Sentencia Nº 2019022628 de Sala Constitucional, 15-11-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha15 Noviembre 2019
Número de sentencia2019022628
Número de expediente19-020251-0007-CO

*190202510007CO*

Exp: 19-020251-0007-CO

Res. Nº 2019022628

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del quince de noviembre de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001] , cédula de identidad N° [Valor 001], contra el CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL JORGE ARTURO MONTERO CASTRO.

RESULTANDO:
1.-Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala, y agregado al expediente el 28 de octubre de 2019, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro. Indica, que está descontando pena de doce años de prisión de los cuales ya ha cumplido cinco años. Expone, que en mayo de 2019, le correspondía valoración ordinaria de todos los cursos que terminó, su domicilio fijo y su oferta laboral. Manifiesta, que esta valoración no se implementó, lo que impidió que se realizara un cambio en su modalidad de custodia. Estima, que lo anterior resulta violatorio de sus derechos fundamentales.

2.- Mediante resolución de las 11:09 horas del 31 de octubre de 2019, se dio curso al proceso, y se solicitó informe: al Director General y al Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Ámbito D, ambos del Centro penitenciario recurrido.

3.-Por escrito incorporado al expediente digital el 4 de noviembre de 2019, informan bajo juramento Jenny Chacón Fernández y Santiago Arroyo Brenes, por su orden Directora a.i y Director del ámbito D, ambos del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro. Manifiestan, que el recurrente se encuentra privado de libertad en el centro penitenciario recurrido, sentenciado a doce años de prisión, y recluido en el Ámbito de Convivencia D. Aseguran, que la valoración que refiere el recurrente no se realizó en mayo de 2019, fue implementada por el Consejo Interdisciplinario del Ámbito de Convivencia C, mediante Sesión Ordinaria C-28-2019, del 27 de agosto del 2019; en dicha valoración se examinaron sus características convivenciales, jurídicas, sociales, sus redes de apoyo extramuros (oferta laboral, grupo familiar) y se consideró una recomendación ante el Instituto Nacional de Criminología con un cambio de modalidad de custodia. Explican, que los resultados de dicha valoración no permitieron que se realizara la recomendación referida. Afirman, que dicha valoración se implementó antes de la interposición de este recurso de amparo, y que el acto administrativo, fue debidamente notificado al recurrente, el 4 de noviembre del 2019. Acusan, que dicha fecha de notificación obedeció a la cantidad de trabajo que se genera ante el incremento por el ingreso de privados de libertad. Aclaran que, si bien el amparado se encuentra recluido en el Ámbito de Convivencia D, cuando se realizó dicha valoración se encontraba recluido en el Ámbito de Convivencia C; de ahí que la valoración fuera realizada por el Consejo Interdisciplinario del Ámbito C. Solicitan se declare sin lugar el presente recurso y se les exima de todo tipo de responsabilidad.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Monge Pizarro; y,
CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente señala que está descontando pena de doce años de prisión de los cuales ya ha cumplido cinco años. Expone, que en mayo de 2019, le correspondía valoración ordinaria de todos los cursos que terminó, su domicilio fijo y su oferta laboral. Manifiesta, que esta valoración no se implementó, lo que impidió que se realizara un cambio en su modalidad de custodia. Estima, que lo anterior resulta violatorio de sus derechos fundamentales.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados, o bien, porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a) El recurrente se encuentra privado de libertad en el centro penitenciario recurrido, sentenciado a doce años de prisión, y recluido en el Ámbito de Convivencia D (ver informe del recurrido).

b) La valoración ordinaria que le correspondía al privado de libertad en mayo de 2019, fue realizada mediante Sesión Ordinaria C-28-2019 del 27 de agosto del 2019 del Consejo Interdisciplinario del Ámbito de Convivencia C y, en esa oportunidad, se acordó: “Mantener su ubicación en el Programa de Atención Institucional del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro. Definir como Plan de Atención Profesional en la disciplina de Orientación” (ver informe y prueba aportada del recurrido).

c) El 31 de octubre del 2019, a las 17:52 horas, el centro penitenciario recurrido es notificado de la resolución de curso (ver acta de notificación).

d) La valoración ordinaria realizada mediante Sesión Ordinaria C-28-2019, del 27 de agosto del 2019 del Consejo Interdisciplinario del Ámbito de Convivencia C, fue notificada al recurrente el 4 de noviembre del 2019 (ver informe y prueba aportada del recurrido).

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Por los hechos acreditados en el presente proceso de amparo, este Tribunal Constitucional considera que sí existe mérito para acoger el recurso. Lo cierto, es que el centro penitenciario recurrido notificó la valoración al recurrente hasta el 4 de noviembre del 2019; esto a pesar, de que ya constaba con el resultado de dicha valoración desde la Sesión Ordinaria C-28-2019 de 27 de agosto del 2019 del Consejo Interdisciplinario del Ámbito de Convivencia C. El centro penitenciario recurrido, arguye que no se pudo notificar dicha valoración del recurrente, en agosto de este año, debido a la carga de trabajo con la que cuentan, pero lo cierto es, que la resolución que le da curso a este amparo les fue notificada desde el 31 de octubre del año en curso; o sea, que el recurrido le notifica al recurrente debido a este proceso de amparo. Por lo anterior, es procedente declarar con lugar este recurso de amparo, de conformidad con las consideraciones que se indican a continuación.

IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes . Se subraya que la Ley indica “ si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional - cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes ”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “ únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:

Se declara con lugar el presente recurso de amparo, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y ordena también la condenatoria en daños, perjuicios y costas a la parte recurrida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.


Luis Fdo. Salazar A.
Presidente a.i
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Alicia Salas T.
Alejandro Delgado F.
Lucila Monge P.



Documento Firmado Digitalmente

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