Sentencia Nº 2019-000283 de Sala Segunda de la Corte, 07-03-2019

Fecha de Resolución: 7 de Marzo de 2019
Emisor:Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia
 
CONTENIDO
*170016130166LA*

Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA

Exp: 17-001613-0166-LA
Res: 2019-000283
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las doce horas treinta y cinco minutos del siete de marzo de dos mil diecinueve.
Proceso de fuero especial establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de S.J., por [Nombre 001], vecina de [...], contra el [Nombre 003], representado por su apoderada generalísima [Nombre 004], administradora de empresas. Actúa como apoderada especial judicial de la actora, la licenciada A.M.V., abogada. Todas mayores, solteras y vecinas de S.J., con las excepciones indicadas.
Redacta la Magistrada C.A.; y,
CONSIDERANDO:
I. ANTECEDENTES. La actora planteó ante el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de S.J. que ingresó a laborar para la empresa [Nombre 003]. el 1 de julio de 2013, en el puesto de [Nombre 043]. Indicó que el 11 de octubre de 2017, fue electa como representante sindical de la [Nombre 017] (en adelante [Nombre 017]), nombramiento que fue comunicado a la parte patronal el día siguiente. Señaló que el 2 de noviembre de ese mismo año, fue despedida con responsabilidad patronal, acto que considera violatorio a del fuero que le protege como representante sindical. El Tribunal de Apelación de Trabajo de Goicoechea, mediante resolución de las 10:10 horas del 5 de abril de 2018, cautelarmente ordenó la reinstalación inmediata de la actora en el puesto que ocupaba al momento del despido. Adicional a la solicitud de medidas cautelares, la actora pretendió la nulidad del despido, su reinstalación definitiva, el pago de salarios caídos, intereses, indexación y ambas costas del proceso. La parte demandada contestó la acción y opuso las defensas de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva. En primera instancia, el Juzgado declaró sin lugar la demanda, resolviendo el asunto sin especial condenatoria en costas.
II. AGRAVIOS. Ante esta S., la apoderada especial judicial de la actora plantea su disconformidad contra la sentencia del a-quo y formula los siguientes agravios. Alega la violación de los convenios 87, 98 y 135, y de la Recomendación 143, todos de la Organización Internacional de Trabajo y ratificados por Costa Rica; que obligan a los Estados a proteger el derecho fundamental a la libertad sindical. Señala la vulneración a los artículos 367, 368, 540 y 541 del Código de Trabajo, que establecen la protección de los trabajadores que ocupan cargos como dirigentes sindicales. Reprocha una incorrecta apreciación de la prueba que consta en el expediente y la infracción de los artículos 486 y 544 del Código de rito, al haberse considerado en la sentencia, prueba que no fue aceptada ni puesta en conocimiento de las partes. Sostiene que el Juzgado tuvo por contestada la demanda de forma extemporánea, sin embargo, utilizó prueba presentada por la parte demandada. Recrimina que el objeto del proceso es determinar la violación al fuero sindical que como representante sindical ostenta y no, si existió discriminación sindical como resolvió la Jueza de instancia. Indica que no se tomó en consideración que la normativa claramente establece la imposibilidad patronal de despedir sin justa causa a un trabajador protegido por el fuero sindical y que en caso de optar por el cese, se debe pedir autorización al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Expresa que los artículos 81 y 369 del Código de Trabajo, establecen una lista taxativa de causales para despedir con justa causa a un dirigente sindical, no obstante, la juzgadora estableció un nuevo motivo, indicando que el patrono no violentó el fuero de protección. Manifiesta que la accionada no podía despedir a la actora, debía trasladarla a un puesto de similares condiciones e igual salario. Destaca que la normativa de la Organización Internacional de Trabajo citada, protege a los trabajadores ante un despido cuando se alega el cierre de un servicio y la empresa continúa su actividad, como ocurre en este caso concreto. Al respecto, cita la sentencia n.°148 (no indica fecha de la resolución), del Tribunal de Apelaciones de Trabajo.
III. PRUEBA PARA MEJOR PROVEER. La recurrente ofrece como prueba para mejor proveer el oficio [Valor 001] del 24 de agosto de 2018, en el que se indica la cantidad de funcionarios que tiene en la actualidad [Nombre 003]. y cuantos de ellos trabajan en las instalaciones del Instituto Nacional de Seguros. La prueba ofrecida con el recurso no puede ser admitida, pues no representa ninguna relevancia en la solución de este asunto (artículo 594 del Código de Trabajo). La parte actora se limita a ofrecer como "prueba para mejor resolver" el documento indicado, sin hacer alusión de los motivos por los que considera deba ser admitida y su relevancia para resolver este proceso. Luego, no ha sido un hecho controvertido la cantidad de empleados que mantiene activos la empresa demandada.
IV. ANÁLISIS DEL CASO. El derecho de asociación, en el tanto constituye un derecho humano, ha sido tutelado expresamente por distintos instrumentos internacionales, así como por el artículo 25 de la Constitución Política. Ese derecho fundamental, en materia laboral, encuentra una tutela específica, que garantiza a los trabajadores y a los patronos su derecho a sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales (artículo 60 de la Constitución Política). También la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha interesado por consagrar este derecho, adoptando Convenios y Recomendaciones, en procura de que los Estados lo reconozcan y, a su vez, pongan en práctica mecanismos efectivos para su tutela. En ese orden de ideas, el Convenio 87 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, ratificado por Costa Rica por Ley número 2561, del 11 de mayo de 1960 y, por consiguiente, de rango superior a la ley (numeral 7 de la Constitución Política), en su artículo 11, obliga a todos los Estados miembros de la OIT para el cual esté en vigor el Convenio, adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a las personas trabajadoras y a las empleadoras el libre ejercicio del derecho de sindicación. Por su parte, el Convenio 98 relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, introducido al ordenamiento jurídico interno mediante la Ley citada, en su artículo 1, dispone que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. El punto b), del inciso 2) de ese numeral, califica el despido de un trabajador y el hecho de causarle perjuicio de cualquier otra forma (a causa de su afiliación sindical o por su participación en actividades sindicales), como un acto típicamente discriminatorio. El Convenio 135, referente a la protección y facilidades que deben otorgarse a los trabajadores en la empresa, se ocupa específicamente del denominado fuero sindical (ratificado por Ley número 5968 del 9 de noviembre de 1976). En el primer artículo, se reafirma la tutela de los representantes de los trabajadores en la empresa, disponiendo que éstos deben gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor. Cabe agregar lo señalado en el voto de la S. Constitucional número 5000, de las 10:09 horas, del 8 de octubre de 1993, en cuanto indicó: “aunque hasta el momento se ha venido considerando la situación de los representantes de los trabajadores, sindicalizados o no, cabe decir que con igual sustento normativo y con igual criterio debe resolverse el despido de los simples trabajadores cuando la causal, expresa o tácita, sea su pertenencia a una asociación o sindicato, porque ello también viola sus derechos fundamentales...”. De modo que, con ese fuero, se protege a los representantes de los trabajadores y al resto de estos de forma general, cuando sean despedidos o se les perjudique de algún modo, tácita o expresamente, por su pertenencia a una asociación o sindicato. En armonía con ese fallo, esta otra S., en su voto número 42, de las 10:50 horas, del 11 de febrero de 1998, con apoyo de la doctrina sobre la materia, sostuvo el criterio de que la libertad sindical puede considerarse desde distintas perspectivas. Por un lado, concierne al individuo (aspecto individual) y consiste en la libertad de constituir sindicatos o de afiliarse o no a ellos, o retirarse de los que pertenezcan y, por el otro, se refiere a estas mismas asociaciones, su organización, administración y funcionamiento, así como al ejercicio de la libertad sindical de segundo grado (autonomía sindical o colectiva). Por esa razón se dijo que la libertad de sindicalización, como derecho subjetivo que es, requiere, además del reconocimiento del derecho a asociarse de esa manera, que se asegure su efectividad. Estas medidas se encuentran reiteradas y desarrolladas en la Recomendación n.° 143, también denominada “sobre la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa”, según la cual, cuando no existan suficientes medidas apropiadas de protección aplicables a los trabajadores en general, deben adoptarse disposiciones específicas para garantizar la protección efectiva de los representantes de los trabajadores, tales como reconocer la prioridad que ha de dárseles respecto de su continuación en el empleo en caso de reducción de personal (numerales 5 y 6). A nivel legal, en nuestro país, el Código de Trabajo vino a desarrollar esa normativa de rango superior y adicionó al Título V del Código de Trabajo un Capítulo III denominado “De la protección de los derechos sindicales”. Con esta normativa, de manera amplia y general, se establecieron distintas reglas tendentes a proteger aquel derecho fundamental. En el artículo 363, de enorme trascendencia en esta materia, se estableció: “Prohíbense las acciones u omisiones que tiendan a evitar, limitar, constreñir o impedir el libre ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores, sus sindicatos o las coaliciones de trabajadores./ Cualquier acto que de ellas se origine es absolutamente nulo e ineficaz y se sancionará, en la forma y en las condiciones señaladas en el Código de Trabajo, sus leyes supletorias o conexas para la infracción de disposiciones prohibitivas”. Es decir, la norma establece una protección de orden general, proscribiendo las prácticas laborales desleales, entendidas como actos de discriminación. El artículo 368 del mismo cuerpo normativo sanciona con nulidad, el despido del trabajador protegido con el fuero especial, disponiendo: “Al despido sin justa causa de un trabajador amparado en virtud de la protección que establece la presente ley, no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 28 de este Código. El juez laboral competente declarará nulo e ineficaz ese despido y, consecuentemente, ordenará la reinstalación del trabajador y el pago de los salarios caídos, además de las sanciones que corresponda imponer al empleador, de acuerdo con este Código y sus leyes supletorias y conexas. Si el trabajador manifiesta, expresamente, su deseo de no ser reinstalado, se le deberá reconocer, además de los derechos laborales correspondientes a un despido sin justa causa, una indemnización equivalente a los salarios que le hubiesen correspondido durante el plazo de la protección no disfrutada, de conformidad con el artículo anterior.” Esa norma hace referencia al numeral 367 ibidem, que en forma meramente enunciativa y no taxativa o limitante, contiene algunos supuestos específicos merecedores de tutela. Una vez precisado el marco normativo garante del fuero sindical, debemos establecer si éste fue infringido por el demandado, al despedir a la actora, quien fungía como representante sindical. En el caso concreto, es un hecho probado que la accionante fue electa como representante sindical de la [Nombre 017], el 11 de octubre del año 2017, en la sesión 2984 del Directorio Ejecutivo de la [Nombre 017] (imágenes 20 a 23, del expediente digital del Juzgado). La Dirección Jurídica del Instituto Nacional de Seguros, mediante oficio [Valor 002] de fecha 1 de noviembre del año 2017, le notifica a [Nombre 003]. que han determinado prescindir del servicio de asistencia en lo que compete al Área Seguros Obligatorios que la Dirección Jurídica obtiene de la Subsidiaria [Nombre 003]. Así también, indica dicho oficio que lo anterior obedece a que esas tareas serán asumidas con recursos de la Dirección Jurídica, disminución del servicio que debe aplicarse con efecto inmediato (imágenes 107 a 109 del expediente digital del Juzgado). Fue con ocasión de esta decisión del ente asegurador, que la empresa subsidiaria [Nombre 003]., procedió a despedir a tres trabajadores del departamento, entre ellos a la actora. Nótese que para la fecha del despido, 2 de noviembre de 2017, la accionante aún ejercía el cargo de R.S. de la [Nombre 017]. Si bien no existe prueba alguna con la que se demuestre que el despido tuvo algún móvil discriminatorio por la condición sindical de la demandante, al estar frente al despido de un representante sindical, la accionada estaba vinculada a la protección que le atribuye el ordenamiento jurídico a esos trabajadores. De modo que, aún y cuando el accionado fundamenta su accionar en las razones objetivas que lo obligaron a prescindir de los servicios de la actora, lo cierto es que a esta por su sola condición de representante sindical, le asiste el derecho a la estabilidad contemplado en el numeral 367 del Código de Trabajo, derecho que genera una limitación a la libertad patronal de despido, aún cuando esta sea con responsabilidad patronal. De esta manera, cuando se alegue la concurrencia de razones objetivas para justificar el cese de personas sindicalizadas, la parte empleadora está llamada a acreditar la existencia de las causas que motiven las terminaciones de contratos de trabajo, así como la utilización de parámetros objetivos para determinar las personas trabajadoras que deben ser separadas de sus puestos de trabajo, tales como rendimiento, antigüedad, obligaciones familiares, antecedentes disciplinarios, imposibilidad de reubicación en otro puesto, etc. No ha sido un hecho controvertido que la empresa demandada se encuentra activa y contrata servicios de diversa naturaleza con el Instituto Nacional de Seguros (oficios [Valor 003] del 27 de noviembre del 2008 de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), C.N.S. 886/13/08 del 20 de octubre de 2010 del Consejo Nacional de Supervisión de Entidades Financieras y "Contrato para la Prestación de Servicio de Abogacía, N. y Asistencia Legal"); por lo que ante la decisión del ente asegurador de prescindir de parte de los servicios contratados, pudo, de previo al despido, analizar la posibilidad de reubicación de la actora. De modo que pueda valorarse, por parte de quienes examinan la legalidad del despido, si esa decisión empresarial ha sido utilizada con fines discriminatorios (en ese sentido puede consultarse el voto de esta S. n.° 103, de las 8:45 horas, del 3 de marzo de 2006). El cargo que ostentaba la demandante dentro del sindicato [Nombre 017] ([Nombre 017]) le concedía un fuero especial que la empresa accionada debía respetar, y por esta razón, debió acreditar las razones por las cuales, esta no cumplía con el perfil requerido para conservar su puesto, así como asegurarse de que no existía otro puesto con labores similares donde reubicarle. Al respecto es importante mencionar lo dispuesto en el artículo 6, inciso f), párrafo 2) de la Recomendación n.° 143 de la OIT, por cuanto estipula que una de las medidas que garantizan la protección efectiva de los representantes de los trabajadores consiste en: "f) Reconocer la prioridad que ha de darse a los representantes de los trabajadores respecto de su continuación en caso de reducción de personal". En el presente asunto, la demandada, al margen de que la contestación de la demanda fue extemporánea, no justifica apropiadamente por qué a la actora no se le pudo trasladar a otro departamento o bien, asignarle otras tareas acordes con el puesto. De esta manera, la preferencia que ordena la citada disposición (Recomendación n.° 143 de la OIT) fue del todo irrespetada por la demandada, pues no se hicieron llegar al expediente las razones por las cuales, la actora no podía continuar ejerciendo sus funciones o bien, ocupar otro cargo dentro de la empresa. En un caso similar al de la condición de la actora, esta S. en el voto n.° 983, de las 10:20 horas, del 7 de diciembre de 2000, dispuso: “En el caso concreto, es un hecho público y notorio, la grave crisis económica enfrentada por el ente demandado, para la época del despido de los demandantes; y como una de las consecuencias directas fue suspendido el servicio ferroviario (de lo cual se ha dado cuenta en el expediente), así como la obligada terminación de algunas de las relaciones de servicio, por un hecho objetivo y no subjetivo, como lo fue, la inmanejable escasez de fondos. Mas, al problema planteado, no puede brindársele un tratamiento igual al del despido de simples trabajadores cesados por ese motivo, porque los demandantes ostentaban, en aquel momento, la representación sindical y, en esa condición, tenían una protección especial del ordenamiento jurídico, según se explicó. En consecuencia, el despido no podía fundarse simplemente en la indicada crisis económica, como lo hizo la Administración. Semejante proceder no puede ser tutelado por la S., porque fue violatorio de la normativa proteccionista de la libertad sindical de raigambre constitucional y específicamente, de la referida Recomendación 143, que obliga a dar prioridad a los representantes de los trabajadores, respecto de su continuación en el empleo, en caso de reducción de personal. Es decir, la Administración no estaba autorizada ante la crisis y con fundamento en ella para y simplemente despedir a los dirigentes sindicales; pues, necesariamente, debía haber motivado el por qué debía escogerse a ellos, entre el grupo de despedidos, en lugar de otros de los servidores que no tenían tal carácter. En este supuesto, se debieron invocar razones aceptables y justificadas, según las cuales no era posible mantenerlos, como por ejemplo, que ya la actividad donde trabajan no se iba a desplegar más del todo y que carecían de requisitos, condiciones o aptitudes para ocupar alguno de los puestos, que sí fue necesario mantener. Las reglas según las cuales en estos casos se puede afectar a los representantes sindicales, se aplica sólo si no es posible mantenerlos, y funcionan como parámetros, de manera que, a ellas, debe ajustarse el acto de la escogencia, necesariamente. Si al hacerse esa escogencia, en lo que a los actores respecta, no se dio ninguna justificación, para no mantenerlos en el empleo, el acto deviene en absolutamente nulo, pues, por esa omisión, se torna arbitrario. La parte demandada se ha limitado a invocar la situación de crisis como fundamento del despido y ha omitido dar fundamentos de la escogencia de ellos, dentro del grupo de despedidos; lo cual, no es suficiente…y sólo sería justificable su inclusión, en dicho grupo de despedidos, si existiera, como se dijo, alguna razón objetiva (artículos 132 y 139 de la Ley General de la Administración Pública)” (Énfasis suplido). Incluso, esta S. ha sostenido que es obligación del empleador averiguar, de previo al despido, si alguna de las plazas afectadas por la reestructuración es ocupada por un dirigente sindical, a fin de tomar las medidas del caso: “como con buen tino lo señalaron los juzgadores de instancia, constituía un deber ineludible del empleador indagar cuáles de las plazas a suprimir eran ocupadas por servidores protegidos por el fuero sindical, con el fin de no lesionarles sus derechos fundamentales …por lo que tenía que prever que había algunos amparados al fuero sindical y preocuparse por averiguar su identidad ” (Voto n.° 412, de las 10:20 horas, del 27 de julio de 2001). A la luz de lo que viene expuesto, es evidente que el despido de la actora, es contrario a Derecho y, por ende, nulo, pues la accionada no demostró por qué la actora no podía continuar ejerciendo sus funciones. Tampoco se tuvo por probado que no se le pudiera reubicar en otro puesto acorde con sus capacidades y así respetar la protección especial que el fuero sindical le daba. En el supuesto de que el patrono hubiese acreditado la imposibilidad de reubicar a la actora, la demandada debió gestionar el despido ante la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, conforme lo dispone el artículo 541, letra b) del Código de Trabajo, en relación con el numeral 540. inc. 5) ídem. Por ende, el despido es nulo, y en consecuencia, se debe ordenar la reinstalación definitiva de la petente y el pago de los salarios caídos desde el despido hasta la restitución. Por la forma en que se resuelve, a nada conduce el reproche de la recurrente con relación a la prueba aportada por la accionada y analizada por el a-quo en la sentencia.
V.- DECISIÓN DEL CASO: La demandante pretende que se declare la nulidad del despido, lo que resulta procedente con sustento en lo regulado en los artículos 363 y 368 del Código de Trabajo. Consecuentemente, debe ordenarse la reinstalación definitiva en su puesto de trabajo, con el pleno goce de sus derechos y el pago de salarios caídos, los cuales se determinarán en la etapa de ejecución de sentencia, toda vez que no existe claridad sobre la fecha en que efectivamente fue reinstalada cautelarmente la actora. Los salarios que se reconocen como caídos son aquellos que debió haber percibido durante todo el período en que estuvo cesante efectivamente. Adicionalmente, no existe información suficiente que permita establecer cual era el salario de la actora. Solicita además, que el importe de lo adeudado se indexe; sin embargo, el numeral 566 del Código de Trabajo, relativo a la sentencia de reinstalación y el pago de salarios caídos, expresamente señala: “Esta fijación no admite adecuaciones o indexaciones”. Por consiguiente, en cuanto a la indexación pretendida, debe acogerse la excepción de falta de derecho. La parte actora reclamó también el pago de los intereses legales, a los cuales sí tiene derecho conforme a lo regulado en el canon 565 ídem, según el cual estos proceden de acuerdo con las regulaciones del Código de Comercio y deben concederse a partir de la exigibilidad de lo adeudado, es decir, desde el 19 de enero de 2018 (data del despido). El segundo párrafo del numeral 497 de ese Código, estipula: “Interés legal es el que se aplica supletoriamente a falta de acuerdo, y es igual a tasa básica pasiva del Banco Central del Costa Rica para operaciones en dólares americanos” (sic). Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 567 del Código de Trabajo, la demandada deberá realizar las deducciones legales de los salarios que debe pagar a la actora, incluyendo las cuotas obrero-patronales y todas las obligaciones correspondientes a la Seguridad Social.
VI. COSTAS. En relación con la condenatoria en costas, el canon 562 ídem, en lo que resulta de interés, estipula: “En toda sentencia ...se condenará al vencido... al pago de las costas personales y procesales causadas./Si la sentencia resuelve el asunto por el fondo… las personales no podrán ser menores del quince por ciento (15%) ni mayores del veinticinco por ciento (25%) del importe líquido de la condenatoria o de la absolución, en su caso./ En los demás supuestos, así como cuando el proceso no fuera susceptible de estimación pecuniaria, la fijación se hará prudencialmente./ Para hacer la fijación del porcentaje o del monto prudencial se tomarán en cuenta la labor realizada, la cuantía de la cosa litigada y la posición económica del actor y demandado./ En los asuntos inestimables en que hubiera trascendencia económica se hará la fijación con base en el monto resultante hasta la firmeza de la sentencia y, si a consecuencia del proceso se siguiera generando en el futuro el resultado económico, podrá agregarse al monto fijado, según criterio prudencial, hasta un cincuenta por ciento (50%). Si el resultado económico fuera intrascendente se hará la fijación de forma prudencial con fundamento en los criterios mencionados.” (Énfasis suplido). El presente asunto conlleva una pretensión inestimable, cual es la reinstalación de la actora en su puesto de trabajo, con el pleno goce de sus derechos, circunstancia que lo convierte también en un proceso de trascendencia económica. Por ende, corresponde condenar a la accionada al pago de ambas costas, fijando las personales en el 15% de las sumas adeudadas a la firmeza de la sentencia y, por las consecuencias económicas futuras, cabría agregar a la suma resultante del porcentaje fijado, según criterio prudencial, hasta un cincuenta por ciento adicional, a partir de la firmeza del fallo; lo cual se determinará en ejecución de esta sentencia.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso por el fondo planteado por la parte actora. Se anula la sentencia recurrida. Se declara con lugar la demanda, se anula el despido y se ordena la reinstalación de la actora en su puesto de trabajo, con el pleno goce de sus derechos laborales, teniéndose la relación como inalterada para todos los efectos. Se condena a la accionada a pagar los salarios que dejó de percibir desde el dos de noviembre de dos mil diecisiete hasta que se le reinstaló cautelarmente. Sobre las sumas resultantes se le impone la obligación de pagar los intereses legales, según la tasa prevista en el numeral cuatrocientos noventa y siete del Código de Comercio, a partir del dos de noviembre de ese año y hasta su efectivo pago; así como el pago de ambas costas, las personales se fijan en el quince por ciento de las sumas adeudadas a la firmeza de la sentencia y, por las consecuencias económicas futuras, cabría agregar a la suma resultante, según criterio prudencial, hasta un cincuenta por ciento adicional a partir de la firmeza del fallo, lo cual se hará en la etapa de ejecución de sentencia. Se deniega la indexación reclamada. Por último, en relación con los salarios dejados de percibir, la accionada deberá realizar las deducciones legales respectivas, incluyendo las cuotas obrero-patronales y todas las obligaciones correspondientes a la Seguridad Social.


Orlando Aguirre Gómez



Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez



Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana C.A.
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