Sentencia Nº 2019019181 de Sala Constitucional, 04-10-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente19-016970-0007-CO
Fecha04 Octubre 2019
Número de sentencia2019019181

*190169700007CO*

Exp: 19-016970-0007-CO

Res. Nº 2019019181


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del cuatro de octubre de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], mayor, soltera, pensionada, cédula de identidad No. [Valor 001], contra la Ministra y la Directora de Recursos Humanos, ambas del Ministerio de Educación Pública.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:06 hrs. del 16 de setiembre de 2019, la recurrente interpone recurso de amparo contra la ministra y la directora de Recursos Humanos, ambas del MEP y expresa que el 28 de enero de 2019 solicitó ante el ministerio recurrido el pago de las prestaciones legales que le corresponden en virtud de haberse acogido a su jubilación. Afirma que más de 8 meses después, continúa esperando el pago de esos extremos. En este sentido, el retardo excesivo e injustificado en que ha incurrido la administración, vulnera sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias que implique.
2.- Informa bajo juramento Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de directora de Recursos Humanos del MEP (escrito presentado a las 06:52 hrs. del 24 de setiembre de 2019), que el 19 de setiembre de 2019, se le depositó a la cuenta indicada por la recurrente, el pago correspondiente a sus prestaciones legales, por lo que el presente amparo carece de interés actual. Solicita declarar sin lugar el recurso.
3.- Según constancia del 26 de setiembre de 2019, la ministra de Educación Pública no rindió el informe solicitado por resolución de las 15:43 hrs. del 16 de setiembre del presente año.
4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. La recurrente alega que el 28 de enero de 2019, solicitó ante la Dirección de Recursos Humanos del MEP, el pago de las prestaciones legales que le corresponden en virtud de haberse acogido a su pensión. Sin embargo, más de 8 meses después, continúa esperando la cancelación de esos extremos.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque las recurridas hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
  1. El 28 de enero de 2019, la recurrente solicitó, mediante documento recibido en la Dirección de Recursos Humanos del MEP, el pago de las prestaciones legales por haberse acogido a la pensión (documento aportado por la recurrente).
  2. El 18 de setiembre de 2019, se le notificó a las autoridades recurridas la resolución de las 15:43 hrs. del 16 de setiembre del presente año, mediante la cual se le dio curso a este amparo (véanse actas de notificación respectivas).
  3. El 19 de setiembre de 2019, se le depositó a la recurrente en la cuenta indicada, el pago correspondiente a sus prestaciones legales (informe de la directora de Recursos Humanos del MEP y prueba documental aportada).
III.- Sobre el pago oportuno de las prestaciones laborales. Tanto la jurisprudencia ordinaria como la constitucional ha entendido el salario como la retribución necesaria que recibe una persona trabajadora por la labor realizada, cuyo destino será su manutención y la de su familia; así, es consecuente proteger este derecho a fin de evitar abusos que menoscaben la vida. Este mismo criterio de protección debe extenderse al derecho de toda persona trabajadora de ser indemnizada a la terminación de su relación laboral, tanto porque se incluyen derechos irrenunciables como lo son el salario, las vacaciones y el aguinaldo, como, especialmente, porque las leyes laborales le reconocen una compensación monetaria en los casos en que no sea invocada una causal para el despido sin responsabilidad patronal. La Sala reconoce que para la cancelación de los extremos pecuniarios legales que corresponden a cualquier persona servidora del Estado, se requiere de la intervención de diversos órganos públicos y, por lo tanto, el pago no puede ser inmediato. No obstante, este plazo debe atender y respetar los principios de razonabilidad y oportunidad, evitando con ello que la Administración deje de honrar en tiempo razonable sus deudas, especialmente cuando de las mismas depende la estabilidad económico-financiera de una familia. Debe clarificarse que en este sede no se discute acerca de los extremos laborales que se le deben reconocer a una persona trabajadora, sino que se protege su derecho de recibir la liquidación dentro de un tiempo razonable, para lo cual la Administración como un todo -incluidas todas las dependencias involucradas-, debe agilizar los trámites necesarios y cumplir con su obligación dentro de los meses inmediatos siguientes a la terminación de la relación laboral.
IV.- Acerca del caso concreto. En la especie, del informe suscrito por Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de directora de Recursos Humanos del MEP, que se rinde bajo la fe, seriedad y formalidad del juramento, con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción y la prueba documental aportada, se colige que el 28 de enero de 2019, la recurrente solicitó, mediante documento recibido en esa dependencia, el pago de las prestaciones legales por haberse acogido a la pensión. Igualmente, ha quedado demostrado que el 19 de setiembre se le realizó el depósito bancario de esos extremos. De modo que esta Sala estima que el Departamento de Recursos Humanos del MEP, vulneró los derechos fundamentales de la amparada, por cuanto se acredita que de manera posterior a la notificación del curso de admisibilidad del presente amparo, en fecha del 18 de setiembre de 2019, se procedió a depositarle a la recurrente el monto correspondiente a sus prestaciones laborales, que había gestionado hace más de ocho meses. De ahí que se considere procedente su reclamo ante esta Sala.
V.- Conclusión . De tal forma, al acreditarse la infracción constitucional en los términos dichos, el recurso debe ser declarado con lugar, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y con la respectiva condenatoria al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados, según se explica en el siguiente considerando.

VI.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios en el caso concreto . Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la Administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el respectivo proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VII.- Razones diferentes de la Magistrada Hernández López sobre las consecuencias económicas derivadas de declarar con lugar este recurso. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala. No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente:

La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “ un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.
Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la Sala, exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.
En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la Sala para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derecho fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “Además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso …”. Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la Sala ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional.
Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “ si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.”
La mención de una “ resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la Sala conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la Sala constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.
Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la Sala -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado ”, situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado. En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas.
En este caso, puede afirmarse que la Sala ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.
VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial ", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López da razones diferentes sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios.


Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Ileana Sánchez N.



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