Sentencia Nº 2019024373 de Sala Constitucional, 06-12-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha06 Diciembre 2019
Número de expediente19-022241-0007-CO
Número de sentencia2019024373

*190222410007CO*

Exp: 19-022241-0007-CO

Res. Nº 2019024373


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del seis de diciembre de dos mil diecinueve .


Recurso de amparo de NIELCI BARRANTES PÉREZ, cédula de identidad 0108460306, a favor de [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en esta Sala el 21 de noviembre de 2019, la parte recurrente presenta recurso de amparo y expone que, la amparada es adulta mayor de 72 años de edad y presentó ante la sucursal de Pérez Zeledón de la CCSS una solicitud de pensión por vejez del Régimen No Contributivo. Indica que debido a que la gestión fue rechazada, interpuso el correspondiente recurso de revocatoria y apelación en subsidio, contra de la resolución que le denegó el beneficio, ante la sucursal recurrida. Agrega que el 1° de abril de 2019 se le notificó la resolución que indica: “… POR TANTO: Se declara CON LUGAR el recurso de apelación presentado y en consecuencia se REVOCA la resolución impugnada, únicamente en cuanto a que la recurrente actualmente posee Ficha de Integración Social, por lo que no procede realizar el análisis de si tiene satisfechas las necesidades básicas. Se remite el expediente a la unidad de origen para que proceda conforme a derecho …” Alega que al día en que se plantea este recurso de amparo, la amparada desconoce el estado de su gestión, pues al consultar en la sucursal, se le indicó que debe continuar esperando. Considera que la actuación de la recurrida resulta violatoria de los derechos fundamentales de la amparada.

2.- Mediante auto de las 11:06 horas del 22 de noviembre de 2019 se dio curso al presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 22 de noviembre de 2019 .

3.- Por escrito presentado el 27 de noviembre de 2019 , informa bajo juramento Jaime Barrantes Espinoza, cedula 401480341 en su condición de Gerente de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social que, en efecto, la amparada solicitó pensión por el régimen no contributivo y que en un principio se le denegó. El recurso de apelación se declaró con lugar y se revocó la resolución impugnada en cuanto a que la amparada sí contaba con Ficha de Integración Social, por lo que por lo que el expediente fue remitido a la unidad de origen para continuar con el procedimiento. Posteriormente, por resolución [Valor 001] -2019 se le otorgó el beneficio de la pensión por el régimen no contributivo. Resolución que le fue notificada de manera personal el 26 de noviembre de 2019. Concluye solicitando que se declare sin lugar el presente recurso.

4.- Por escrito agregado a este expediente el 27 de noviembre de 2019, Paola Picado Durán, abogada de la Comisión Nacional de Apelaciones IVM-RNC de la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social rindió el informe. Indicó, en resumen, que, con vista en el expediente digital de pensión del Régimen No Contributivo por el riesgo de vejez a nombre de [Nombre 001], es cierto que ha gestionado solicitud de pensión por vejez del Régimen No Contributivo ante la Sucursal de Pérez Zeledón, lo cual realizó en fecha 9 de julio de 2018. Es cierto que por resolución número 202460615-2018 de fecha 12 de setiembre de 2018 la Sucursal de Pérez Zeledón procedió a denegar el beneficio solicitado por cuanto se determinó que la solicitante poseía vivienda propia donde no había hacinamiento, contaba con vestido y artículos personales, con todos los servicios públicos y se encontraba asegurada por medio de beneficio familiar. Dicha resolución fue notificada en forma personal a la interesada el 21 de setiembre de 2018. Ante la denegatoria ciertamente la señora Jara Arrieta interpuso recurso de revocatoria con apelación en fecha 23 de setiembre de 2018, ante la sucursal de repetida cita. Posteriormente, la Sucursal de Pérez Zeledón por resolución número 202460615-01-2018 del 17 de octubre de 2018 notificada a la recurrente en fecha 26 de octubre de 2018, procedió atender lo concerniente a la revocatoria, declarándola sin lugar y, por ende, confirmando la resolución impugnada. Agregó que si bien es cierto, la resolución notificada fue declarada con lugar, no se notificó el 1° de abril de 2019, como erróneamente se indicó, por cuanto el recurso de apelación ingresó a esa instancia el 12 de noviembre de 2018. Sin embargo, debido a la gran cantidad de casos que ingresan a esa unidad, no fue posible atenderlo de manera prioritaria como pretendió la recurrente. Así las cosas, se procedió con el análisis del caso de marras y mediante resolución número GP-2463-2019 del 25 de abril de 2019, que emitió el Gerente de Pensiones con base en la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Apelaciones IVM/RNC, se atendió la apelación planteada y se determinó declarar con lugar la apelación y revocar la resolución impugnada tal como se señaló en el hecho tercero. Dado que la parte recurrente no había señalado medio electrónico ni fax dentro del expediente de pensión, mediante oficio CNA-1162-2019 del 28 de agosto de 2019 se procedió a remitir junto con otros expedientes el caso de la señora Jara Arrieta a la Dirección Regional Brunca, el cual fue recibido en fecha 6 de setiembre de 2019 según consta en el sello de recibido. Dicha resolución fue notificada en forma personal a la recurrente el 15 de octubre de 2019.

5.- Por escrito agregado a este expediente el 3 de diciembre de 2017, Jorge Minor Mata Arias, en calidad de calidad de administrador de la Sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social de Pérez Zeledón, rindió el informe en lo términos indicados en los anteriores informes.

6.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la Magistrada Monge Pizarro; y,

Considerando:

I.- Objeto. La parte recurrente presenta recurso de amparo y expone que la amparada, adulta mayor de 72 años de edad, presentó una solicitud de pensión por vejez del Régimen No Contributivo en la sucursal de Pérez Zeledón de la Caja Costarricense de Seguro Social. Originalmente, fue rechazada la solicitud, pero, en segunda instancia se estimó el recurso de apelación que ella había interpuesto y se ordenó remitir de nuevo la solicitud a la sucursal de origen. A la fecha, no conoce el resultado final de la solicitud.

II.- Consideraciones previas. Los hechos planteados se refieren a una posible lesión al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida. Al respecto, debe aclararse que, a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discuta si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo incoado de oficio o a instancia de parte o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este recurso, se plantea un supuesto de excepción pues se trata de gestiones planteadas en aras de obtener una pensión por el régimen no contributivo de la CCSS.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial: 1) El 9 de julio de 2018, la amparada, persona adulta mayor, presentó en la sucursal de Pérez Zeledón de la Caja Costarricense de Seguro Social una solicitud de pensión por vejez del régimen no contributivo (informe de la Comisión de Nación de Apelaciones IVM-RNC). 2) El 12 de septiembre de 2018, la sucursal de Pérez Zeledón denegó la solicitud (informe de la Comisión de Nación de Apelaciones IVM-RNC). 3) El 23 de septiembre de 2018, la amparada presentó los recursos de revocatoria y apelación (informe de la Comisión de Nación de Apelaciones IVM-RNC). 4) El 17 de octubre de 2018, la sucursal de Pérez Zeledón declaró sin lugar el recurso de revocatoria (informe de la Comisión de Nación de Apelaciones IVM-RNC). 5) El 25 de abril de 2019, la Gerencia de Pensiones de la CCSS declaró con lugar el recurso de apelación, revocó la resolución dictada y remitió el expediente a la oficina de origen (informe de la Comisión de Nación de Apelaciones IVM-RNC). 6) El 22 de noviembre de 2019, se notificó este amparo a la Caja Costarricense de Seguro Social (actas de notificación). 7) El 26 de noviembre de 2019, la sucursal de Pérez Zeledón notificó a la amparada la resolución número 202460615-219 que otorga el beneficio solicitado (informe de la Gerencia de Pensiones).

IV.- Sobre el fondo. El artículo 41 de la Constitución Política garantiza el derecho a la justicia pronta, cumplida y sin denegación, lo que determina que frente a una solicitud presentada por una persona, la Administración debe resolverla oportunamente y de conformidad con los plazos de ley. En este caso, la recurrente reclama que la CCSS no se ha pronunciado de manera definitiva sobre una solicitud de pensión por vejez por el régimen no contributivo que presentó la amparada, persona adulta mayor. De los informes rendidos por los representantes de la autoridad recurrida -que se tienen dado bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y de la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente demostrado que, en efecto, la amparada presentó una solicitud de pensión por vejez por el régimen no contributivo en julio de 2018, en la sucursal de Pérez Zeledón de la Caja Costarricense de Seguro Social. Originalmente, el 12 de septiembre de 2018, la sucursal de Pérez Zeledón denegó la solicitud, pero la recurrente impugnó lo resuelto. El 25 de abril de 2019, la Gerencia de Pensiones de la CCSS declaró con lugar el recurso de apelación, revocó la resolución dictada y remitió el expediente a la oficina de origen que, al interponer este amparo no había resuelto. Tras la notificación de este amparo a la Caja Costarricense de Seguro Social (22 de noviembre de 2019), finalmente la sucursal de Pérez Zeledón notificó a la amparada, el 26 de noviembre de 2019, la resolución número 202460615-219 que otorga el beneficio solicitado. A la fecha de interposición de este amparo, el 21 de noviembre de 2019, había transcurrido más de un año desde la presentación de la solicitud, plazo que esta Sala estima excesivo. Bajo estas circunstancias, esta Sala considera que el amparo debe estimarse. Ahora bien, dado que ya se dictó la resolución y notificó la resolución estando en curso el amparo, se debe declarar con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios conforme se explica a continuación.
V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes. Se subraya que la Ley indica “ si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

VII.- Documentación aportada al expediente . Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara CON LUGAR el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Alicia Salas T.
Lucila Monge P.


Documento Firmado Digitalmente
-- Código verificador --
*M6O43AQ9Y2AE61*
M6O43AQ9Y2AE61
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Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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