Sentencia Nº 2019017910 de Sala Constitucional, 18-09-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha18 Septiembre 2019
Número de sentencia2019017910
Número de expediente19-015089-0007-CO

*190150890007CO*

Exp: 19-015089-0007-CO

Res. Nº 2019017910


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del dieciocho de setiembre de dos mil diecinueve .
Acción de inconstitucionalidad promovida por [Nombre 001], mayor, costarricense, soltera, cédula de identidad No. [Valor 001], docente, vecina de Moravia, San José, contra los artículos 33, 83 y 101 del Estatuto de Servicio Civil, el ordinal 45 del Reglamento de Carrera Docente, los numerales 2 y 11 del Manual para Administrar Personal Docente del Estatuto de Servicio Civil, el Decreto Ejecutivo N° 12915-E-P del 31 de agosto de 1981, reformado por el Decreto Ejecutivo N° 14206-E-P del 4 de enero de 1983, el Manual No. DRH-PRO-05-DARH-086 del 1 de marzo de 2018, versión 1.0, llamado “Resolución de Reajustes en Propiedad ”, el criterio jurídico No. DAJ-017-C-2018 (DHR) de la Dirección de Asuntos Jurídicos, las circulares Nos. DRH-9875-2017-DRH, 11122-2017-DIR y DRH-12939-2017-DIR, los oficios Nos. VM-A-DRH-5942-2019, VH-A-DRH-3419-2019, VH-A-DRH-3519-2019, VH-A-DRH-14053-2018 y DRH-DARH-UST-378-2019 y la resolución No. DRH-ULEG-99-2019 de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, las resoluciones Nos. TCD-552-2019 y TCD-RES-606-2019 del Tribunal de Carrera Docente, los oficios Nos. ACD-UACD-OF-721-2019, ACD-UACD-OF-0813-2019, ACD-UACD-OF-902-2019, ACD-OF-1023-2019 y ACD-OF-1030-2019 de la Dirección General de Servicio Civil, el Compendio de normas y procedimientos de la Unidad de Investigación y Desarrollo del Área de Carrera Docente de la Dirección General de Servicio Civil de mayo del 2008 y el informe No. CD-0012-2014 del Área de Carrera Docente de la Dirección General de Servicio Civil.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en esta Sala el 21 de agosto de 2019, la accionante solicita que se declaren inconstitucionales los artículos 33, 83 y 101 del Estatuto de Servicio Civil, el ordinal 45 del Reglamento de Carrera Docente, los numerales 2 y 11 del Manual para Administrar Personal Docente del Estatuto de Servicio Civil, el Decreto Ejecutivo N° 12915-E-P del 31 de agosto de 1981, reformado por el Decreto Ejecutivo N° 14206-E-P del 4 de enero de 1983, el Manual No. DRH-PRO-05-DARH-086 del 1 de marzo de 2018, versión 1.0, llamado “ Resolución de Reajustes en Propiedad”, el criterio jurídico No. DAJ-017-C-2018 (DHR) de la Dirección de Asuntos Jurídicos, las circulares Nos. DRH-9875-2017-DRH, 11122-2017-DIR y DRH-12939-2017-DIR, los oficios Nos. VM-A-DRH-5942-2019, VH-A-DRH-3419-2019, VH-A-DRH-3519-2019, VH-A-DRH-14053-2018 y DRH-DARH-UST-378-2019 y la resolución No. DRH-ULEG-99-2019 de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, las resoluciones Nos. TCD-552-2019 y TCD-RES-606-2019 del Tribunal de Carrera Docente, los oficios Nos. ACD-UACD-OF-721-2019, ACD-UACD-OF-0813-2019, ACD-UACD-OF-902-2019, ACD-OF-1023-2019 y ACD-OF-1030-2019 de la Dirección General de Servicio Civil, el Compendio de normas y procedimientos de la Unidad de Investigación y Desarrollo del Área de Carrera Docente de la Dirección General de Servicio Civil de mayo del 2008 y el informe No. CD-0012-2014 del Área de Carrera Docente de la Dirección General de Servicio Civil, por estimar que infringen los artículos 11, 33, 50, 56, 68, 191 y 192 de la Constitución Política, así como los principios de legalidad, igualdad, presunción de competencia de la ley, jerarquía de las normas, interdicción de la arbitrariedad y ejercicio de la potestad reglamentaria, idoneidad y estabilidad en los cargos públicos, inderogabilidad singular de las normas, reserva legal en materia de empleo público, razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica. Asevera, la parte accionante, que el Ministerio de Educación Pública se ha tomado ciertas prerrogativas en sus funciones que solo deben recaer en la Dirección General de Servicio Civil. Considera que esto infringe el principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución Política. Afirma que el numeral 33 del Estatuto de Servicio Civil permite la promoción de un funcionario público al cumplir solo ciertos requisitos y permite la discrecionalidad de la jefatura, en lugar de exigir una ponderación global de méritos que permita comprobar la idoneidad comprobada del servidor público. Asimismo, se contrapone a la norma constitucional el oficio ACD-UACD-OF-721-2019 y los demás oficios emitidos a la accionante por parte de la Dirección General de Servicio Civil, ya que la entidad en mención no se apega a las funciones que le han sido asignadas por el bloque de legalidad. El Estatuto de Servicio Civil establece que todo movimiento de personal docente que vaya a realizar el Ministerio de Educación Pública (MEP) debe hacerlo con el visto bueno de la Dirección General de Servicio Civil (DGCS); no obstante, queda claro que en todos los oficios referidos a la accionante por la DGSC se soslaya lo anterior (oficio ACD-UACD-OF-813-2019). El artículo 83 del Estatuto de Servicio Civil no es del todo claro, en tanto no establece la forma y el orden de prioridad para cada uno de los elementos que serán tomados en cuenta para asignar las lecciones de reajuste. No es claro, en el tanto no indica el orden de los elementos que son tomados en cuenta para llenar las plazas vacantes del sector educación. Por lo tanto, esa laguna ha permitido la interpretación incorrecta de los traslados de reajuste en propiedad de las lecciones para los docentes en el Ministerio de Educación Pública. Existe un sistema de calificación para el nombramiento del personal docente que se encuentre bajo los preceptos de los numerales 83 y 101 del Estatuto de Servicio Civil. Los numerales 83 y 101 suscitan a la confusión en cuanto a la forma de aplicar el sistema de puntuación utilizado para la asignación de las lecciones sujetas a reajuste, ya que dejan ciertas lagunas. El numeral 101 del Estatuto de Servicio Civil indica el sistema de calificación que debe utilizarse en estos casos, al decir que [...] “se aplicará el sistema de calificación que rige para la selección y nombramiento”. Este sistema de calificación se establece en el capítulo V del Estatuto de Servicio Civil (numerales 83 al 98) y en el ordinal 34 del Reglamento al Estatuto. Sin embargo, este sistema no es utilizado ni por el MEP, ni la DGCS, para resolver estos casos y mucho menos la problemática de la accionante. En este orden de ideas, los oficios de la DGSC impugnados en esta acción no son resoluciones conforme a Derecho, por cuanto, se diluyen las responsabilidades otorgadas por la legislación por parte de la DGSC al aducir en tales oficios que la función de interpretar la normativa del Estatuto de Servicio Civil -concretamente, los numerales 83, 101 y 114- no le corresponde y que los procedimientos de asignación de las lecciones por reajuste en propiedad le compete al MEP; por ende, se relega la interpretación y aplicación al Manual de Procedimientos para Administrar el Personal Docente, al Manual para Resolución de Reajustes en Propiedad y al pronunciamiento jurídico No. DAJ-017-C-2018, todos ellos emitidos por el MEP. Reclama que el Ministerio de Educación Pública, con el consentimiento de la Dirección General de Servicio Civil, implementa una normativa de rango inferior para efectuar los nombramientos de lecciones docentes como lo son el Manual de Resolución de Reajustes en Propiedad, el pronunciamiento jurídico No. DAJ-017-C-2018 y todas las circulares citadas a lo largo de esta acción, que contravienen el principio constitucional de legalidad. También se vulneran los principios constitucionales de jerarquía de las normas, inderogabilidad singular de las normas, ejercicio de la potestad reglamentaria, igualdad, idoneidad en la función de los cargos públicos y seguridad jurídica, entre otros. De igual forma, se puede concluir que no están en armonía con los citados principios los distintos oficios y resoluciones impugnadas en esta acción. Para ahondar en el contenido del Manual Resolución de Reajustes en Propiedad, No. DRH-PRO-05-DARH-086 del 1 del marzo del 2018, versión 1.0, en su punto 9.3.1 se toman una serie de parámetros que al parecer sirven de base para el análisis de los casos de reajuste de las lecciones en propiedad de los docentes del MEP. Toma como base determinados parámetros en orden descendente, como por ejemplo, en primera instancia, los años de servicio del servidor en el MEP y, posteriormente, la antigüedad en la institución. Lo anterior en completa contraposición con los principios de legalidad, jerarquía de las normas, inderogabilidad singular de las normas, reserva legal en materia de empleo público, igualdad y ejercicio de la potestad reglamentaria en lo relativo a la idoneidad y estabilidad en los cargos públicos, entre otros. Los oficios Nos. VH-A-DRH-3419-2019 y VH-A-DRH-3519-2019 son contrarios al principio de legalidad, pues, con base en una resolución administrativa, deniegan a la accionante lo peticionado, con el alegato que los traslados en propiedad se resuelven con base en los artículos 114 y 115 del Estatuto de Servicio Civil. La norma es clara y lo correcto es realizar los traslados en propiedad con base en los artículos 83 y 101 del Estatuto de Servicio Civil, en estricto apego al sistema de calificación descrito en los ordinales 85 y siguientes de ese mismo cuerpo normativo. Afirma, la accionante, que para culminar con el abuso de la potestad reglamentaria, la Dirección de Recursos Humanos del MEP, en conjunto con la jefatura del centro educativo para el cual labora, asigna las lecciones en propiedad a otra docente con base en el criterio de que esta posee más años de servicio que ella. Sostiene que se le deja en una posición de vulnerabilidad laboral, sin los estudios ni el análisis de la idoneidad comprobada. Aunado a lo anterior, en contradicción con el ordenamiento jurídico, se prorroga el nombramiento a un servidor interino en contraposición a la accionante, que posee 40 lecciones en propiedad en el Colegio Técnico Profesional Vásquez de Coronado y debe primar su nombramiento como propietaria; no obstante, tales lecciones son asignadas a personal interino. Acusa que sendas posturas son contrarias al principio de legalidad, ya que existe un procedimiento establecido en el Estatuto para nombrar las lecciones de reajuste en propiedad. El simple hecho de contar con más años de servicio en una institución estatal no es calificativo o de mérito exclusivo para ser el servidor más idóneo. El oficio DRH-DARH-UST-378-2019 indica que el reajuste de las lecciones en propiedad de la accionante se ampara en la circular No. DRH-11122-2017-DIR y en el Manual No. DRH-PRO-05-DARH-086 y que las calificaciones de la Dirección General de Servicio Civil no son tomadas en cuenta para los reajustes en propiedad, pues solo se usan para el ingreso al MEP y no para los servidores regulares. Alega que esto supone una clara evidencia de la inconstitucionalidad de la citada resolución administrativa, pues el sistema de calificación en estos casos está contenido en los numerales 83, 84 al 99 y 101 del Estatuto de Servicio Civil, que son de rango superior a la circular No. DRH-11122-2017-DIR y al Manual No. DRH-PRO-05-DARH-086, que también son incompatibles con el principio de igualdad e idoneidad en el ejercicio de los cargos públicos. Por otra parte, el MEP, en sus oficios, establece un sistema de asignación de las lecciones de reajuste en propiedad que solo incluye a los docentes de la sección diurna, dejando de lado a los docentes de la sección nocturna. Se alega que a los docentes de la sección nocturna debe respetárseles su horario laboral. No obstante, el Colegio Técnico Profesional Vázquez de Coronado es una institución sujeta a un solo código presupuestario. No es de recibo dicha resolución, ya que contradice el criterio jurídico No. DAJ-017-C-2018 de 28 de febrero de 2018, de la Dirección de Recursos Humanos del MEP, en su página seis. Afirma que, de acuerdo al pronunciamiento anterior y la normativa citada, es claro que todos los docentes del CTP Vázquez de Coronado, de la especialidad de Administración y Operación Aduanera, tanto de la sección diurna como de la nocturna, son sujetos de reajuste, pues todos se encuentran dentro de un único programa presupuestario. La conducta administrativa debe ser lo suficientemente coherente y razonablemente sustentada en el bloque de legalidad y lo descrito anteriormente es una actuación arbitraria, prohibida y carente de toda validez y eficacia. La accionante argumenta que hasta la fecha no existe en el Ministerio de Educación Pública un sistema de asignación de lecciones que sea acorde con los artículos 191 y 192 de la Constitución Política que permita identificar al candidato más idóneo con el fin de satisfacer el bienestar estatal. Como conclusión, no solo se violenta el principio de legalidad con los hechos alegados, sino que también se violenta el principio de la interdicción de la arbitrariedad, dado que, el Ministerio de Educación Pública ha traspasado el límite de su potestad reglamentaria y sus resoluciones administrativas han sido abusivas. Añade que el numeral 11 del Manual para Administrar el Personal Docente del MEP, así como las circulares Nos. NDRH-11122-2017-DIR y CD-0012-2014, establecen las normas para asignar las lecciones al personal docente del MEP en lo relativo a las lecciones cocurriculares. Se elimina el visto bueno de la Dirección General de Servicio Civil para el aumento de lecciones interinas cocurriculares en cualquier número que se demande y se excluye las lecciones o recargo de cooperativismo y de otras modalidades de educación, pues las mismas deben tener el aval del Departamento de Cooperativas Estudiantiles. Afirma que lo anterior contraviene, nuevamente, el principio constitucional de marras, ya que existen lineamientos específicos para otorgar el nombramiento de estas lecciones en el Estatuto de Servicio Civil, norma de rango superior. Además, no se especifican los requisitos para el nombramiento de estas lecciones y queda sujeto su nombramiento a una decisión discrecional de una jefatura o departamento que pasa por alto los requisitos mínimos para desempeñar el cargo eficientemente y acorde con el fin público, lo que dista mucho del principio constitucional de idoneidad comprobada. En lo relativo a las resoluciones del Tribunal de Carrera Docente, las resoluciones Nos. TCD-RES-552-2019 y TCD-RES-606-2019 se contraponen a este principio y, aún así, mantienen su tesitura a pesar de los alegatos expuestos en el recurso de adición solicitado y aclaración que fue declarado sin lugar. El Tribunal de Carrera Docente, en la resolución de marras, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, alegando que es obligación de la accionante mantener actualizado el expediente según lo regula el artículo 45 del Reglamento de Estatuto de Servicio Civil. No obstante, tal y como consta en la prueba aportada para mejor resolver, la documentación correcta se encuentra en su expediente personal del Ministerio de Educación Pública. A pesar de ello, en una gestión meramente administrativa y de competencia única y exclusiva del MEP, dicha información fue ingresada al sistema de manera incorrecta, lo que provocó que el proceso de reajuste se le otorgara –según esa dependencia- a la funcionaria que poseía más años de servicio, lesionándose sus derechos. En la fundamentación empleada por el Tribunal de Carrera Docente se omitió el pronunciamiento del artículo 56 del Estatuto de Servicio Civil, pese que es la norma que impera para resolver el recurso de apelación interpuesto. La responsabilidad de tener actualizado el expediente laboral del trabajador es exclusiva del Ministerio de Educación Pública. Al basar su resolución en el numeral 45 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, que es una norma de rango inferior al numeral 56 del Estatuto, se resuelve en forma desfavorable en contra de la persona administrada, vulnerando con ello sus derechos constitucionales. Alega que, en la sentencia recurrida, se le aplica un artículo que roza la inconstitucionalidad y que es contrario al numeral 56 del Estatuto. Es evidente que estas resoluciones se contraponen al principio constitucional de marras, al principio de jerarquía de la ley, al numeral 56 del Estatuto de Servicio Civil, así como al Decreto No. 38170-MEP. Asevera que el principio de presunción de competencia de la ley establece que no se puede avocar una competencia constitucionalmente reservada o asignada a un órgano de relevancia constitucional, ni delegar su ejercicio, a un ente u órgano diferente del indicado en la propia Constitución. De este modo, el Manual DRH-PRO-05-DARH-086 del 1 del marzo del 2018, versión 1.0, llamado “ Resolución de Reajustes en Propiedad”, aprobado por la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, en su página 9, punto 7, establece como responsable de todo el proceso de reajuste de las lecciones en propiedad al Director/a de Recursos Humanos del MEP. Indica que en todo ese punto, en ningún ápice, se ve la injerencia de la Dirección General de Servicio Civil en el proceso del reajuste en propiedad de lecciones de los docentes nombrados en propiedad por el MEP. Insiste que la normativa es clara y esta es una competencia exclusiva de la Dirección General de Servicio Civil. Por otra parte, alega la accionante que se evidencia una violación a este principio, debido a que en el oficio No. ACD-UACD-OF-721-2019 de la Dirección General de Servicio Civil se le indica que: “ Además le informamos que a este Despacho no le corresponde emitir criterio con respecto a la forma de realizar los nombramientos, por cuanto esta es una competencia de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, dicho ente realiza los nombramientos según lo establecido en el artículo 83 del Estatuto del Servicio Civil y de acuerdo con la condición de aplique a cada servidor considerando los diferentes incisos que posee el artículo en mención”. No obstante, a la Dirección General de Servicio Civil, en el artículo 191 de la Constitución Política, se le confieren las atribuciones y un cuerpo jurídico que regula las relaciones entre el Estado y los servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración pública. Es el único órgano dentro del Poder Ejecutivo que debe seleccionar, valorar y clasificar los puestos dentro del Régimen de Servicio Civil. Queda claro que la Dirección General de Servicio Civil, a través del Área de Carrera Docente, con los oficios impugnados en esta acción, diluye las competencias otorgadas por la Constitución, en el tanto, no interpreta la normativa solicitada y rehúye de su responsabilidades y competencias, subrogándolas en el Departamento de Recursos Humanos del MEP. Los numerales 83 y 101 del Estatuto de Servicio Civil, al no ser lo suficientemente claros, han permitido una interpretación errónea y un abuso del derecho por parte del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública y una escueta o nula interpretación por parte de la Dirección General de Servicio Civil ha delegado la interpretación y aplicación de la misma en manos del Ministerio de Educación Pública. Además, los citados oficios de la Dirección General de Servicio Civil son inconstitucionales, por cuanto, se diluyen las responsabilidades que la han sido otorgadas por el bloque legal y le son conferidas por oficios o resoluciones con rango inferior al Ministerio de Educación Pública. Todo ello en oposición a las competencias otorgadas por el numeral 13, inciso d), del Estatuto de Servicio Civil y de la Constitución misma. Se infringe, además, el principio de jerarquía de las normas, por parte del numeral 45 del Reglamento de Carrera Docente, en tanto que contradice lo descrito en el numeral 56 del Estatuto y lo normado en Decreto 38170-MEP. Señala que, en consecuencia, los manuales, circulares, oficiales y resoluciones impugnadas en esta acción son, todos ellos, contrarios al principio de las jerarquías de las normas, ya que de una forma u otra contradicen o se contraponen a una norma de rango superior, pues, se basan o sustentan en el numeral 45 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, en contraposición del numeral 56 del Estatuto de Servicio Civil. Infringen, además, el principio constitucional de inderogabilidad singular de las normas, en el tanto que todos ellos refieren su pronunciamiento a una norma de rango inferior como lo es el numeral 45 del Reglamento de Estatuto de Servicio Civil, dejando de lado lo normado en el numeral 56 del citado estatuto, que establece que es obligación del Ministerio de Educación Pública y derecho del educador (no es obligación) velar porque se mantenga al día el expediente personal de servicio. Insiste la accionante que, de acuerdo con el numeral anterior, el error en la emisión de la certificación de la experiencia en los años de servicios en la especialidad de Administración y Operación Aduanera a su nombre es imputable únicamente al Ministerio de Educación Pública, ya que es su obligación mantener su expediente laboral al día. Lo que tiene sustento, también, en el decreto ejecutivo de Organización Administrativa de la Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública (No 38170-MEP), conforme a lo dispuesto en sus numerales 124, 125 y 128. Acusa, adicionalmente, que con las resoluciones administrativas del Ministerio de Educación Pública se le confirió un trato discriminatorio. Afirma, la accionante, que analizando el oficio No. VM-A-DRH-5942-2019 de la Dirección de Recursos Humanos se constata que, con sustento en los cuadros de situación aportados por la jefatura del centro educativo para el que labora y sin ningún estudio previo, se le consignó arbitrariamente para el reajuste de lecciones, con base en la potestad discrecional de Katia Amador Pérez, lo que derivó en su inestabilidad laboral, en la reducción del salario que percibe mensualmente y que sea la única susceptible del traslado por reajuste; pues, al parecer, a los demás docentes de la especialidad no fueron analizados con base en el bloque legal imperante, por lo cual, no necesariamente quien esté impartiendo lecciones en este momento en esa especialidad sea el docente mejor calificado o idóneo para ejercer el puesto. Reclama que la Dirección de Recursos Humanos del MEP utiliza como justificante la selección arbitraria que tomó la jefatura del CTP Vázquez de Coronado, quien remitió a su persona para el reajuste en los cuadros de personal del 12 febrero del 2019, por lo que pasó de tener 40 lecciones a 0 lecciones. Con lo cual se lesiona, una vez más, su derecho al trabajo y al salario. Además, el criterio jurídico DAJ-017-C-2018 contraviene el principio de igualdad, al establece los criterios de los traslados del personal docente. Se dispone que se trasladará al servidor de menor puntuación, pero no se aclara el método para obtener esa calificación. La normativa de rango superior es clara, en el sentido que debe trasladarse al servidor de menor puntuación y dicha puntuación se obtiene de los parámetros establecidos en el capítulo V del Estatuto de Servicio Civil. Tomar arbitrariamente los parámetros dados por el criterio jurídico de marras, es contrario al acceso en igualdad de condiciones a las lecciones sujetas de reajuste. De igual forma, el Manual de Procedimientos para Administrar el Personal Docente del MEP y el oficio de la Dirección General de Servicio Civil No. ACD-UACD-OF-0813 son claros al indicar que en los casos de traslados de los servidores docentes, será trasladado el servidor del grupo profesional más elevado, y quizás este servidor no sea el candidato más idóneo, máxime que se elige por categoría profesional sin tomar en cuenta todos los parámetros de medición para elegir al servidor más idóneo y violentando el acceso de igualdad de todos los funcionarios al empleo público en igualdad de condiciones. Aunado a lo anterior, la incorrecta interpretación del numeral 83 del Estatuto de Servicio Civil violenta el principio de igualdad. Pues se consideran una serie de factores en orden descendente y, como segundo parámetro, se toma en cuenta la cantidad de años servidos para asignar las lecciones docentes, en detrimento de otros parámetros que son importantes y deben ser tomados en cuenta para obtener al candidato más idóneo. Reitera que solo tomar en cuenta el parámetro de los años de experiencia no es un parámetro objetivo para ampararse en una idoneidad comprobada. Por consiguiente, los actos emanados por la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, el Tribunal de Carrera Docente y de la Dirección General de Servicio Civil lesionan el principio de igualdad, en el tanto que son permisivos y consienten la asignación de las lecciones remanentes en propiedad en el CTP Vázquez de Coronado (omitiendo todo proceso de selección de idoneidad comprobada) a una funcionaria, solo por el hecho de poseer un año más de experiencia especifica en un puesto, en detrimento de una serie de elementos que deben ponderarse para seleccionar al candidato idóneo para el ejercicio de la función pública. Considera que los actos administrativos descritos anteriormente son lesivos al derecho de acceso a los cargos públicos o a la función pública en condiciones de igualdad, lesivos al derecho al trabajo, a los principios rectores del empleo público y, sobre todo, los principios de especialidad e idoneidad comprobada para acceder a los cargos públicos. Reitera que los numerales 83 y 101 del Estatuto de Servicio Civil, al no ser lo suficientemente claros, han permitido una interpretación errónea y un abuso del Derecho por parte del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública. Ha existido una escueta o nula interpretación por parte de la Dirección General de Servicio Civil, que ha delegado la interpretación y aplicación de la misma por parte del Ministerio de Educación Pública. Es por ello que la mayor parte de las directrices, circulares, criterios jurídicos, oficios citados supra y emanados por el Ministerio de Educación Pública y la Dirección General de Servicio Civil contravienen el principio de idoneidad y de estabilidad en los cargos públicos. El proceso para otorgar las lecciones en el Ministerio de Educación Pública debe ser conforme a los procesos para seleccionar al personal más idóneo de conformidad con lo que establecen los artículos 191 y 192 de la Constitución Política. No obstante, el Estatuto de Servicio Civil contiene ciertas lagunas en la redacción del artículo 101 con remisión al artículo 83. Señala que este último dispone, en lo conducente, que: “ Para llenar las plazas vacantes de los educadores que imparten lecciones en todos los niveles de la enseñanza se observarán los siguientes procedimientos (…) En todo caso se tomarán en cuenta: la calificación de servicios, la experiencia, los estudios y demás condiciones de los educadores”. De acuerdo a la redacción anterior, tanto el MEP como la DGSC han tomado al parecer al pie de la letra lo redactado en el artículo y para asignar las lecciones toman cada aspecto en orden descendente. Por ello, no se valoran en forma transparente parámetros y criterios objetivos, razonables y proporcionados de selección. En consecuencia, se imposibilita la escogencia de quien compruebe ser el candidato idóneo para el cargo, en aras de una prestación eficiente del servicio público, según lo dispuesto en el artículo 192 constitucional. El parámetro de antigüedad no debe ser el único parámetro de idoneidad que debe ser comprobado para escoger cuál será el candidato que tiene prioridad en el proceso de reajuste de lecciones, pues la idoneidad incluye una serie de aptitudes que se requieren para asegurar la efectividad en la función pública. Considera que vulnera también el principio en marras, el criterio jurídico DAJ-017-C-2018, ya que establece los traslados del personal docente de acuerdo a ciertos criterios en orden descendente y se le asignará el traslado en propiedad al servidor de menor puntuación, y en caso de no haber voluntarios, se trasladará al de menor grupo profesional; en cuyo caso, ha quedado claro que solo el parámetro del grupo profesional como calificación no es garante de que se sea el servidor mejor calificado o capacitado para un puesto. Asimismo, los mencionados oficios de la Dirección General de Servicio Civil son inconstitucionales y violentan el principio de marras, por cuanto se diluye las responsabilidades y se remite la asignación de las lecciones en reajuste de acuerdo a manuales y circulares emitidas por el MEP, que -como se ha explicado- no son un parámetro objetivo para elegir al candidato más idóneo. Por otra parte, la circular DRH-11122-2017-DIR incumple este principio, ya que establece ciertos criterios para otorgar recargos y aumento de lecciones, al tomar en primer instancia el grupo profesional, después los años de experiencia y después se toma en cuenta a aquel funcionario con alguna formación académica adicional. Dejando de lado toda una ponderación de todos los elementos susceptibles de otorgar una calificación del servidor público compatible con la idoneidad para ejecutar un cargo público para desempeñar con eficiencia el fin público. Alega que se ha infringido, además, el derecho de acceder a los cargos públicos o a la función pública en igualdad de condiciones, por una serie de lineamientos, directrices y circulares que han vulnerado los citados derechos constitucionales. Insiste, la accionante, que se ha decidido que la funcionaria sujeta al reajuste de lecciones y quien debe trasladarse de centro educativo para laborar es ella y no los otros docentes asignados, tanto en propiedad como interinamente en el CTP Vázquez de Coronado. No ha existido un estudio objetivo de todos los parámetros dados por ley para definir quién es el candidato o docente idóneo que posea la calificación más alta. Acusa que también se ha infringido el principio de reserva legal en materia de empleo público. Sostiene que el numeral 192 de la Constitución Política dispone que la regulación del derecho fundamental de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones y cargos públicos está reservado a la ley. La Sala Constitucional ha señalado que la regulación legal del derecho incluye no solo los requisitos de admisión, sino las condiciones de permanencia, así como las causas de remoción, las prohibiciones e incompatibilidades. El derecho de acceder a los cargos públicos o a la función pública es, entonces, un derecho de configuración legal. Por ello, es válido que el legislador establezca determinados requisitos en tanto estos respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad constitucionalmente previstos. La Sala Constitucional también ha considerado que el criterio denominado antigüedad, no es suficiente para determinar, con toda certeza, la idoneidad de una persona para ocupar o acceder a un puesto público de acuerdo al numeral 192 de la Constitución Política, que es el principio de idoneidad comprobada. Es por ello que para determinarla se deben ponderar no solo los años de servicio, sino también, entre otros rubros, el récord académico, el profesional y el laboral. No obstante, queda claro que tanto el MEP, como la Dirección General de Servicio Civil, en todos sus resoluciones administrativas de rango inferior han violentado la permanencia de la accionante en el cargo y en la institución para la cual labora, pues, según ellos, no cumple el único criterio de tener más años de servicio en la especialidad de Administración y Operación Aduanera A pesar que posee una licenciatura más emitida por la Universidad de Costa Rica, una bachillerato en Administración Pública por parte de la Universidad de Costa Rica y cientos de horas en procesos de capacitación adicional a cualquier otro docente nombrado en propiedad o en forma interina en el Colegio Técnico Profesional Vázquez de Coronado. Afirma que se infringen, también, los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, en tanto que todas las resoluciones administrativas emanadas del MEP y de la DGSC han sido desapegadas de la estructura jurídica imperante. Además, violentan los principios de razonabilidad y proporcionalidad, por cuanto, se emanan sin que existan criterios objetivos y razonables que los justifiquen. También infringen tales principios las resoluciones TCD-RES-552-2019 y TCD-RES-606-2019 del Tribunal de Carrera Docente, en donde se alega que es obligación de la accionante mantener actualizado el expediente según lo regula el artículo 45 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, en contraposición con establecido en el numeral 56 del Estatuto y del Decreto 38170-MEP, en su artículos 125 y 128. Al no existir una correcta interpretación y aplicación de la norma se violentan los principios de razonabilidad y proporcionalidad afectando sus derechos constitucionales. Solicita que, en consecuencia, se acoja la acción en estudio.
2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, la accionante alega que interpuso recurso de amparo que se tramita en expediente No. 19-010681-0007-CO, por la incorrecta interpretación y aplicación de la normativa objeto de la presente acción de inconstitucionalidad. Alega, además, que se lesionan los intereses difusos o intereses de la colectividad en su conjunto, cuya afectación, a su vez, se traduce en una lesión individual para cada uno de los trabajadores del Estado y de todos los habitantes de la República. Ya que el Estado debe contar con todos aquellos servidores con la idoneidad comprobada con el fin de satisfacer el bienestar de la ciudadanía. Es por ello, que no solo es un interés individual el que se persigue, sino que afecta directamente al conjunto de persona que integran al personal cubierto por el Estatuto de Servicio Civil.
3.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.
Redacta el Magistrado Castillo Víquez ; y,
Considerando:
I.- DE LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que la acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que, si no se reúnen, imposibilitan que esta Sala se pronuncie sobre el fondo del asunto. En el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se establecen los presupuestos de admisibilidad para las acciones de inconstitucionalidad y se regulan situaciones distintas. En el párrafo primero se exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial –incluyendo los recursos de hábeas corpus o de amparo- o en la administrativa –en el procedimiento de agotamiento de esta vía, sea, en el procedimiento administrativo de impugnación contra el acto final-, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado en el asunto principal. En los párrafos segundo y tercero se regula la acción directa –no se requiere del asunto base-, en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa; b) se trate de la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto; y c) cuando la acción sea promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes.
II.- SOBRE LA EXIGENCIA DE ASUNTO PREVIO QUE SIRVA DE BASE A LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. En cuanto a la referida exigencia del asunto pendiente de resolver, establecida en el párrafo primero del artículo 75 la Ley que rige esta Jurisdicción, esta Sala ha explicado que, en tal supuesto, la acción de inconstitucionalidad se constituye o configura como:

“(...) un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto (...)” . (Sentencia No. 4190-95 de las 11:33 horas de 28 de julio de 1995; lo destacado no corresponde al original).

Asimismo, en la sentencia No. 1319-1997 de las 14:51 horas de 4 de marzo de 1997, se consideró lo siguiente:

“(…) El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece como uno de los presupuestos para interponer la acción de inconstitucionalidad, la existencia de un asunto pendiente de resolver, por constituir el punto de conexión que ha de existir entre el proceso en que se aplica la norma que se reputa inconstitucional con el objeto del proceso constitucional y el fundamento que legitima la pretensión del accionante como último remedio procesal, en el ejercicio del derecho a la jurisdicción constitucional. El rigor en la legitimación para acceder a la jurisdicción constitucional, más que constituir un obstáculo para impedir el control de la constitucionalidad de las leyes, constituye el cauce del derecho de acceso a la justicia, derivado de la existencia de un "asunto previo" que haya motivado aquella discordancia o contradicción entre la ley y la Constitución, para mantener la función jurisdiccional -especial-, y no distorsionar la pureza del sistema de relación de los poderes constitucionales del Estado, del que es parte la Sala, porque como integrante de aquellos, no es enteramente libre e ilimitada en sus acciones. Por esta causa, es que la acción de inconstitucionalidad necesita de su existencia -del asunto previo- como medio razonable para amparar la defensa del derecho o interés que se considera lesionado. Empero, la razonabilidad de la acción de inconstitucionalidad como medio de defensa del accionante no debe analizarse solo dentro del contexto del asunto previo, sino inmersa en el marco jurídico constitucional que rige las actuaciones de esta Sala. No se trata, entonces, de una consideración particular de la inconstitucionalidad de una disposición normativa, para interponer una acción sin requerir la existencia de un asunto pendiente de resolver, sino, que es necesario que se demuestre que constituye un medio razonable de amparar el derecho o interés que se estima lesionado. (…)”

Finalmente, respecto a la mencionada necesidad que la acción sea medio razonable de amparar la situación jurídica sustancial que se estima lesionada, esta Sala ha señalado que tal requisito:

“(…) no hace referencia a una simple formalidad procesal, ni se trata de un detalle inocuo e intranscendente para complicar y entorpecer el control de constitucionalidad. Se trata de una manifestación directa del principio según el cual la función jurisdiccional, de la cual forma parte sustancial y fundamental el control de constitucionalidad, se ejerce mediante la resolución de controversias reales, que encuentran remedio en una sentencia definitiva ” (voto No. 2016-002043 de las 11:46 horas del 10 de febrero de 2016).

Como corolario de lo anterior, cuando la legitimación en una acción de inconstitucionalidad deriva del artículo 75, párrafo 1o., de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es decir, de la existencia de un asunto previo pendiente de resolución, es preciso analizar si lo que se resuelva en la acción tendrá influencia directa y decisiva en el asunto principal. Esta Sala, en el voto No. 3040-97, indicó que entre el juicio base y la acción de inconstitucionalidad “debe existir una conexidad tal, que la primera de ser acogida, incida en forma directa en el juicio base, como un remedio procesal más a favor de los derechos de la parte” y luego añadió que tal conexidad debe subsistir hasta el dictado de la sentencia de fondo en el proceso de constitucionalidad.

III.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCIÓN. Debe reiterarse que cuando la legitimación en una acción de inconstitucionalidad deriva del artículo 75, párrafo 1o., de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, de la existencia de un asunto previo pendiente de resolución –como en el presente caso-, es preciso analizar si la acción constituye un “medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado ”. Esto es, hay que determinar si lo que se resuelva en la acción tendrá influencia directa y decisiva en el asunto principal. En el sub lite, la accionante alegó, para efectos de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, la existencia del recurso de amparo No. 19-010681-0007-CO; sin embargo, tal recurso ya se resolvió mediante sentencia No. 2019-017409 de las 9:20 horas del 13 de setiembre de 2019, en la que se determinó –en lo que interesa a esta acción- que:

Finalmente, reclama la recurrente que se realizó un reajuste de lecciones, las cuales fueron brindadas a otra docente, en lugar suyo y contrario a lo que alegan las normas sobre el tema. Sobre el particular, debe indicársele que no compete a esta Sala determinar cuál funcionario cuenta con mejor derecho para que se le asignen las lecciones que reclama. De esta forma, si la petente está inconforme con la decisión que cuestiona y estima que cuenta con un mejor derecho para que se le brinden las lecciones que reclama, podrá plantear -si a bien lo tiene- sus reclamos ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales puede exponer, en forma amplia sus alegatos, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En todo caso, consta que a la recurrente se le comunicó desde el año 2018, que se iba a realizar una disminución de lecciones, en virtud de la reducción de matrícula, y que por tener más experiencia, las lecciones se les asignarían a otros funcionarios. Además, a la amparada se le brindó la opción de realizar un traslado en propiedad por reajuste y de elegir las instituciones de su preferencia para ello; sin embargo, no consta a esta Sala que la amparada haya realizado la solicitud respectiva. Asimismo, en cuanto al reclamo de recurrente sobre la forma en que la autoridad recurrida ha aplicado las normas que inciden sobre su asunto, debe indicársele que corresponde a un tema de legalidad ordinaria, que no le corresponde conocer a este Tribunal Constitucional. Por ello, si la recurrente considera que la decisión de la autoridad recurrida es ilegítima, debe alegarlo ante las propias autoridades recurridas o, eventualmente, en la vía jurisdiccional ordinaria. Así las cosas, en cuanto a estos extremos, lo correspondiente es declarar sin lugar el recurso planteado por la recurrente, como en efecto se dispone.”

Se constata, de esta forma, que este Tribunal ya resolvió que el citado diferendo, relacionado con el reajuste de lecciones que objeta la accionante, hace referencia a un conflicto de legalidad que no procede dilucidar en esta jurisdicción. Se verifica, así, la falta de incidencia o relevancia procesal de la presente acción para la debida resolución de dicho recurso de amparo, pues, como ya se indicó, no procede revisar en tal proceso el reajuste de lecciones cuestionado por la accionante por ser ajeno al ámbito de competencia de este Tribunal. Por lo que, en definitiva, no puede estimarse que el citado recurso de amparo constituye asunto base idóneo para la presente acción, ni esta tendrá incidencia alguna en la resolución de dicho recurso.
IV.- Por lo demás, a juicio de esta Sala tampoco se configura alguno de los supuestos de legitimación directa previstos en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en particular, por “defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto ”.
En el sub judice, de la lectura integral del escrito de interposición se constata que mediante la presente acción se pretende impugnar un conjunto de actos administrativos de carácter subjetivo y de alcance o eficacia concreta, relacionados específicamente a la situación puntual de la accionante, así como cuestionarse la interpretación y aplicación que se ha dado diversa normativa en relación con su caso particular; sea, lejos de pretenderse una eventual defensa de intereses colectivos, difusos o corporativos, es claro que en la especie se acciona en resguardo de un interés personal por una presunta afectación individual de una situación jurídica sustancial de una persona en concreto.
Respecto al tema de la defensa de intereses difusos, debe indicarse que esta Sala ha venido precisando en su jurisprudencia el alcance y contenido de tal concepto y ha señalado, al efecto, que:

Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra Ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificadas o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos o que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata, entonces, de intereses individuales, pero, a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos de personas que se encuentran en determinadas situaciones y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter.” (Sentencia No. 3705-93 de las 15 hrs. del 30 de julio de 1993)

En sentencia No. 2007-02958 de las 9:23 hrs. del 02 de marzo de 2007, este Tribunal agregó que:

“En relación con los intereses difusos, que es la legitimación aducida por el accionante, este Tribunal ha dicho se que se trata de aquel interés personal relacionado con un derecho o situación jurídica de naturaleza especial y particular, que puede ser compartido por otras personas, formando todos los interesados un grupo o categoría determinada. Así, la vulneración de ese derecho puede afectar a todos en general y/o a cada uno en particular, de ahí que cualquier miembro de esa agrupación puede interponer la acción para proteger el derecho que se estima lesionado. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. La sentencia número 03705-93, de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993, ilustra lo que se ha entendido como intereses difusos; así como también la sentencia 360-99 de las 15:51 horas del 20 de enero de 1999:
“Se ha señalado que se trata un tipo especial de interés, cuya manifestación es menos concreta e individualizable que la del colectivo recién definido en el considerando anterior, pero que no puede llegar a ser tan amplio y genérico que se confunda con el reconocido a todos los miembros de la sociedad de velar por la legalidad constitucional, ya que éste último -como se ha dicho reiteradamente- está excluido del actual sistema de revisión constitucional. Se trata pues de un interés distribuido en cada uno de los administrados, mediato si se quiere, y diluido, pero no por ello menos constatable, para la defensa, en esta Sala, de ciertos derechos constitucionales de una singular relevancia para el adecuado y armónico desarrollo de la sociedad. Son las especiales características de éstos derechos por sí mismas y no la particular situación frente a ellos de los sujetos que puedan ostentarlos, la clave para la distinción y determinación de la presencia de los llamados intereses difusos tal y como se manifestado en distintas resoluciones como la 03705-93 de las quince horas del treinta de julio para el derecho al ambiente, la número 05753-93 de las catorce horas cuarenta y cinco del nueve de noviembre de ese mismo año para la defensa del patrimonio histórico y la número 00980-91 de las trece y treinta del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y uno para la materia electoral.”

En este sentido, si bien ese interés no puede ser tan amplio y genérico que se confunda con el derecho a velar por la legalidad constitucional (lo que supondría la instauración tácita de acción popular no contemplada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional), tampoco puede ser tan concreto que permita el reclamo individual, pues en tal caso, la legitimación derivaría de éste. Ejemplos de tales intereses son el derecho a un ambiente sano y armonioso, la defensa del patrimonio histórico, la materia electoral, la defensa del derecho a la salud y la fiscalización de los fondos públicos. Esta enunciación no pasa de una simple descripción propia de su obligación -como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales. Lo anterior implicaría dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho, y de su correlativo "Estado de derechos", que -como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los límites a las libertades, ya que éstas subyacen a la misma condición humana y no requieren por ende de reconocimiento oficial.

En el sub lite, no puede estimarse que se esté en presencia de un supuesto de intereses difusos, en tanto no se está ante un grupo o categoría de personas que reúnan las particularidades descritas en los precedentes parcialmente transcritos. Por el contrario, es evidente que se está accionando en resguardo de un interés notoriamente individual, claramente circunscrito al caso específico o singular de la accionante, quien pretende cuestionar la reasignación de lecciones en propiedad por motivos de reajustes operada respecto de ella en particular. De hecho, en razón del contenido de la normativa cuestionada y de los derechos que se acusan como infringidos, relacionados directamente con la asignación de lecciones por reajuste en el caso del personal docente, es patente que la normativa en cuestión podría dar origen a afectaciones individuales susceptibles de generar reclamos concretos, respecto de un grupo acotado de personas fácilmente determinables e identificables. Por lo que se reitera que no puede estimarse que se esté ante un supuesto de defensa de intereses difusos.
Debe indicarse, finalmente, que esta Sala ha precisado –en diversos votos- que, a través de la expresión “intereses que atañen a la colectividad en su conjunto ”, contenida en el citado ordinal 75, párrafo segundo, el “legislador quiso referirse a la legitimación que ostenta una entidad corporativa, cuando actúa por intermedio de sus representantes en defensa de los derechos e intereses de las personas que conforman su base asociativa y siempre y cuando se trate del cuestionamiento de normas o disposiciones que incidan en aquel núcleo de derechos o intereses que constituye la razón de ser y el factor aglutinante de la agrupación ” (sentencia No. 2014-20446 de las 09:30 hrs. del 17 de diciembre de 2014). Hipótesis que tampoco se concreta en el caso en estudio, en tanto que no se acredita que la accionante ostente la representación formal de una entidad corporativa como la descrita.
V.- EN CONCLUSIÓN. Como corolario de lo anterior, procede rechazar de plano la acción, como así se dispone.
VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se rechaza de plano la acción.

Fernando Castillo V.
Presidente
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Mauricio Chacón J.
Lucila Monge P.


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