Sentencia Nº 2019016862 de Sala Constitucional, 06-09-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha06 Septiembre 2019
Número de sentencia2019016862
Número de expediente19-014077-0007-CO

*190140770007CO*

Exp: 19-014077-0007-CO

Res. Nº 2019016862

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del seis de setiembre de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 19-014077-0007-c0, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 06 de agosto de 2019, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social y manifiesta que el amparado es adulto mayor de 67 años de edad y debido a su condición presentó solicitud de pensión a través del Régimen No Contributivo de la CCSS en la sucursal de Pérez Zeledón. Como la solicitud fue rechazada, en octubre de 2018, presentó un recurso de apelación ante la misma Sucursal. Dicho recurso se trasladó ante la Comisión Nacional de Apelaciones en San José. No obstante, a la fecha de interposición de este amparo, su recuso no ha sido resuelto, lo cual resulta a su consideración violatorias de sus derechos fundamentales, y solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- La resolución de las 09:22 horas del 09 de Agosto de 2019 que da curso a este amparo fue debidamente notificada a la autoridad recurrida el 13 del mismo mes.

3.- Informa bajo juramento Julio César Cano Barquero, en su calidad de Coordinador interino de la Comisión Nacional de Apelaciones IVM-RNC de la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, que el tutelado es un adulto mayor de 67 años de edad y ha gestionado la solicitud de pensión por el Régimen No Contributivo ante la Sucursal de Pérez Zeledón, lo cual realizó el 24 de octubre del 2017. Por resolución N [Valor 002]-2018 de 05 de mayo de 2018, la Sucursal de Pérez Zeledón procedió a denegar el beneficio solicitado por cuanto el ingreso per cápita era mayor que el parámetro establecido, producto del salario de referencia por el pago de seguro de salud en la UPIAV, promedio de ingresos por la cosecha de café y saldo en la cuenta en Credecoop. Dicha resolución fue notificada el 14 de junio de 2018 (folios del 29 al 32). Añade que ante la denegatoria, la parte interesada planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante la Sucursal de Pérez Zeledón, el 16 de junio de 2018 (folio 33). Así las cosas, a través de la resolución N 6009811-01-2018 del 27 de setiembre de 2018, la Sucursal de repetida cita procedió a atender lo relativo al recurso de revocatoria, declarando sin lugar el recurso y confirmando la resolución impugnada. Agrega que la resolución fue notificada el 05 de octubre de 2018 (folios del 38 al 40). Añade que por resolución número GP-1392-2019 del 28 de febrero de 2019, el Gerente de Pensiones, con base en la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Apelaciones IVM/RNC, atendió la apelación planteada y se determinó declararla sin lugar y confirmar la resolución impugnada. Indica que la que resuelve la apelación fue notificada el 16 de Agosto de 2019. Pide se declare sin lugar el recurso.

4.- Informa bajo juramento Jorge Minor Mata Arias, en su calidad de Administrador de la Sucursal de la CCSS que debido a la denegatoria del beneficio a la parte interesada, este interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, el 18 de junio de 2018. Por resolución N GP-1392-2019 de 28 de febrero de 2019, la Comisión Nacional de Apelaciones declara sin lugar el recurso de apelación presentado. Sin embargo, fue notificado al recurrente hasta el día 16 de agosto de 2019. Pide se declare sin lugar el recurso.

5.- Informa bajo juramento Jaime Barrantes Espinoza, en su calidad de Gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro que, el expediente a nombre del tutelado se encontraba en custodia y análisis de la Comisión Nacional de Apelaciones IVM-RNC. Se instruyó al licenciado Julio César Cano Barquero como Coordinador de la Comisión, remitir a la Sala el informe respecto al caso y adjuntar el expediente respectivo. Pide se declare sin lugar el recurso.

6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales .

Redacta la Magistrada Picado Brenes; y,

Considerando:

I.- CUESTIÓN PRELIMINAR . Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no razonablemente los plazos pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados, a la luz de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política. Precisamente, en el sub lite, en parte se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una gestión relacionada con solicitud de pensión ante la CCSS. Atendiendo a ello, esta Sala valorará las posibles dilaciones en donde se reclamen violación a un procedimiento pronto y cumplido relacionado con las solicitudes de pensiones por el Régimen No Contributivo, razón por la cual se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. Reclama el recurrente que ante la denegatoria de pensión por parte de la CCSS, presentó recurso de apelación en octubre de 2018. No obstante a la fecha no ha sido resuelto. Estima que le han violado sus derechos fundamentales, por lo que solicita se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) El 24 de octubre de 2017, el tutelado -adulto mayor de 67 años de edad- gestionó la solicitud de pensión por el Régimen No Contributivo ante la Sucursal de Pérez Zeledón (informe de autoridad recurrida).

b) Por resolución N [Valor 002]-2018 de 05 de mayo de 2018, la Sucursal de Pérez Zeledón procedió a denegar el beneficio solicitado. La resolución fue notificada el 14 de junio de 2018 (informe de autoridad recurrida, expediente administrativo, folios del 29 al 32).

c) El 16 de junio de 2018 el amparado planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución que deniega el beneficio de pensión, ante la Sucursal de Pérez Zeledón (informe de autoridad recurrida, expediente administrativo, folio 33).

d) Por resolución N° 6009811-01-2018 del 27 de setiembre de 2018, la Sucursal de Pérez Zeledón declaró sin lugar el recurso de revocatoria. La resolución fue notificada el 05 de octubre de 2018 (informe de autoridad recurrida, expediente administrativo, folios del 38 al 40).

e) Por resolución número GP-1392-2019 del 28 de febrero de 2019, el Gerente de Pensiones, con base en la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Apelaciones IVM/RNC, atendió la apelación planteada y la desestimó, confirmando la resolución impugnada (informe de autoridad recurrida).

f) La resolución de las 09:22 horas del 09 de Agosto de 2019, que da curso a este amparo, fue debidamente notificada a la autoridad recurrida el 13 del mismo mes.

g) La resolución número GP-1392-2019 del 28 de febrero de 2019 del Gerente de Pensiones fue notificada el 16 de Agosto de 2019. (Informe de Gerente de Pensiones de la CCSS).

IV.- SOBRE EL FONDO . De los informes rendidos por las autoridades recurridas, los cuales son dados bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica, se desprende que el 24 de octubre de 2017, el tutelado -adulto mayor de 67 años de edad- gestionó la solicitud de pensión por el Régimen No contributivo ante la Sucursal de Pérez Zeledón. Se logró comprobar que por la resolución N° [Valor 002]-2018 de 05 de mayo de 2018, la Sucursal de Pérez Zeledón procedió a denegar el beneficio solicitado La resolución fue notificada el 14 de junio de 2018. Contra la resolución que deniega el beneficio de pensión, el amparado planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio. El recurso de revocatoria fue declarado sin lugar por la resolución N 6009811-01-2018 del 27 de setiembre de 2018, de la Sucursal de Pérez Zeledón. Por ello, el asunto fue elevado a conocimiento de la Gerencia de Pensiones que resolvió mediante resolución número GP-1392-2019 del 28 de febrero de 2019, desestimando el recurso y confirmando la resolución impugnada. La resolución número GP-1392-2019 del 28 de febrero de 2019, del Gerente de Pensiones fue notificada el 16 de Agosto de 2019. Del cuadro fáctico descrito se observa que la resolución que resuelve el recurso de apelación fue comunicada al interesado después de haberse notificado a la autoridad recurrida la resolución que da curso a este amparo el día 13 de Agosto de 2019. El amparado debió esperar casi un año desde que se declaró sin lugar el recurso de revocatoria, para que se resolviera y comunicara el recurso de apelación, lo que es un plazo irrazonable. De este modo, se constata la violación acusada y procede acoger el presente amparo, sin especial condenatoria en costas daños y perjuicios, habida cuenta que, como se demostró, la pretensión del interesado fue satisfecha con motivo del amparo.

V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes ”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:

Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado, salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas, de conformidad con los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.



Fernando Castillo V.
Presidente
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Mauricio Chacón J.
Lucila Monge P.


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