Sentencia Nº 2019021769 de Sala Constitucional, 05-11-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expedienteExp:
Fecha05 Noviembre 2019
Número de sentencia2019021769

*190203090007CO*

Exp: 19-020309-0007-CO

Res. Nº 2019021769

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diez horas diez minutos del cinco de noviembre de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 19-020309-0007-CO, interpuesto por I.M.L., cédula de identidad No.0108020833, contra la EMPRESA DETALLISTAS UNIDOS S.A.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:48 horas del 29 de octubre de 2019, la recurrente interpuso recurso de amparo contra la Empresa Detallistas Unidos S.A. Manifiesta que laboró para la empresa “Almacén La Promoción S.A.” misma que pertenece a La Sociedad Detallistas Unidos S.A. desde el día 29 de mayo del 2000 hasta el 06 de setiembre de 2019, fecha en la cual fue despedida, a su juicio, de forma arbitraria e injusta. Señala que laboró por espacio de dos años para esa misma empresa en otro de sus almacenes llamado El Cinco S.A., mismo que desapareció a raíz de un incendio. Es decir, en total laboró para la recurrida por 22 años. Relata que el argumento utilizado por su patrono para despedirla carece de veracidad, toda vez que no es cierto que hizo abandono de trabajo los días 29 y 30 de agosto de 2019, siendo que esos días se encontraba incapacitada. Indica que es jefa de hogar, tiene una hija menor de edad y vive con su madre, quien es una persona adulta mayor, razón por la cual, se le hizo imposible enviar la incapacidad y por su condición de salud no pudo llevarla de forma personal. Sin embargo, trató de establecer comunicación –vía telefónica- pero no fue posible. Refiere que no es su deber realizar el reporte de rebajo de salario correspondiente, dado que no es algo que este estipulado dentro de sus funciones; sin embargo, el mismo sí se le aplicó. Agrega que durante sus años de servicio nunca recibió amonestación alguna y el despido ocasionó una inestabilidad significativa en su economía. Por lo expuesto, solicita la intervención de este Tribunal.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

R..e.M....D.F.; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente reclama que la Empresa recurrida la despidió bajo el argumento de "abandono de trabajo" cuando en realidad se encontraba incapacitada.

II.- Sobre el caso concreto. En el presente caso, por un lado, no se cumplen los supuestos de admisibilidad del amparo dispuestos en el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -toda vez que la parte recurrida es un sujeto de derecho privado que no se encuentra, de hecho o de derecho, en una posición de poder tal que no pueda ampararse, oportuna y efectivamente por medio de otros remedios jurisdiccionales diferentes a la vía Constitucional-. Por el otro lado, los alegatos que plantea la recurrente, no pueden ser objeto de amparo por tratarse de reclamos sobre extremos de índole laboral, que deben discutirse directamente ante el Ministerio de Trabajo, o bien ante la jurisdicción de trabajo, según corresponda, toda vez que la Sala no tiene competencia para entrar a determinar la validez del despido aplicado por la parte patronal. En consecuencia, si la accionante mantiene su disconformidad, podrá acudir a la instancia ordinaria de legalidad que corresponda a plantear sus reclamos, toda vez que en esta jurisdicción el recurso es inadmisible.

III.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso.-

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Alejandro Delgado F.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*QX6OL79Q1CG61*

QX6OL79Q1CG61

EXPEDIENTE N° 19-020309-0007-CO

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