Sentencia Nº 2019019711 de Sala Constitucional, 11-10-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2019019711
Número de expedienteExp:
Fecha11 Octubre 2019
Revisión del Documento

*190157410007CO*

Exp: 19-015741-0007-CO

Res. Nº 2019019711

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del once de octubre de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo interpuesto por XINIA NATALIA DEL CARMEN MONDRAGÓN MEJÍAS, cédula de identidad 0501810538, contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

Resultando:

1.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 13:41 horas de 29 de agosto de 2019, Xinia Natalia del Carmen Mondragón Mejías presentó un recurso de amparo en contra de la Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública. Explicó que trabaja en forma interina en la Escuela Pilar Jiménez Solís, cubriendo incapacidades que se han realizado en forma continua. Adujo que desde el 20 de mayo de 2019 hasta la fecha de interposición del recurso, no le han pagado su salario. Manifestó que ha realizado las consultas respectivas y no le han podido dar una solución.

2.- Mediante el auto de las 09:21 horas de 30 de agosto de 2019, la Presidencia de la Sala Constitucional admitió el recurso de amparo y le dio traslado a la Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública.

3.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 14:36 horas de 5 de setiembre de 2019, informó bajo juramento Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, que “(…) de acuerdo con el Sistema Integrado de Recursos Humanos Planillas y Pagos (Integra2), se confeccionó acción de personal n° 201909-MP4775069 correspondiente a prórroga de nombramiento interino del 20 de mayo al 27 de junio de 2019 (documento adjunto), en la Escuela Pilar Jimenez Solis de la Direccion Regional de San Jose Norte, mismo que se encuentra pendiente para posible pago en la primera quincena de setiembre del corriente (…)”.

4.- Mediante el auto de las 14:02 horas de 6 de setiembre de 2019, el Magistrado Instructor dispuso ampliar el auto inicial de este proceso para que el Director de la Escuela Pilar Jiménez y la Directora de Recursos Humanos, ambos del Ministerio de Educación Pública, informaran: “(…) a) si la amparada ha estado laborando o no para la Escuela Pilar Jiménez, durante los períodos comprendidos entre el 28 de junio y el 26 de julio de 2019, así como entre el 29 de julio y el 27 de agosto de 2019 y, b) si se procedió o no al pago del salario correspondiente. La recurrente aseguró que el Ministerio de Educación Pública, desde el 20 de mayo de 2019, no le ha pagado su salario, por los nombramientos interinos que ha efectuado en la Escuela Pilar Jiménez (…)”.

5.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 09:48 horas de 16 de setiembre de 2019, Yaxinia Díaz Mendoza, Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, aclaró que “(…) la recurrente si (sic) laboró en los períodos señalados en la Escuela Pilar Jiménez Solís en los períodos del 28 de junio al 26 de julio (…) Según Sistema Integrado de Recursos Humanos, Planillas y Pagos (Integra2) en la primera quincena de setiembre se canceló lo correspondiente a la acción de personal No. 201909-MP-4775069 con nombramiento con rige 20 de mayo al 27 de junio del 2019, N°. 201909-MP-4771749 con rige 29 de julio al 27 de agosto 2019, N°. 201909-MP-4774277 con rige 28 de agosto al 04 de setiembre del 2019 (…) En cuanto a la acción de personal N°. 201909-MP-4859823, correspondiente a nombramiento con rige 15 de julio al 26 de julio del 2019, está programada para el pago en la segunda quincena del mes de setiembre (…)”.

6.- Mediante el escrito agregado al expediente digital a las 16:12 horas de 1° de octubre de 2019, Xinia Patiño González, Directora de la Escuela Pilar Jiménez Solís, señaló que “(…) la recurrente si ha estado laborando en ésta institución en las fechas del 28 de junio al 26 de julio del año 2019 (…) Que la recurrente si ha estado laborando en esta institución en las fechas del 29 de julio al 27 de agosto del año 2019 (…)”.

7.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 09:01 horas de 3 de octubre de 2019, se hizo constar lo siguiente: “(…) El suscrito Profesional en Derecho 3B de la Sala Constitucional, hace constar que a las 08:55 horas de 3 de octubre de 2019, me comuniqué, vía telefónica, con Xinia Mondragón Mejías, al número de teléfono celular por ella aportado en el escrito de interposición, quien me manifestó que el salario correspondiente al nombramiento realizado entre el 28 de junio y el 26 de julio de 2019, le fue pagado en la segunda quincena de setiembre de 2019. Aclaró que inclusive se le pagó lo que correspondía por el trabajo desempeñado hasta el 30 de setiembre de 2019. Es todo (…)”.

8.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. La recurrente aseguró que el Ministerio de Educación Pública, no le ha pagado su salario por las labores realizadas entre el 20 de mayo y el 27 de julio de 2019, en la Escuela Pilar Jiménez. Teme que tampoco se le pague el trabajo ejecutado entre el 29 de julio y el 27 de agosto de 2019, pues al parecer, habían archivado por error la documentación pertinente.

II.-Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

  1. Durante el período comprendido entre el 20 de mayo y el 27 de junio de 2019, la amparada estuvo nombrada interinamente en la Escuela Pilar Jiménez (ver el informe de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, agregado al expediente digital).
  2. Durante el período comprendido entre el 28 de junio al 26 de julio de 2019, la amparada estuvo laborando en la Escuela Pilar Jiménez (ver el informe de la Directora de la Escuela Pilar Jiménez y de la Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, agregados al expediente digital).
  3. El 2 de setiembre de 2019, se notificó a la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, el auto inicial del recurso de amparo (ver el acta de notificación agregada al expediente digital).
  4. El pago del salario por las labores desempeñadas entre el 20 de mayo y el 27 de junio de 2019, se llevó a cabo en la primera quincena de setiembre de 2019 (ver el segundo informe rendido por la Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, agregado al expediente digital).
  5. El 10 de setiembre de 2019, se notificó a la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, la ampliación de curso (ver el acta de notificación, agregada al expediente digital).
  6. En la segunda quincena de setiembre se terminaron de pagar los montos adeudados a la tutelada, por el trabajo realizado hasta el 30 de setiembre de 2019 (ver la constancia agregada al expediente digital, el 3 de octubre de 2019).

III.- Sobre el plazo irrazonable para el pago del salario: labores realizadas entre el 29 de julio y el 27 de agosto de 2019. Esta Sala Constitucional ha estimado como excesivo o irrazonable el retraso en el pago del salario superior a un mes. Por consiguiente, si dicho plazo no se ha verificado, el contenido del derecho al salario no puede tenerse por lesionado y el recurso de amparo debe considerarse prematuro (ver, entre otras, la sentencia No. 2019 – 002249 de las 09:15 horas de 8 de febrero de 2019). En función del referido criterio jurisprudencial, el agravio relacionado con el pago del salario por las labores ejecutadas entre el 29 de julio y el 27 de agosto de 2019, es prematuro, en tanto a la fecha de presentado el recurso de amparo (29 de agosto de 2019), no se había superado el plazo de un mes. En todo caso, la propia amparada aseguró que los montos adeudados por el trabajo realizado hasta el 30 de setiembre de 2019, fueron pagados en la segunda quincena de ese mes.

IV.- Sobre la falta de pago de salario: restantes extremos. De la relación de hechos probados se desprende que el salario correspondiente al nombramiento efectuado por la tutelada en la Escuela Pilar Jiménez, durante el período comprendido entre el 20 de mayo y el 27 de junio de 2019, se pagó en la primera quincena de setiembre, luego de notificado el auto inicial del recurso de amparo. Según aclaró la amparada, para la segunda quincena de setiembre de 2019, se le terminaron de pagar las sumas adeudadas por el trabajo realizado hasta el 30 de setiembre de 2019 (lo que comprende los nombramientos verificados entre el 28 de junio y el 26 de julio de 2019). Esto último fue dispuesto, luego de que se notificara el auto de ampliación de este proceso. A la luz de lo señalado en el considerando anterior, el retraso superior a un mes, en el pago del salario de la amparada, es irrazonable, por lo que el derecho al salario debe tenerse por vulnerado. Como el pago se efectuó en la primera y segunda quincena de setiembre de 2019, con ocasión del presente proceso, se debe declarar con lugar este extremo del recurso, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, condenado al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados, según se explica en el siguiente considerando.

V.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios en el caso concreto. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el correspondiente proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VI.- Conclusión. En mérito de lo expuesto, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso, con las consecuencias que se particularizan en la parte dispositiva de la sentencia.

VII.- Razones diferentes de la Magistrada Hernández López sobre las consecuencias económicas derivadas de declarar con lugar este recurso. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala. No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente:

La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.

Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.

Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la Sala, exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.

En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la Sala para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derecho fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “(a)demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la Sala ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional.

Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.”

La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la Sala conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la Sala constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.

Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la Sala -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado”, situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado. En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas.

En este caso, puede afirmarse que la Sala ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.

VIII.-Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, con base en lo dispuesto por el artículo 52, párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, únicamente a los efectos de condenar al Estado, al pago de las costas, daños y perjuicios causados, que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso. La Magistrada Hernández López da razones diferentes en relación con la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Jorge Araya G.

Ana María Picado B.

Mauricio Chacón J.

Hubert Fernández A.

Documento Firmado Digitalmente

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