Sentencia Nº 2019019834 de Sala Constitucional, 11-10-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2019019834
Fecha11 Octubre 2019
Número de expedienteExp:
Revisión del Documento

*190176610007CO*

Exp: 19-017661-0007-CO

Res. Nº 2019019834

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del once de octubre de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 19-017661-0007-CO, interpuesto por DOUGLAS ANTONIO ARCE SOLIS, cédula de identidad 0107070029, contra LA MUNICIPALIDAD DE ESPARZA, PUNTARENAS.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 23 de setiembre de 2019, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Esparza. Manifiesta que por escrito de 28 de mayo de 2019, solicitó a la autoridad recurrida le aclarara "(…) si la calle que pasa de Salinas, a PLYCEN y la Irex hacia Cambalache; la municipalidad ha determinado si es pública o privada. En caso de que la misma sea pública, bajo qué código municipal se encuentra registrada. Asimismo, requiero me informe si para dicha construcción existe de previo la firma de un convenio entre la Municipalidad de Esparza y estas empresas. Finalmente, solicito me informe específicamente qué trabajos ha realizado la Municipalidad para la habilitación de dicho camino así como el monto de los dineros invertidos (…)". Además, refiere que mediante nota del 24 de junio de 2019, reiteró ante el municipio recurrido la solicitud de información. No obstante, en el momento en el que interpuso el recurso de amparo, sus gestiones no habían sido atendidas. Por lo expuesto, estima vulnerados sus derechos fundamentales.

2.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 02 de octubre de 2019, rinde informe bajo fe de juramento, Asdrúbal Calvo Chaves, Alcalde de la Municipalidad de Esparza. Indica que "…PRIMERO: Que en sesión ordinaria acta 161-2019 del 27 de Mayo del 2019 se conoció en asuntos urgentes por medio del regidor Elian Portuguez Carmona una información dada por el señor Douglas Arce referente a la calle que pasa frente a la Irex, además mediante documento presentado a la Alcaldía Municipal se hace consulta referente a la misma calle. SEGUNDO: Que en esa misma sesión el Concejo Municipal acordó solicitarle a la administración para que el Gestor Vial informara al Concejo Municipal sobre el estatus de la calle nueva que se construyó si es pública o no y mediante oficio AME-623-201 9 la Alcaldía Municipal traslada la consulta planteada por el señor Douglas Aroa y le notifica a este por medio del correo electrónico çQnstrucaIdera@hotmail.ççmque la solicitud de pronunciamiento fue realizada. TERCERO: Que el Ingeniero Salas Porras (Gestor Vial) mediante oficio GV-245- 2019 de fecha 19 de Junio 2019 y GV-249-2019 de f9Ch8 25 de Junio del 2019 informa a la Alcaldía y al Concejo Municipal la situación de la Calle objeto de la consulta, pero por un error material no fue notificado del informe rendido a la Alcaldía y el dirigido al Concejo fue conocido por este por ser meramente informativo. Siendo que a la consulta planteada por el Concejo trasladó en informe correspondiente. CUARTO: Que una vez conocido que el ¡informe GV-245-2019 no fue notificado se procedió a trasladar la respuesta al correo constnuçaldera@hotmaiI.com (Douglas Arce Solís) para lo que corresponda…".

3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

.-

Redacta la Magistrada Picado Brenes; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente estima lesionado su derecho a la información. Acusa que el 28 de mayo de 2019, solicitó a la autoridad recurrida información de su interés, en concreto "(…) si la calle que pasa de Salinas, a PLYCEN y la Irex hacia Cambalache; la municipalidad ha determinado si es pública o privada. En caso de que la misma sea pública, bajo qué código municipal se encuentra registrada. Asimismo, requiero me informe si para dicha construcción existe de previo la firma de un convenio entre la Municipalidad de Esparza y estas empresas. Finalmente, solicito me informe específicamente qué trabajos ha realizado la Municipalidad para la habilitación de dicho camino así como el monto de los dineros invertidos (…)". Solicitud, que según dice, reiteró el 24 de junio de 2019. No obstante, reclama que a la fecha de interposición del recurso de amparo no ha recibido respuesta a su gestión de información.

II.- Hechos Probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

1. En fecha 28 de mayo de 2019, el amparado solicitó a la Municipalidad de Esparza, información de su interés, en concreto "(…) si la calle que pasa de Salinas, a PLYCEN y la Irex hacia Cambalache; la municipalidad ha determinado si es pública o privada. En caso de que la misma sea pública, bajo qué código municipal se encuentra registrada. Asimismo, requiero me informe si para dicha construcción existe de previo la firma de un convenio entre la Municipalidad de Esparza y estas empresas. Finalmente, solicito me informe específicamente qué trabajos ha realizado la Municipalidad para la habilitación de dicho camino así como el monto de los dineros invertidos (…)". (Hecho no Controvertido).

2. El 24 de junio de 2019, el accionante, reiteró a la autoridad recurrida la solicitud de información que realizó desde el 28 de mayo de 2019. (Hecho no Controvertido).

3. El Ingeniero Salas Porras, Gestor Vial de la Municipalidad de Esparza, mediante el oficio No. GV-245- 2019, de fecha 19 de Junio 2019 y el oficio No. GV-249-2019 de fecha 25 de Junio del 2019 informó a la Alcaldía y al Concejo Municipal la situación de la Calle objeto de la consulta, pero por un error material no fue notificado del informe rendido a la Alcaldía y el dirigido al Concejo fue conocido para fines meramente informativos. (Ver informe rendido bajo fe de juramento).

4. El 27 de setiembre de 2019, al ser las 09:24 horas, el Alcalde de la Municipalidad de Esparza, fue notificado de la resolución de las 09:28 horas del 24 de setiembre de 2019, que diera curso al presente amparo. (Ver acta de notificación en el Sistema Electrónico de Gestión).

5. El 30 de setiembre de 2019, el informe del oficio No. GV-245-2019, del 19 de junio de 2019, fue comunicado al amparado al medio señalado para tales efectos -construcaldera@hotmail.com-. (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada).

6. El 1° de octubre de 2019, el amparado acusa recibido del correo enviado con el oficio No. GV-245-2019, del 19 de junio de 2019. (Ver documentación aportada).

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De los informes rendidos por las autoridades recurridas, los cuales son dados bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica, se desprende que en fecha 28 de mayo de 2019, el amparado solicitó a la Municipalidad de Esparza, información de su interés, en concreto "(…) si la calle que pasa de Salinas, a PLYCEN y la Irex hacia Cambalache; la municipalidad ha determinado si es pública o privada. En caso de que la misma sea pública, bajo qué código municipal se encuentra registrada. Asimismo, requiero me informe si para dicha construcción existe de previo la firma de un convenio entre la Municipalidad de Esparza y estas empresas. Finalmente, solicito me informe específicamente qué trabajos ha realizado la Municipalidad para la habilitación de dicho camino así como el monto de los dineros invertidos (…)". Además, que el 24 de junio de 2019, el accionante, reiteró a la autoridad recurrida la solicitud de información que realizó desde el 28 de mayo de 2019. Aunado a lo anterior, que el Ingeniero Salas Porras, Gestor Vial de la Municipalidad de Esparza, mediante el oficio No. GV-245- 2019, de fecha 19 de Junio 2019 y el oficio No. GV-249-2019 de fecha 25 de Junio del 2019, informó a la Alcaldía y al Concejo Municipal la situación de la Calle objeto de la consulta, pero por un error material no fue notificado del informe rendido a la Alcaldía y el dirigido al Concejo fue conocido para fines meramente informativos. Por su parte, el 27 de setiembre de 2019, al ser las 09:24 horas, el Alcalde de la Municipalidad de Esparza, fue notificado de la resolución de las 09:28 horas del 24 de setiembre de 2019, que diera curso al presente amparo. Posteriormente, el 30 de setiembre de 2019, el informe del oficio GV-245-2019, del 19 de junio de 2019, fue comunicado al amparado al medio señalado para tales efectos -construcaldera@hotmail.com-. Por último, que el 1° de octubre de 2019, el amparado acusa recibido del correo enviado con el oficio No. GV-245-2019, del 19 de junio de 2019.

Del cuadro fáctico descrito, se desprende que la respuesta al accionante se dio, una vez notificada la autoridad recurrida de la resolución de curso del presente amparo -27 de setiembre de 2019-. Así las cosas, esta Sala estima que, en la especie, se ha vulnerado, en perjuicio del tutelado, su derecho fundamental consagrado en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política. De este modo, procede acoger el presente amparo, sin especial condenatoria en costas daños y perjuicios, habida cuenta que, como se demostró, la pretensión del interesado fue satisfecha con motivo del amparo y este último, a posteriori, no se ha apersonado ante este Tribunal a presentar algún reclamo sobre lo entregado por la autoridad recurrida.

IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ("Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes ". Se subraya que la Ley indica "si fueren procedentes", lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: "toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia", donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO.

Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala. No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente:

La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.

Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de "un informe" sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.

Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que -ante el reconocimiento de una lesión parte de la Sala, exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.

En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la Sala para que -en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derecho fundamentales afectados o bien -en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: "además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…". Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la Sala ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional.

Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: "si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes."

La mención de una "resolución administrativa o judicial" debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la Sala conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la Sala constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.

Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la Sala -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han "cesado los efectos del acto impugnado", situación que -para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado. En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas.

En este caso, puede afirmarse que la Sala ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

De conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara CON LUGAR el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Jorge Araya G.

Ana María Picado B.

Mauricio Chacón J.

Hubert Fernández A.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*PGVQ447UINR061*

PGVQ447UINR061

EXPEDIENTE N° 19-017661-0007-CO

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