Sentencia Nº 2019014783 de Sala Constitucional, 09-08-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expedienteExp:
Fecha09 Agosto 2019
Número de sentencia2019014783

*190118080007CO*

Exp: 19-011808-0007-CO

Res. Nº 2019014783

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del nueve de agosto de dos mil diecinueve .

RECURSO DE AMPARO QUE SE TRAMITA BAJO EL EXPEDIENTE 19-011808-0007-CO, PRESENTADO POR JONATAHN DANIEL PRENDAS RODRÍGUEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0110490739, CONTRA EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES.

RESULTANDO:

1.- Mediante escrito presentado el 5 de julio de 2019, el accionante presenta recurso de amparo contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Explica que, el 30 de mayo de 2019, por oficio No. JPR-083-05-2019, solicitó información al ministro recurrido sobre el "(…) costo de inversión en el arreglo del tramo de los caminos 409005 y 409062, de la iglesia de San Pablo entronque con Ruta No. 115 a Pirro de Heredia entronque con Ruta No. 5.(…)". Indica que el 07 de junio de 2019, el ministro trasladó su solicitud al Consejo Nacional de Vialidad, por medio de oficio No. DM-2019-2109, donde solicitó que se respondiera su consulta. Reclama que al día de interposición de este recurso, no se le ha entregado la información solicitada, lo que estima violatorio de sus derechos fundamentales.

2.- Por resolución de Presidencia del 5 de julio de 2019, se le dio curso al presente amparo.

3.- Mediante escrito presentado el 17 de julio de 2019, informa bajo juramento, Mario Rodríguez Vargas, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad. Señala que, efectivamente el accionante, mediante oficio No. JPR-083-05-2019, del 28 de mayo de 2019, solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, le brindaran información respecto del costo de inversión del arreglo del tramo de los caminos 409005 y 409062, ubicados de la Iglesia de San Pablo, entronque con Ruta No. 115, a Pirro Heredia, entronque con Ruta No. 5. Indica que la consulta fue presentada ante el MOPT, el día 30 de mayo de 2019, siendo que dicha solicitud fue trasladada al CONAVI, mediante memorial No. DM-2019-2109, de fecha 7 de junio de 2019 y recibida propiamente en el CONAVI, el día 11 de junio de 2019. Acusa que una vez recibida la gestión planteada por el recurrente, ésta fue asignada para su respectivo procesamiento, con el fin de dar la respuesta al amparado. Señala que el 14 de junio de 2019, se trasladó a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes y a la Dirección de Planificación Institucional, la consulta efectuada por el accionante, a fin de proceder con lo requerido. Aduce que la Dirección de Planificación, por oficio No. PLI-07-19-0317(102), del 4 de julio de 2019, elaboró respuesta al amparado, la cual no fue comunicada, ya que por error involuntario, no se logró ubicar el respaldo correspondiente; sin embargo, mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2019, se envió el mencionado oficio al correo electrónico: jprendas@asamblea.go.cr, con la respuesta que fue elaborada por la Dirección de Planificación, el cual en lo que interesa expresa: “(…) En atención al oficio indicado en el asunto, trasladado a esta dependencia por la Dirección Ejecutiva del CONAVI, se informa que de conformidad con el Inventario General de Carreteras y Caminos del MOPT elaborado por la Secretaría de Planificación Sectorial de ese Ministerio, estos caminos fueron incorporados a la red vial nacional como rutas de travesía. En el Plan Operativo Institucional 2019 y en la programación a corto plazo de la institución, no se incluyen proyectos de mejoramiento o rehabilitación para las rutas de interés. No obstante, su atención sí se debe incorporar a los planes y programas para el mantenimiento rutinario y/o periódico a ejecutar por medio de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI. En este sentido se coordinará con dicha Gerencia a efectos de conocer si para el III o IV Trimestre se tiene incluida en la programación, lo cual depende tanto de las prioridades, la disponibilidad de recursos y las necesidades de cata ruta.(…)”.

4.- Según constancia emitida el 24 de julio de 2019, por el Secretario de la Sala Constitucional, se establece que el Ministro de Obras Públicas y Transportes, incumplió la resolución de las 16:21 horas del 5 de julio de 2019.

5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Chacón Jiménez; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO: Acusa el accionante lesión al derecho de información. Explica el amparado que el 30 de mayo de 2019, presentó una solicitud de información dirigida al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sin que a la fecha de presentación de este recurso haya sido resuelta.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) El 30 de mayo de 2019, el amparado –Jonathan Daniel Prendas Rodríguez- mediante oficio No. JPR-083-05-2019, solicitó al Ministro de Obras Públicas y Transportes, la siguiente información: “(…) costo de inversión en el arreglo del tramo de los caminos 409005 y 409062, de la iglesia de San Pablo entronque con Ruta No. 115 a Pirro de Heredia entronque con Ruta No. 5.(…)”. Dispuso para atender comunicaciones el correo electrónico -jprendas@asamblea.go.cr- y el fax: -2531-6712-. (Ver documentación aportada);

b) El 12 de julio de 2019, el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, fue notificado de la resolución de las dieciséis horas y veintiún minutos del cinco de julio de dos mil diecinueve, que diera curso al presente asunto. (Ver documentación);

c) El 16 de julio de 2019, el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, brindó respuesta al recurrente a través del oficio No. PLI-07-19-0317(102), del 4 de julio de 2019, en relación a la solicitud de información contenida en el oficio No. JPR-083-05-2019, que lo que interesa expresa: “(…) En atención al oficio indicado en el asunto, trasladado a esta dependencia por la Dirección Ejecutiva del CONAVI, se informa que de conformidad con el Inventario General de Carreteras y Caminos del MOPT elaborado por la Secretaría de Planificación Sectorial de ese Ministerio, estos caminos fueron incorporados a la red vial nacional como rutas de travesía. En el Plan Operativo Institucional 2019 y en la programación a corto plazo de la institución, no se incluyen proyectos de mejoramiento o rehabilitación para las rutas de interés. No obstante, su atención sí se debe incorporar a los planes y programas para el mantenimiento rutinario y/o periódico a ejecutar por medio de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI. En este sentido se coordinará con dicha Gerencia a efectos de conocer si para el III o IV Trimestre se tiene incluida en la programación, lo cual depende tanto de las prioridades, la disponibilidad de recursos y las necesidades de cata ruta.(…)”. La comunicación de dicha respuesta se realizó a través del correo electrónico – jprendas@asamblea.go.cr-. (Ver informe rendido bajo juramento y documentación aportada);

III.- SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Es el contenido del artículo 30, de la Constitución Política, el que establece la posibilidad de acceso a los archivos y a los departamentos públicos, con el fin de que todas las personas puedan conocer la información que reviste de interés público. Esta Sala, en su jurisprudencia –v. gr. Sentencia N° 2008-004460 de las 17:14 horas de 25 de marzo de 2008-, ha señalado que el numeral citado supra, garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, siendo que este derecho se constituye como un medio de control en manos de los administrados, puesto que, les permite ejercer un óptimo control de legalidad y de oportunidad, conveniencia o mérito, de las Administraciones Públicas. Asimismo, este Tribunal ha señalado que tal reconocimiento no es ilimitado, y como todo derecho constitucional, posee límites. Así, dentro de las excepciones al goce de este derecho, se encuentra el acceso a información calificada como secreto de Estado y a la información contemplada dentro de los procedimientos que se encuentran en fase de investigación o que se encuentran en desarrollo. Esto conlleva a la distinción entre el acceso a la información correspondiente a documentación administrativa y el acceso a documentos que forman parte de un procedimiento administrativo, siendo que en el primero de los caso, se le brindará lo requerido a quien lo solicite, al ser un sujeto ad extra; en el segundo caso, solo se ofrecerá la información que soliciten las partes que se encuentran inmiscuidas en el proceso, es decir, ad intra. De esta forma, los diversos órganos de las Administraciones Públicas tienen la obligación de rendir la información pública requerida por los interesados, esto dentro del menor plazo posible.

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO: Después de analizar los elementos probatorios aportados y el informe rendido por las autoridades recurridas, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se acredita la vulneración de los derechos fundamentales del amparado. Al respecto tenemos que, el 30 de mayo de 2019, el amparado –Jonathan Daniel Prendas Rodríguez- mediante oficio No. JPR-083-05-2019, solicitó al Ministro de Obras Públicas y Transportes, la siguiente información: “(…) costo de inversión en el arreglo del tramo de los caminos 409005 y 409062, de la iglesia de San Pablo entronque con Ruta No. 115 a Pirro de Heredia entronque con Ruta No. 5.(…)”. Dispuso para atender comunicaciones el correo electrónico -jprendas@asamblea.go.cr- y el fax: -2531-6712-. Posteriormente, el 16 de julio de 2019, el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, brindó respuesta al recurrente a través del oficio No. PLI-07-19-0317(102), del 4 de julio de 2019, en relación a la solicitud de información contenida en el oficio No. JPR-083-05-2019, que lo que interesa expresa: “(…) En atención al oficio indicado en el asunto, trasladado a esta dependencia por la Dirección Ejecutiva del CONAVI, se informa que de conformidad con el Inventario General de Carreteras y Caminos del MOPT elaborado por la Secretaría de Planificación Sectorial de ese Ministerio, estos caminos fueron incorporados a la red vial nacional como rutas de travesía. En el Plan Operativo Institucional 2019 y en la programación a corto plazo de la institución, no se incluyen proyectos de mejoramiento o rehabilitación para las rutas de interés. No obstante, su atención sí se debe incorporar a los planes y programas para el mantenimiento rutinario y/o periódico a ejecutar por medio de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI. En este sentido se coordinará con dicha Gerencia a efectos de conocer si para el III o IV Trimestre se tiene incluida en la programación, lo cual depende tanto de las prioridades, la disponibilidad de recursos y las necesidades de cata ruta.(…)”. La comunicación de dicha respuesta se realizó a través del correo electrónico – jprendas@asamblea.go.cr-.

Del cuadro factico descrito, la Sala comprueba la lesión al derecho de información del amparado. Se determina que la gestión planteada por el recurrente el 30 de mayo de 2019, en la que solicita a la autoridad recurrida, que se le brinde información de su interés, si bien es cierto, fue contestada el 16 de julio de 2019, y comunicada al correo electrónico dispuesto por el accionante para tales efectos, el caso es que la autoridad recurrida procedió a comunicar la información requerida con posterioridad a la notificación de la resolución de curso de este asunto -12 de julio de 2019-. En consecuencia de lo anterior, se logra demostrar que en este caso, el recurrido actuó una vez que tuvo conocimiento de la interposición de este recurso de amparo, vulnerando con ello los derechos del amparado. En consecuencia, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en cuanto a costas, daños y perjuicios.

V.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ("Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes". Se subraya que la Ley indica "si fueren procedentes", lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: "toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia", donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. Artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VI.- Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes".

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

"...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia".

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina "forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…".

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una "terminación anormal del proceso".

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes". Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas, de conformidad con los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ana María Picado B.

Mauricio Chacón J.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*CPIT2CLH3RO61*

CPIT2CLH3RO61

EXPEDIENTE N° 19-011808-0007-CO

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR