Sentencia Nº 2019018324 de Sala Constitucional, 20-09-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expedienteExp:
Número de sentencia2019018324

*190138540007CO*

Exp: 19-013854-0007-CO

Res. Nº 2019018324

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas con dieciocho minutos del veinte de setiembre de dos mil diecinueve.

Recurso de amparo interpuesto por Luis Guillermo Cornejo Rojas, mayor, casado, abogado, cédula de identidad No. 2-0421-0009, vecino de Alajuela, contra el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:49 hrs. del 05 de agosto de 2019, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José y expresa que el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda quebrantó su derecho fundamental de acceder a la justicia y obtener pronta respuesta puesto que en el año 2013 inició como parte actora proceso de conocimiento para ejecución de sentencia en amparo constitucional ante el Juzgado recurrido. Refiere que después de atender la prevención realizada por el recurrido en fecha 23/04/2013 y la presentación de varias solicitudes de pronto despacho, el auto de traslado a la parte demandada se emite hasta el 06/11/2013, siendo notificado dicho auto en fecha 22/11/2013, es decir, que el Despacho omitió su gestión por espacio de doscientos trece días. Pide que esta Sala solicite informe al juez a cargo del referido asunto o al juez coordinador, adicionalmente que se condene al Estado al pago de daños y perjuicios.

2.- Informa bajo juramento Berny Solano Solano, en su condición de juez coordinador del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José (escrito presentado a las 09:21 hrs. del 06 de setiembre de 2019), que de conformidad con el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el recurso de amparo puede plantearse hasta en un plazo máximo de dos meses contados a partir de la cesación de los efectos de la conducta que reclama. Dice que en el expediente judicial del caso base del actual recurso de amparo, queda claro que el proceso judicial se dio por terminado en virtud de resolución judicial firme de las 10:08 hrs. del 16 de setiembre de 2014, lo que le fue notificado al recurrente en fecha 19 de setiembre de 2014 y el recurso de amparo se presenta hasta el 05 de agosto de 2019 siendo que los efectos del proceso judicial, respecto de la parte aquí recurrente, concluyen con la entrega de los depósitos judiciales a su favor, se considera que ha prescrito el derecho de interposición del recurso de amparo de conformidad con la ley y así se solicita sea declarado, todo ello con base en el principio de certeza y seguridad jurídicas. Pide declarar con lugar la excepción de prescripción, pues es claro que el expediente se dio por terminado desde el mes de setiembre de 2014 y a la fecha de interposición del amparo, ha transcurrido más de cinco años desde el cese de todos los efectos, con lo cual, sobradamente se ha cumplido el plazo de prescripción indicado en la ley. En caso de trascender al conocimiento del fondo del asunto, solicita declarar sin lugar el recurso de amparo, con base en la misma evidencia que consta en el expediente.

3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:15 hrs. del 11 de setiembre de 2019, Nathalia Ordóñez Muñoz, en su condición de coordinadora judicial del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, indica que aporta un DVD que contiene el expediente No. 13-000025-1928-CA, el cual corresponde a un proceso de Ejecución de Sentencia interpuesto por Luis Guillermo Cornejo Rojas contra El Estado.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que desde la interposición del proceso de conocimiento para ejecución de sentencia de amparo en el año 2013 ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y hasta el 06 de noviembre de 2013, que se emitió el auto de traslado, transcurrieron doscientos trece días.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) El 18 de enero de 2013, el recurrente interpuso ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José proceso de conocimiento para ejecución de sentencia de amparo, el cual se tramitó bajo el expediente No. 13-000025-1928-CA (prueba aportada por la autoridad recurrida).

b) Mediante resolución de las 11:06 hrs. del 13 de marzo de 2013, el juzgado recurrido resolvió lo siguiente: “De previo a resolver lo que corresponde, deberá el señor actor establecer de forma clara y precisa, los hechos en que fundamente su demanda, ya que de la lectura de la demanda, los mismos no se denotan. Lo anterior deberá ser satisfecho dentro del plazo legal e improrrogable de TRES DIAS, bajo el apercibimiento de que si se omite, se declarará la inadmisibilidad de la presente demanda y se ordenará el archivo definitiva de la misma (artículo 61 del Código Procesal Contencioso Administrativo)” (prueba aportada por la autoridad recurrida).

c) El 23 de abril de 2013, la parte recurrente cumplió la prevención realizada por el juzgado recurrido (prueba aportada por la autoridad recurrida).

d) Mediante resolución de las 17:43 hrs. del 06 de noviembre de 2013, el juzgado recurrido emitió auto de traslado del expediente presentado por el recurrente (prueba aportada por la autoridad recurrida).

e) El 02 de diciembre de 2013, el procurador del Área de Derecho Público contestó el proceso interpuesto por el recurrente (prueba aportada por la autoridad recurrida).

f) Por resolución No. 2525-2013 de las 10:30 hrs. del 17 de diciembre de 2013, se rechazó la solicitud de inhibitoria de todos los juzgadores que presentó la parte recurrente (prueba aportada por la autoridad recurrida).

g) Por sentencia No. 357-2014 de las 13:30 hrs. del 19 de febrero de 2014, el juzgado recurrido declaró con lugar el proceso de ejecución y condenó al Estado al pago de setenta y cinco mil colones por daño moral subjetivo y setenta y cinco mil colones por costas personales por la presentación y el trámite del recurso de amparo (prueba aportada por la autoridad recurrida).

h) El 27 de marzo de 2014, el procurador del Área de Derecho Público informó el depósito de las sumas adeudadas (prueba aportada por la autoridad recurrida).

i) El 19 de mayo de 2014, el recurrente presentó la liquidación de la sentencia No. 357-2014 (prueba aportada por la autoridad recurrida).

j) Por resolución de las 11:41 hrs. del 30 de junio de 2014, el despacho accionado ordenó el giro del dinero depositado al recurrente (prueba aportada por la autoridad recurrida).

k) Mediante resolución de las 10:08 hrs. del 16 de setiembre de 2014, el juzgado recurrido dispuso lo siguiente: “Revisado que ha sido el expediente de oficio y no existiendo más asuntos pendientes de trámite, se tiene por TERMINADO el presente proceso y se ordena el ARCHIVO del expediente” (informe de la autoridad recurrida y prueba aportada).

III.- Sobre el fondo. En el memorial de interposición, la parte recurrente alegó la vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida, pues indicó que existió una dilación en la emisión del auto de traslado del expediente No. 13-000025-1028-CA. Ahora bien, esta Sala tiene por comprobado de las manifestaciones del recurrente, del informe rendido por Berny Solano Solano, en su condición de juez coordinador del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, que se rinde bajo la fe, seriedad y formalidad del juramento, con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción, así como de la prueba aportada al expediente electrónico, que el citado proceso fue interpuesto el 18 de enero de 2013 y por resolución de las 11:06 hrs. del 13 de marzo de ese año, se le previno al actor establecer de forma clara y precisa, los hechos en que fundamentaba su demanda. Se tiene que el 23 de abril de 2013, la parte recurrente cumplió esa prevención. Mientras que por resolución del 06 de noviembre de 2013, el juzgado recurrido emitió auto de traslado de esa demanda. El 17 de diciembre de 2013, se rechazó la solicitud de inhibitoria de todos los juzgadores que presentó el tutelado y el 19 de febrero de 2014 se dictó sentencia declarando con lugar el proceso de ejecución. Además, se condenó al Estado al pago de setenta y cinco mil colones por daño moral subjetivo y setenta y cinco mil colones por costas personales por la presentación y el trámite del recurso de amparo. De ahí que el 27 de marzo de 2014, el procurador del Área de Derecho Público informó el depósito de esas sumas. Mientras que el 19 de mayo de 2014, el recurrente presentó la liquidación de la sentencia y por resolución del 30 de junio de ese año, el despacho accionado le ordenó el giro del dinero depositado. Finalmente, por resolución del 16 de setiembre de 2014, se tuvo por terminado ese asunto y se ordenó el archivo del expediente. Este Tribunal ha defendido vehementemente el derecho contenido en el numeral 41, de la Constitución Política, analizando que la duración excesiva y no justificada de los procedimientos implica una clara violación al derecho a una justicia pronta y cumplida. Empero, en este caso, aunque el recurrente objeta, únicamente, la demora en darle curso al citado asunto, a la luz de los hechos tenidos por probados, considera esta Sala que no ha existido un plazo excesivo para resolver el proceso en su conjunto por parte del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sino que se ha actuado en plazos razonables, en atención a las particularidades del proceso y la propia actividad de las partes. Conviene indicarle al recurrente, que no existe la constitucionalidad de un derecho a los plazos, sino que lo que se reconoce es el derecho de toda persona a que su causa sea resuelta en un plazo razonable, lo que ha de ser establecido casuísticamente, atendiendo a la conducta de los litigantes y de las autoridades, y a las especificaciones del proceso, circunstancias que en el caso concreto, están presentes para justificar, válidamente, el lapso que se ha tardado en este proceso para la resolución de lo planteado. Por ello, se considera que no se ha infringido, en su perjuicio, el derecho tutelado en el artículo 41 Constitucional.

IV.- Conclusión. En vista de las consideraciones expuestas, lo propio es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se dispone.

V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

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