en labores administrativas por razones de salud. También debe ordenarse el pago de las diferencias generadas en vacaciones, aguinaldo y salario escolar. Procede ordenar el pago de intereses legales, al tipo fijado en la Ley n.º 3284, Código de Comercio, a partir de a exigibilidad del adeudo o de cada tracto cuando se integra en esa forma. Se debe condenar a la accionada al pago de ambas costas y fijarse las personales en el quince por ciento de la condenatoria hasta la firmeza de la sentencia, más un cincuenta por ciento del monto resultante. Las Magistrada s Varela Araya y Chacón Artavia salvan el voto con las consuencias indicadas en el considerando anterior y en la parte dispositiva de la sentencia.
POR TANTO.
Se declara parcialmente con lugar el recurso interpuesto por la representación estatal, únicamente en cuanto al reconocimiento de daños y perjuicios, los cuales se deniegan, acogiéndose a su respecto la defensa de falta de derecho. En lo demás, dicho recurso se de clara sin lugar. La impugnación presentada por la parte actora, se declara con lugar en todos sus alcances. Se ordena al Estado cancelarle a la demandante lo dejado de percibir por “ Ampliación Jornada Laboral en I y II Ciclo”, durante los períodos del primero de febrero de dos mil quince y treinta y uno de enero de dos mil dieciséis y del primero de febrero de dos mil diecisiete, hasta que este se le restituya, en el tanto continúe reubicada en labores administrativas por razones de salud. También se ordena el pago de las diferencias generadas en vacaciones, aguinaldo , salario escolar e intereses legales, al tipo fijado en el Código de Comercio, a partir de la exigibilidad del adeudo o de cada tracto cuando se integra en esa forma. Se condena al accionado al pago de ambas costas, las personales se fijan en el quince por ciento de la condenatoria hasta la firmeza de la sentencia, más un cincuenta por ciento del monto resultante. Las Magistrada s Varela Araya y Chacón Artavia salvan el voto y declara n sin lugar el recurso presentado por la representación de la parte actora y acogen el interpuesto por la personera estatal, anulan la sentencia impugnada y desestiman la demanda en todos sus extremos, admitiendo a su respecto la excepción de falta de derecho. Resuelven sin especial pronunciamiento en costas.


Orlando Aguirre Gómez

Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez



Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia

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