Sentencia Nº 2019009872 de Sala Constitucional, 31-05-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2019009872
Fecha31 Mayo 2019
Número de expedienteExp:
Revisión del Documento

*190080350007CO*

Exp: 19-008035-0007-CO

Res. Nº 2019009872

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo interpuesto por ERIC JAVIER MARTÍNEZ TREJOS, cédula de identidad No. 0501920998, contra EL PODER JUDICIAL.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en la Sala el 10 de mayo de 2019, el recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que ejerce la defensa particular de una de las partes dentro de la causa que se tramita ante el Juzgado Penal de Corredores conforme el expediente No. 18-000515-456-PE. Acusa que el 7 de mayo de 2019 dentro de ese proceso se llevó a cabo la audiencia preliminar, ocasión en la cual la jueza a cargo le negó el acceso al expediente, el cual requería para corroborar un dato en conjunto con su representado. La justificación para negarle el expediente fue que antes de la audiencia había contado con tiempo para revisarlo. Alega que la jueza olvida que el expediente es de las partes y que pueden acceder a este en cualquier momento aún estando en curso una audiencia. Considera que la actuación descrita lesiona el derecho a la defensa. De otra parte, reclama que en la referida audiencia preliminar la citada jueza le llamó la atención por la forma en cómo se vistió para acudir a dicho acto, lo cual igualmente atenta contra su derecho a la imagen. Finalmente, agrega que la resolución que ordenó el auto de apertura a juicio carece de una adecuada fundamentación, pues no se explicaron los motivos por los cuales se rechazaba la gestión de sobreseimiento definitivo formulada. Solicita que se declare con lugar el recurso planteado.

2.- Por resolución de las 11:04 hrs. de 14 de mayo de 2019, se le da curso al proceso y se requiere el informe a la autoridad recurrida.

3.- Mediante memorial aportado a la Sala el 16 de mayo de 2019, Sandra Arrieta Sánchez, en su condición de Jueza Penal de Corredores, informa bajo juramento que por resolución de las 10:34 hrs. de 26 de abril de 2019 se señaló audiencia preliminar, la cual le fue debidamente notificada al recurrente ese mismo día. Explica que el 7 de mayo de 2019, antes de iniciar la audiencia, la auxiliar de trámite Aexsa Concepción Quiel le preguntó a las partes si deseaban ver el expediente. El licenciado Martínez Corrales hizo revisión del expediente y posteriormente lo hizo el recurrente. Al ser las 13:46 hrs. se dio inicio a la audiencia preliminar y se les consultó a las partes si deseaban llegar a alguna medida alternativa, indicando que no. Posteriormente se le dio la palabra al representante del Ministerio Público, quien hizo referencia a la acusación, a la solicitud de apertura a juicio, a la acción civil y a la solicitud de prórroga de medidas cautelares contra el encartado acusado del delito de maltrato y otros. Sostiene que mientras el representante del Ministerio Público hacía referencia a la acción civil resarcitoria, el recurrente le solicitó el expediente. Indica que ante lo anterior le respondió que se encontraban en una audiencia y que previo a esta tuvo tiempo para revisar dicho expediente. Refiere que esto fue así “por cuanto mientras las partes hacen lectura de la acusación, querella o acción civil, la suscrita va dando seguimiento a la lectura y al ofrecimiento de prueba con vista en lo que consta en el expediente.”. Menciona que posteriormente se le otorgó la palabra al recurrente, quien indicó que no se oponía a la acusación ni a la acción civil resarcitoria y que ofrecía como prueba el testimonio a la señora Miranda Mora. Con respecto a esto, se le previno sobre la importancia de identificar la prueba a la hora del ofrecimiento, ante lo cual indicó que la normativa del artículo 304 del Código Procesal Penal no lo establecía de esa manera. Por ende, apunta que se le hizo una prevención al amparado para que en el plazo de cinco días aportara los datos de identificación de la prueba. Contra dicha prevención el tutelado formuló un recurso de revocatoria, el cual le fue rechazado por improcedente. Manifiesta que en su calidad de juzgadora resolvió sobre la solicitud del Ministerio Público, se ordenó el auto de apertura a juicio, se admitió la acción civil resarcitoria, se prorrogaron las medidas cautelares y se emplazó a las partes. Refiere que al finalizar la audiencia el recurrente indicó que iba a cumplir con la prevención girada y dio los datos de identificación de la testigo, así como su domicilio. Finalmente, menciona que se le hizo una llamado de atención al tutelado sobre la forma de vestir, indicándole que debía cumplir con el código de vestimenta, pues “en su caso como abogado litigante debe presentarse a las audiencias y juicios vestido de manera adecuada”. Se refiere al contenido de la Circular No. 64-09 sobre el “Deber de los jueces y las juezas penales de hacer de conocimiento las reglas sobre la dinámica de la audiencia oral.” Indica que dicha circular, de forma expresa, señala lo siguiente: “A LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS QUE ATIENDEN LA MATERIA PENAL, SE LES HACE SABER QUE: La Comisión de Oralidad Penal les recuerda a los jueces y las juezas de las fases previas a debate que al abrir cada audiencia deben hacer de conocimiento de los presentes las reglas sobre la dinámica de la audiencia. Es muy importante que recalquen entre otras cosas: 1) Que las partes tienen la obligación de haber preparado su intervención en la audiencia. 2) Que no pueden leer escritos, aunque ocasionalmente pueden ayudarse de la lectura para transmitir datos complejos, nombres, números, entre otros. 3) Que es obligación de las partes entregar al juez información de calidad para la resolución del caso y que el juez no suplirá el mal desempeño de los litigantes. 4) Que el asunto será resuelto con la información obtenida en la audiencia y que en caso de que alguno de los litigantes considere que un documento o información es importante para la solución del caso, deben hacerlo notar al juzgador dentro de los alegatos orales en la audiencia". Menciona que tal y como lo indica dicha circular, es obligación de las partes haber preparado su intervención de previo a la audiencia. Solicita que se desestime el recurso planteado.

4.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente acusa que la Jueza del Juzgado Penal de Corredores, durante la audiencia preliminar celebrada el 7 de mayo de 2019, violentó sus derechos fundamentales por cuanto: a) en su calidad de defensor, no le permitió acceder al expediente del encartado a efecto de corroborar un dato, b) le llamó la atención por la forma en que se vistió para acudir a dicho acto y c) ordenó el auto de apertura a juicio a través de una resolución que no explica los motivos por los cuales se rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo formulada.

II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

1) El 7 de mayo de 2019, en el Juzgado Penal de Corredores se celebró una audiencia preliminar en la causa penal No. 18-000515-456-PE seguida contra el imputado Jaime Abdiel de León por la presunta comisión del delito de maltrato (ver informe y prueba aportada a los autos)

2) En dicha audiencia participó el recurrente Martínez Trejos en calidad de defensor (ver informe y prueba aportada a los autos).

3) Antes de dar inicio a dicha audiencia, la auxiliar de trámite Aexsa Concepción Quiel le preguntó a las partes si deseaban revisar el expediente. En virtud de lo anterior, el recurrente revisó dicho documento (ver informe aportado a los autos).

4) Durante la celebración de la referida audiencia, concretamente, en el momento en que el representante del Ministerio Público se refería a la acción civil resarcitoria, el recurrente solicitó el expediente para revisar un aspecto de la acusación. En dicha ocasión, la jueza a cargo le indicó al tutelado que en ese momento estaban en la audiencia y que ya había tenido tiempo para revisarlo. Ante dicha respuesta el recurrente indicó que “estaba bien” (ver informe y prueba aportada a los autos).

5) Al finalizar dicha audiencia, la mencionada jueza les hizo saber a la partes, principalmente, al recurrente, la importancia de vestir de una manera adecuada a la hora de acudir a las audiencias, toda vez que se encontraban haciendo ejercicio de la profesión (ver informe y prueba aportada a los autos).

III.- HECHO NO PROBADO. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tiene por indemostrado el siguiente: Único.- Que durante la referida audiencia el recurrente haya explicado los motivos por los cuales resultaba esencial el acceso al expediente a efecto de ejercer el derecho de defensa de su representado (los autos).

IV.- SOBRE LA DENEGATORIA DE ACCESO AL EXPEDIENTE. El recurrente aduce que a pesar que en su calidad de defensor solicitó acceder al expediente judicial a efecto de cotejar un dato durante la celebración de la audiencia preliminar llevada a cabo el 7 de mayo de 2019, la Jueza del Juzgado Penal de Corredores no se lo permitió.

Revisados los autos, se tiene por demostrado que ciertamente durante la celebración de la referida audiencia (concretamente, en el momento en que el representante del Ministerio Público se refería a la acción civil resarcitoria), la citada jueza no le permitió al interesado tener acceso al expediente reclamado, luego que este así lo solicitara. No obstante, analizado el informe rendido bajo juramento, así como las pruebas allegadas a los autos, este Tribunal no estima que dicha actuación haya quebrantado, en este caso en particular, el derecho de defensa. Esto, por las razones que se dirán a continuación.

En primer término, debe observarse que, conforme se informó, el recurrente, en calidad de defensor, tuvo la oportunidad de examinar el expediente judicial que reclama minutos antes de dar inicio a la audiencia, con lo cual, en tesis de principio, pudo revisar todos aquellos aspectos que necesitaba para participar en dicho acto jurisdiccional.

De otra parte, es importante acotar que luego de revisado el audio de la referida audiencia no se logra colegir que el recurrente le haya explicado a la jueza, de forma clara y precisa, los motivos por los cuales, en su criterio, resultaba imprescindible tener acceso inmediato a dicho expediente justo en ese momento para defender a su representado de una mejor manera. Según se acreditó, el tutelado únicamente indicó que necesitaba revisar “un aspecto de la acusación”, sin ahondar, tal y como se dijo, en las razones por las cuales requería dicho documento. Incluso, consta que ante la denegatoria de la jueza, el interesado se limitó a responder que “estaba bien”, sin replicar o emitir reclamo alguno a posteriori debidamente fundamentado. En ese mismo orden de consideraciones, conviene destacar que en el escrito de interposición del presente proceso el tutelado nuevamente omitió especificar o exponer los motivos por los cuales la denegatoria para acceder al expediente en cuestión en dicho momento procesal vulneró el derecho de defensa del encartado. Al no contar esta Sala con ese dato en concreto, le resulta claramente imposible determinar si, en el particular, el acceso al expediente resultaba de suma necesidad y urgencia en el momento en que se requirió y si, en consecuencia, la imposibilidad de revisar el mismo realmente quebrantó el derecho que se reclama.

Finalmente, resulta menester tomar en cuenta que, conforme la Circular No. 64-09 del Poder Judicial referente a las reglas de la dinámica de la audiencia oral en materia penal “las partes tienen la obligación de haber preparado su intervención en la audiencia”, con lo cual se evitarían situaciones como las que se aducen en el presente proceso.

Bajo tal estado de cosas, esta Sala estima que el presente proceso merece ser desestimado en lo que respecta a este extremo en particular.

V.- EN CUANTO A LA LLAMADA DE ATENCIÓN GIRADA POR LA VESTIMENTA UTILIZADA EN LA AUDIENCIA. De otra parte, el amparado reclama que en la audiencia preliminar bajo estudio la jueza recurrida le llamó la atención por la forma en cómo se vistió para acudir a dicho acto, lo cual atenta contra su derecho a la imagen.

Sobre este tema en particular, este Tribunal, en la Sentencia No. 2018-12849 de las 09:30 hrs. de 10 de agosto de 2018, dispuso lo siguiente:

“(…) II.- Sobre la vestimenta y el derecho a la imagen. La jurisprudencia de la Sala es amplia, conteste y contunden en definir que la vestimenta de una persona es un reflejo de su derecho a la imagen, y que, como tal, se encuentra protegida de arbitrarias o ilegítimas limitaciones que sin razonabilidad no proporcionalidad pretendan establecer las autoridades públicas. Así, desde hace casi veinte años, mediante sentencia número 3630-1999, definió la Sala que: “Este es un problema que atañe a los Derechos de la Personalidad, por lo que debe interpretarse en forma armónica lo establecido en los artículos 28, 33 y 40 de la Constitución Política; 1, 5 párrafo 1, 11, 13, 24 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este derecho fundamental, conocido como el derecho de imagen, radica en la facultad que tienen los individuos para proyectar su propia personalidad al exterior, siempre y cuando en su consecución -y basados en el principio de libertad- no atente contra la ley, el orden público o las buenas costumbres. Al respecto, el numeral 28 constitucional, en lo que interesa dice: “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a la tercero, están fuera de la acción de la ley (…)”.

Como se logra desprender con meridiana claridad, si bien la Sala ha resguardado el derecho fundamental a la imagen, también ha dicho que este derecho no puede ser ejercido de forma ilimitada. De este modo, se trata de un derecho susceptible a que se le impongan limitaciones siempre que estas sean razonables y proporcionadas.

En el caso bajo estudio, no observa este Tribunal Constitucional que la jueza recurrida haya quebrantado el referido derecho reclamado por el tutelado. Luego de revisarse exhaustivamente la audiencia oral celebrada el día 7 de mayo de 2019, se tiene por demostrado que la citada autoridad, al finalizar dicho acto, únicamente se avocó por emitir una respetuosa excitativa a las partes, particularmente, al recurrente, para que atendiera el código de vestimenta y acudiera a las audiencias vestido de forma adecuada, acorde con las funciones ejercidas como abogado y representante del encartado. Esta última actuación, en criterio de esta Sala, no puede interpretarse como una grosera invasión o arbitraria limitación del derecho a la imagen del tutelado, pues, según se observó, únicamente se dirigió a promover en este último el uso de una vestimenta acorde con la investidura de su cargo y el ejercicio profesional que estaba realizando ante un Tribunal de la República, lo cual, a su vez, no puede ser considerado como una medida sancionatoria o disciplinaria en sentido estricto que afecte de manera directa su labor como representante legal del imputado.

En esencia, se trató de una medida que resulta razonable y proporcionada atendiendo a las labores que se encontraba desempeñando el recurrente en su condición de abogado ante un despacho del Poder Judicial y que, por consiguiente, no representó una violación a su derecho a la imagen.

Bajo tal orden de consideraciones, este órgano constitucional no estima que el amparo merezca ser acogido en lo tocante a este alegato en concreto.

VI.- SOBRE LA RESOLUCIÓN QUE ORDENÓ EL AUTO DE APERTURA A JUICIO. Finalmente, el tutelado acusa que la jueza recurrida dispuso la apertura a juicio a través de una resolución donde no se explicaron los motivos por los cuales se rechazó la gestión de sobreseimiento definitivo planteada al efecto. Sin embargo, sobre este extremo en particular conviene aclararle al recurrente que como la actuación y resolución que se estima contraria al Derecho de la Constitución provienen de un órgano del Poder Judicial en ejercicio de su función jurisdiccional, resulta improcedente que esta Sala se pronuncie, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, inciso b), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estos actos no son sometidos al control de constitucionalidad por vía de amparo, salvo muy particulares excepciones. Ante dicho panorama, lo propio es que el interesado acuda, si a bien lo tiene, ante la propia autoridad judicial recurrida a reclamar y demostrar lo que expone, por ser esa jurisdicción y no a esta, la que le compete resolverle agravio formulado (véase, en similar sentido, lo dispuesto en las Sentencias Nos. 2018-13432 de las 09:20 hrs. de 17 de agosto de 2018 y 2018-13885 de las 09:15 hrs. de 24 de agosto de 2018). En consecuencia, el recurso merecer ser desestimado en lo que respecta igualmente a este aspecto.

VII.- COROLARIO. En mérito de lo expuesto, se impone desestimar el recurso planteado.

VIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso.-

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Alicia Salas T.

Documento Firmado Digitalmente

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