Sentencia Nº 2019021345 de Sala Constitucional, 01-11-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expedienteExp:
Número de sentencia2019021345
Revisión del Documento

*190178190007CO*

Exp: 19-017819-0007-CO

Res. Nº 2019021345

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del uno de noviembre de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo interpuesto por XINIA MAYELA CHINCHILLA GÓMEZ, cédula de identidad No. 01-0515-0454, contra EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en la Sala el 24 de septiembre de 2019, la recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que desde el mes de abril de 2019 se presentan inconsistencias entre el consumo reflejado en el medidor y el detallado en las facturas del servicio de agua potable de su vivienda, ubicada en San Lorenzo de Desamparados –NIS 5324159, facturado a nombre de Ezequiel Gerardo Pérez Chinchilla–. Por este motivo se ha apersonado en múltiples ocasiones a las oficinas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, donde inicialmente le indicaron que se realizaría un estudio de consumo, luego le dijeron que cambiarían el medidor y finalmente le propusieron que calcularían el monto adeudado para que hiciera un arreglo de pago. No obstante, el problema de concordancia entre el consumo registrado en el medidor y en las facturas, se sigue presentando. Manifiesta preocupación por la cantidad de recibos que posee sin pagar, así como por la emisión de avisos de suspensión del servicio por morosidad. Estima vulnerados sus derechos fundamentales, por lo que solicita se declare con lugar el recurso.

2.- Por resolución de las 09:02 hrs. de 30 de septiembre de 2019, se le da curso al proceso y se requiere el informe a la autoridad recurrida.

3.- Mediante memorial aportado a la Sala el 4 de octubre de 2019, José Pablo González González, en su condición de Jefe de la Oficina Cantonal de Desamparados del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, rinde informe. Indica que a solicitud de la recurrente se genera la orden de servicio No. 35958284 de 28 de mayo de 2019. Explica que dicha orden consiste en revisión a domicilio por medio del hidrómetro, en la que se resuelve que no hay fugas internas en el inmueble y que la lectura en el hidrómetro No. 07408280 es correcta. Dado lo anterior, no existe ninguna causa imputable al AyA que incida en el consumo registrado en el hidrómetro. Agrega que es responsabilidad del cliente mantener en buenas condiciones de funcionamiento, los sistemas e instalaciones internas de su propiedad inmueble. Apunta que ante la inconformidad de la accionante se pasa a una orden de servicio denominada “Prueba Volumétrica”, la cual consiste en revisión al hidrómetro con el fin de verificar el registro correcto de volumen de agua. Explica que el procedimiento consiste en someter un hidrómetro a diferentes flujos de agua, con el fin de obtener los respectivos porcentajes de error. Menciona que dicha orden No. 36095754 de 9 de julio de 2019 indica que: “(…) Se retira el hidrómetro #07408280, lectura 2485 y se instala el nuevo hidrómetro en el sitio #211732478 (…) El resultado de la prueba volumétrica realizado por el laboratorio de Hidrómetro del AyA el día 16 de julio de 2019, señala que el hidrómetro # 07408280, se encuentra fuera del rango de tolerancia, esto quiere decir, que el medidor no registra de manera precisa, de conformidad con lo establecido por la Norma ISO 4064:2014 (…)”. Añade que de acuerdo al resultado de la prueba volumétrica y amparado en el procedimiento, se rectifican (se ajustan / se rebajan), las facturas de los últimos seis meses, con base en el registro de consumo del hidrómetro sustituido, utilizando un plazo de 28 a 33 días, con el hidrómetro No. 211732475. Aduce que se rebajaron las facturas afectadas, aplicando una nota de crédito por el monto de 53, 380,00 colones. Dicha nota de crédito es la procede rebajar y aplicar a las facturas de abril a julio de 2019. Explica que del monto que se rebajó a las facturas de abril a julio queda un saldo pendiente de cancelar por la suma de 102, 319,98 colones. Afirma que sobre este saldo la usuaria puede solicitar un arreglo de pago; tramite que puede realizar en cualquier plataforma de servicio del instituto recurrido. Solicita que se desestime el recurso planteado.

4.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

I.- Aclaración previa. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse, en primer término, que, a partir de la Sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción –respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional–, pues se está ante un reclamo relacionado con el servicio público de agua potable, el cual, según se aduce, no ha sido resuelto a la fecha de interpuesto el amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente aduce que pese a las gestiones realizadas ante las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para solventar las inconsistencias que se presentan en el consumo de agua potable de su vivienda, el problema continúa a la fecha.

III.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

1) El 28 de mayo de 2019, la tutelada acudió a la Oficina Cantonal de Desamparados del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados y presentó verbalmente un reclamo por el consumo de agua potable correspondiente al Nis 5324159 (ver informe aportado a los autos).

2) En virtud de la referida gestión, las autoridades recurridas, de previo a la interposición del amparo, procedieron a atender el referido reclamo y realizaron las siguientes gestiones: a) una visita técnica al sitio señalado, en fecha no precisa, que determinó la inexistencia de fugas y que la lectura mostrada en el hidrómetro era correcta; b) una prueba volumétrica en el hidrómetro el día 9 de julio de 2019 para verificar el registro correcto de volumen de agua e instalación de un nuevo hidrómetro en el sitio y c) un ajuste o rebajo de las facturas de los últimos seis meses por la suma de 53,380 colones, en virtud del resultado obtenido el 16 de julio de 2019 de la prueba volumétrica (ver informe aportado a los autos).

3) De las anteriores gestiones se ha mantenido informada la recurrente durante las ocasiones en la que se ha presentado ante el instituto recurrido a consultar sobre el trámite de su gestión y de previo a la interposición del amparo (los autos).

4) Posterior al rebajo realizado, la amparada continúa adeudando un determinado monto al instituto recurrido por consumo de agua potable, para lo cual puede optar por realizar un arreglo de pago (ver informe aportado a los autos).

5) El 24 de septiembre de 2019, la recurrente formuló el presente amparo (ver escrito de interposición).

IV.- CASO CONCRETO. La recurrente acude en amparo y acusa que las autoridades recurridas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, pese a las gestiones realizadas al efecto, no han resuelto un problema que presenta actualmente con el consumo de agua potable. Manifiesta que se encuentra preocupada por la cantidad de recibos que tiene sin pagar, así como por la emisión de avisos de suspensión del servicio por morosidad.

No obstante, este Tribunal Constitucional no estima que lleve razón la tutelada en su alegato, por las razones que se dirán a continuación.

En primer término, por cuanto se tiene por demostrado que ante el reclamo que planteó la recurrente de forma verbal (y no mediante un documento formal) el 28 de mayo de 2019 en la Oficina Cantonal de Desamparados del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, los recurridos sí llevaron a cabo una serie de gestiones tendentes a solventarlo. Según se informó bajo juramento, los recurridos realizaron lo siguiente: a) una visita técnica al sitio señalado, en fecha no precisa, que determinó la inexistencia de fugas y que la lectura mostrada en el hidrómetro era correcta; b) una prueba volumétrica en el hidrómetro el día 9 de julio de 2019 para verificar el registro correcto de volumen de agua e instalación de un nuevo hidrómetro en el sitio y c) un ajuste o rebajo de las facturas de los últimos seis meses por la suma de 53,380 colones, en virtud del resultado obtenido de la prueba volumétrica. Actuaciones anteriores de las cuales, además, resulta menester destacar, tenía pleno conocimiento la tutelada de previo a la formulación de este amparo, lo cual se puede confirmar de una lectura realizada al propio escrito de interposición.

Bajo dicha inteligencia, se logra colegir con meridiana claridad que, en el fondo, lo que la recurrente se encuentra es disconforme con el monto actual que debe cancelarle al instituto recurrido por concepto de servicio de agua potable; aspecto que, sin embargo, no puede ser analizado y revisado por este órgano constitucional, por tratarse de un tema de mera legalidad y carecer consecuentemente de competencia para tal efecto. Por tal motivo la interesada, si a bien lo tiene, puede plantear los alegatos y disconformidades que estime pertinentes sobre el tema en cuestión ante las propias autoridades recurridas o bien, ante las vías jurisdiccionales ordinarias creadas particularmente al efecto.

En todo caso, debe observar la recurrente que, según informó la autoridad recurrida, tiene actualmente abierta la opción de apersonarse a las oficinas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y formalizar un arreglo de pago sobre el monto pendiente de cancelar.

En mérito de lo expuesto, al no acreditarse quebranto a derecho fundamental alguno, lo que procede es desestimar el presente amparo.

V.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso.-

Fernando Castillo V.

Presidente

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ana María Picado B.

Lucila Monge P.

Documento Firmado Digitalmente

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