Sentencia Nº 2019009815 de Sala Constitucional, 31-05-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2019009815
Número de expedienteExp:
Revisión del Documento

*190075530007CO*

Exp: 19-007553-0007-CO

Res. Nº 2019009815

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo interpuesto por Massiel María Rojas Angulo, cédula de identidad N° 2-648-713; contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:31 horas del 3 de mayo de 2019, la recurrente interpuso recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Refiere que es propietaria del inmueble con plano catastrado N° A-2039313-2018, ubicado en Piedades Norte de San Ramón de Alajuela. Manifiesta que pretende que se le otorgue un bono de vivienda en dicho terreno; no obstante, para tal fin, el fundo debe contar con disponibilidad de agua potable. Indica que interpuso la solicitud del servicio en la oficina del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en San Ramón de Alajuela; empero, por oficio N° OCSR-157-2019, se le indicó que el terreno no cuenta con el servicio de agua potable, a pesar que en una ocasión anterior se le indicó que sí contaba con el mismo. Indica que en fecha 2 de abril de 2019 interpuso un recurso contra el oficio N° OCSR-157-2019, el cual, a la fecha de interposición de este recurso amparo, no ha sido resuelto. Afirma que las conductas de las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados devienen en arbitrarias. Solicita a la Sala que declare con lugar el recurso, con las consecuencias que implique.

2.- Por resolución de Presidencia a.i. de las 19:13 horas del 3 de mayo de 2019, se le dio curso a este proceso.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 13:49 horas del 9 de mayo de 2019, informa bajo juramento Juan Carlos Vindas Villalobos, en su condición de Director de la Región Central Oeste del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que la recurrente es poseedora del terreno que se describe como finca matrícula Folio Real N° 458646-000, plano catastrado N° A-2039313-2018, situada en San Ramón de Alajuela. Refiere que en fecha 15 de marzo de 2019, ante la Unidad Cantonal de San Ramón, planteó la solicitud por disponibilidad de servicio de agua potable, la cual fue registrada con el N° 2019-3979 y que fue atendida mediante resolución administrativa N° OCSR-157-2019 del 28 de marzo de 2019. Indica que existe un error material en la resolución administrativa N° OCSR-157-2019 del 28 de marzo de 2019, la cual refiere a la finca N° 2-694675-000, siendo lo correcto que la propiedad de la amparada corresponde a la finca inscrita con matrícula de Folio Real N° 2-458646-000. Señala que en iguales términos del error material antes indicado, se consignó que la motivación del acto administrativo se fundamenta en los artículos 308, 309, 311 y 313 de la Ley General de Salud, siendo lo aplicable al caso de la recurrente únicamente lo dispuesto en el artículo 267, de la Ley General de Salud y el artículo 7, del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA. Afirma que en fecha 2 de abril de 2019, se recibió en la Unidad Cantonal de San Ramón, el escrito presentado por la recurrente, el cual fue aportado como carga de prueba, que refiere expresamente al error material evidente anotado, así como a la solicitud de reconsideración del caso respecto a la viabilidad por disponibilidad previamente otorgada en el 2016, correspondiente a la resolución N° OCSR-2016-769, para la cual operó la caducidad administrativa desde el 25 de noviembre de 2017, sin que se tenga por demostrado que se hubiese accionado este documento por parte de la recurrente ante otras instancias. Sostiene que la resolución N° OCSR-2016-769 del 25 de noviembre de 2016, fue emitida a favor de un proyecto de vivienda unifamiliar anterior; no obstante, esta resolución no fue accionada durante el periodo legal de vigencia ni tampoco se materializó la conexión del servicio para el proyecto de vivienda unifamiliar pretendido por otra persona, ajena totalmente a la gestión atendida por ese instituto. Explica que la solicitud de corrección del error material de la resolución N° OCSR-157-2019 del 28 de marzo de 2019, así como la reconsideración de la factibilidad técnica respecto a las condiciones mínimas que permitan garantizar la disponibilidad de servicio y la prestación del servicio al que aspira la recurrente se encuentra activo en vía administrativa, para lo cual se están realizando los estudios técnicos correspondientes y que estarán finalizados para el 27 de mayo de 2019, momento en el que se procederá a dar respuesta a la reconsideración presentada por la recurrente. Explica que la disponibilidad previamente otorgada en el 2016 no fue accionada, mientras en la resolución administrativa N° OCSR-157-2019 del 28 de marzo de 2019, se sustenta en la ausencia de factibilidad técnica para materializar la provisión de un servicio continuo, acto que a la fecha de interposición del recurso se encuentra impugnado y en análisis de reconsideración técnica, esto por cuanto las actuaciones realizadas, a pesar del error material evidente, no responde a una arbitrariedad sino al cumplimiento de la legalidad. Alega que ese instituto garantiza el servicio hasta donde técnicamente le sea factible, siempre y cuando se cumpla con la totalidad de los requerimientos que se han establecido, como lo es que existan condiciones hídricas e hidráulicas suficientes, así como el cumplimiento a cabalidad de los requisitos legales establecidos en la normativa, requisitos que no se dan en el caso concreto de la amparada, por lo que no es posible acoger la solicitud. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.

4.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 13:54 horas del 9 de mayo de 2019, informa bajo juramento Luis Fernando Acuña Sánchez, en su condición de Jefe a.i. de la Agencia de San Ramón del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en los mismos términos en que lo hizo el Director de la Región Central Oeste del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.

5.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 15:19 horas del 9 de mayo de 2019, informa bajo juramento Natahali Montiel Ulloa, en su condición de Subgerente de Gestión de Sistemas Periféricos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en los mismos términos en que lo hizo el Director de la Región Central Oeste del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.

6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

Considerando:

I.- Aclaración previa. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute, si la administración ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por leyes sectoriales para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está frente a un reclamo relacionado con disponibilidad de agua potable, el cual no ha sido resuelto dentro de un plazo razonable. Atendiendo al derecho fundamental que se invoca (agua), esta Sala valora las posibles dilaciones en la resolución de los reclamos de este tipo. Clarificado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- Objeto del recurso. La recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales al agua, así como a una justicia pronta y cumplida. Alega que solicitó ante el instituto recurrido la disponibilidad de agua potable para una finca de su propiedad; empero, se le indicó que el terreno no cuenta con el servicio de agua potable, a pesar que en una ocasión anterior se le indicó que sí contaba con el mismo. Además, acusa que en fecha 2 de abril de 2019 interpuso un recurso contra la denegatoria, el cual no ha sido resuelto.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) En fecha 15 de marzo de 2019, la recurrente planteó ante la Unidad Cantonal de San Ramón del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, una solicitud por disponibilidad de servicio de agua potable (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada).

b) Por resolución administrativa N° OCSR-157-2019 del 28 de marzo de 2019, el instituto accionado denegó la solicitud, argumentando ausencia de factibilidad técnica para materializar la provisión de un servicio continuo (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada).

c) En fecha 2 de abril de 2019, la recurrente presentó una solicitud de reconsideración del caso respecto a la viabilidad por disponibilidad de agua (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada).

d) A la fecha de interposición del recurso, se encuentra en análisis de reconsideración técnica la solicitud de la amparada, para lo cual se están realizando los estudios técnicos correspondientes y que estarían finalizados para el 27 de mayo de 2019, momento en el que se procederá a dar respuesta a la reconsideración presentada por la recurrente (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada).

e) La certificación de disponibilidad de agua potable que alega la recurrente se emitió indicando que sí había disponibilidad de agua, fue extendida el 25 de noviembre de 2016 y tenía una vigencia de 12 meses para cualquier tipo de desarrollo urbanístico y de 6 meses para vivienda unifamiliar, a partir de esa fecha, de tal manera que el periodo de vigencia de la carta está vencido (ver prueba aportada).

IV.- Sobre el caso concreto. En la especie, la recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales al agua, así como a una justicia pronta y cumplida. Alega que solicitó ante el instituto recurrido la disponibilidad de agua potable para una finca de su propiedad; empero, se le indicó que el terreno no cuenta con el servicio de agua potable, a pesar que en una ocasión anterior se le indicó que sí contaba con el mismo. Además, acusa que en fecha 2 de abril de 2019 interpuso un recurso contra la denegatoria, el cual no ha sido resuelto. Al respecto, la Sala tiene por demostrado que en fecha 15 de marzo de 2019, la recurrente planteó ante la Unidad Cantonal de San Ramón del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, una solicitud por disponibilidad de servicio de agua potable. Por resolución administrativa N° OCSR-157-2019 del 28 de marzo de 2019, el instituto accionado denegó la solicitud, argumentando ausencia de factibilidad técnica para materializar la provisión de un servicio continuo. En fecha 2 de abril de 2019, la recurrente presentó una solicitud de reconsideración del caso respecto a la viabilidad por disponibilidad de agua. A la fecha de interposición del recurso, se encuentra en análisis de reconsideración técnica la solicitud de la amparada, para lo cual se están realizando los estudios técnicos correspondientes y que estarían finalizados para el 27 de mayo de 2019, momento en el que se procederá a dar respuesta a la reconsideración presentada por la recurrente. En efecto, como puede apreciarse de los autos, el motivo de la denegatoria de la disponibilidad de agua potable es ausencia de factibilidad técnica. Argumentación anterior que, de forma reiterada, ha sido respaldada por esta Sala. En concreto, se ha sostenido que si bien el servicio de agua potable debe estar al alcance de toda persona de manera continua, también es cierto que los requisitos técnicos y normativos que debe reunir el posible usuario, deben ser plenamente satisfechos (véase, al respecto, lo dispuesto, entre otros, en el Voto N° 2017-11972 de las 09:05 horas del 28 de julio de 2017). Aunado a lo anterior, se aprecia que la certificación de disponibilidad de agua potable que alega la recurrente se emitió indicando que sí había disponibilidad de agua, fue extendida el 25 de noviembre de 2016 y tenía una vigencia de 12 meses para cualquier tipo de desarrollo urbanístico y de 6 meses para vivienda unifamiliar, a partir de esa fecha, de tal manera que el periodo de vigencia de la carta está vencido. Bajo tal orden de consideraciones, este Tribunal no observa que, en la especie, las autoridades recurridas hayan cometido actuación arbitraria o ilegítima alguna que atente contra los derechos fundamentales de la parte tutelada. Por consiguiente, lo que procede es desestimar el presente proceso de amparo en cuanto a este primer agravio.

V.- Finalmente, se encuentra plenamente acreditado que a la fecha de interposición de este recurso de amparo, sea el 3 de mayo de 2019, la autoridad recurrida no ha resuelto el recurso contra la denegatoria de disponibilidad de agua, interpuesto por la recurrente el 2 de abril de 2019, a pesar de haber transcurrido el plazo de un mes que establece el artículo 261, inciso 2, de la Ley General de la Administración Pública. Así las cosas, se acredita la lesión al derecho fundamental consagrado en el artículo 41, de la Constitución Política. En consecuencia, procede declarar con lugar el recurso, únicamente en cuanto a este extremo.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso, únicamente por la violación al artículo 41, de la Constitución Política. Se ordena a Juan Carlos Vindas Villalobos, en su condición de Director de la Región Central Oeste- Cantonal San Ramón del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ejerza el cargo, realizar las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de su competencia, para que en el plazo de OCHO DÍAS contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva el recurso planteado por la recurrente el 2 de abril de 2019 y se le comunique lo decidido. Se le advierte al recurrido que de no acatar dicha orden, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir; dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese esta sentencia a Juan Carlos Vindas Villalobos, en su condición de Director de la Región Central Oeste- Cantonal San Ramón del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ejerza el cargo, en forma personal.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Alicia Salas T.

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 19-007553-0007-CO

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