Sentencia Nº 2019012353 de Sala Constitucional, 05-07-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expedienteExp:
Número de sentencia2019012353
Revisión del Documento

*190104250007CO*

Exp: 19-010425-0007-CO

Res. Nº 2019012353

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del cinco de julio de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo presentado por HANNIA MARCELA VARGAS CASTILLO, cédula de identidad 0204720664, contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en esta Sala el 17 de junio de 2019, la parte recurrente presenta recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública. Señala que el 20 de mayo de 2019 presentó ante la recurrida una solicitud de información, en la cual requirió lo siguiente: "(…) cuáles han sido las gestiones realizadas para resolver mi solicitud de traslado presentada ante ese Ministerio. Que el día 16 de mayo me apersoné a la Unidad de Secundaria Técnica con el fin de solicitar información respecto a mi traslado, a lo cual recibí como respuesta por parte de la funcionaria que me atendió que fuera a correos de Costa Rica a preguntar por el telegrama, ahí me indicaron que no constaba ningún telegrama a mi nombre de este año (…)". Reclama que al día en que interpone este recurso, la autoridad recurrida, no le ha brindado respuesta alguna de la petición. Solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Mediante auto de las 16:33 horas del 19 de junio de 2019, se dio curso al presente recurso. A la autoridad recurrida se le notificó el 20 de junio de 2019.

3.- Por escrito presentado el 25 de junio de 2019, informó bajo juramento YAXINIA DÍAZ MENDOZA, en su condición de Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública que, mediante oficio DRH-DARH-UST-677-2019 de 12 de junio de 2019, se le dio respuesta al documento suscrito por la recurrente en fecha 16 de mayo de 2019, indicándosele la resolución de la petición de traslado en propiedad por excepción. Por lo anterior, alega que la solicitud de la tutelada fue contestada de previo a la notificación del recurso de amparo que nos ocupa, por lo que se estima no se ha violentado ningún derecho fundamental de la recurrente, careciendo dicho recurso de interés actual.

4.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.-Cuestión Preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción -respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional-, pues, se está ante la formulación de solicitud de traslado en propiedad por excepción, presentada ante el Ministerio de Educación Pública, la cual presuntamente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- Objeto del Recurso. La recurrente acusa que en mayo de 2019 presentó ante la recurrida una solicitud de información. No obstante, reclama que al día en que interpone este recurso, la autoridad recurrida, no le ha brindado respuesta alguna de la petición. Solicita que se declare con lugar el recurso.

III.-Hechos Probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a) El 20 de mayo de 2019, la recurrente presentó ante el Ministerio de Educación Pública la siguiente solicitud: "(…) cuáles han sido las gestiones realizadas para resolver mi solicitud de traslado presentada ante ese Ministerio. Que el día 16 de mayo me apersoné a la Unidad de Secundaria Técnica con el fin de solicitar información respecto a mi traslado, a lo cual recibí como respuesta por parte de la funcionaria que me atendió que fuera a correos de Costa Rica a preguntar por el telegrama, ahí me indicaron que no constaba ningún telegrama a mi nombre de este año (…)" (hecho no controvertido).

b) El 12 de junio de 2019, mediante oficio DRH-DARH-UST-677-2019, la autoridad recurrida dio respuesta a la gestión suscrita por la recurrente en fecha 16 de mayo de 2019 (ver prueba aportada por la autoridad recurrida).

c) El 19 de junio de 2019, la autoridad recurrida notificó a la recurrente el oficio DRH-DARH-UST-677-2019 (ver prueba aportada por la autoridad recurrida).

IV.- Sobre el Caso Concreto: Del informe rendido por la autoridad recurrida, el cual es dado bajo solemnidad de juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no acredita este Tribunal una lesión a los derechos fundamentales la recurrente, por las razones que a continuación se exponen. De las pruebas aportadas consta que la recurrente gestionó, en fecha 16 de mayo de 2019, ante el Ministerio de Educación Pública le siguiente solicitud: "(…) cuáles han sido las gestiones realizadas para resolver mi solicitud de traslado presentada ante ese Ministerio. Que el día 16 de mayo me apersoné a la Unidad de Secundaria Técnica con el fin de solicitar información respecto a mi traslado, a lo cual recibí como respuesta por parte de la funcionaria que me atendió que fuera a correos de Costa Rica a preguntar por el telegrama, ahí me indicaron que no constaba ningún telegrama a mi nombre de este año (…)". En razón de ello, la autoridad recurrida emitió el informe DRH-DARH-UST-677-2019, en el cual dio respuesta a la gestión suscrita por la amparada, notificándosela el 19 de junio de 2019 vía correo electrónico, siendo esta fecha anterior a la notificación del curso de este amparo al Ministerio recurrido (20 de junio de 2019). En consecuencia, no acredita esta Sala una lesión a los derechos fundamentales de la tutelada, toda vez que a esta se le dio respuesta en fecha previa a la notificación de la resolución de curso de este amparo. Así las cosas, el amparo deviene improcedente y así se declara.

V.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por Tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

Fernando Castillo V.

Presidente

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Jose Paulino Hernández G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Alicia Salas T.

Mauricio Chacón J.

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 19-010425-0007-CO

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