Sentencia Nº 2019-000224 de Sala Segunda de la Corte, 01-03-2019

Fecha de Resolución: 1 de Marzo de 2019
Emisor:Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia
 
CONTENIDO
*170015711178LA*

Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA

Exp: 17-001571-1178-LA
Res: 2019-000224
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diez horas quince minutos del primero de marzo de dos mil diecinueve.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de S.J., por [Nombre 001], educadora pensionada y vecina de S.J., contra el ESTADO, representado por su procuradora adjunta la licenciada Angie Lucía Azofeifa Rojas, vecina de Alajuela. Figura como apoderada especial judicial de la actora la licenciada J.G.G., soltera y vecina de Heredia. Todas mayores y casadas, con las excepciones indicadas.
Redacta el Magistrado O.Á. ; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: En su escrito de demanda la actora refirió ser educadora y que por razones de salud, a partir de agosto de 2011 fue reubicada en funciones administrativas. Afirmó que antes de dicha reubicación trabajó en el Colegio de [...] con 32 lecciones en propiedad y un recargo de 7 interinas, y en el Liceo [Nombre 003] con 8 lecciones en propiedad, y un recargo de 1 lección interina. Agregó que dichos recargos le fueron suprimidos a partir del curso lectivo 2012. Por las razones señaladas, solicitó se condene al Estado, a reconocerle todas las diferencias salariales adeudadas por la “supresión” del Recargo de 8 lecciones interinas desde el primero de febrero de 2012 al primero de enero de 2017, incluyendo las diferencias que se generen por aguinaldo, salario escolar y vacaciones, intereses, daños y perjuicios, y ambas costas del proceso (documento incorporado el 26/09/2017 a las 08:22:11). La representación estatal contestó negativamente y opuso la excepción de falta de derecho (documento incorporado el 03/11/2017 a las 09:45:28). El juzgado declaró parcialmente con lugar, la demanda y condenó al Estado a pagar de recargo de 6 lecciones de educación para el hogar a partir del 01 de febrero de 2012 y hasta fecha 01 de enero de 2017, así como lo correspondiente a la diferencia existente por concepto de aguinaldos, vacaciones, salario escolar, intereses e indexación; además estableció las costas a cargo de la parte vencida, fijándose las personales en un quince por ciento (15%) del total de la condenatoria (sentencia incorporada el 09/07/2018 a las 11:31:17).
II.- AGRAVIOS: La procuradora representante del Estado muestra disconformidad con lo resuelto. Señala que la reubicación laboral de funcionarios del Ministerio de Educación Pública, se encuentra regulada en los numerales 254 del Código de Trabajo y 22 bis inciso a) del Reglamento de Estatuto del Servicio Civil y no es una incapacidad por enfermedad como lo establece el Juzgado. Cita el artículo 13 del Manual de Procedimientos para Administrar el Personal Docente, el artículo 118 del Código de Educación y el oficio n.º [Valor 001] de 05 de enero de 2005 de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación. Afirma que este sobresueldo no constituye un derecho adquirido a favor de ningún docente y que, al tener una naturaleza temporal, depende de las condiciones que originaron su otorgamiento, es decir, de las necesidades del centro educativo y no del educador. Aduce que los sobresueldos consisten en asumir funciones adicionales a las labores propias del puesto, por lo que constituyen una situación transitoria, motivada en la necesidad de suplir determinados necesidades que por razones de oportunidad y conveniencia, la Administración no requiere de una persona a tiempo completo. Expone que la S. Constitucional ha establecido que el recargo de funciones no constituye un derecho adquirido que se incorpore, como tal al salario del funcionario, por depender de las necesidades objetivas del servicio educativo. Además cita los votos de la S. Constitucional n.°2010-009217 de las 10:56 horas del 21 de mayo de 2010; n.º 2010-010504 de las 15:19 horas del 15 de junio de 2010; n.º 2007-005763 de las 9:47 horas del 27 de abril de 2007. Considera que de estos fallos se colige que los recargos de funciones se extinguen por su propia naturaleza cuando finaliza cada curso lectivo y se deben reconocer a los servidores que continúan cumpliendo con una prestación efectiva, siempre que se mantengan las condiciones que dieron origen a su pago. Acusa la violación de los artículos 15 de la Ley de S.rios de la Administración Pública, 56 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, al tiempo que desconoce la jurisprudencia de la S. Constitucional sobre el tema. En relación con la primera norma, se colige que los recargos son de naturaleza excepcional y temporal, a fin de satisfacer el interés público y garantizar la continuidad y la eficiencia del servicio. Insiste en que dichos recargos no constituyen un derecho adquirido. Refiere que la segunda norma sanciona como delito la concesión de beneficios salariales improcedentes. Hace ver que esa misma tesis fue sostenida por el Tribunal del III Circuito Judicial de Alajuela, (San Ramón), órgano jurisdiccional que consideró que los recargos de funciones no tienen naturaleza indefinida. Reprocha que se le haya impuesto a su representado el pago del rubro de vacaciones, ya que debe tomarse en cuenta que todos los docentes del Ministerio de Educación Pública gozan de un período de vacaciones colectivas, de ahí que no es posible que el Ministerio le haya limitado a la actora dicho derecho en razón de su reubicación en funciones administrativas, agrega que la actora no presentó ninguna prueba que demuestre dicha circunstancia, sin embargo, en la sentencia que se apela, se condenó al Ministerio de Educación Pública al pago de vacaciones a la actor, pese a que le fueron debidamente otorgadas y a que este aspecto no fue discutido en el proceso, además de que la reubicación en labores administrativas no afectó ese derecho de sus vacaciones. Por lo anteriormente solicita se declare sin lugar en todos sus extremos la presente demanda y se le condene a la parte actora al pago de ambas costas del proceso (documento incorporado el 12/07/2018 a las 15:20:58).
III.- CUESTIONES PREVIAS: En escrito del primero de agosto de 2018 la representante de la actora solicita, declarar sin lugar en todos sus extremos el recurso de la parte demandada y se confirme la sentencia de primera instancia. No obstante en dicho documento, hace referencia al recargo de 8 lecciones interinas, por lo que resulta oportuno aclarar que lo concedido fue un “recargo de seis lecciones de educación para el hogar a partir del 01 de febrero de 2012 y hasta fecha 01 de enero de 2017”. Por lo que al no haber sido objeto de un recurso de aclaración o agravio por alguna de las partes, esta S. se pronunciará sobre el recargo concedido, en el entendido de que el recargo por “seis lecciones de educación para el hogar” se trata de las lecciones interinas que realizaba la actora antes de ser reubicada.
IV.- ANÁLISIS DEL CASO: Esta S. estima que la parte demandada no lleva razón en sus alegatos por las razones que a continuación se detallan. Es importante destacar que de la documentación presentada junto con la demanda e incorporada con ella al escritorio virtual, se desprende que la reubicación aprobada se fundamentó expresamente en el artículo 254 del Código de Trabajo debido a problemas de salud de la docente. Así por oficio [Valor 002] de la Unidad de Licencias del Ministerio de Educación Pública del 26 de julio de 2011 (imagen 7 del documento incorporado el 26/09/2017 a las 08:22:11), se le comunicó su reubicación laboral temporal por razones de salud, de acuerdo con la certificación médica de fecha 15 de junio de 2011, expedida por el Dr. [Nombre 008] del Área de Salud de [Nombre 009] de la Caja Costarricense del Seguro Social. Por otro lado es un hecho no controvertido que cuando se dispuso su reubicación en funciones administrativas por razones de salud, percibía un recargo 8 lecciones interinas en total (7 en el Colegio de [...] y 1 en el Liceo [Nombre 003]). Esta S. ya ha tenido la oportunidad de referirse en diversos fallos a la improcedencia del congelamiento de sobresueldos como el reclamado en este proceso, cuando la persona demandante ha sido reubicada en funciones administrativas por razones de salud. No se desconoce el carácter temporal y particular de esos sobresueldos, como se indica en el recurso, así como sus características intrínsecas, pero, debe primar lo dispuesto en el numeral 174 del Estatuto de Servicio Civil y demás normativa relacionada. Así, en la sentencia número 200, de las 9:45 horas del 7 de marzo de 2012, se indicó: “En criterio del demandado, el sobresueldo conocido como horario alterno está concebido únicamente para quienes desempeñan funciones de docente, cuando las necesidades de matrícula lo requieran; y dependiendo de los atestados académicos del funcionario o funcionaria, por lo que a la actora no le asiste el derecho al pago de ese plus si su puesto es ahora, de naturaleza administrativa. Sin embargo, se debe tener claro que en la especie no se está frente al reclamo que hace un funcionario o funcionaria del sector administrativo del Ministerio de Educación Pública, para el reconocimiento de ese plus como parte integrante e indisoluble de su salario. La situación en estudio difiere de ese supuesto porque aquí se trata de definir la correspondencia de ese derecho a una funcionaria docente quien por razones de salud ha debido ser reubicada en un cargo administrativo. La diferencia que pretende hacer valer la representación estatal entre ‘incapacidad’ y ‘reubicación’ desconoce que el origen de ambas es una enfermedad del funcionario o la funcionaria que le impide mantenerse en el servicio activo de la docencia. Es por esta razón que la normativa aplicable en casos como este no es únicamente la relacionada con el derecho al reconocimiento de ‘horario alterno’ sino la especialmente prevista al efecto. De primera mano, el Reglamento de Licencias Especiales Ministerio de Educación Pública (Decreto Ejecutivo número 19113 del 28 de julio de 1989), cuyo artículo 1° menciona que esta reglamentación tiene por objeto establecer las normas y los procedimientos que deberá seguir el Ministerio de Educación Pública para conceder licencia a sus servidores o servidoras, con motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo, sobrevivientes de riesgos del trabajo o enfermedad. Por su parte, el numeral 2 establece: ‘Las licencias a que se refiere la presente reglamentación se concederán a aquellos servidores que, por la disminución sufrida en sus facultades o aptitudes, no pudieren desempeñar, sin detrimento de su salud o del servicio, las funciones y atribuciones correspondientes al cargo que venían desempeñando en calidad de servidores regulares’. Esa normativa distingue entre licencia permanente y licencia parcial, declarando que tienen derecho a esta última aquellos servidores o servidoras respecto de los cuales la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros, en su valoración final, declaren una incapacidad menor permanente o una incapacidad parcial o permanente y recomienden un cambio de funciones . El artículo 8 trata específicamente el supuesto de la concesión de la licencia especial en los siguientes términos: ‘De conformidad con lo establecido en el artículo 5° anterior, el Ministerio de Educación Pública, concederá una licencia especial a aquellos servidores que encuentren en las siguientes circunstancias:/a) Que de acuerdo con su dolencia la Caja Costarricense de Seguro Social, recomiende en la valoración final del tratamiento su cambio de funciones./ b) Que en la valoración final de los efectos del riesgo de trabajo acaecido, el Instituto Nacional de Seguros, determine una incapacidad menor o parcial permanente y recomiende su incorporación al servicio con cambio de funciones’ (énfasis suplido). El artículo 17 dice: ‘Los beneficiarios de las licencias previstas en esta reglamentación gozarán de un subsidio equivalente a la totalidad de su salario con arreglo a lo dispuesto por el Estatuto de Servicio Civil y el Código de Educación sobre la materia’ (énfasis suplido). De modo que esta normativa complementa y no contradice lo dispuesto por el numeral 174 del Estatuto de Servicio Civil, que reza: ‘a) Si el servidor, en el momento de incapacitarse por enfermedad o maternidad, estuviese devengando salario adicional por zonaje, por ‘horario alterno’, o cualquier sobresueldo, tendrá derecho a un subsidio equivalente al salario total que en dicho momento estuviese devengando./ b) Las licencias por enfermedad, cualquiera que sea su duración, no interrumpirán el derecho que tienen los servidores para recibir los aumentos de sueldos correspondientes./c) Para todos los efectos legales, tanto el subsidio, como los auxilios a que se refiere el artículo 167, tendrán el carácter de salario, y serán, en consecuencia, la base para el cálculo de pensiones y prestaciones legales, entre otros extremos, que pudieran corresponder’. La normativa reglamentaria desarrolla esta expresa disposición, contemplando de manera indistinta el derecho a la indemnización tanto para el caso de la licencia permanente como de la especial. Así lo ha resuelto esta S. en ocasiones anteriores en las que se ha discutido este mismo tema. […] En consecuencia, si al momento de la reubicación (licencia especial) la actora devengaba un sobresueldo por horario alterno resulta indiscutible el derecho que tiene, conforme a esa normativa especial, a que dentro de su remuneración como funcionaria administrativa se le contemple ese plus, que por lo mismo, en su caso el otorgamiento resulta independiente a los requerimientos que de esos servicios tenga el ente empleador. Es decir, en aplicación de esa disposición especial, el ente demandado no podía suprimir del subsidio con naturaleza salarial concedido a la actora (inciso c, artículo 174 ídem) el plus por horario alterno que percibía antes de ser incapacitada”. Asimismo, en el fallo número 578, de las 9:50 horas del 18 de julio de 2012, sobre el particular se dijo: “De manera que es claro que la reubicación de la servidora, originada en una causa totalmente ajena a su voluntad -su salud-, no podía afectarla en su salario, eliminándole el referido incentivo de la forma en que se realizó por parte del Ministerio de Educación. Igualmente, conforme a la sentencia de esta S. citada en el considerando anterior, si bien dictadas en un caso en que se reclamaba el pago de horario alterno, la normativa analizada no permite concluir que cuando un trabajador se vea afectado por un problema de salud pueda resultar perjudicado en su salario, pues todo lo contrario, del citado artículo 174 del Estatuto de Servicio Civil se desprende que en esa situación -de resultar incapacitado- el salario a recibir será equivalente al salario total, incluyendo cualquier sobresueldo que se le pagara al momento de incapacitarse; protección que también se desprende del ordinal 173 ibídem. No otro es el caso de la gestionante pues, por razones de salud, está con una licencia especial de las previstas en el Reglamento de Licencias Especiales para los Servidores del Ministerio de Educación Pública, artículos 2, 5, 8, 9, 12; casos en que el ordinal 17 de ese mismo reglamento prevé el pago de un subsidio equivalente a la totalidad de su salario -obviamente, en este caso, al devengado al momento de la reubicación-. […] Finalmente, se debe subrayar que para esta S. resulta contradictorio que sea el problema de salud de la actora el que sirva para justificar la eliminación del plus en cuestión, pues ello no solo deviene injusto, sino, además violatorio de su derecho fundamental a la salud”. También este órgano ha arribado a la conclusión de que es improcedente el congelamiento de pluses, como el reclamado en asuntos relacionados con riesgos de trabajo (consúltese al respecto, entre otras, la sentencia número 711, de las 9:55 horas del 31 de agosto de 2011). Para ello, se ha considerado lo dispuesto en el referido artículo 254 del Código de Trabajo -como parte del Título Cuarto de ese cuerpo normativo denominado “DE LA PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES DURANTE EL EJERCICIO DEL TRABAJO”, citado –según se refirió- como fundamento de la reubicación de la actora a realizar funciones administrativas. Esa norma se ocupa de la obligación de la parte empleadora de reponer en su puesto a la persona trabajadora que haya sufrido un riesgo y esté en posibilidades de continuar laborando. También dicha disposición prevé el deber patronal de proporcionarle un puesto diferente de acuerdo con sus posibilidades, cuando por recomendación médica no pueda regresar a ejercer las funciones que venía desempeñando. Así, se ha considerado que esa normativa tiene relación directa con los supuestos regulados por el Reglamento de Licencias Especiales del Ministerio de Educación Pública (Decreto Ejecutivo número 19113 del 28 de julio de 1989), pues, según su artículo 1°, este tiene por objeto establecer las normas y los procedimientos que deberá seguir el Ministerio de Educación Pública, en procura de conceder licencia a sus servidores, con motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo sobrevivientes de riesgos del trabajo o enfermedad. Entonces, aunque no consta que la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros extendieran una incapacidad formalmente a favor de la demandante, profesionales en medicina recomendaron su reubicación por cuestiones de salud, lo que significa para efectos prácticos que dicha señora está incapacitada para ejercer la docencia, pero tiene condiciones de llevar a cabo otro tipo de tareas (en este caso, administrativas). En ese orden de ideas, si bien es cierto la accionante no realiza labores docentes, sino, administrativas, esa situación obedeció a un problema de salud que la afectó, sin que esa circunstancia pueda ir en detrimento de su remuneración, conforme a las razones expuestas. En abono de lo expuesto debe tenerse presente la regulación contenida en el artículo 22 bis inciso a), según la cual la reubicación puede disponerse siempre que no se cause grave perjuicio. De ahí que, tenga derecho a continuar percibiendo los sobresueldos, que como el pretendido, disfrutaba al momento de operar la reubicación, sin que sea aceptable que la Administración decida dejar de cancelarlo a partir de determinado momento cuando siguió en condición de reubicada, como sucedió en el caso de que se conoce. Luego, en cuanto al reparo en torno a que la el Recargo de Lecciones no es un derecho adquirido, en el voto número 57 de las 9:50 horas del 21 de enero de 2011 de este Despacho se consideró con respecto a este tipo de pluses: “Si bien es cierto que las y los docentes no tienen un derecho adquirido al citado horario u otras condiciones que pueden depender de distintas variables, lo cierto es que, en el caso concreto, no ha quedado demostrado que fuera otra circunstancia diferente a la del disfrute de la licencia especial por enfermedad la que se invocó para eliminar tales pluses de la remuneración de la accionante, con el argumento de que si no realizaba en forma efectiva la prestación, no tenía derecho a la retribución correspondiente. Así las cosas, más bien en aplicación del principio de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública) es que el ente demandado no podía suprimir del subsidio con naturaleza salarial concedido a la actora los pluses por horario alterno y recargo que percibía antes de ser incapacitada, ya que el inciso a) del artículo 174 del Estatuto de Servicio Civil claramente establece que las personas que resulten incapacitadas por enfermedad o maternidad tendrán derecho a un subsidio equivalente al salario total que estuviere devengando”. Cabe agregar que si bien es cierto el numeral 167 del Estatuto de Servicio Civil fue derogado expresamente por la Ley número 7531 del 10 de julio de 1995 (Reforma Integral al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional), el Reglamento de Licencias Especiales de Servidores del Ministerio de Educación Pública (Decreto número 19113) se promulgó a la luz de esta norma y de otras disposiciones como el 223 del Código de Trabajo, numeral relativo a los riesgos de trabajo. Esa reglamentación al igual que el artículo 174 de aquel mismo Estatuto se encuentra vigente y es plenamente aplicable al caso. De ahí que el agravio sobre el particular no sea de recibo. Como se mencionó tampoco lleva razón la recurrente en cuanto sostiene que el recargo no fue laborado, pues esto se debió a la necesidad de reubicar a la servidora en funciones diferentes a las de docencia, por razones de salud. La normativa contempla el derecho a que se siga percibiendo, en esas circunstancias, “un subsidio equivalente a la totalidad de su salario”. De ahí que no pueda concluirse, como se pretende, que se desvirtuó la naturaleza del recargo o que se afectan los fondos públicos de manera injustificada, puesto que las normas aplicables al caso son las que establecen esas consecuencias jurídicas. Por lo expuesto, tampoco es cierto que se hayan violentado los artículos 15 de la Ley de S.rios de la Administración Pública ni el 56 de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. El primero hace referencia a la posibilidad de que el límite de cuarenta lecciones semanales se exceda cuando el servicio así lo requiera, manteniéndose el exceso como un recargo, de carácter temporal. Tal disposición no regula la situación que aquí se plantea y está prevista para el ejercicio efectivo de las funciones de docencia, no para los casos de personas servidoras que gocen de incapacidad o licencia. La otra norma no pudo resultar violada, pues se refiere a la penalización por el otorgamiento de sobresueldos improcedentes, lo cual no es el supuesto que se discute. Por último, cabe señalar que los criterios de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación Pública ni las decisiones de otros órganos jurisdiccionales sobre el particular resultan vinculantes para esta S.. En ese orden de ideas, los reparos esgrimidos respecto del fallo impugnado no son procedentes, dado que la Administración acogió la solicitud de reubicación de la actora por problemas de salud que siempre se constataron y, a su vez, motivaron el acto administrativo que acordó la reubicación.
V.- SOBRE LAS DIFERENCIAS POR CONCEPTO DE VACACIONES: La parte recurrente sostiene que no proceden las diferencias acordadas, toda vez que el accionante las ha venido disfrutando año tras año. Además, refiere que ello conlleva a un doble pago, por cuanto ya le fueron aprobadas las diferencias salariales, y la compensación monetaria opera sólo en casos muy excepcionales sin que se esté en este ante alguno de ellos. Sobre el particular, debe señalarse que el reclamo es parcialmente atendible. Como se está ordenando el pago del reajuste salarial derivado del reconocimiento del sobresueldo, el cual comprende también el período de disfrute de vacaciones, no procede disponer por separado el pago de diferencias por ese concepto, ya que de hacerlo se estaría –efectivamente- generando un doble pago, lo que no es ajustado a derecho y resulta contrario al principio de equidad y justicia. En ese orden de ideas, debe precisarse que el reconocimiento de las diferencias por vacaciones procede –únicamente- si estas han sido compensadas.
VI.- RESPECTO DE LAS COSTAS: Finalmente, la representación estatal impugna la condenatoria en costas. Considera que la fijación de estas en su contra es improcedente, porque su representado ha actuado de buena fe, en estricto cumplimiento del principio de legalidad y al amparo de la jurisprudencia constitucional. Al respecto ha de indicarse que al haberse resuelto como se hizo, tomando en cuenta que la actora se vio obligada a acudir a estrados judiciales en procura de la satisfacción de sus derechos y ante la existencia de reiterados pronunciamientos de esta S. sobre el tema debatido, se estima no estar en ninguno de los supuestos de excepción contemplados en el artículo 563 del Código de Trabajo (concretamente la buena fe invocada en el recurso), a efecto de ejercer la facultad concedida a los juzgadores de exonerar del pago de las costas a la parte vencida.
V.s.f.s.f.- CONSIDERACIONES FINALES: En sub lite ha quedado acreditado que la reubicación de la actora se fundamentó en el artículo 254 del Código de Trabajo y que cuando se dispuso su traslado a funciones administrativas percibía un recargo 8 lecciones interinas, por lo que lo correcto hubiera sido otorgarla ese mismo recargo; sin embargo, al no haber recurrido el punto la parte actora, no se puede variar la sentencia en tal aspecto, pues se incurriría en una reforma en perjuicio del único recurrente (articulo 589 Código de trabajo). Conforme a lo expuesto, procede confirmar la sentencia impugnada en el entendido de que las diferencias en vacaciones se deben reconocer, únicamente, si estas han sido compensadas.
VIII.- VOTO SALVADO DE LAS MAGISTRADAS VARELA ARAYA Y CHACÓN ARTAVIA: Las suscritas nos aparta mos del criterio de mayoría en cuanto reconoce a la actora el pago del sobresueldo por recargo de 6 lecciones interinas a partir del 01 de febrero de 2012 y hasta el 01 de enero de 2017. Ha quedado debidamente acreditado que, en el año 2011, la demandante devengaba aquel recargo y que, debido a problemas de salud, fue reubicada en funciones administrativas a partir del 16 de agosto de 2011; razón por la cual aquel sobresueldo se le dejó de pagar. Asimismo, según se desprende del oficio [Valor 002] (imagen 7, documento incorporado el 26/09/2017 a las 08:22:11), está claro que la reubicación se acordó ante una recomendación médica, basada en el artículo 254 del Código de Trabajo. No estamos ante una incapacidad propiamente dicha. Ante esta S. se sostiene que la Administración Pública está sujeta al principio de legalidad, por lo que solo puede proceder conforme a lo que esté debidamente autorizado en el ordenamiento jurídico (numerales 11 de la Constitución Política y 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública), y que la servidora no se encuentra dentro de los presupuestos de hecho previstos en el artículo 22 bis inciso a) del Reglamento de Estatuto del Servicio Civil, pues no se encuentra incapacitada por enfermedad como se estableció, que la hagan acreedora a lo pretendido. Luego de un replanteamiento del análisis sobre los alcances de la normativa aplicable al caso concreto, concluyo que lleva razón quien recurre. Los ordinales 118 del Código de Educación y 13 del Manual de Procedimientos para Administrar el Personal Docente estipulan la posibilidad de asignar ciertos recargos, los cuales no constituyen un derecho adquirido y, por consiguiente, el pago de estos debe suspenderse cuando la persona funcionaria, en el ejercicio de sus labores habituales, deja de cumplir los requisitos exigidos para su reconocimiento. Por otro lado, el artículo 174 del Estatuto del Servicio Civil, establece que: “a) Si el servidor, en el momento de incapacitarse por enfermedad o maternidad, estuviese devengando salario adicional por zonaje, por "horario alterno", o cualquier sobresueldo, tendrá derecho a un subsidio equivalente al salario total que en dicho momento estuviese devengando. /b) Las licencias por enfermedad, cualquiera que sea su duración, no interrumpirán el derecho que tienen los servidores para recibir los aumentos de sueldos correspondientes. (Así reformado por el artículo 1º de la Ley No.5659 de 17 de diciembre de 1974). /c) Para todos los efectos legales, tanto el subsidio, como los auxilios a que se refiere el artículo 167, tendrán el carácter de salario, y serán, en consecuencia, la base para el cálculo de pensiones y prestaciones legales, entre otros extremos, que pudieran corresponder. / (Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1º de la Ley No. 6110 de 9 de noviembre de 1977)” (el resaltado es agregado). Del texto antes trascrito se colige, en forma clara y expresa, que la persona servidora que se encuentre incapacitada por enfermedad, o la funcionaria en licencia por maternidad, que viniere devengando salario adicional por sobresueldos, tiene derecho a que estos se contemplen al momento de fijar el importe del subsidio a pagarle. En el caso que nos ocupa, la promovente fue reubicada en funciones administrativas y no está incapacitada ni disfrutando de aquella licencia, por lo que su situación no se subsume en el presupuesto de hecho de la norma. Además, hay que tener presente que al tenor de lo dispuesto en los numerales 118, inciso j), del Código de Educación y 13 del Decreto Ejecutivo n.° 12915-E-P, antes citados, estos pluses se conceden cuando la persona servidora lleva a cabo funciones adicionales a las que realiza ordinariamente en su puesto, de manera temporal, y cuya asignación se encuentra debidamente justificada, ya sea por necesidades de los centros educativos, por razones de oportunidad y conveniencia, o para la satisfacción efectiva y eficiente del servicio brindado. Dicho de otro modo, el otorgamiento de estos sobresueldos depende de que las circunstancias así lo ameriten y por ello se asignan con carácter temporal, para cada curso lectivo, según las fechas de inicio y fin normadas en el ordinal 176 del Estatuto de Servicio Civil; de lo contrario, se desnaturalizaría el servicio eventual y se convertiría en uno ordinario. En concordancia con lo anterior, el artículo 15 de la Ley de S.rios de la Administración Pública prescribe que “el exceso se mantendrá como un recargo, por ende, de carácter temporal”. Consecuentemente, aquellos recargos que dependan de alguna condición particular para ser concedidos no se configuran como un derecho adquirido, que se incorpora irremediablemente al salario total de la persona trabajadora, en forma permanente y con independencia del servicio que preste, como se pretende en este caso. Existe vasta jurisprudencia de la S. Constitucional en el sentido de que los recargos de funciones no pueden considerarse como un derecho adquirido de la persona servidora. Así, en la sentencia n.° 3681, de las 15:45 horas del 22 de marzo de 2011, se externó: “Debe recordarse que esta S. ha señalado que el desempeño del trabajador que pueda ser catalogado como un recargo de funciones, no constituye un derecho adquirido para el trabajador al que se le asigna y que obligue a la Administración a mantenerle en esa condición. Generalmente la asignación de tales recargos -por obedecer a la necesidad de prestación del servicio en un momento determinado-, tiene un carácter temporal y se paga por una cantidad de labores específicas, siendo que, lógicamente, su valor deberá ser determinado por la autoridad recurrida con fundamento en criterios técnicos y objetivos que son propiamente de su interés y de su competencia (ver en ese sentido sentencia número 2003-09533 de las doce horas veintiocho minutos del cinco de septiembre del dos mil tres y 2006-7717 de las dieciséis horas cuarenta y siete minutos del treinta de mayo del dos mil seis, entre otras). Por tal razón, el recargo constituye un ‘plus’ o beneficio salarial que depende del hecho de que las funciones se ejerzan o no, sin que la circunstancia de haberlas realizado por un plazo determinado, tenga el efecto de constituir un derecho subjetivo a favor del interesado para que se le siga pagando tal extremo, o para que se le mantenga el recargo u horario alterno" (énfasis suplido; véanse también las resoluciones números 6390 de las 15:14 horas del 18 de mayo de 2011 y 868 de las 9:05 horas del 18 de enero de 2013). De igual manera, en el voto n.° 3306, de las 12:48 horas del 9 de marzo de 2007, se acotó: “…si los supuestos por los cuales fue otorgado un sobresueldo varían, y la persona ya no se encuentra en las mismas circunstancias, no resulta arbitrario que la Administración revoque en forma unilateral tal beneficio, toda vez que no se cumple la condición bajo la cual se originó (sentencia N° 2006-010959 de las 17:51 horas del 26 de julio de 2006)”. En este mismo fallo se hizo referencia a la sentencia n.° 296, de las 11:54 horas del 13 de enero de 1995, en el cual expresamente se indicó: “De igual forma cabe pronunciarse en lo que toca a la diferencia salarial que dice el recurrente que deja de percibir con ocasión del acto cuestionado, toda vez que la retribución por el recargo citado constituye un ‘plus’ o beneficio salarial, el cual depende del hecho de que las funciones se ejerzan o no, sin que la circunstancia de haberlas realizado por un plazo determinado, tenga el efecto de constituir un derecho subjetivo a favor del interesado, para que se le siga pagando tal extremo, o para que se le mantenga el recargo señalado, de manera que el recurso, en cuanto a este último reparo es también improcedente…”. Por último, en la resolución n.° 10959, de las 17:51 horas del 26 de julio de 2006, se apuntó: “Esta S., en múltiples oportunidades, ha establecido que los sobresueldos que dependan de alguna condición para ser otorgados no constituyen un derecho adquirido que se incorpore como tal al salario propiamente dicho, toda vez que su otorgamiento depende de las condiciones objetivas por las cuales fue reconocido. En otras palabras, si las condiciones bajo las cuales fue otorgado un sobresueldo varían, y la persona ya no se encuentra en las mismas circunstancias, no resulta arbitrario que la Administración revoque en forma unilateral tal beneficio, toda vez que no se cumple la condición bajo la cual se originó”. Conforme a lo expuesto, resulta evidente que las sumas recibidas por recargos constituyen sobresueldos temporales, anexos a la estructura salarial, que si bien forman parte de la remuneración final que percibe la persona funcionaria, no son un componente sustancial permanente, sino adicional, cuyo reconocimiento depende de que aquella se encuentre en los presupuestos establecidos en el ordenamiento jurídico para su concesión y de las necesidades que surjan en cada período lectivo. Cabe destacar que el pago de estos recargos procede en razón del puesto y de las funciones que realiza la persona servidora, por lo que puede denegarse cuando las condiciones originarias de su otorgamiento desaparezcan. Con base en las normas traídas a colación, la jurisprudencia citada y los principios de primacía de la realidad, razonabilidad e igualdad salarial, considero que la representación del Estado lleva razón cuando manifiesta que no es factible mantener el pago de retribuciones cuando no se da la prestación real del servicio, por motivos como el de autos (persona reubicada en un puesto administrativo), pues no existe sustento fáctico ni jurídico para retribuir un servicio que no se está prestando. Además, obligar al Estado a cancelar una remuneración por una contraprestación que no se está brindando resulta irrazonable y contrario a la equidad. Aunado a ello, se estaría dando una ventaja indebida a las personas reubicadas, con respecto a quienes se encuentran nombradas en una plaza de docente y ejerciendo las funciones por recargo de algún tipo, pues no se hallan en igualdad de condiciones y ganan igual. Amén de que el Estado estaría pagando doble (a dos funcionarios) por un mismo recargo, cuando haya sido necesario que lo asuma la persona que sustituye a quien ha sido reubicada por razones de salud. Como se dijo antes, el recargo por lecciones interinas, como ocurre en el caso de estudio, no constituyen un derecho adquirido, amén de que, por lo excepcional del tema, no pueden ser reputados como un derecho que se incorpora de ordinario (fijo) a los contratos de trabajo de las personas docentes. Finalmente, téngase presente que para poder exigir el pago del recargo se requiere necesariamente que una norma así lo autorice (principio de legalidad que rige en el sector público) y cumplir con las condiciones y presupuestos por ella estatuidos; lo que no se da en la especie. En virtud de lo anterior, la supresión del sobresueldo en cuestión, al pasar la actora de la condición de docente a cumplir funciones administrativas por reubicación, está ajustada a derecho. SOBRE LAS COSTAS: Aunque la normativa sobre costas establece como regla de principio la condenatoria en esos gastos a la parte vencida, quienes suscriben este voto salvado consideran que, en el caso concreto, se debe absolver en costas. Si bien se ha demostrado que a la parte actora no le corresponde el derecho que reclama, se aprecia que esta ha litigado con evidente buena fe, bajo la creencia de que le asiste el derecho a mantener el pago de recargo por lecciones interinas durante su reubicación en labores administrativas y, las suscrita s se han planteado el tema de la interpretación correcta de las normas que rigen el recargo por algún motivo, como es el de lecciones interinas adicionales a la carga académica contratada de ordinario. Esta exoneración se dispone en aplicación de los artículos 563 y 562 del Código de Trabajo. Como corolario de lo expuesto, procede declarar con lugar el recurso de la parte demandada, anular la sentencia impugnada y desestimar la demanda en todos sus extremos, admitiendo a su respecto la excepción de falta de derecho. Por las razones anteriormente señaladas, se debe resolver sin especial condenatoria en costas.
POR TANTO:
En lo que ha sido objeto de agravio, se declara sin lugar el recurso, en el entendido de que las diferencias en vacaciones sólo se deben reconocer si estas han sido compensadas. Las Magistradas V.A. y C.A. salvan el voto y lo emite n de la siguiente forma: declaran con lugar el recurso de la demandada, anulan la sentencia impugnada, acogen la excepción de falta de derecho y desestiman la demanda en todos sus extremos. Además, resuelven sin especial condenatoria en costas.



Orlando Aguirre Gómez



Julia V.A. Luis Porfirio Sánchez Rodríguez


Jorge Enrique O.Á. Roxana C.A.

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