Sentencia Nº 2019021379 de Sala Constitucional, 01-11-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente19-018290-0007-CO
Fecha01 Noviembre 2019
Número de sentencia2019021379
Revisión del Documento

*190182900007CO*

Exp: 19-018290-0007-CO

Res. Nº 2019021379

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del uno de noviembre de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 19-018290-0007-CO, interpuesto por DAMASCO ANTONIO RAMÍREZ RIVAS, cédula de residencia 155816289028, contra la MUNICIPALIDAD DE LIBERIA.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 9:10 horas del 1° de octubre de 2019, el recurrente presenta recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE LIBERIA. Manifiesta que el 28 de abril de 2017 se presentó ante la Municipalidad de Liberia a interponer una denuncia en donde manifestaba que un vecino obstruye el paso de las aguas pluviales, lo que provoca que el agua ingrese en su vivienda y produzca daños en algunas de sus pertenencias, además de que propicia un ambiente deteriorado para la salud de los que ahí viven. La anterior gestión no recibió respuesta por parte de la municipalidad recurrida. Ante esto, acudió a la Defensoría de los Habitantes, logrando que el ayuntamiento se pronunciara a través del oficio UTGV: 0627-2017 de fecha 1° de setiembre de 2017, el cual indicó: "(...) de acuerdo a los antecedentes descritos la Unidad Técnica de Gestión Vial colocará en programación el cambio del paso de alcantarilla para el mes de diciembre del presente año con un mayor diámetro, así como una limpieza para mejorar un poco la canalización de aguas." Sin embargo, esto no se cumplió. La Defensoría de los Habitantes nuevamente volvió a intervenir por medio de los oficios N.º 01103-2018-DHR con fecha 1 de febrero de 2018 y el oficio N.º 13438-2018-DHR de fecha 24 de octubre de 2018. El día 26 de marzo de 2019 la Defensoría reiteró las gestiones anteriores. El 23 de mayo de 2019 se recibió de parte del municipio el oficio AM-0450-05-2019, el cual adjunta el oficio UTGV-0370-2019 del 21 de mayo de 2019, en el cual se indica que: "De acuerdo a los antecedentes descritos en el informe UTGV: 0627-2017 la Unidad Técnica de Gestión Vial se comprometió a realizar los trabajos para el mes de diciembre de 2017 los mismos no pudieron ejecutarse, por lo que se reprogramarán para el segundo semestre del 2019 con la colocación del paso de la alcantarilla, así como una limpieza para mejorar un poco la canalización de aguas". El accionante afirma que a pesar de que en el último oficio la municipalidad indica que las obras se realizarán para el segundo semestre del 2019, y entendiendo que este semestre termina hasta diciembre de este año, es decir, que aún están en tiempo para cumplir, de igual forma acude a esta Sala Constitucional por amparo. Expresa que su denuncia ante la Municipalidad se presentó el 28 de abril de 2017, han pasado más de dos años y no se me ha dado una solución o, por lo menos, una explicación del retraso de las obras. Solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Por resolución de Presidencia de las 16:38 horas del 4 de octubre de 2019, se le dio curso al presente amparo.

3.- Por medio de escrito incorporado al Sistema Jurídico el 11 de octubre de 2019, Julio Alexander Viales Padilla, Alcalde de la Municipalidad de Liberia, informa que el sector donde habita el recurrente es propiedad de la Municipalidad de Liberia. Inscrita en el Registro Público de la Propiedad, matrícula folio real 5-85579-000, con plano catastrado número G-749925-88, con un área de cuarenta mil metros cuadrados. Detalle que en el sitio se ubica un asentamiento precario, y en ese sentido, presenta todas las deficiencias de condiciones e infraestructura determinadas en el informe emitido mediante oficio UTGV'0627-2017; asimismo, las personas que habitan en el sitio de forma precaria, no pagan impuestos ni servicios, de conformidad con el informe emitido por la Coordinación de la Administración Tributaria, mediante oficio SAT-101-2019. Señala que en el año 2005, la Municipalidad realizó un proceso de desalojo, reubicación y demolición en el sector, y si bien no está dentro de las competencias de la Municipalidad lo relacionado con la materia de vivienda, en procura de mejorar las condiciones de vida de las personas que de forma precaria habitaban el lugar, se coordinó con las instituciones competentes en la materia, a efectos de darle solución de vivienda a las personas desalojadas, no obstante el inmueble fue invadido nuevamente. También resulta importante mencionar, que el inmueble colinda con la Planta de Tratamiento y laguna de oxidación de lodos sépticos y aguas residuales de la ciudad de Liberia, lo que torna el sector inapropiado para ser habitado. Ahora bien, es cierto que el señor Ramírez Rivas se presentó el día 27 de abril de 2017, se apersonó ante las oficinas de la Unidad Técnica de Gestión Vial a solicitar el cambio de alcantarilla mencionado en su denuncia. Explica que efectivamente no se le contestó formalmente por escrito al recurrente sobre su gestión, ante la solicitud de reparación de alcantarilla. Explica que en oficio UTGV:0627-2017, dirigido a la Defensoría de los Habitantes, la Unidad Técnica de Gestión Vial de esa municipalidad, explicó las características del asentamiento precario, y las construcciones sin permiso realizadas en la zona. De acuerdo con lo anterior, si bien es cierto no se contestó por escrito al recurrente sobre su gestión, la misma fue atendida, según el informe UTGV:0627-2017, además que, al contestarse a la Defensoría de los Habitantes, ante un requerimiento realizado por ella, es claro que esa institución le comunicó al habitante de las actuaciones de la Municipalidad. En dicho oficio, se dispuso que la Unidad Técnica de Gestión Vial de esa municipalidad colocaría en programación el cambio de la alcantarilla con un mayor diámetro en el mes de diciembre de 2018, y a su vez, realizaría una limpieza de la zona para mejorar la canalización de las aguas –ver documentación-. Dicho oficio le fue enviado a notificar al interesado el 04 de junio de 2019. Añade que según informe número UTGV-829-2019 emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial, el denunciante elevó su queja a la Defensoría de los Habitantes, y esta intervino requiriendo información a la Municipalidad, misma que se brindó mediante oficio UTGV-0627-2017, en el que previa inspección, se consigna todos los problemas que presenta el asentamiento precario expuestos líneas arriba, y que pese a esa situación de la naturaleza del asentamiento, por tratarse de derechos individuales, en el mes de diciembre de ese año (2017), la Unidad Técnica de Gestión Vial, programaría la limpieza y el cambio de la alcantarilla existente. No obstante lo anterior y según informe número UTGV-829-2019 emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial, los trabajos de cambio de alcantarilla programado para el año 2017, no pudieron ejecutarse, pues esa Unidad trabaja de conformidad con un ordenen de prioridad de atención de las denuncias recibidas durante el año, motivo por el cual al determinarse mediante criterios técnicos que si bien la denuncia es importante, esta, no resuelve más que un problema en un sector limitado y determinado para beneficiar a un muy pequeño grupo de personas, razón por la cual dicho trabajo se reprogramó nuevamente para el segundo semestre del año 2019. Solicita que se desestime el recurso planteado.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Hernández López; y,

Considerando:

I.- De Previo. De previo a analizar el fondo del alegato –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante la falta de respuesta a una denuncia planteada por un problema ambiental, que involucra el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud.

II.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente indica que el 28 de abril de 2017 se presentó ante la Municipalidad de Liberia una denuncia en donde manifestaba que un vecino obstruye el paso de las aguas pluviales, lo que provoca que el agua ingrese en su vivienda y produzca daños en algunas de sus pertenencias, además de que propicia un ambiente deteriorado para la salud de los que ahí viven. La anterior gestión no recibió respuesta por parte de la municipalidad recurrida. Ante esto, acudió a la Defensoría de los Habitantes, logrando que el ayuntamiento se pronunciara a través del oficio UTGV: 0627-2017 de fecha 1° de setiembre de 2017, el cual indicó: "(...) de acuerdo a los antecedentes descritos la Unidad Técnica de Gestión Vial colocará en programación el cambio del paso de alcantarilla para el mes de diciembre del presente año con un mayor diámetro, así como una limpieza para mejorar un poco la canalización de aguas." Sin embargo, esto no se cumplió. La Defensoría de los Habitantes nuevamente volvió a intervenir por medio de los oficios N.º 01103-2018-DHR con fecha 1 de febrero de 2018 y el oficio N.º 13438-2018-DHR de fecha 24 de octubre de 2018. El día 26 de marzo de 2019 la Defensoría reiteró las gestiones anteriores. El 23 de mayo de 2019 se recibió de parte del municipio el oficio AM-0450-05-2019, el cual adjunta el oficio UTGV-0370-2019 del 21 de mayo de 2019, en el cual se indica que: "De acuerdo a los antecedentes descritos en el informe UTGV: 0627-2017 la Unidad Técnica de Gestión Vial se comprometió a realizar los trabajos para el mes de diciembre de 2017 los mismos no pudieron ejecutarse, por lo que se reprogramarán para el segundo semestre del 2019 con la colocación del paso de la alcantarilla, así como una limpieza para mejorar un poco la canalización de aguas". El accionante afirma que a pesar de que en el último oficio la municipalidad indica que las obras se realizarán para el segundo semestre del 2019, lo cual considera totalmente improcedente, pues su denuncia fue interpuesta hace dos años y medio.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a) El recurrente es vecino de Liberia y habita en precario en una propiedad de la Municipalidad de Liberia, inscrita en el Registro Público de la Propiedad, matrícula folio real 5-85579-000, con plano catastrado número G-749925-88, con un área de cuarenta mil metros cuadrados (ver documentación);

b) El día 27 de abril de 2017, el señor Ramírez Rivas presentó una denuncia ambiental, ante las oficinas de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Liberia, en la cual solicitó el cambio de una alcantarilla que ha provocado el desbordamiento de aguas hacia su propiedad (ver documentación e informe rendido);

c) Mediante oficio UTGV:0627-2017, dirigido a la Defensoría de los Habitantes, la Unidad Técnica de Gestión Vial de esa municipalidad, explicó las características del asentamiento precario, y las construcciones sin permiso realizadas en la zona. En dicho oficio se dispuso que la Unidad Técnica de Gestión Vial de esa municipalidad colocaría en programación el cambio de la alcantarilla con un mayor diámetro en el mes de diciembre de 2018, y a su vez, realizaría una limpieza de la zona para mejorar la canalización de las aguas. Dicho oficio fue enviado a notificar al interesado el 04 de junio de 2019 (ver documentación e informe rendido);

d) Mediante informe número UTGV-829-2019 emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial, se indicó que los trabajos de cambio de alcantarilla programado para el año 2017, no pudieron ejecutarse, pues esa Unidad trabaja de conformidad con un ordenen de prioridad de atención de las denuncias recibidas durante el año, por la cual dicho trabajo se reprogramó nuevamente para el segundo semestre del año 2019 (ver documentación e informes rendidos);

e) Que a la fecha en que las autoridades recurridas rinden su informe -11 de octubre de 2019-, hayan solventado la problemática ambiental denunciada por el recurrente y comunicado de lo dispuesto (ver prueba aportada).

IV.- SOBRE LA DENUNCIA PLANTEADA POR EL RECURRENTE Y LA FALTA DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PLANTEADA. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica la lesión al derecho a la justicia pronta y cumplida, así como al ambiente por la falta de respuesta y solución a la denuncia planteada. Del informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y del elenco de hechos -probados y no probados-, se desprende que el día 27 de abril de 2017, el señor Ramírez Rivas presentó una denuncia ambiental, ante las oficinas de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Liberia, en la cual solicitó el cambio de una alcantarilla que ha provocado el desbordamiento de aguas hacia su propiedad. Ahora bien, consta que mediante oficio UTGV:0627-2017, dirigido a la Defensoría de los Habitantes, la Unidad Técnica de Gestión Vial de esa municipalidad, explicó las características del asentamiento precario, y las construcciones sin permiso realizadas en la zona. En dicho oficio se dispuso que la Unidad Técnica de Gestión Vial de esa municipalidad colocaría en programación el cambio de la alcantarilla con un mayor diámetro en el mes de diciembre de 2018, y a su vez, realizaría una limpieza de la zona para mejorar la canalización de las aguas. Dicho oficio le fue enviado a notificar al interesado el 04 de junio de 2019. No obstante, mediante informe número UTGV-829-2019 emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial, se indicó que los trabajos de cambio de alcantarilla programado para el año 2017, no pudieron ejecutarse, pues esa Unidad trabaja de conformidad con un ordenen de prioridad de atención de las denuncias recibidas durante el año, por la cual dicho trabajo se reprogramó nuevamente para el segundo semestre del año 2019. Como consecuencia, a la fecha en que las autoridades recurridas rinden su informe -11 de octubre de 2019-, no han solventado la problemática ambiental denunciada por el recurrente y le hayan comunicado de lo dispuesto. Con base en lo expuesto, se constata la acusada lesión a los derechos del petente, puesto que su gestión aún no ha sido resuelta y contestada en lo correspondiente, pese a que como indica el amparado tiene más de dos años y medio de esperar una solución a la denuncia planteada. En ocasión a lo expuesto, procede estimar el recurso en los términos que se señalan en la parte dispositiva.

V.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO.

En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa contaminación por desbordamiento de aguas pluviales, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Julio Alexander Viales Padilla, Alcalde de la Municipalidad de Liberia, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que gire las órdenes necesarias y coordine con las instancias necesarias, a fin de que se brinde una solución a la denuncia ambiental planteada por el recurrente y se ejecuten acciones puntuales que hagan cesar el problema de desbordamiento de aguas en disputa, de lo cual deberá informar al amparado. Lo anterior, en el plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta Sentencia. Se le advierte a la autoridad recurrida que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Liberia al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese en forma personal a Julio Alexander Viales Padilla, Alcalde de la Municipalidad de Liberia, o a quien en su lugar ejerza ese cargo.

Fernando Castillo V.

Presidente

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ana María Picado B.

Lucila Monge P.

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 19-018290-0007-CO

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