Sentencia Nº 2019020808 de Sala Constitucional, 29-10-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha29 Octubre 2019
Número de sentencia2019020808
Número de expedienteExp:
Revisión del Documento

*190184720007CO*

Exp: 19-018472-0007-CO

Res. Nº 2019020808

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 19-018472-0007-CO, interpuesto por RODOLFO MOLINA CRUZ, cédula de identidad 0104720259, a favor de PRESIDENTE CAMARA TEXTIL COSTARRICENSE -CATECO-, cédula jurídica 3002136373, contra JEFE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD (PLATAFORMA DE SERVICIOS).

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 03 de octubre de 2019, el recurrente interpone recurso de amparo, a favor de la Asociación Cámara Textil Costarricense -CATECO-, contra el Ministerio de Salud. Manifiesta que por oficio de 23 de julio de 2019, que fuera recibido por la autoridad recurrida el 30 de julio de este mismo año, requirió que se le brindara información de su interés, expresamente: "(…) Por medio de la presente le solicito de la manera más atenta, nos facilite los nombres de las personas encargadas de tramitar la nota técnica 62 y los nombres de los funcionarios a cargo de las inspecciones de la importación de la ropa usada en las Áreas Rectoras de Limón y las 2 más importantes en Heredia y Alajuela. Lo anterior, con la finalidad de enviarles un recordatorio de los artículos 23 y 24 del Reglamento Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades Transmisibles, Decreto 17624-S. (…)". Afirma que a las copias del documento se le estampó el sello de recibido, se le asignó el número de boleta 11737, y se le engrapó un papel con unos números telefónicos. Reclama que no obstante, a pesar de las gestiones realizadas por su representada tendentes a que se le brinde dicha información, no ha sido posible a este momento. Por lo expuesto, considera que con los hechos objeto de este recurso, se violentan sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias legales que esto implique.

2.- Por resolución de Presidencia de las 08:28 horas del 07 de octubre de 2019, se dio curso al amparo y se solicitó informe al Jefe de la Dirección de Atención al Cliente del Ministerio de Salud (Plataforma de Servicios).

3.- Mediante escrito agregado al Sistema Electrónico de Gestión de este Despacho el 11 de octubre de 2019, rinde informe bajo fe de juramento, Nidia Morera González, Directora a.i. de la Dirección de Atención al Cliente del Ministerio de Salud. Indica que "…La solicitud de información del señor Rodolfo Molina Cruz fue atendida, según consta en el oficio N° MS-DAC-UPS-1986-10-2019 y notificado mediante correo electrónico. No omito manifestar que la tardanza en la atención se debe a que, para poder brindar la información solicitada por el señor Molina Cruz hubo que realizar consulta a la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) con el objeto de confirmar cuáles son las principales aduanas de ingreso al país, de esas mercancías, así como los autorizadores de esa Nota Técnica. Además, hubo también que consultar a las respectivas Direcciones Regionales de este Ministerio, en aras de contar con los nombres de los funcionarios encargados de las inspecciones y así poder completar dicha información…".

4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente estima lesionado su derecho a la información. Acusa que mediante nota del 23 de julio de 2019 y recibido por el Ministerio de Salud en fecha 30 de julio de 2019, solicitó ante el Ministerio de Salud información en los siguientes términos. "(…) Por medio de la presente le solicito de la manera más atenta, nos facilite los nombres de las personas encargadas de tramitar la nota técnica 62 y los nombres de los funcionarios a cargo de las inspecciones de la importación de la ropa usada en las Áreas Rectoras de Limón y las 2 más importantes en Heredia y Alajuela. Lo anterior, con la finalidad de enviarles un recordatorio de los artículos 23 y 24 del Reglamento Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades Transmisibles, Decreto 17624-S. (…)" No obstante, reclama que a la fecha de interposición del amparo no ha recibido respuesta a su gestión de información.

II.- Hechos Probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

1. Mediante nota, recibida por el Ministerio de Salud en fecha 30 de julio de 2019 -se le asignó el número de boleta 11737-, el amparado solicitó información de su interés, en concreto "(…) Por medio de la presente le solicito de la manera más atenta, nos facilite los nombres de las personas encargadas de tramitar la nota técnica 62 y los nombres de los funcionarios a cargo de las inspecciones de la importación de la ropa usada en las Áreas Rectoras de Limón y las 2 más importantes en Heredia y Alajuela. Lo anterior, con la finalidad de enviarles un recordatorio de los artículos 23 y 24 del Reglamento Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades Transmisibles, Decreto 17624-S. (…)". (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada).

2. El 08 de octubre de 2019, al ser las 10:40 horas, el Jefe de la Dirección de Atención al Cliente del Ministerio de Salud, fue notificado de la resolución de las 08:28 horas del 07 de octubre de 2019, que diera curso al presente recurso de amparo. (Ver acta de notificación en el Sistema Electrónico de Gestión).

3. El Ministerio de Salud, mediante el oficio No. MS-DAC-UPS-1986-10-2019, del 10 de octubre de 2019, suscrito por Nidia Morera González de la Dirección de Atención al Cliente del Ministerio de Salud, brindó respuesta al amparado "…Me refiero a su nota del pasado 26 de julio, en la (sic) solicita el nombre de las personas encargadas de tramitar la Nota Técnica 62 y los nombres de los funcionarios a cargo de las inspecciones de la ropa usada en las Áreas Rectoras de Limón, Heredia y Alajuela. Al respecto debo indicarle que para atender su solicitud, se requirió información a la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y a las Direcciones Regionales de Salud correspondientes (…) Según estas fuentes de información, efectivamente la Aduana Santamaría y la Aduana de Limón son las que reportan más ingresos de ese tipo de mercancías y los funcionarios encargados de tramitar la Nota Técnica 62 en el Sistema de Ventanilla Única de PROCOMER en los últimos años son Esteban Calvo Cartín y Alejandra Campos Solano. En lo que respecta a los inspectores, en el ARS Heredia se tiene asignado a Edvin Castillo Orozco, en el ARS de Alajuela 1 a Carolina Zeledón Telles y en la Dirección Regional Central Norte al señor Miguel Álvarez Castillo, que funge como apoyo. En el caso de Limón, al funcionario que tiene asignada esta tarea es Elías Blandón Coto…". (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada).

4. El 11 de octubre de 2019, el oficio No. MS-DAC-UPS-1986-10-2019, del 10 de octubre de 2019, suscrito por Nidia Morera González de la Dirección de Atención al Cliente del Ministerio de Salud, fue notificado al medio electrónico señalado por el recurrente -cateco@textilescr.com- (Ver documentación aportada)

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De los informes rendidos por las autoridades recurridas, los cuales son dados bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica, se desprende que mediante nota recibida por el Ministerio de Salud en fecha 30 de julio de 2019 -se le asignó el número de boleta 11737-, el amparado solicitó información de su interés, en concreto "(…) Por medio de la presente le solicito de la manera más atenta, nos facilite los nombres de las personas encargadas de tramitar la nota técnica 62 y los nombres de los funcionarios a cargo de las inspecciones de la importación de la ropa usada en las Áreas Rectoras de Limón y las 2 más importantes en Heredia y Alajuela. Lo anterior, con la finalidad de enviarles un recordatorio de los artículos 23 y 24 del Reglamento Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades Transmisibles, Decreto 17624-S. (…)". Además, que el 08 de octubre de 2019, al ser las 10:40 horas, el Jefe de la Dirección de Atención al Cliente del Ministerio de Salud, fue notificado de la resolución de las 08:28 horas del 07 de octubre de 2019, que diera curso al presente recurso de amparo. Aunado a lo anterior, que el Ministerio de Salud, mediante el oficio No. MS-DAC-UPS-1986-10-2019, del 10 de octubre de 2019, suscrito por Nidia Morera González de la Dirección de Atención al Cliente del Ministerio de Salud, brindó respuesta al amparado "…Me refiero a su nota del pasado 26 de julio, en la (sic) solicita el nombre de las personas encargadas de tramitar la Nota Técnica 62 y los nombres de los funcionarios a cargo de las inspecciones de la ropa usada en las Áreas Rectoras de Limón, Heredia y Alajuela. Al respecto debo indicarle que para atender su solicitud, se requirió información a la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y a las Direcciones Regionales de Salud correspondientes (…) Según estas fuentes de información, efectivamente la Aduana Santamaría y la Aduana de Limón son las que reportan más ingresos de ese tipo de mercancías y los funcionarios encargados de tramitar la Nota Técnica 62 en el Sistema de Ventanilla Única de PROCOMER en los últimos años son Esteban Calvo Cartín y Alejandra Campos Solano. En lo que respecta a los inspectores, en el ARS Heredia se tiene asignado a Edvin Castillo Orozco, en el ARS de Alajuela1 a Carolina Zeledón Telles y en la Dirección Regional Central Norte al señor Miguel Álvarez Castillo, que funge como apoyo. En el caso de Limón, al funcionario que tiene asignada esta tarea es Elías Blandón Coto…". Por último, que el 11 de octubre de 2019, el oficio No. MS-DAC-UPS-1986-10-2019, del 10 de octubre de 2019, suscrito por Nidia Morera González de la Dirección de Atención al Cliente del Ministerio de Salud, fue notificado al medio electrónico señalado por el recurrente -cateco@textilescr.com-.

Del cuadro fáctico descrito, se desprende que la respuesta al accionante se dio, una vez notificada la autoridad recurrida de la resolución de curso del presente amparo -08 de octubre de 2019-. Así las cosas, esta Sala estima que, en la especie, se ha vulnerado, en perjuicio del tutelado, su derecho fundamental consagrado en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política. De este modo, procede acoger el presente amparo, sin especial condenatoria en costas daños y perjuicios, habida cuenta que, como se demostró, la pretensión del interesado fue satisfecha con motivo del amparo y este último, a posteriori, no se ha apersonado ante este Tribunal a presentar algún reclamo sobre lo entregado por la autoridad recurrida.

IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ("Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes ". Se subraya que la Ley indica "si fueren procedentes", lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: "toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia", donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO.

Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala. No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente:

La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.

Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de "un informe" sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.

Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que -ante el reconocimiento de una lesión parte de la Sala, exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.

En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la Sala para que -en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derecho fundamentales afectados o bien -en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: "además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…". Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la Sala ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional.

Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: "si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes."

La mención de una "resolución administrativa o judicial" debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la Sala conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la Sala constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.

Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la Sala -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han "cesado los efectos del acto impugnado", situación que -para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado. En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas.

En este caso, puede afirmarse que la Sala ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.

VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes".

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

"...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia".

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina "forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…".

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una "terminación anormal del proceso".

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes". Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

De conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara CON LUGAR el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y ordena también la condenatoria en daños, perjuicios y costas a la parte recurrida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Fernando Castillo V.

Presidente

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ana María Picado B.

Ileana Sánchez N.

Documento Firmado Digitalmente

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STEW45U8MOM61

EXPEDIENTE N° 19-018472-0007-CO

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