Sentencia Nº 2019018878 de Sala Constitucional, 01-10-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expedienteExp:
Número de sentencia2019018878
Fecha01 Octubre 2019

*190179130007CO*

Exp: 19-017913-0007-CO

Res. Nº 2019018878

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta minutos del uno de octubre de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo interpuesto por Jose Fernández Azofeifa, portador de la cédula de identidad 1-987-611, a favor de Magaly Chacón Valverde, contra el Ministerio de Educación Pública.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 26 de setiembre de 2019, el recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que la amparada es funcionaria del Ministerio de Educación Pública e interpuso un recurso de legalidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra la Unidad de Desarrollo e Incentivo Profesional y contra el Departamento de Gestión de Trámites y servicio de unidad de Gestión Reclamos, todos del mismo ministerio. Agrega que el 9 de julio del 2018, recibió un correo del departamento de notificaciones, donde le comunicaba que el recurso de legalidad interpuesto, tuvo audiencia de conciliación y el Ministerio de Educación Pública se comprometió a resolver su gestión en un plazo de 130 días hábiles y dicho plazo se cumplió el 4 de marzo del 2019. Y pese a ello, señala que a la amparada se le sigue adeudando del 2016 el pago de zona de menor desarrollo. Solicita se declare con lugar el recurso y se actualice la acción de personal de la amparada con el puntaje correspondiente y el pago de los montos adeudados.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta la Magistrada Hernández López; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente acude en tutela de la amparada y manifiesta que el Ministerio de Educación Pública le adeuda un monto por pago de zona de menor desarrollo, además pide se le ordene a las autoridades del Ministerio de Educación Pública se actualice la acción de personal de la amparada con el puntaje correspondiente.

II.- La tutela de la Sala Constitucional, en tratándose de la materia laboral, deriva de la aplicación del Título V, Capítulo Único, de la Constitución Política, denominado Derechos y Garantías Sociales. Así, encuentra protección constitucional, por medio del recurso de amparo, los quebrantos al derecho al trabajo, al salario mínimo, a la jornada laboral, al descanso semanal, a vacaciones anuales remuneradas, a la libre sindicalización, al derecho de huelga, a la celebración de convenciones colectivas de trabajo, entre otros, todo ello, con ocasión del trabajo. Ahora bien, esta Sala no puede sustituir a la Administración activa en la gestión de sus competencias y no está llamada a revisar, conforme criterios de legalidad ordinaria, si a la parte recurrente le corresponde o no recibir el pago del plus salarial de zona de menor desarrollo o si se le mantiene actualizado, el puntaje correspondiente. Lo anterior, porque se trata de una discusión de legalidad ordinaria, por lo que debe acudir ante las propias autoridades del Ministerio recurrido o en su defecto, ante la vía jurisdiccional competente, tal y como indica lo ha hecho, al plantear un recurso de legalidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra la Unidad de Desarrollo e Incentivo Profesional y contra el Departamento de Gestión de Trámites y servicio de unidad de Gestión Reclamos. Ahora si lo que el recurrente considera es que las autoridades del Ministerio de Educación Pública han incumplido el convenio conciliatorio adoptado en el Tribunal Contencioso Administrativo, será ante esa autoridad donde corresponde acudir a plantear lo que corresponda. Así las cosas, el recurso resulta inadmisible.

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Lucila Monge P.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 19-017913-0007-CO

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