Sentencia Nº 2019017564 de Sala Constitucional, 13-09-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2019017564
Fecha13 Septiembre 2019
Número de expediente19-015497-0007-CO

*190154970007CO*

Exp: 19-015497-0007-CO

Res. Nº 2019017564


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del trece de setiembre de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 19-015497-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002] , contra DIRECTORA GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.

Resultando:

  1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:28 horas del 27 de agosto de 2019, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la directora general de Migración y Extranjería, y manifiesta que el 12 de abril de 2019 inició a favor del amparado el procedimiento de solicitud de residencia permanente, el cual se está tramitando en expediente migratorio Nº 135-612283. Indica que el 24 de mayo de 2019 entregaron los documentos restantes. Manifiesta que el artículo 27 del Reglamento de Extranjería estipula, en relación con los plazos en los procedimientos de solicitud de permanencia en el país, lo siguiente: "Artículo 27.- Una vez que la persona extranjera cumpla con todos los requisitos de conformidad con la categoría migratoria pretendida, la Dirección General por medio de la Gestión de Extranjería, resolverá la solicitud en un periodo máximo de tres meses. Tratándose de peticiones para la legalización de permanencia presentadas en el exterior u oficinas regionales, el plazo anterior corre a partir del recibo de la documentación en las oficinas Centrales de la Dirección General de Migración". Reclama que han pasado más de 3 meses desde que el expediente se encuentra completo y a la espera de una resolución, excediéndose el plazo concedido en la normativa y aún no se ha resuelto nada sobre el asunto. Agrega que este atraso afecta negativamente el desarrollo del menor de edad, al carecer de un estatus migratorio para permanecer en Costa Rica al lado de su familia. Solicita el recurrente que se declare con lugar el recurso.

  2. Mediante resolución de las 12:53 horas del 29 de agosto de 2019 se dio curso al presente recurso, lo cual se notificó a los recurridos en fecha 29 de agosto de 2019.
  3. Informa bajo juramento RAQUEL VARGAS JAUBERT, en su condición de DIRECTORA GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, que el objeto del recurso versa sobre situaciones directamente relacionadas con la legalidad ordinaria en la resolución de consultas planteadas ante la Administración, por lo que estima que no debe ser analizado en esta sede, sino en la vía contencioso-administrativa. Manifiesta que el el 14 de abril de 2019, el recurrente presentó una solicitud de residencia a nombre de la persona menor de edad de apellidos [Nombre 003]. Dicha solicitud fue resuelta mediante resolución Nº 135-816650-Administrativa, del 28 de agosto de 2019, que concede al amparado la residencia permanente libre de condición por ser hermano menor de costarricense. La misma fue notificada el 02 de setiembre de 2019, al medio indicado por el solicitante. Solicita se desestime el recurso planteado.
  4. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,

Considerando:

  1. Cuestión preliminar. De previo a analizar el fondo del alegato – por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia Nº 2008-02545 de las 8:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones – aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo – instruido de oficio o a instancia de parte – o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el presente asunto, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante un procedimiento administrativo donde está involucrado una persona menor de edad.
  2. Objeto del recurso. Acusa el recurrente que la falta de resolución de la solicitud de residencia permanente, presentada desde el 24 de mayo de 2019, lesiona los derechos fundamentales del amparado.
  3. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
    1. El amparado es una persona menor de edad de nacionalidad dominicana (hecho no controvertido).

    2. El 14 de abril de 2019 el recurrente presentó ante la Dirección General de Migración y Extranjería una solicitud de residencia permanente a nombre del amparado, la cual se tramita bajo expediente administrativo Nº 135-612283

    3. Se previno al correo electrónico designado que la solicitud no contaba con todos los documentos requeridos (véase informe de autoridad recurrida).

    4. El 24 de mayo de 2019 el recurrente presentó ante la Dirección General de Migración y Extranjería los documentos faltantes (véase informe de autoridad recurrida).

    5. El 28 de agosto de 2019 la Dirección General de Migración y Extranjería emitió la resolución administrativa Nº 135-816650, en la cual se concedió la residencia permanente libre de condición por ser hermano menor de costarricense (véase informe de autoridad recurrida).

    6. La resolución que dio curso al presente recurso fue notificada a los recurridos en fecha 29 de agosto de 2019 (acta de notificación).

    7. El 02 de setiembre de 2019 se notificó al recurrente -al correo electrónico designado- la aprobación de residencia permanente (véase informe de autoridad recurrida).

  4. Sobre el caso concreto. Del análisis de los autos se desprende que el amparado es una persona menor de edad de nacionalidad dominicana, y el 14 de abril de 2019 el recurrente presentó ante la Dirección General de Migración y Extranjería una solicitud de residencia permanente a nombre del amparado. Sin embargo, se le previno que no aportó toda la documentación requerida, por lo que el 25 de mayo de 2019, el recurrente subsanó la gestión. El 28 de agosto de 2019, la Dirección General de Migración y Extranjería emitió la resolución administrativa Nº 135-816650, en la cual se concedió la residencia permanente libre condición por ser hermano menor de costarricense, la cual fue debidamente notificada el 02 de setiembre de 2019. Es decir, dicha comunicación fue realizada con posterioridad a la notificación de la resolución que dio curso al presente recurso, con lo cual se constata la acusada vulneración al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida. En consecuencia, y dado que se tiene por satisfecha la pretensión de fondo del recurrente, el recurso debe ser declarado con lugar sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.
  5. Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
  6. Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes ”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
  1. Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y ordena también la condenatoria en daños, perjuicios y costas a la parte recurrida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Fernando Castillo V.
Presidente
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Mauricio Chacón J.
Hubert Fernández A.


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