Sentencia Nº 2019011721 de Sala Constitucional, 28-06-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2019011721
Fecha28 Junio 2019
Número de expediente19-008345-0007-CO

*190083450007CO*

Exp: 19-008345-0007-CO

Res. Nº 2019011721


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de junio de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo que se tramita en expediente n. º 19-008345- 0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] , contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP).


Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 16:04 horas de 15 de mayo de 2019, el recurrente interpone recurso de amparo en contra del MEP. Acota que labora para el ministerio recurrido como docente de educación religiosa. Señala que para el presente curso lectivo se le asignaron un total de 45 lecciones distribuidas de la siguiente manera: 12 lecciones en el Colegio Técnico Profesional (CTP) de San Sebastián (correctamente reportadas), 12 lecciones en el CTP de Purral (de las cuales sólo se le pagan 9) y 21 lecciones en el Liceo Hernán Zamora (de las cuales sólo se le pagan 20). Reclama que, a pesar de que ha laborado de manera ininterrumpida desde el inicio del año, en los meses de febrero, marzo y abril, la autoridad recurrida solo le ha cancelado lo correspondiente a 41 lecciones; es decir, no le ha pagado de manera completa su salario. Menciona que lo anterior ocurren sin que se le haya brindado explicación alguna del problema, ni se le ha dado una fecha probable de solución a dicha situación. Estima que lo expuesto es violatorio de sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.
2.- Mediante resolución de las 16:59 horas de 17 de mayo de 2019, se dio curso al amparo y se solicitó informe a la directora de Recursos Humanos del MEP.
3.- Por constancia de 29 de mayo de 2019, el Secretario a.i. de la Sala hizo saber lo siguiente: “revisado, a las diez horas y cincuenta y ocho minutos de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en el sistema costarricense de gestión de despachos judiciales el control de documentos recibidos y este expediente, no apareció que del 23/05/2019 al 28/05/2019, la Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las dieciséis horas y cincuenta y nueve minutos de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve”.
4.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 14:46 horas de 30 de mayo de 2019, rinde informe bajo juramento Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de directora de Recursos Humanos del MEP. Indica que lo acusado por el recurrente es un aspecto de legalidad, ya que constituye una diferencia salarial. Señala que, con vista en el Sistema Integrado de Recursos Humanos Planillas y Pagos, se registra la acción de personal n. º 201905-MP-4262275 con aumento de lecciones interinas, como Profesor de Enseñanza Media, especialidad Religión, por una lección “cocurricular” del 1º de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, para pago en la primera quincena de junio de 2019, y la acción de personal n. º 201905-MP-4262432 con aumento de tres lecciones interinas de planeamiento del 30 de abril de 2019 al 10 de diciembre de 2019, para pago en la primera quincena de junio de 2019. Refiere que se pagó antes de la notificación del recurso de amparo.
5.- Mediante resolución de las 15:49 horas de 14 de junio de 2019, se solicitó como prueba para mejor resolver a la directora de Recursos Humanos del MEP que indicara si ya se le había cancelado el salario a la tutelada; además, que aclarara si, con anterioridad al 30 de abril de 2019, le correspondía algún pago por concepto de tres lecciones de planeamiento y si le correspondía el pago de 45 lecciones desde febrero de este año.
6.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 15:36 horas de 18 de junio de 2019, se apersona Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de directora de Recursos Humanos del MEP. Indica que, una vez revisado el caso del amparado, en el sistema Integra-2 se registró la acción de personal n. º 201905-MP-4262275 con aumento de lecciones interinas, como Profesor de Enseñanza Media, especialidad Religión, por 1 lección cocurricular, del 1 º de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, la cual fue pagada de forma retroactiva en la primera quincena de junio de 2019 según la coletilla de salario de 14 de junio de 2019. Señala que en el sistema Integra-2 se registró la acción de personal n. º 201905-MP-4262432 con aumento de tres lecciones interinas por planeamiento del 30 de abril de 2019 al 10 de diciembre de 2019, la cual fue pagada de forma retroactiva en la primera quincena de junio de 2019 según la coletilla de salario de 14 de junio de 2019. Menciona que, de acuerdo con el estado del funcionario en el sistema Integra-2, al 30 de abril de 2019, el recurrente contaba con 42 lecciones asignadas, por lo que no le corresponde el pago de lecciones por planeamiento. Afirma que, revisado el nombramiento interino del tutelado en el Liceo Hernán Zamora Elizondo, cuenta con 21 lecciones interinas del 1º de febrero de 2018 al 31 de enero de 2020, por lo que, al sumar las lecciones que imparte en los colegios técnicos profesionales, se determina que no tiene 45 lecciones asignadas desde febrero de 2019. Refiere que las 45 lecciones le fueron asignadas a partir del 30 de abril de 2019, por lo que el pago de las lecciones de planeamiento se tramitó a partir del 30 de abril de 2019 y hasta el 10 de diciembre de 2019. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

7.- En los procedimientos se han observado los términos y prescripciones de ley.

Redacta la Magistrada Monge Pizarro; y,


Considerando:

I.- Cuestión preliminar. Visto que la directora de Recursos Humanos del MEP no rindió el informe solicitado dentro del plazo conferido, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tienen por ciertos los hechos y se entra a resolver el recurso con base en los elementos que constan en el expediente.
II.- Objeto de recurso. El recurrente, quien labora para el MEP como docente de educación religiosa, acusa que para el presente curso lectivo se le asignaron 45 lecciones distribuidas de la siguiente manera: 12 lecciones en el Colegio Técnico Profesional (CTP) de San Sebastián (correctamente reportadas), 12 lecciones en el CTP de Purral (de las cuales sólo se le pagan 9) y 21 lecciones en el Liceo Hernán Zamora (de las cuales sólo se le pagan 20). Reclama que, a pesar que ha laborado de manera ininterrumpida desde el inicio del año, en los meses de febrero, marzo y abril, la autoridad recurrida solo le ha cancelado lo correspondiente a 41 lecciones; es decir, no le ha pagado de manera completa su salario.
III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
  1. En febrero, marzo y abril de 2019, el MEP le pagó al recurrente 41 lecciones por mes. (Hecho incontrovertido).
  2. El 22 de mayo de 2019, la directora de Recursos Humanos del MEP fue notificada del curso de este amparo. (Acta de notificación).
  3. El sistema Integrada-2 del MEP tiene registrada la acción de personal n. º 201905-MP-4262275 de 27 de mayo de 2019 que le aumentó al tutelado una lección interina cocurricular como Profesor de Enseñanza Media, especialidad Religión, con una vigencia del 1º de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020. (Prueba que consta en el expediente).
  4. El sistema Integra-2 del MEP tiene registrada la acción de personal n. º 201905-MP-4262432 de 27 de mayo de 2019 que le incrementó al amparado tres lecciones interinas por planeamiento, con rige del 30 de abril de 2019 al 10 de diciembre de 2019. (Prueba que consta en el expediente).
  5. La primera quincena de junio de 2019, el MEP le pagó al recurrente de forma retroactiva lo correspondiente a las acciones de personal n. º 201905-MP-4262275 y n. º 201905-MP-4262432. (Prueba que consta en el expediente).
  6. El MEP le asignó 45 lecciones al tutelado a partir del 30 de abril de 2019. (Prueba que consta en el expediente).
IV.- Hechos no probados. De importancia para la resolución de este asunto, se estima como no demostrado el siguiente hecho:
Único: Que el MEP le haya asignado al recurrente 45 lecciones desde febrero para el curso lectivo 2019.
V.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, el recurrente, quien labora para el MEP como docente de educación religiosa, acusa que para el presente curso lectivo se le asignaron 45 lecciones distribuidas de la siguiente manera: 12 lecciones en el Colegio Técnico Profesional (CTP) de San Sebastián (correctamente reportadas), 12 lecciones en el CTP de Purral (de las cuales sólo se le pagan 9) y 21 lecciones en el Liceo Hernán Zamora (de las cuales sólo se le pagan 20). Reclama que, a pesar que ha laborado de manera ininterrumpida desde el inicio del año, en los meses de febrero, marzo y abril, la autoridad recurrida solo le ha cancelado lo correspondiente a 41 lecciones; es decir, no le ha pagado de manera completa su salario.
Del estudio de los autos se tiene por demostrado que, en febrero, marzo y abril de 2019, el MEP le pagó al recurrente 41 lecciones por mes. El 22 de mayo de 2019, la directora de Recursos Humanos del MEP fue notificada del curso de este amparo. El sistema Integrada-2 del MEP tiene registrada la acción de personal n. º 201905-MP-4262275 de 27 de mayo de 2019 que le aumentó al tutelado una lección interina cocurricular como Profesor de Enseñanza Media, especialidad Religión, con una vigencia del 1º de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020. Asimismo, que dicho sistema también tiene registrada la acción de personal n. º 201905-MP-4262432 de 27 de mayo de 2019 que le incrementó al amparado tres lecciones interinas por planeamiento, con rige del 30 de abril de 2019 al 10 de diciembre de 2019. La primera quincena de junio de 2019, el MEP le pagó al recurrente de forma retroactiva lo correspondiente a las acciones de personal n. º 201905-MP-4262275 y n. º 201905-MP-4262432. Finalmente, el MEP le asignó 45 lecciones al tutelado a partir del 30 de abril de 2019.
Desde este panorama, se declara parcialmente con lugar el recurso solo en cuanto a la mora en el pago de una lección interina cocurricular durante febrero, marzo y la primera quincena de abril de 2019.
Atinente a la falta pago de salario tutelable en esta jurisdicción , la Sala, mediante sentencia n. º 2016-16551 de las 14:30 horas de 9 de noviembre de 2016, dispuso:
“I.- En el caso en estudio, el recurrente acusa que no se le ha pagado el salario correspondiente a la primera y segunda quincenas de octubre de este año. Sin embargo, al pronunciarse sobre un reclamo similar al presente, este Tribunal, en sentencia N° 2015001985 de las las (sic) nueve horas cinco minutos del trece de febrero de dos mil quince, en lo que interesa, declaró lo siguiente:
“Ahora bien, la tutelada también acusa que no le pagaron la primera quincena de enero de 2015. Ciertamente el salario es un derecho de rango constitucional del trabajador y una obligación para el patrono; no obstante , este Tribunal ha considerado que solo se da una lesión de rango constitucional cuando ha transcurrido un plazo irrazonable entre la prestación de los servicios y el pago correspondiente (véase, entre otras, sentencias 2005-11159 de las 16:24 horas del 23 de agosto de 2005, 2006-09871 de las 13:23 horas del 7 de julio de 2006 y 2008-8048 de las 17:05 horas del 13 de mayo de 2008). Lo anterior encuentra justificación en cuanto, de no fijar un parámetro razonable, incluso un día de atraso daría pie a un recurso de amparo, sin darle oportunidad al patrono de corregir la falta oportunamente. Así las cosas, se impone advertir que al momento de plantearse el amparo el 19 de enero de 2015, habían transcurrido únicamente 4 días con posterioridad al momento oportuno para el pago de la primera quincena de enero de 2015; de ahí que el alegato esgrimido con respecto a esta quincena devenga prematuro”.
En este sentido, dado que en el caso en estudio no se ha producido un retraso en el pago superior a las dos quincenas —plazo que la Sala ha estimado en su jurisprudencia como excesivo e irrazonable , conforme las sentencias N° 2009-04928 de las catorce horas y treinta y seis minutos del veinte de marzo del dos mil nueve, Nº 2010004138 de las once horas y cuarenta y cinco minutos del veintiséis de febrero del dos mil diez y N° 2010004192 de las doce horas y treinta y nueve minutos del veintiséis de febrero del dos mil diez—, el presente amparo debe ser desestimado por prematuro. En consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara.” (El destacado no es original).
Asimismo, en la sentencia n. º 2018-2038 de las 9:15 horas de 9 de febrero de 2018, este Tribunal resolvió:
III.- SOBRE EL PAGO DEL SALARIO . A través de su jurisprudencia, este Tribunal ha señalado que cuenta con la competencia para entrar a conocer aquellos casos en los que se plantean hechos y omisiones ligadas con la afectación al derecho constitucional al salario. No obstante, también ha señalado que, solamente, conocerá este tipo de asuntos cuando se acredite que ha existido un plazo irrazonable entre la prestación de los servicios por parte del funcionario o servidor y el pago del salario. Así, ha determinado que para constatar un retardo injustificado, excesivo e irrazonable en el pago del salario, este debe ser mayor a un mes –v. gr. Sentencia N° 2016-003772 de las 14:30 horas de 15 de marzo de 2016 y Sentencia N° 2017-018586 de las 9:45 horas de 17 de noviembre de 2017” .
Sobre este punto, tomando en consideración los procedentes de cita, al momento de la interposición del recurso (15 de mayo de 2019), el MEP le estaba cancelando 41 lecciones mensuales al recurrente; sin embargo, después de la notificación del curso del amparo, se le registró una lección adicional de forma retroactiva desde febrero de 2019. Por lo anterior, se comprueba que le correspondía ese pago desde el inicio del curso lectivo. En todo caso, se desprende del expediente que esa lección (acción de personal n. º 201905-MP-4262275 de 27 de mayo de 2019) le fue pagada de forma retroactiva durante la tramitación del amparo (la primera quincena de junio de 2019), por lo que procede estimar el recurso en los términos del numeral 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se explicarán en el siguiente considerando.
Por otra parte, aun cuando el recurrente acusó que le asignaron 45 lecciones para este curso lectivo, de acuerdo con la acción de personal n. º 201905-MP-4262432 de 27 de mayo de 2019, esa cantidad le fue registrada a partir del 30 de abril de 2019, por lo que si él considera que tiene derecho a que se las reconozcan antes de esa fecha deberá plantear sus alegatos en la vía administrativa o jurisdiccional ordinaria, a los efectos de que en una vía plena se someta a contradictorio su posición. En razón de lo expuesto, este extremo se desestima.
VI.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios en el caso concreto. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el correspondiente proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VII.- Razones diferentes del Magistrado Salazar Alvarado, en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.
Coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes ”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
El artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una“terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “ únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso solo en cuanto a la mora en el pago de una lección interina cocurricular durante febrero, marzo y la primera quincena de abril de 2019. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado da razones diferentes en relación con la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Fernando Castillo V.
Presidente
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Alicia Salas T.
Alejandro Delgado F.
Mauricio Chacón J.
Lucila Monge P.


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EXPEDIENTE N° 19-008345-0007-CO

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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