Sentencia Nº 2019017610 de Sala Constitucional, 13-09-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha13 Septiembre 2019
Número de expediente19-015898-0007-CO
Número de sentencia2019017610

*190158980007CO*

Exp: 19-015898-0007-CO

Res. Nº 2019017610

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del trece de setiembre de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo presentado por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 10:29 horas del 02 de setiembre del 2019 el recurrente presenta recurso de amparo contra la Caja Costarricense del Seguro Social. Manifiesta que hace más de un año sufrió un accidente laboral mientras trabajaba para Geovanny Molina Rojas; no obstante, por falta de conocimiento no accionó contra su patrono en tiempo, ya que no contaba con seguro de salud ni póliza de riesgos del Instituto Nacional de Seguros (INS), y cuando lo hizo, ya no era posible responsabilizarlo por encontrarse fuera del plazo legal. Explica que, cuando ocurrió el accidente presentó una deformación en la visión del ojo izquierdo, el cual desde entonces se muestra deficiente y no reacciona al movimiento ocular, lo cual le genera mucho dolor, en los ojos, la cabeza, además de síntomas de estrés, estrabismo y falta de equilibrio. Refiere que en junio de 2019 tomó el seguro de salud voluntario y el 25 de ese mes se presentó al Equipo Básico de Atención Integral en Salud (EBAIS) Fortuna Sur. En dicha oportunidad se le refirió al Servicio de Oftalmología del hospital recurrido (cita No. 2018005514754), para una primera valoración. No obstante, dicha cita la fue programada para el 8 de setiembre de 2021. Reclama que el plazo que debe esperar para ser revisado por el especialista que necesita es irrazonable y violatorio de sus derechos fundamentales a la salud y a una vida digna. Solicita que se declare con lugar el recurso y se le reprograme la cita de interés, a la brevedad posible.

2.- Por resolución de las 16:25 horas del 03 de setiembre del 2019 se le dio curso al presente amparo y se le solicitó informe al director médico y al jefe del Servicio de Oftalmología, ambos del Hospital de San Carlos (ver registro electrónico).

3.- Informa bajo juramento Yolanda Sánchez Aguilar en su calidad de Médico general del Ebais Fortuna Sur (ver registro electrónico) que es médico general y tratante en una única ocasión del señor [Nombre 001], cedula [Valor 001]. Lo atendió el día 10 de junio del 2019 en el Ebais de Fortuna Sur en La Fortuna de San Carlos. El recurrente le manifestó que hace un años había sufrido un accidente laboral por el cual consultó a la aseguradora de manera tardía por lo cual desestimaron su caso y que no había consultado a CCSS porque no tenía seguro, y que como secuela de ese accidente inicio un padecimiento visual en el ojo izquierdo, asociado a desequilibrio al cerrar los ojos y cefalea ocasional por lo que solicito referencia a oftalmología. Se le realizó atención integral al paciente y se encontró un estrabismo en el ojo izquierdo, una visión conservada en ambos ojos en el análisis individual, pero alterada al tener ambos ojos abiertos con corrección parcial ante el uso de lentes, sin inflamación ocular al momento de la examinación, sin ulceraciones, y reactividad pupilar conservada con difícil valoración del fondo del ojo por miosis. Le hizo una referencia a cupo al servicio de oftalmología dada la evolución crónica de la enfermedad y estado el momento de la examinación.

4.- Informa bajo juramento Edgar Carrillo Rojas y Carlos Mario Salazar Quirós en calidad de director general el primero y jefe del Servicio de Cirugía el segundo, ambos del Hospital San Carlos (ver registro electrónico) que el hospital cuenta actualmente con tres oftalmólogos que se encargan tanto de la consulta externa, como de la lista de espera quirúrgica. Actualmente se realizan 25 procedimientos oftalmológicos diarios en jornada ordinaria, lo cual representa 500 procedimientos mensuales, sin embargo, la taza de entrada es tan elevada que no ha permitido reducir las listas. En la lista quirúrgica actual se tienen únicamente 835 pacientes pendientes de cirugía, lo anterior gracias a las jornadas de producción durante el II trimestre del año en curso, lo cual permitió resolver aproximadamente 1085 procedimientos quirúrgicos, disminuyen el plazo de espera promedio a 92 días. A nivel de consulta externa, se tiene una lista de espera de 2100 pacientes, misma que se espera resolver con la reciente puesta en marcha de jornadas de producción para la consulta externa, con la cual se pretende cerrar el año 2019 con plazos de espera mejores a los 90 días en esa especialidad. Gracias a las gestiones logradas con las jornadas de producción, se están adelantando muchas de las citas como la del recurrente, quien ingresó a la lista a finales del mes de junio, con una cita asignada para el año 2021, la cual se reprogramó para el 31 de octubre del 2019. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Picado Brenes; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO: El recurrente alega que por un accidente laboral que sufrió, se le originó una deformación en la visión del ojo izquierdo, lo cual le genera mucho dolor, en los ojos, la cabeza, además de síntomas de estrés, estrabismo y falta de equilibrio. Refiere que en junio de 2019 tomó el seguro de salud voluntario y el 25 de ese mes se presentó al Equipo Básico de Atención Integral en Salud (EBAIS) Fortuna Sur. En dicha oportunidad se le refirió al Servicio de Oftalmología del hospital recurrido (cita No. 2018005514754), para una primera valoración. No obstante, dicha cita la fue programada para el 8 de setiembre de 2021. Reclama que el plazo que debe esperar para ser revisado por el especialista que necesita es irrazonable y violatorio de sus derechos fundamentales a la salud y a una vida digna.

II.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  1. Que el recurrente fue atendido en el Ebais Fortuna Sur por la médico Yolanda Sánchez Aguilar el 10 de junio del 2019 (ver registro electrónico).

  2. Que al recurrente se le realizó atención integral y se encontró un estrabismo en el ojo izquierdo, una visión conservada en ambos ojos en el análisis individual, pero alterada al tener ambos ojos abiertos con corrección parcial ante el uso de lentes, sin inflamación ocular al momento de la examinación, sin ulceraciones, y reactividad pupilar conservada con difícil valoración del fondo del ojo por miosis (ver registro electrónico).

  3. Que al recurrente se le remitió una referencia a cupo al servicio de oftalmología del Hospital San Carlos el día 10 de junio del 2019

  4. Que al recurrente se le asignó cita en el Servicio de Oftalmología del Hospital San Carlos para el 08 de setiembre del 2021 (ver registro electrónico).

  5. Que en acatamiento a la medida cautelar dictada en la resolución de curso del presente amparo se le reprogramó para el 31 de octubre del 2019 (ver registro electrónico).

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO: De los informes rendidos por las autoridades recurridas, los cuales son dados bajo la solemnidad del juramento, con las consecuencias legales que ello implica se desprende que el recurrente fue atendido en el Ebais Fortuna Sur por la médico Yolanda Sánchez Aguilar el 10 de junio del 2019. Al momento de su atención integral, la médico tratante le encontró un estrabismo en el ojo izquierdo, una visión conservada en ambos ojos en el análisis individual, pero alterada al tener ambos ojos abiertos con corrección parcial ante el uso de lentes, sin inflamación ocular al momento de la examinación, sin ulceraciones, y reactividad pupilar conservada con difícil valoración del fondo del ojo por miosis. Se acredita que al recurrente se le remitió una referencia a cupo al servicio de oftalmología del Hospital San Carlos el día 10 de junio del 2019. Quedó constatado que al recurrente se le asignó cita en el Servicio de Oftalmología del Hospital San Carlos para el 08 de setiembre del 2021. Finalmente se comprobó que en acatamiento a la medida cautelar dictada en la resolución de curso del presente amparo se le reprogramó para el 31 de octubre del 2019. En conclusión , es cierto que al recurrente se le asignó una cita para el 08 de setiembre del 2021, la cual le fue reprogramada en ocasión a la interposición del presente recurso, para el 31 de octubre del 2019. Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.

IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub-lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- NOTA DE LA MAGISTRADA ESQUIVEL RODRÍGUEZ Y EL MAGISTRADO CHACÓN JIMÉNEZ, CON REDACCIÓN DE LA PRIMERA: El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y sobretodo el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social es un agravio que se ha tornado recurrente en esta Sala Constitucional. Este tipo de procesos han venido en un aumento exponencial, los cuales se evidencian mediante los números que se lleva en la estadística de este Tribunal:

Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:

AÑO
CANTIDAD EN SALUD
PORCENTAJE
2012
1745
10,26%
2013
1891
12,39%
2014
2710
13,02%
2015
3725
20,07%
2016
4865
27,08%
2017
5682
28,38%
2018
6932
33,78%
2019*
743
29,90%

(*) Asuntos ingresados del 01 de enero al 14 de febrero de 2019.

Del cuadro anterior se infiere un aumento constante, desde el año 2012 a la fecha, en la cantidad de asuntos por violación al derecho a la salud que han ingresado a la jurisdicción constitucional, tendencia que en estos momentos tiende al aumento. De tales asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal en la sentencia No. 2019-5560 de las 09:30 hrs. del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente por el estado de las listas de espera. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal ordenó la elaboración en el plazo de seis meses de un sistema de gestión integrado para solventar los problemas de lista de espera y que incorporara soluciones a las causas estructurales reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente 18-14499-0007-CO, entre otras, ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, las consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, así como el ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado, deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a ello, el proyecto de sistema de gestión integrado, deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse bajo los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Es decir, con la citada sentencia se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social –de conformidad con sus competencias constitucionales y legales- tome las medidas para poner fin a la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de las personas que acuden a esa institución a recibir atención médica. Aunado a ello, en aras de dar un seguimiento del cumplimiento de esta sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, se le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que deberá coadyuvar con el seguimiento de la ejecución de esta resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de disponer de acciones que reduzcan la problemática y que evite que los ciudadanos tengan que recurrir ante la Sala Constitucional para poder ver satisfecho su derecho a la salud.

VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes ”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante, la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Edgar Carrillo Rojas y Carlos Mario Salazar Quirós en calidad de director general el primero y jefe del Servicio de Cirugía el segundo, ambos del Hospital San Carlos o a quienes en su lugar ocupen los cargos, disponer lo necesario para que [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] sea valorado en el Servicio de Oftalmología en la fecha indicada en el informe (31 de octubre del 2019), lo anterior en estricto apego al criterio del médico tratante y si otra condición médica no lo contraindica. Se previene a los recurridos que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se les impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. La Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez ponen nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Notifíquese a Edgar Carrillo Rojas y Carlos Mario Salazar Quirós en calidad de director general el primero y jefe del Servicio de Cirugía el segundo, ambos del Hospital San Carlos o a quienes en su lugar ocupen los cargos, EN FORMA PERSONAL.


Fernando Castillo V.
Presidente
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Mauricio Chacón J.
Hubert Fernández A.



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