Sentencia Nº 2019024418 de Sala Constitucional, 06-12-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha06 Diciembre 2019
Número de sentencia2019024418
Número de expediente19-022726-0007-CO

*190227260007CO*

Exp: 19-022726-0007-CO

Res. Nº 2019024418

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del seis de diciembre de dos mil diecinueve .


Recurso de amparo presentado por MELISSA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, cédula de identidad 0112150775, a favor de [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
Resultando:
1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 20:19 horas del 27 de noviembre del 2019 la recurrente presenta recurso de amparo contra la Caja Costarricense del Seguro Social. Manifiesta que el amparado es una persona menor de edad de 11 años y presenta una afectación en el pie, hasta el punto que no puede caminar ni hacer actividad física. Reclama que el amparado tenía programada una cita para el mes de junio de 2019; sin embargo, se le reprogramó para el 13 de enero de 2021. Indica que la madre del menor solicitó que reconsiderar la situación, pero no obtuvo resultados positivos. Considera vulnerados los derechos fundamentales del amparado.
2.- Por resolución de las 08:56 horas del 29 de noviembre del 2019 se le dio curso al presente amparo y se le solicitó informe al director médico y al jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela (ver registro electrónico).
3.- Informa bajo juramento Roxana Usaga Carrasquilla en calidad de directora Médica por recargo del Hospital San Rafael de Alajuela de la Caja Costarricense de Seguro Social (ver registro eléctrico) que en acatamiento a la medida cautelar dictada en la resolución de curso del presente amparo, realizó las gestiones pertinentes y reprogramó la cita del usuario para el 10 de marzo del 2020 a las 12 horas. No obstante, lo anterior, a efecto de salvaguardar la salud del amparado, el paciente puede ser traído o presentarse al Servicio de Emergencias, mismo que está disponible las 24 horas del día, ante cualquier eventualidad y como es la costumbre, cada vez que uno de nuestros asegurados solicita atención de emergencia, será atendido por cualquiera de nuestros Médicos, toda vez que en la Caja Costarricense de Seguro Social, no existe médico tratante, sino, médico consultante o prescriptor. Al no tener conocimiento de los hechos objeto del amparo, debido a que no participó de los mismos, se coordinó para rendir el informe respectivo, mismo que se emitió a través del oficio ORT-RA-671-2019, de fecha 03 de diciembre de 2019, suscrito por el Dr. Vladimir Castro Dubón, jefe del Servicio de Ortopedia, teniendo como sustento el expediente de salud del amparado. Del referido informe, se extraen los siguientes argumentos de importancia para la resolución de la presente acción de amparo, señalándose lo siguiente: “(…) la paciente cuenta con expediente de salud en este centro sin embargo, no se observa control en Ortopedia, fue referida en el año 2018 al Servicio de Ortopedia, para control de rodilla con prioridad a cupo, sobre los cambios de las citas este Servicio desconoce el motivo del traslado de estas citas a mayor plazo, posiblemente al aumento de pacientes en control postoperatorios y referidos de otros niveles de atención. (…)”. El usuario tiene expediente clínico en el centro médico no se observa valoraciones en el Servicio recurrido, el amparado fue referido a este Centro en el 2018 por control de rodilla, el usuario fue referido sin prioridad, es decir la cita del usuario del usuario se tramitó según la SOLICITUD formulada por el doctor tratante, quien, con base a su conocimiento y experiencia como profesional en medicina, aunado a su apreciación de la dolencia y síntomas en la valoración “in situ” (consulta), emitió la orden sin indicar rango de prioridad y/o categorización, por lo que se le programó “a cupo ” de acuerdo con la capacidad de resolución. Tiene la razón el amparado al mencionar en su escrito inicial que presenta cita en el Servicio de Ortopedia para el 2021, cita que posiblemente se agendó a cupo de acuerdo con la capacidad de atención. Sin embargo, el Servicio de Ortopedia realizó las gestiones pertinentes y reprogramó dicha cita para el 10 de marzo del 2020 a las 12 horas. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Monge Pizarro; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO: La recurrente alega que el amparado es una persona menor de edad de 11 años y presenta una afectación en el pie, hasta el punto que no puede caminar ni hacer actividad física. Reclama que el amparado tenía programada una cita para el mes de junio de 2019; sin embargo, se le reprogramó para el 13 de enero de 2021. Indica que la madre del menor solicitó que reconsiderar la situación, pero no obtuvo resultados positivos.
II.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
  1. Que el amparado es una persona menor de edad de 11 años y presenta una afectación en el pie (ver registro electrónico).
  2. Que el amparado tenía programada una cita para el mes de junio de 2019; sin embargo, se le reprogramó para el 13 de enero de 2021 (ver registro electrónico).
  3. Que el amparado tiene expediente clínico en el Hospital San Rafael de Alajuela de la Caja Costarricense de Seguro Social donde fue referido sin prioridad al Servicio de Ortopedia (ver registro electrónico).
  4. Que el Servicio de Ortopedia realizó las gestiones pertinentes y reprogramó dicha cita para el 10 de marzo del 2020 (ver registro electrónico).
III.- SOBRE EL CASO CONCRETO: Del informe rendido por la autoridad recurrida, el cual es dado bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica se desprende que el amparado es una persona menor de edad de 11 años y presenta una afectación en el pie. Quedó acreditado que el amparado tenía programada una cita para el mes de junio de 2019; sin embargo, se le reprogramó para el 13 de enero de 2021. Se constató que el amparado tiene expediente clínico en el Hospital San Rafael de Alajuela de la Caja Costarricense de Seguro Social donde fue referido sin prioridad al Servicio de Ortopedia. Por último se acreditó que el Servicio de Ortopedia realizó las gestiones pertinentes y reprogramó dicha cita para el 10 de marzo del 2020. En conclusión, es cierto que al recurrente se le asignó cita en el Servicio de Ortopedia para el 13 de enero del 2021. Ahora bien, tomando en cuenta que en ocasión a la interposición del presente recurso de amparo, la cita de la amparada fue reprogramada para el 10 de marzo del 2020, lo procedente es declarar con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.
IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub-lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL Y LA MAGISTRADA ESQUIVEL RODRÍGUEZ: El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y sobretodo el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social es un agravio que se ha tornado recurrente en esta Sala Constitucional. Este tipo de procesos han venido en un aumento exponencial, los cuales se evidencian mediante los números que se lleva en la estadística de este Tribunal:

Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:

AÑO
CANTIDAD EN SALUD
PORCENTAJE
2012
1745
10,26%
2013
1891
12,39%
2014
2710
13,02%
2015
3725
20,07%
2016
4865
27,08%
2017
5682
28,38%
2018
6932
33,78%
2019*
743
29,90%

(*) Asuntos ingresados del 01 de enero al 14 de febrero de 2019.

Del cuadro anterior se infiere un aumento constante, desde el año 2012 a la fecha, en la cantidad de asuntos por violación al derecho a la salud que han ingresado a la jurisdicción constitucional, tendencia que en estos momentos tiende al aumento. De tales asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal en la sentencia No. 2019-5560 de las 09:30 hrs. del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente por el estado de las listas de espera. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal ordenó la elaboración en el plazo de seis meses de un sistema de gestión integrado para solventar los problemas de lista de espera y que incorporara soluciones a las causas estructurales reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente 18-14499-0007-CO, entre otras, ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, las consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, así como el ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado, deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a ello, el proyecto de sistema de gestión integrado, deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse bajo los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Es decir, con la citada sentencia se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social –de conformidad con sus competencias constitucionales y legales- tome las medidas para poner fin a la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de las personas que acuden a esa institución a recibir atención médica. Aunado a ello, en aras de dar un seguimiento del cumplimiento de esta sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, se le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que deberá coadyuvar con el seguimiento de la ejecución de esta resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de disponer de acciones que reduzcan la problemática y que evite que los ciudadanos tengan que recurrir ante la Sala Constitucional para poder ver satisfecho su derecho a la salud.

VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes ”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante, la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Roxana Usaga Carrasquilla en calidad de directora Médica por recargo del Hospital San Rafael de Alajuela de la Caja Costarricense de Seguro Social o a quien en su lugar ocupe el cargo, realizar las acciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que el amparado sea valorado en el Servicio de Ortopedia en la fecha indicada a esta Sala (10 de marzo del 2020). Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Notifíquese esta resolución a Roxana Usaga Carrasquilla en calidad de directora Médica por recargo del Hospital San Rafael de Alajuela de la Caja Costarricense de Seguro Social o a quien en su lugar ocupe el cargo, EN FORMA PERSONAL.


Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Alicia Salas T.
Lucila Monge P.



Documento Firmado Digitalmente

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Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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