Sentencia Nº 2019015643 de Sala Constitucional, 23-08-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente19-010676-0007-CO
Fecha23 Agosto 2019
Número de sentencia2019015643
Revisión del Documento

*190106760007CO*

Exp: 19-010676-0007-CO

Res. Nº 2019015643

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas treinta minutos del veintitres de agosto de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 19-0010676-0007-CO, interpuesto por R.Á.F.U., cédula de identidad 0107850343, a favor de K.F.B., tarjeta de identidad de menor 0120310212, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EL MINISTERIO DE SALUD Y EL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA.

Resultando:

1.- En memorial presentado en la Secretaría de la Sala a las 16:18 horas del 19 de junio de 2019, el recurrente interpone recurso de amparo a favor de K.F.B., contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EL MINISTERIO DE SALUD Y EL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, y manifiesta que, es padre de la menor amparada quien cuenta con diez años de edad y es estudiante de la escuela J.P. de Purral de Guadalupe. Manifiesta que el 3 de junio de 2019 el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Educación Pública iniciaron la vacunación masiva de niñas de diez años de edad, en contra el virus del papiloma humano -VPH-, ello sin requerir el consentimiento de los padres de familia. Alega que debido a los efectos adversos sufridos por muchas niñas en todo el mundo, se apersonó en el centro educativo al que asiste la menor amparada, con el fin de manifestar su oposición a que esta fuera vacunada, sin que se le brindara la información necesaria para un posible consentimiento informado. Expone que la vacuna contra el VPH no es vacuna contra el cáncer, sino que ataca ciertas variedades de enfermedades de transmisión sexual del citado virus. Señala que la vacuna que se está aplicando, es "tetravalente del virus, tipos VPH 6, 11, 16 y 18", de las cuales, solamente dos podrían conducir al cáncer en algunas mujeres. Las otras dos cepas del VPH presentes producen verrugas genitales, sin causar cáncer. Además, la vacuna no funciona si la persona ya está infectada con el virus. Alega que la vacuna de cita no ofrece protección contra enfermedades causadas por otros tipos de VPH ni por otros virus o bacterías, no es un tratamiento contra la infección por el VPH, no elimina la necesidad de realizar citologías, no combate infecciones activas, lesiones o cánceres y no confiere protección a todos los vacunados. Arguye que en la Norma Nacional de Vacunación, en relación con la vacuna del VPH, propiamente en la página 70 punto 4.22.8, advierten sobre contraindicaciones y se indica: “(…) Reacción anafiláctica a algunos de los componentes de la vacuna (…)”. No obstante, haciendo caso omiso a las contraindicaciones, las autoridades recurridas pretenden aplicar la vacuna sin siquiera consultar a los padres de familia o encargados de las menores de edad sobre las condiciones de salud de estas y sin dar mayor información sobre posibles efectos secundarios. Reclama que ante la oposición a la vacunación de su hija, el Ministerio de Salud, mediante oficio CS-DARS-G-0715-19 de 7 de junio de 2019, emitió una orden sanitaria en su contra, indicando: “(…) 1. Trasladar el caso a la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia para que inicie el Proceso Especial de Protección en Sede Administrativa. 2. Denunciar ante el Ministerio Público por el supuesto delito de desobediencia a la autoridad según el artículo 314 del Código Penal (…)”. Considera que dicha orden resulta arbitraria, pues conlleva la imposición de aplicar la vacuna contra el VPH a su hija sin tomar en cuenta el consentimiento o no de los padres de familia, con el agravante que de no cumplir lo ordenado se ordenaría la suspensión del ejercicio de la patria potestad con acusación de desobediencia a la autoridad. Estima que existen medios de prevención para aquellas personas que no quieren aplicarse la vacuna. Manifiesta que en el mundo existen muchos casos referentes a efectos secundarios por la aplicación de la vacuna del VPH y cita como ejemplo a Japón, donde la vacuna de cita fue aprobada tiempo después de que lo hicieron países occidentales con tasa de vacunación muy baja, pero ante una campaña promocional y la subvención del gobierno, la tasa de vacunación aumentó en el año 2010, lo que llevó como consecuencia a un aumento de eventos adversos, relacionados estrictamente con la vacuna. Menciona que las razones por las cuales las vacunas contra el VPH causan efectos secundarios son desconocidas, pero una explicación podría ser que estas han sido diseñadas para mantener un título de anticuerpos extremadamente alto durante un largo período de tiempo. De tal forma, dado que las reacciones inflamatorias prolongadas asociadas con infecciones han sido relacionadas con ciertas enfermedades y el empeoramiento de reacciones autoinmunes, es posible que la estimulación antigénica con vacunas contra el VPH también pueda estar induciendo reacciones autoinmunes complejas por medio de mecanismos semejantes a los observados en infecciones prolongadas. Insiste en que las autoridades del Estado no han informado a los padres de familia lo que eventualmente le podría ocurrir a las niñas, ni ha advertido sobre los posibles efectos adversos graves que la vacuna podría provocar. Por lo expuesto anteriormente, estima lesionados sus derechos fundamentales, así como los derechos de la menor tutelada. Solicita que se declare con lugar el recurso

2.- Por resolución de Presidencia de las 09:57 horas del 24 de junio de 2019, se le dio curso al presente amparo.

3.- E.M.A., en su condición de Ministro de Educación Pública, rindió el informe de ley –el 26 de junio de 2019- y manifestó que, de conformidad con el artículo 153 de la Ley de Salud, en concordancia con el artículo 125 inciso 16, los directores de los centros educativos públicos y privados deben exigir los certificados de vacunación y revacunación obligatorias y cualesquiera otros que la autoridad sanitaria disponga e informar sobre los niños y niñas que no estén vacunados. Además, según informes de la escuela de amparada, se tiene por cierto que, el día 03 de junio del presente año, la señora S.A.D. secretaria del centro educativo recibió una llamada telefónica de la madre de la estudiante, indicando que ella y su esposo no estaban de acuerdo en la aplicación de la vacuna a la menor de edad por el temor de los efectos secundarios de la misma. Dado lo anterior, el padre de familia fue recibido en el centro educativo, el día 04 de junio a las 8:32 am en compañía de la M.Sc. G.M.A. enfermera del Área de Salud de Goicoechea, con la finalidad de darle la explicación a don R. sobre los beneficios de la vacuna en primer lugar, y en segundo lugar dejándole claro, que si el manifestaba de manera escrita que no estaba de acuerdo en la aplicación de la vacuna a su hija, su decisión se respetaba en esta instancia de centro educativo, por lo cual las enfermeras del centro de salud no le aplicaron la vacuna a K.F.B.. Sostiene que las actuaciones del Ministerio de Salud no le constan. Solicita que se desestime el recurso.

4.- P.V.H., en su condición de Ministra de la Niñez y Adolescencia y Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, rindió el informe de ley y manifestó que, que la II Encuesta Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, realizada en el año 2015, reveló que, en promedio, la vida sexual en Costa Rica, inicia a los 11 años de edad, así como que 1 de cada 3 mujeres tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años y lo hicieron con parejas de entre 5 y 9 años mayores que ellas. Resultados que son importantes que el Ministerio de Salud tome como base, con la finalidad de diseñar proyectos que garanticen una mejor prevención y mejora en los servicios de atención de la salud sexual y la salud reproductiva de la Niñez y Adolescencia. Ahora bien, según lo mencionado, aclaran que, en correlación con el derecho a la salud del que gozan las personas menores de edad, el artículo 43 del Código de la Niñez y la Adolescencia, establece que: “Las personas menores de edad deberán ser vacunadas en contralas de las enfermedades que las autoridades de salud determinen, suministrar y aplicar las vacunas serán obligaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por razones médicas, las excepciones para aplicar las vacunas serán autorizadas solo por el personal de salud correspondiente. El padre, la madre, los representantes legales o las personas encargadas, serán responsables de que la vacunación obligatoria de las Personas menores de edad a se lleve a cabo oportunamente". Por su parte, la Ley Nacional de Vacunación N°8111, en el artículo 2, establece que se debe garantizar la gratuidad y el acceso efectivo e indica: "G. a toda la población la obligatoriedad y gratuidad de las vacunas, así como el acceso efectivo a la vacunación, en especial, para la niñez, los inmigrantes y los sectores ubicados por debajo del índice de pobreza". Solicita que se declare sin lugar el recurso.

5.- Por medio de oficio aportado el 28 de junio de 2019, D.C.D., Gerente Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, manifestó que, según oficio DDSS-3000-19 de fecha 28 de junio del 2019, suscrito el Dr. M.M.U., Director a cargo de la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, mediante el cual se rinde informe técnico médico. Así como el oficio GM-AG-8161-2019 de fecha 27 de junio del 2019, suscrito por la MSC. K.V.L., Coordinadora del equipo legal de la Gerencia Médica (Abogada) y la Licda. A.M.C.J., Abogada de la Gerencia Médica, mediante el cual se emite criterio jurídico con respecto a la procedencia de la aplicación de la vacuna del papiloma humano y su obligatoriedad. Se procedió a revisar los criterios de la vacuna acusada por el recurrente. Considera el despacho de Gerencia Médica que, la vacuna de papiloma humano fue aprobada dentro del esquema de vacunación por parte de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Lo anterior, siempre prevaleciendo la evidencia científica y el análisis de la situación epidemiológica que se presenta, para lo cual el país invierte en la actualización del esquema, reduciendo brechas sociales para avanzar hacia una mayor equidad.

6.- Mediante escrito de fecha 1° de julio de 2019, D.S.P. en su condición de Ministro de Salud, expone en lo que interesa que el Ministerio de Salud, a través de sus diferentes oficinas, ha sido diligente conforme a derecho, ya que ha actuado en estricto apego a la Ley Nacional de Vacunación. Ley N° 8111, ya que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, en conjunto con la Caja Costarricense del Seguro Social y otras dependencias del Ministerio de Salud, ha determinado de acuerdo con el artículo 11 de la citada Ley, los sectores que deben ser vacunados y han establecido las pautas necesarias para dichas vacunaciones, todo con base en los diferentes estudios clínicos realizados en dicha vacuna, incluyendo el de costo-efectividad, que demostró que esta vacuna es costo-ahorrativa para el país, además de que demostró que en mediano y largo plazo, producirá una disminución en la incidencia y mortalidad por cáncer de cérvix, que actualmente se encuentra en la tercera causa de muerte en las mujeres costarricenses, además la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda la vacunación para la prevención del cáncer de cérvix. Con base en todos los estudios realizados en torno a esta vacuna contra el VPH, la evidencia científica ha probado que es una vacuna muy segura con muy pocos efectos adversos, que puede ser utilizada en grandes poblaciones como el caso de nuestro país. Como bien se dijo en el informe, la vacuna está indicada para prevenir estas enfermedades y no para tratar las enfermedades producidas por el VPH, por lo que no se ha violentado derecho alguno. Solicita se declare sin lugar el recurso.

7.- Mediante escrito de fecha 7 de julio de 2019, R.M.C.B., en su calidad de G. General de la Caja Costarricense de Seguro Social y en sustición del Presidente Ejecutivo de esa misma dependencia, informa que las actuaciones de las autoridades de su representada se encuentran ajustadas al bloque de legalidad, de conformidad con las competencias y funciones que desempeña la Caja Costarricense de Seguro Social, según lo instruido por la Constitución Política, la Ley Constitutiva de la Caja y demás leyes, reglamentos y decretos aplicables en materia de salud. A su vez, expone la Gerencia Médica institucional que la vacuna de papiloma humano fue aprobada dentro del esquema de vacunación de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Lo anterior, siempre prevaleciendo la evidencia científica y el análisis de la situación epidemiológica que se presenta, para lo cual el país invierte en la actualización del esquema, reduciendo brechas sociales para avanzar hacia una mayor equidad. Explica que en el caso en concreto los padres de la amparada manifestaron su oposición a la vacunación de la misma contra el virus de papiloma humano, debido a que considera que puede tener una afectación a su salud, por los posibles efectos secundarios que esta señala que podría tener la vacuna. A esos efectos, debe tenerse presente que existe un órgano técnico competente, sea la Comisión Nacional de Vacunación, que tiene como función la aprobación de las vacunas en el esquema nacional, esto de conformidad con la evidencia científica y el paradigma de medicina basada en evidencia, que a nivel nacional e internacional haya sido recabado por ese órgano técnico, y que demuestra, con criterio técnico, que no resultan razonables los argumentos del recurrente. En ese orden de ideas, el órgano constitucional ha reconocido la importancia de la vacunación como parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar el Estado costarricense en aras de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas, y, en segundo lugar, que el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas. En razón de ello, existe una obligación legal de cada persona de mantener y conservar su salud, así dispuesto por la propia Ley General de Salud y en la Ley de Vacunación. Obligación que es mayor cuando se trata de menores de edad, así como se encuentra regulado en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Es decir, existen distintos cuerpos normativos, de carácter especial, que señalan la obligatoriedad de someter a la población meta definida, técnicamente, al esquema de vacunación que el órgano competente así determine, considerando la evidencia científica y el análisis de la situación epidemiológica que se presenta en el país. Finalmente debe reiterarse que todo lo expuesto pretende proteger el interés superior del niño y la tutela de la vida y la salud de la menor amparada. Por ello se concluye que, en el presente caso, desde el punto de vista legal es procedente la aplicación de la vacuna, y de mayor trascendencia tomando en consideración la obligatoriedad que establece la legislación y los criterios técnicos médicos y científicos que así lo han definido. Propiamente en cuanto a las argumentos de los recurrentes, refiere que en primera instancia, la vacuna contra el Virus de Papiloma Humano es una vacuna que al igual que cualquiera de las otras vacunas que se aplica a las poblaciones humanas, ha pasado por todas las fases de investigación que garantizan su seguridad para la aplicación en las poblaciones humanas. En segunda instancia, es muy importante reconocer que el cáncer cervicouterino es de las primeras causas de muerte por cáncer en las mujeres. La diferencia de este cáncer ante los otros tipos de cánceres, es el hecho de que este es el único prevenible por acciones desde los servicios de salud. En tercera instancia, es necesario recalcar la diferencia entre prevención y Tamizaje. La vacunación contra el Virus del Papiloma Humano es una estrategia de prevención primaria, es decir se aplica en la población en riesgo de padecer la enfermedad mucho antes de la posible ocurrencia de la enfermedad, con el propósito de evitar la enfermedad causada por los tipos de virus que contiene la vacuna. La prueba de P. es una prueba de Tamizaje, no de prevención. Puntualmente, el Papanicolau detecta las lesiones premalignas o malignas. La diferencia entre vacunación (Prevención primaria) y Papanicolau (Estrategia de Tamizaje) es importantísima para poder entender el impacto positivo que tendrá la vacunación en la población femenina adulta del futuro. A partir de dicha diferencia, la Organización Mundial de la Salud refiere claramente que dentro de las intervenciones de prevención y atención del Cáncer de Cérvix deben de estar las siguientes etapas: 1. En población a partir de los 9 años: Vacunación contra el VPH y Educación en sexualidad, capacidades evolutivas y cultura, advertencia sobre consumo de tabaco. 2. En población entre 20-60 años: Detección, diagnóstico y tratamiento a través de Tamizaje (Papanicolau). 3. En toda la población que ya tiene lesiones. Señala que la vacunación no puede ser reemplazada por el Tamizaje (Papanicolau) ni viceversa, pues sus objetivos o propósitos son muy distintos. Por ello, las niñas que se están vacunando, una vez vayan creciendo, deberán de realizarse los Papanicolau según les corresponda. En cuarta instancia, a la eficacia de la vacuna ha sido probada y avalada por las principales instancias en salud del Mundo. La Organización Mundial de la Salud recomienda su uso. Se sabe que protege contra 4 de los virus relacionados en un 90% con los canceres de cérvix en la mujer en edad adulta. Por eso la gran importancia de que Costa Rica pueda tenerla ya dentro de las vacunas de esquema básico. En quinta instancia, se debe de tener en cuenta para la toma de decisiones en salud, las Instancias Internacionales y Nacionales de salud utilizan información científica, que ha pasado por todo el rigor metodológico científico que garantice objetividad en los resultados. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publica una serie de documentos de posición actualizados regularmente sobre vacunas y combinaciones de vacunas contra enfermedades que afectan a la salud pública internacional. Los documentos son examinados por expertos de la OMS y expertos externos, y son analizados y aprobados por el Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico en materia de inmunización (SAGE) de la OMS. En sexta instancia, en cuanto a la seguridad de la vacuna el Comité Consultivo Mundial de la OMS sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS) examina periódicamente los datos sobre la seguridad de las vacunas contra VPH y los datos procedentes de todas las fuentes siguen siendo tranquilizantes con respecto a la seguridad, y además se ha señalado que las decisiones basadas en pruebas débiles que lleven al abandono del uso de vacunas seguras y eficaces pueden ser muy perjudiciales. Y en enero del 2016 concluyó que los datos existentes no suscitan ninguna preocupación con respecto a la seguridad de las vacunas contra VPH. Para la toma de decisiones en salud, las Instancias Internacionales y Nacionales de salud utilizan información científica, que haya pasado por todo el rigor metodológico científico que garantice objetividad en los resultados. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publica una serie de documentos de posición actualizados regularmente sobre vacunas y combinaciones de vacunas contra enfermedades que afectan a la salud pública internacional. Los documentos son examinados por expertos de la OMS y expertos externos, y son analizados y aprobados por el Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico en materia de inmunización (SAGE) de la OMS. En cuanto a la seguridad de la vacuna, el Comité Consultivo Mundial de la OMS sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS) examina periódicamente los datos sobre la seguridad de las vacunas contra VPH y los datos procedentes de todas las fuentes siguen siendo tranquilizantes con respecto a la seguridad, y además, ha señalado que las decisiones basadas en pruebas débiles que lleven al abandono del uso de vacunas seguras y eficaces pueden ser muy perjudiciales. Y en enero del 2016 concluyó que los datos existentes no suscitan ninguna preocupación con respecto a la seguridad de las vacunas contra VPH. Los ensayos clínicos posteriores a la aprobación sobre la seguridad de las vacunas no revelaron diferencias clínicamente importantes entre los grupos de personas vacunados versus personas no vacunadas, en relación con aparición de nuevas enfermedades crónicas, y en particular de nuevas enfermedades autoinmunes. En ese sentido, un estudio poblacional bien realizado de vigilancia de la seguridad tras la aprobación, no mostró asociación entre las vacunas contra VPH y esas afecciones. Hay datos tranquilizantes que indican que las vacunas contra VPH no incrementan el riesgo de síndrome de Guillain-Barré. Expone que las instituciones de salud del país, desde que se aprobó la inclusión de esta vacuna al esquema institucional han establecido estrategias de comunicación nacionales, regionales y locales, para explicar esta nueva vacuna, utilizando las diferentes plataformas existentes. Además, se elaboró material impreso oficial tanto para padres de familias, como para docentes, como para niñas, donde se explican los aspectos relacionados a esta vacuna, entre ellos los efectos adversos. Además de que cuando se realiza el procedimiento de vacunación, al igual que con cualquiera de las otras vacunas del esquema de vacunación nacional, los funcionarios explican previo a realizar el acto de vacunación, elementos del para qué se aplica la vacuna, cuáles son los posibles efectos adversos que se pueden asociar, así como los cuidados que se deben de tener posterior a la vacunación. Los trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social, explican e informan a la población sobre los efectos adversos reportados por la Organización Mundial de Salud que han sido científicamente y objetivamente relacionados a esta vacuna como lo son los efectos adversos asociados a la zona de aplicación (dolor, eritema, tumefacción en la zona de aplicación de la vacuna) o los efectos sistémicos relacionados (cefaleas, mareos, mialgias, artralgias y síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos y dolor abdominal). Por otra parte, expone que la Caja Costarricense de Seguro Social es una institución autónoma de rango constitucional, cuyo fin primordial es la tutela de la seguridad social y de la salud de la población. Por ello, según lo establecido en los artículos 73 de la Constitución Política y 1º de su Ley Constitutiva, a esta entidad le corresponde el gobierno y la administración de los seguros sociales, dentro de los cuales encontramos lo relacionado con la prestación de servicios médicos asistenciales para la población en general. Dado lo anterior, en el ámbito de la salud la Caja tiene dentro de sus obligaciones brindar atención integral en salud a la población en general, además de otorgar pensiones y otras prestaciones económicas y sociales, de acuerdo con la ley. Sobre el particular cabe señalar que en lo que se refiere a la garantía del derecho a la salud, existe obligación legal por parte del Estado en cuanto a velar por la salud pública (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resoluciones N.º 916-2009, 18803-2008, 18804-2008, 18850-2008) y en consecuencia las autoridades públicas tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para su protección, ante lo cual es un imperativo constitucional que los servicios de salud sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N.º 16047-2008 y otras). Dentro de dicho contexto, las instituciones públicas encargadas de velar por la protección de la salud de la población pueden adoptar las medidas que el ordenamiento jurídico les autoriza para alcanzar este objetivo, todo lo cual debe contar con el debido criterio técnico que sustente las mismas. En cuanto al derecho a la salud, refiere que desde la perspectiva de salud pública, la Caja tiene la obligación de garantizar también acciones de prevención, ejerciendo un control efectivo de las enfermedades infecciosas, incluidas las de transmisión sexual. Dentro de ello, se deben aminorar las consecuencias de la enfermedad, garantizando a cada individuo la mejor atención sanitaria posible. En virtud de ello, para la adecuada protección del derecho a la salud, la Sala ha reiterado el carácter de servicio público que poseen los servicios de salud, estimando que como tales debe cumplirse en todo momento con las características de eficiencia, celeridad, simplicidad y oportunidad en la prestación de los mismos. Es precisamente dentro de dicho contexto que la Caja, ha dispuesto medidas efectivas para garantizar la protección de la salud de población mediante la aplicación de la vacuna contra el papiloma humano. En nuestro país, tanto el derecho a la vida como el derecho a la salud, el cual es derivado del primero, encuentran el sustento legal a partir del artículo 21 de la Constitución Política que establece que la vida humana es inviolable, según ha sido interpretado por la propia Sala Constitucional. Por su parte, la Ley General de Salud en su artículo 1º establece que la salud es un bien de interés público, mientras que el numeral 2 de dicho cuerpo normativo dispone que es función esencial del Estado velar por la salud de la población, asignándose al Ministerio de Salud la rectoría en esta materia. Queda claro entonces que el garantizar el derecho a la salud en aspectos de prevención, conservación, entre otros, resulta ser un deber no solo del Estado como tal, incluidas las instituciones destinadas para tal fin, sino que además es un deber de cada individuo velar por su salud, tomando en consideración la afectación que puedan sufrir terceras personas por la omisión a tal deber. Asimismo, la Ley General de Salud en su artículo 3, ha establecido de forma expresa el deber de cada persona, de proveer a la conservación de su salud y de concurrir al mantenimiento de la salud de su familia y la de su la comunidad. En el caso que nos ocupa, además del deber de conservar la salud, se debe tener claro que se trata de una menor de edad, donde existe una obligación legal de los padres o tutores a su cargo, en torno a la prevención de enfermedades, como lo son las causadas por el virus de papiloma humano. Sobre la vacunación obligatoria, señala que la Ley Nacional de Vacunación, N° 8111 de 18 de julio de 2001, ha establecido, de forma expresa en su artículo 2, como finalidad pública procurar un acceso efectivo de la población a la vacunación, en especial, para la niñez, los inmigrantes y los sectores ubicados por debajo del índice de pobreza. En este sentido, el artículo 3 de la Ley Nacional de Vacunación ha prescrito que las autoridades deben definir un esquema básico oficial de vacunas que se aplica a toda la población, y esquemas especiales dirigidos a grupos de riesgo específicos. Las vacunas incluidas en estos esquemas son obligatorias para la población meta. Concretamente, de acuerdo con el artículo supracitado de la Ley Nacional de Vacunación, corresponde tanto a la Caja Costarricense del Seguro Social como al Ministerio de Salud, coordinar con la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, la elaboración tanto del Esquema Básico como de los Esquemas Especiales de Vacunación. Agrega que la Ley Nacional de Vacunación ha creado una política social global para que tanto la Caja Costarricense de Seguro Social como el Ministerio de Salud, coordinen sus acciones para procurar el acceso de la población a los esquemas obligatorios de vacunación. Ahora bien, en orden a facilitar la coordinación entre la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud, la Ley Nacional de Vacunación ha creado la denominada Comisión de Nacional de Vacunación y Epidemiología Estos esquemas los esquemas consisten en un listado de vacunas con sus respectivos períodos de aplicación que son recomendados y deben ser recibidas en forma obligatoria por las poblaciones meta, cuya revisión debe realizarse periódicamente y con base en la evidencia y la epidemiología nacional o subnacional. Por otra parte, la Sala ha reconocido la plena potestad de la Comisión Nacional de Vacunación para definir bajo criterios técnicos del esquema de vacunación que debe aplicarse a la población, esquema que, de conformidad con los principios rectores de la prestación de los salud, debe otorgarse de manera oportuna, regular y eficaz por parte de las autoridades sanitarias correspondientes. Esto significa que los centros médicos dispuestos para las vacunaciones están obligados a suministrar el esquema tal y como está establecido en el lineamiento respectivo. Así como también, la importancia de la vacunación como parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar el Estado costarricense en aras de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas, y, en segundo lugar, que el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas. Así las cosas, se demuestra que la institución no ha vulnerado algún derecho fundamental de la recurrente, y que la presunción de un derecho o la disconformidad con una política pública no legitima a los administrados para acudir a la vía constitucional en defensa de una discrepancia que ni siquiera ha materializado una lesión en concreto. Solicita se declare sin lugar el recurso.

8.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

R..e.M....C.J.; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO: El recurrente reclama vulnerado el derecho a la salud de su hija -aquí amparada- pues estiman que la vacuna contra el papiloma humano podría afectar la salud de su hija, siendo que han leído sobre los muchos efectos secundarios severos que deben enfrentar las personas vacunadas y que esa vacuna aún está siendo motivo de investigación. De ahí que la imposición obligatoria que realiza el Ministerio de Salud para aplicarse el inyectable, resulta lesivo al derecho fundamental de la menor. Sostiene que manifestó su oposición a la vacunación de su hija.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) Que mediante oficio CNVE 127-18 la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología avaló la inclusión de la vacuna contra el papiloma humano dentro del Esquema Nacional de Vacunación. (ver informe de autoridad recurrida);

b) El 14 de junio de 2018, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social en la sesión No. 8969, artículo 23°, acordó entre otros: “(…) Aprobar la inclusión de la Vacuna del Virus del Papiloma Humano dentro del Esquema Nacional de Vacunación, para lo cual se instruye a la Gerencia Médica a fin de que proceda con el trámite correspondiente”. (ver informe de autoridad recurrida);

c) La menor amparada, tiene diez años de edad y es estudiante de la escuela J.P. de Purral de Guadalupe (hecho no controvertido);

d) El 3 de junio de 2019, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Educación Pública iniciaron la vacunación masiva de niñas de diez años de edad, en contra el virus del papiloma humano -VPH- (ver documentación e informes rendidos);

e) El día 4 de junio de 2019, el recurrente se apersonó a la escuela J.P. de Purral de Guadalupe, con la finalidad de manifestar su oposición a la vacunación de hija, y en consecuencia, al ser las 8:32 horas, la M.Sc. G.M.A. enfermera del Área de Salud de Goicoechea, le dio una explicación sobre los beneficios de la vacuna en primer lugar, y en segundo lugar dejándole claro, que si el manifestaba de manera escrita que no estaba de acuerdo en la aplicación de la vacuna a su hija, su decisión se respetaba en esta instancia de centro educativo, por lo cual las enfermeras del centro de salud no le aplicaron la vacuna a la amparada (ver documentación e informes rendidos).

III.- HECHO NO PROBADO. No se estiman como debidamente demostrados el siguiente hecho de relevancia para la resolución de este asunto:

Único) Que el recurrente F.U. haya solicitado información relacionada con la vacuna contra el VPH al Ministerio de Salud o a la CCSS y esta le haya sido denegada.

IV.- Sobre el fondo. Sobre el tema objeto de estudio -vacuna contra el VPH-, esta Sala recientemente por medio de sentencia número 2019-014677 de las nueve horas veinte minutos del siete de agosto de dos mil diecinueve, se pronunció y dispuso;

“IV.- Sobre la aplicación obligatoria de las vacunas del esquema nacional de vacunación. En reiteradas ocasiones, esta Sala ha examinado el marco normativo internacional y nacional que sustenta la aplicación obligatoria de las vacunas del esquema nacional de vacunación. En este sentido, en sentencia n.° 2011-9067 de las 10:13 horas del 8 de julio de 2011, este Tribunal Constitucional dispuso lo siguiente:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente acusa que, mediante orden sanitaria número 043-2011, se pretende obligarlo a que permita que se vacune a la amparada, sin que de previo se haya observado el debido proceso o se le haya otorgado oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Agrega que él se opone a la vacunación de su hija, pues, en primer lugar, las vacunas que se pretenden aplicar a la amparada (contra sarampión, rubéola e intensificación contra polio) obedecen a una campaña nacional de vacunación de carácter meramente preventivo, que no es precedida de un episodio infeccioso o el surgimiento de un período de transmisión intenso de enfermedades, que puedan poner en riesgo la salud de la menor y de otras personas. Por lo que estima que, desde el punto de vista técnico, no se ha demostrado la necesidad de aplicar tales vacunas, que, incluso, podrían suponer un riesgo para la salud de la amparada por sus eventuales efectos en el corto, mediano y largo plazo. Indica que, en segundo lugar, se opone por razones religiosas, pues él pertenece a la Asociación Círculo de Investigación de Antropología Gnóstica, para quienes la vacunación se les presenta como un acto contrario a la buena salud de sus hijos y solo es necesario como último recurso en caso de existir una epidemia. Estima, en conclusión, que se está ante una vacunación innecesaria, injustificada, excesiva y potencialmente peligrosa en razón del uso de agentes patógenos para la producción de las vacunas y de otros agentes que pueden ser perjudiciales para la salud. (…)

III.- SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE LAS VACUNAS Y LA PROTECCION AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. Existe

profusa normativa que establece, de forma expresa, la obligatoriedad de la vacunación. Se puede citar, en primer lugar, el artículo 46 del Código Civil, que establece:

“Artículo 46.-

Toda persona puede negarse a ser sometida a un examen o tratamiento médico o quirúrgico, con excepción de los casos de vacunación obligatoria o de otras medidas relativas a la salud pública, la seguridad laboral y de los casos previstos en el artículo 98 del Código de Familia. Sin embargo, si una persona se niega a someterse a un examen médico, que sea necesario para acreditar en juicio ciertos hechos controvertidos, el Juez puede considerar como probados los hechos que se trataban de demostrar por la vía del examen.”(el subrayado no corresponde al original)

Lo que es ratificado por el artículo 2 de la Ley Nacional de Vacunación, que dispone:

“Artículo 2.- GRATUIDAD Y ACCESO EFECTIVO

G. a toda la población la obligatoriedad y gratuidad de las vacunas, así como el acceso efectivo a la vacunación, en especial, para la niñez, los inmigrantes y los sectores ubicados por debajo del índice de pobreza.” (el subrayado no corresponde al original).

Mientras que en el artículo 3 de ese mismo cuerpo normativo se establece lo siguiente:

“Artículo 3.- Obligatoriedad.

De conformidad con la presente Ley, son obligatorias las vacunaciones contra las enfermedades cuando lo estime necesario la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que se crea en esta Ley, en coordinación con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social. Las vacunas aprobadas deberán suministrarse y aplicarse a la población, sin que puedan alegarse razones económicas o falta de abastecimiento en los servicios de salud brindados por instituciones estatales. Estas vacunas aprobadas se refieren al esquema básico oficial que se aplique a toda la población, y a las vacunas para esquemas especiales dirigidos a grupos de riesgo específicos. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología deberá elaborar una lista oficial de vacunas, que se incluirá en el Reglamento de la presente Ley. La lista podrá ser revisada y analizada periódicamente, atendiendo los frecuentes cambios tecnológicos en este campo.”

En cuyo caso, esta Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse respecto del contenido de tales disposiciones normativas (artículos 2 y 3 de la Ley Nacional de Vacunación), en razón de la consulta legislativa facultativa de constitucionalidad que se tramitó en expediente 00-009914-0007-CO, en la que se consultaba –entre otros extremos- si la obligatoriedad de vacunación prevista para cualquier persona lesionaba el principio de autonomía de la voluntad (artículo 28 de la Constitución Política). Oportunidad en que este Tribunal señaló, por medio de resolución número 2000-11648 de las 10:14 horas del 22 de diciembre del 2000, que:

“(...) Teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas transcritas, así como la exposición de motivos del proyecto que se consulta, no considera esta Sala que lleven razón los consultantes, al decir que al establecerse la obligatoriedad de las vacunas sea lesivo del derecho de autonomía de la voluntad. La salud como medio y como fin para la realización personal y social del hombre constituye un derecho humano y social cuyo reconocimiento está fuera de discusión. Es uno de los derechos del hombre que emana de su dignidad como ser humano. De este derecho surge tanto para el individuo y la comunidad organizada, como para el propio estado, una responsabilidad respecto a la salud. En instrumentos internacionales y en declaraciones constitucionales de derechos sociales se incluye el derecho a la salud, a cuyo reconocimiento debe aunarse la imposición del deber de cuidar la salud propia y la ajena. Es así que dentro de una política social global dirigida a solucionar los efectos de las deficiencias sociales, la observancia del principio de la coherencia de los fines, determina que se armonicen las acciones sobre condiciones de trabajo, seguridad social, educación, vivienda, nutrición y población con las de la salud, por la conexidad e interdependencia de una y otra. De esa forma la enunciación en el proyecto consultado de la provisión de asistencia médica gratuita y obligatoria, para toda la población, de ningún modo lesiona el principio de autonomía de la voluntad, mas sin embargo sí garantiza la asistencia sanitaria esencial en resguardo de la responsabilidad ineludible del Estado de velar por la salud de todos y cada uno de los ciudadanos.”

De lo que se desprende que esta Sala ha reconocido, en primer lugar, la importancia de la vacunación como parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar el Estado costarricense en aras de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas, y, en segundo lugar, que el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas. (…) Finalmente, en el caso particular de los niños, el artículo 43 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece:

“Artículo 43.- Vacunación

Las personas menores de edad deberán ser vacunadas contra las enfermedades que las autoridades de salud determinen. Suministrar aplicar las vacunas serán obligaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por razones médicas, las excepciones para aplicar las vacunas serán autorizadas solo por el personal de salud correspondiente. El padre, la madre, los representantes legales o las persona, encargadas serán responsables de que la vacunación obligatoria de las personas menores de edad a su cargo se lleve a cabo oportunamente.”

Se constata, de esta forma, que en el ordenamiento jurídico costarricense se incorporan diversas cláusulas jurídicas que establecen un régimen general de obligatoriedad con respecto a la vacunación, con especial énfasis en el caso de la niñez, en razón de la vital importancia de la inmunización para la prevención de enfermedades individuales y colectivas (epidemias). Y es que la vacunación ha demostrado ser un método idóneo y eficaz para prevenir brotes epidémicos y contagios a nivel individual, así como para controlar e, incluso, erradicar enfermedades que suponen un grave riesgo para la comunidad (p. ej.: la viruela). Al punto que tanto la Organización Mundial de la Salud como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o UNICEF (United Nations Children's Fund) promueven la inmunización universal de la infancia, con el propósito de prevenir la mortalidad y la morbilidad infantil debidas a enfermedades evitables mediante la vacunación [se puede revisar, al efecto, el sitio web de la UNICEF:http://www.unicef.org/spanish/immunization/index_2819.html (29/06/2011)].

IV.- SOBRE EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO Y LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES. El Derecho de la Constitución le impone al Estado costarricense, como deber fundamental, la protección del interés superior del niño. Lo que debe verse reflejado en las actuaciones de las distintas instituciones que conforman parte del aparato estatal, por lo que toda acción pública concerniente a una persona menor de edad debe considerar su interés superior, a fin de garantizar el efectivo respeto de sus derechos fundamentales, así como el libre y pleno desarrollo de su personalidad en un ambiente físico y mental sano. En la sentencia número 2005-11262 de las 15 horas del 24 de agosto del 2008, esta Sala resolvió:

“(…) En materia de los derechos especiales que tienen los niños se encuentran varias normas de rango constitucional, internacional e infraconstitucional; reconociéndose en todas ellas el interés superior del niño (a) como criterio de toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años. “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido” así reza el artículo 51 de nuestra Carta Magna. En igual sentido la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (aprobada y ratificada por nuestro país, mediante, la Ley No. 7184 del 18 de julio de 1990, la cual entró en vigencia, a tenor del numeral 2 de ese instrumento legal, el día de su publicación en La Gaceta No. 149 del 9 de agosto de 1990), le establece una serie de derechos a cualquier niño, independientemente, de su raza o nacionalidad (artículo 2°), tales como: el derecho a ser cuidado por sus padres (artículo 7º ), el derecho a un “nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social” reconociéndose a los padres como los responsables primordiales de proporcionarles las condiciones de vida necesarias para su desarrollo y el deber del Estado de adoptar “medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho” (artículo 27)…. Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, precisa en su artículo 16, párrafo 3º, que “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a la protección de la sociedad y del Estado” (en idéntico sentido artículo 23, párrafo 1º, del Protocolo Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966). Por su parte, el artículo 25, párrafo 2º, de la supraindicada Declaración señala que “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales...” y, finalmente, en el artículo 24, párrafo 1º, se establece que “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna... a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”. (…) Los derechos humanos o fundamentales y las obligaciones correlativas de los poderes públicos, han sido también, desarrollados en el plano infraconstitucional, tenemos así el Código de la Niñez y de la Adolescencia en general y la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, cuando se trate además de un niño (a) con necesidades especiales. Así, el Código de la Niñez y de la Adolescencia (Ley No. 7739) puntualiza que el norte interpretativo de toda acción pública o privada debe ser el interés superior del niño (artículo 5º). El ordinal 12 de ese cuerpo normativo estipula que el Estado deberá garantizar el derecho a la vida “con políticas económicas y sociales que aseguren condiciones dignas para la gestación, el nacimiento y el desarrollo integral”. El numeral 29 establece la obligación del padre, la madre o la persona encargada de “velar por el desarrollo físico, intelectual, moral, espiritual y social de sus hijos menores de dieciocho años” y de “cumplir con las instrucciones y los controles que se prescriban para velar por la salud de las personas menores de edad bajo su cuidado” (artículo 45). (…) y el artículo 13 de la Ley General de Salud No. 5395, del 30 de octubre de 1973… reconoce el deber de los padres y el Estado de velar por la salud y el desarrollo de los niños: “Los niños tienen derecho a que sus padres y el Estado velen por su salud y su desarrollo social, físico y psicológico. Por tanto, tendrán derecho a las prestaciones de salud estatales desde su nacimiento hasta la mayoría de edad. Los niños que presenten discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y emocionales gozarán de servicios especializados.". En conclusión, luego de todo lo dicho es claro que a los niños le asisten una serie de derechos especiales y correlativamente al Estado y los padres o encargados de los niños le asisten una serie de obligaciones y deberes para con ellos…”.

En cuanto a este tema, el artículo 3, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que:

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”

Similar disposición normativa se recoge en el artículo 5, párrafo primero, del citado Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece expresamente que:

“Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal”.

En igual forma, el artículo 4 de ese mismo cuerpo normativo señala lo siguiente:

“Artículo 4º.- Políticas estatales

Será obligación general del Estado adoptar las medidas administrativas, legislativas, presupuestarias y de cualquier índole, para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales de las personas menores de edad.

En la formulación y ejecución de políticas, el acceso a los servicios públicos y su prestación se mantendrá siempre presente el interés superior de estas personas. Toda acción u omisión contraria a este principio constituye un acto discriminatorio que viola los derechos fundamentales de esta población. De conformidad con el régimen de protección especial que la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño, este Código y leyes conexas garantizan a las personas menores de edad, el Estado no podrá alegar limitaciones presupuestarias para desatender las obligaciones aquí establecidas”.

Con sustento en lo anterior, esta Sala ha sido categórica en reconocer al interés superior del niño su condición y naturaleza de principio general que, como tal, forma parte del ordenamiento jurídico y debe ser aplicado para que rija y gobierne toda actividad administrativa y jurisdiccional relacionada con las personas menores de edad, a fin de garantizar el debido y efectivo respeto de sus derechos fundamentales. En consonancia con lo anterior, y según lo dispuesto en los artículos 3 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado costarricense tiene el deber fundamental de promover y asegurar las condiciones necesarias para garantizar en la máxima medida posible la supervivencia del menor y su desarrollo, así como asegurar a todos los niños el disfrute del más alto nivel posible de salud, por lo que deberá adoptar medidas apropiadas para reducir la mortalidad infantil y en la niñez, asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños y desarrollar la atención sanitaria preventiva. Por lo que, en general, se puede concluir que la existencia de un programa de vacunación infantil, que tenga por objeto prevenir que se produzca el brote de epidemias o que se dé un contagio a nivel individual, hace parte de la atención sanitaria preventiva que debe brindar el Estado costarricense en resguardo del derecho humano de todo niño a la salud y en cumplimiento de la tutela al interés superior del menor.

V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En la especie, el recurrente cuestiona el que se le pretende obligar a que permita que se le apliquen a su hija, menor de edad, vacunas contra sarampión, rubéola e intensificación contra polio, dentro del marco de la Campaña de Vacunación contra SRP (sarampión, rubéola y paperas) y Polio oral prevista en el Decreto Ejecutivo No. 36558-S del 21 de marzo del 2011. El recurrente alega, al efecto, motivos de índole religioso y técnico. (…)En cuyo caso, cabe reiterar que esta Sala ya ha reconocido que el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas. Nótese que, en este caso, con la aplicación de las referidas vacunas se pretende no solo tutelar la vida y la salud de la menor amparada, sino que la vida y la salud de los demás miembros de la comunidad -incluidos, especialmente, otros niños-, en la medida que dicho plan de vacunación lo que procura es evitar el riesgo potencial de brotes epidémicos de enfermedadas infecciosas que incluso pueden provocar discapacidades permanentes (p.ej. la rubéola congénita) o la muerte (p. ej. el sarampión) de las personas contagiadas, por lo que está en juego la preservación y resguardo de la salud pública. Por lo que debe recordarse que esta Sala ha resaltado:

“(…) La preponderancia de la vida y de la salud, como valores supremos de las personas, está presente y señalada como de obligada tutela para el Estado, no sólo en la Constitución Política, sino también en diversos instrumentos internacionales suscritos por el país como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Debe quedar claro no sólo la relevancia de los valores para los cuales el actor reclama tutela, sino también el grado de compromiso que el Estado costarricense ha adquirido en cuanto a acudir de manera incuestionable e incondicional en su defensa. (sentencia número 2000-01954 de las 8:53 horas del 3 de marzo del 2000)

Por lo demás, debe señalarse que según lo dispuesto en el artículo 43 del Código de la Niñez y la Adolescencia, si bien existe un régimen general de obligatoriedad respecto de la vacunación, también se reconoce la posibilidad de establecer excepciones por razones médicas, que deberán de ser autorizadas por el personal de salud correspondiente. Lo que se relaciona con la segunda objeción del recurrente, en cuanto cuestiona la necesidad o idoneidad de las vacunas que se pretenden aplicar a la amparada. Si el recurrente estima que existe algún motivo médico y técnico por el que no procede aplicar las vacunas en cuestión en el caso específico de la amparada, ello supone un extremo que deberá alegar ante las propias autoridades de salud. Máxime que ello implica una discusión cuyo análisis y resolución excede la naturaleza eminentemente sumaria del recurso de amparo, proceso en el cual no es material ni razonablemente posible entrar a un complicado sistema probatorio o a la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, por lo que este Tribunal ha sostenido reiteradamente la imposibilidad de analizar en esta sede la discrepancia en cuanto a criterios o parámetros técnicos.

Incluso, esta Sala ya ha indicado que el criterio técnico-médico utilizado por las autoridades sanitarias para fijar los alcances de las campañas de vacunación:

(…) no puede ni debe ser rebatido por este Tribunal, pues estaría interviniendo en una materia cuyo conocimiento técnico carece y respecto de la cual las autoridades recurridas han sido investidas con la autoridad y competencias constitucionales y legales para, en ejercicio de éstas, tomar las decisiones necesarias para la protección de la salud y la vida de los habitantes de la República, competencias que -resulta evidente- no puede ni debe asumir esta Sala.” (sentencia número 2007-000836 de las 8:33 horas del 26 de enero del 2007)

(…)VI.- EN CONCLUSION. Como corolario de lo anterior, no se observa que en el caso en estudio se haya incurrido en una infracción a los derechos fundamentales de la amparada con la emisión de la respectiva orden sanitaria, pues el Ministerio de Salud ha actuado de forma razonable y justificada en procura de proteger el derecho fundamental de la amparada a la salud, en resguardo del interés superior del menor y en tutela de la salud pública. Por lo que procede desestimar el amparo en estudio, como así se dispone”. (énfasis agregado).

Argumentos similares también fueron esgrimidos por esta Sala en la sentencia n.° 2013-2377 de las 9:20 horas del 22 de febrero de 2013 y la n.° 2017-18720 de las 9:15 horas del 21 de noviembre de 2017.”.

V.- Sobre el caso concreto. La recurrente, quien tiene 10 años de edad, se opone a la aplicación obligatoria de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). Asegura que ha indagado en fuentes internacionales y ha descubierto que dicha inmunización puede ocasionar severos efectos secundarios; sin embargo, acusa que en Costa Rica no se ha informado al respecto. Alega que cuenta con antecedentes familiares de alergias y actualmente sufre crisis bronquiales, por lo que existe un alto riesgo de afectación a su salud. Pide que se respete su autonomía de la voluntad. Del estudio de los autos, se acredita que la vacuna contra el VPH, bajo el nombre comercial de Gardasil, está farmacológicamente indicada para niñas y mujeres de 9 a 45 años de edad para la prevención del cáncer cervicouterino, vulvar, vaginal y anal, lesiones precancerosas o displásticas, verrugas genitales e infecciones causadas por el VPH tipo 6, 11, 16 y 18. Desde el año 2006, dicha vacuna fue aprobada por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de América y su uso fue recomendado por parte del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización y Vacunación (ACIP por sus siglas en inglés) de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América. Asimismo, en el año 2006, dicha vacuna fue autorizada por parte de la Agencia Europea de Regulación de Medicamentos, mientras que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) avalan su aplicación. En lo que respecta a Costa Rica, se verifica que la vacuna contra el VPH se registró por primera vez ante el Ministerio de Salud el 3 de marzo de 2007, con número de registro 1005-BV-4321, el cual se ha renovado dos veces en el año 2012 y 2017, y está vigente hasta el 30 de marzo de 2023. En este contexto, el Ministerio de Salud informa que dicha inmunización cuenta con su Plan de Farmacovigilancia y ha presentado el Informe Periódico de Seguridad, el cual contiene información sobre reacciones adversas de las que se ha tenido conocimiento en el período de referencia, así como una evaluación científica del balance entre beneficio y riesgo del medicamento, el cual ha sido favorable hacia el uso de la vacuna. Asimismo, se señala que el Comité Consultivo Mundial de la OMS sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS) examina periódicamente los datos sobre la seguridad de las vacunas contra VPH y los datos procedentes de todas las fuentes siguen siendo positivos con respecto a su seguridad.

Ahora bien, conforme las estadísticas brindadas por las autoridades recurridas, el cáncer cérvico uterino ocupa en Costa Rica el tercer lugar en incidencia (30 casos nuevos cada 100.000 mujeres) y el cuarto lugar en mortalidad por cáncer (6 fallecidas cada 100.000 mujeres), además de ser uno de los que produce más muertes a edades tempranas (entre 30 y 50 años). Tomando en consideración las estadísticas epidemiológicas nacionales, los resultados de la II Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y el estudio del costo-beneficio de la vacuna, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología del Ministerio de Salud aprobó la inclusión de la vacuna contra el VPH dentro del esquema de vacunación nacional y, por ende, su aplicación obligatoria en el grupo meta, que está constituido por niñas de 10 años de edad. El objetivo primordial es proteger a dicha población a efectos de prevenir que contraigan los tipos de VPH que ocasionan en mayor proporción el cáncer de cérvix y otros tipos de cáncer y padecimientos. Como se indicó anteriormente, la vacunación es parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar el Estado costarricense a fin de proteger el derecho fundamental a la salud de la población. Además, el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que, a la luz del interés superior del menor, justifica de forma válida la obligatoriedad de las vacunas incluidas en el esquema público básico nacional, sin que ello implique la lesión al principio de autonomía de la voluntad. En este contexto, mediante decreto ejecutivo n.° 41050 del 12 de marzo de 2018, se reformó el Reglamento a la Ley Nacional de Vacunación (n.° 32722-S del 20 de mayo de 2005), a efectos de incluir la vacuna contra el VPH dentro de la Lista Oficial de Vacunas del esquema público básico universal de Costa Rica, de modo que, en lo sucesivo, el ordinal 18 del Reglamento a la Ley Nacional de Vacunación se lee de la siguiente manera:

"Artículo 18.-La Lista Oficial de Vacunas incluidas en el esquema público básico universal de Costa Rica son lassiguientes:

1. Antituberculosa (BCG).

2. A., oral y polio intramuscular.

3. Antidifteria.

4. A., de células enteras y acelular.

5. A..

6. A. influenzae B.

7. Antihepatitis B.

8. Antisarampión.

9. A..

10. A..

11. A..

12. A., conjugada y de polisacáridos.

13. R..

14. Papiloma Humano.

La Caja Costarricense de Seguro Social deberá tomar las previsiones para incluirlo en el Catálogo de Suministros de la Institución y en la Lista Oficial de Medicamentos (LOM)." (énfasis agregado).

En consecuencia, el 14 de junio de 2018, en la sesión n.° 8969 (artículo 23), la Junta Directiva de la CCSS acordó aprobar la inclusión de la vacuna contra el VPH dentro del esquema nacional de vacunación. Posterior a ello, conforme lo informado bajo juramento, las instituciones sanitarias estatales implementaron estrategias de comunicación nacionales, regionales y locales para explicar sobre la inmunización contra el VPH en la campaña nacional denominada "El amor y las vacunas salvan vidas". En este contexto, la campaña se divulgó a través de medios audiovisuales y redes sociales y se elaboró material impreso oficial para padres de familias, docentes y niñas, donde se explican los aspectos relacionados a esta vacuna, entre ellos los posibles efectos adversos. Asimismo, se aprecia que las reacciones adversas, indicaciones, contraindicaciones, precauciones y advertencias respecto a la vacuna están descritas en el inserto incluido dentro del empaque del producto, el cual puede ser pedido al Ministerio de Salud. En esta línea, conviene advertir que no consta que la recurrente ni sus padres hayan solicitado información relacionada con la vacuna contra el VPH al Ministerio de Salud o a la CCSS y esta le haya sido denegada. O., las autoridades recurridas informan que, al momento de aplicarle a las niñas la vacuna contra el VPH, los funcionarios encargados explican de previo el objetivo del fármaco, los posibles efectos adversos (reportados en los estudios clínicos así como en la etapa de postcomercialización del producto) y los cuidados que se deben de tener después de la vacunación.

Por su lado, la Norma Nacional de Vacunación 2013, en relación con esta vacuna, indica lo siguiente:

“4.22. Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) Protege contra tipos de Virus de Papiloma Humano de alto riesgo oncogénico(…)

4.22.8. Contraindicaciones - Reacción anafiláctica a algunos de los componentes de la vacuna.

4.22.9. Posibles efectos secundarios Los efectos secundarios más comunes de esta vacuna son: dolor, hinchazón, picazón, enrojecimiento o formación de un hematoma en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, fiebre, náuseas, mareos, vómitos, desmayos. Se observó un aumento de los casos de hinchazón en el lugar de la inyección.”

En consonancia con ello, las autoridades recurridas informan que, como todo fármaco, la vacuna contra el VPH puede tener reacciones adversas leves y contraindicaciones (por ejemplo, una reacción anafiláctica a alguno de loscomponentes de la vacuna, ante lo cual se debe evitar la aplicación del refuerzo –segunda dosis– de la inmunización); sin embargo, los ensayos clínicos posteriores a la aprobación de la vacuna del VPH no han revelado diferencias clínicamente importantes entre las personas vacunadas versus las no vacunadas en relación con la aparición de nuevas enfermedades crónicas o autoinmunes. Aunado a ello, como se indicó al inicio de este considerando, la seguridad de la vacuna ha sido avalada por organismos internacionales y entidades de renombre mundial como la FDA; además, es periódicamente revisada, de lo cual es informado el Ministerio de Salud. Ahora bien, sobre el alegato de la recurrente en el sentido de que ha indagado en fuentes internacionales y ha descubierto que la vacuna contra el VPH puede llegar a producir severos daños en su salud, es menester hacer hincapié, tal como este tribunal señaló en el voto n.º 2011-9067 (criterio , reiterado en las sentencias n.ºs 2013-2377 y 2017-8720), que la cuestión “implica una discusión cuyo análisis y resolución excede la naturaleza eminentemente sumaria del recurso de amparo, proceso en el cual no es material ni razonablemente posible entrar a un complicado sistema probatorio o a la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, por lo que este Tribunal ha sostenido reiteradamente la imposibilidad de analizar en esta sede la discrepancia en cuanto a criterios o parámetros técnicos.” Por consiguiente, la vía de amparo, por su naturaleza sumaria, no es idónea para verificar la fiabilidad y rigurosidad científica de la prueba documental aportada por la accionante tendente a advertir sobre estos supuestos efectos secundarios graves. En virtud de ello, la amparada podrá, si a bien lo tiene, plantear dichos elementos ante los órganos técnicos competentes para lo que corresponda. La recurrente aduce que tiene antecedentes familiares de alergias y actualmente sufre de enfermedades respiratorias, lo que es un factor de riesgo para la aplicación de la vacuna contra el VPH. Sin embargo, las autoridades accionadas indican que dichas condiciones de salud no contraindican la aplicación de la vacuna contra VPH. En todo caso, cabe recordar que si bien existe un régimen

general de obligatoriedad respecto de la vacunación del esquema básico nacional, también se reconoce la posibilidad de establecer excepciones por razones médicas, las cuales deben ser autorizadas por el personal de salud correspondiente. En esta línea, el ordinal 150 de la Ley General de Salud establece lo siguiente: “ARTICULO 150.- Son obligatorias la vacunación y revacunación contra las enfermedades transmisibles que el Ministerio determine. Los casos de excepción, por razón médica, serán autorizados sólo por la autoridad de salud correspondiente.” (énfasis agregado). En similar sentido, el numeral 43 del Código de la Niñez y la Adolescencia preceptúa lo siguiente: Artículo 43°- Vacunación. Las personas menores de edad deberán ser vacunadas contra las enfermedades que las autoridades de salud determinen. Suministrar y aplicar las vacunas serán obligaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por razones médicas, las excepciones para aplicar las vacunas serán autorizadas solo por el personal de salud correspondiente. El padre, la madre, los representantes legales o las personas encargadas serán responsables de que la vacunación obligatoria de las personas menores de edad a su cargo se lleve a cabo oportunamente” (énfasis agregado). Así las cosas, si la recurrente estima que existe algún motivo médico específico por el que no procede aplicarle la vacuna contra el VPH, deberá alegarlo, ya sea ella o sus encargados, ante las propias autoridades de salud, para que allí se determine lo pertinente a la luz de sus condiciones particulares de salud. Lo anterior implica, tal como ha ocurrido en el sub iudice, la obligación de las autoridades de avisar, de previo, sobre la aplicación de la vacuna a los padres, madres, representantes legales o personas encargadas, con el objeto de que estos últimos puedan informar al personal médico acerca de alguna condición que supuestamente contraindique la referida aplicación, lo cual deberá ser valorado por el personal médico de la CCSS. Asimismo, previo a la aplicación de la vacuna, se deberá dar una explicación sobre los beneficios de la misma y los eventuales efectos secundarios.

En mérito de las consideraciones esgrimidas, se impone declarar sin lugar el recurso.”

Tales consideraciones sin duda son aplicables al caso concreto, en consecuencia, lo que procede en el presente caso es desestimar en igual sentido los argumentos del recurrente F.U., los cuales en síntesis son los mismos que esta Sala analizó y desestimó en la citada sentencia número 2019-014677 de las nueve horas veinte minutos del siete de agosto de dos mil diecinueve. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso.

V.- Nota de los Magistrados S.A., E.R. y P.B., con redacción del primero.

Coincidimos con el voto de la Sala, en cuanto declara sin lugar el recurso, por las razones en él contenidas; sin embargo, debemos agregar, según lo acreditado en este asunto, donde prevalece la evidencia científica, que la aplicación de la citada vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), bajo el nombre comercial de “Gardasil”, produce efectos secundarios leves e incluyentes los siguientes: dolor, hinchazón, picazón, enrojecimiento o formación de hematoma en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, fiebre, náuseas, mareos, vómitos y desmayos, no así discapacidades o la muerte. Ahora bien, en atención al derecho a la información de la menor amparada, estimamos que, previo a su vacunación y bajo la orientación de sus padres o representantes, educadores y funcionarios de salud, deberá informársele del objetivo del fármaco, los citados efectos adversos que se pueden asociar, así como la entrega del prospecto incluido dentro del empaque del producto. Finalmente, tal y como lo indica la sentencia, con base en criterios médicos, podrían establecerse casos de excepción para aplicación de la citada vacuna, lo cual deberá alegarse de previo ante las propias autoridades de salud. En este sentido, debe tenerse presente lo señalado en la Norma Nacional de Vacunación 2013, en relación con esta vacuna, sobre las contraindicaciones:

4.22.8. Contraindicaciones - Reacción anafiláctica a algunos de los componentes de la vacuna.

Lo anterior, en relación con el artículo 150, de la Ley General de Salud, que establece lo siguiente:

ARTICULO 150.- Son obligatorias la vacunación y revacunación contra las enfermedades transmisibles que el Ministerio determine. Los casos de excepción, por razón médica, serán autorizados sólo por la autoridad de salud correspondiente” (énfasis agregado).

De este modo, si el recurrente considera que la amparada, debido a su condición de salud, podría calificar como un caso de excepción, ante la posibilidad de que exista una contraindicación por reacción anafiláctica a algunos componentes de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), deberá plantear sus alegatos, con fundamento en razones médicas, ante las autoridades recurridas, que deberán valorar su caso particular en atención a lo dispuesto en la normativa antes citada, previo a su vacunación.

VI.- NOTA DE LAS M.E.R. Y PICADO BRENES: Aclaramos que en este recurso no consignamos las razones adicionales relacionadas con el derecho a la información y los casos de excepción para la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano, porque tal y como se logró acreditar en autos, el recurrente solicitó de forma expresa que a la menor amparada no se le aplicara la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), lo anterior en ocasión a la explicación que le brindó el día 04 de junio del 2019, la M.S.c. G.M.A., enfermera del Área de Salud de Goicoechea.

VII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión Nº 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión Nº 43- 12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso. Las M.E.R. y P.B., ponen nota.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ana María Picado B.

Mauricio Chacón J.

Ileana Sánchez N.

Documento Firmado Digitalmente

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