Sentencia Nº 2019025318 de Sala Constitucional, 20-12-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha20 Diciembre 2019
Número de expediente19-020790-0007-CO
Número de sentencia2019025318

*190207900007CO*

Exp: 19-020790-0007-CO

Res. Nº 2019025318


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], contra el MINISTERIO PÚBLICO.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 19:39 horas del 1° de noviembre de 2019, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio Público. Alega que el amparado fue imputado en la causa penal No. [Valor 003] que se siguió en su contra por el delito de peculado en perjuicio de los deberes de la función pública, la cual se tramitó en el Juzgado y el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José. Indica que su defendido pactó la aplicación del procedimiento especial abreviado en la causa referida, lo que hizo durante la audiencia preliminar celebrada el 18 de setiembre de 2019, donde aceptó una pena de 2 años de prisión, 2 años de inhabilitación y se allanó a la acción civil resarcitoria promovida por la Procuraduría General de la República. Manifiesta que, el 30 de septiembre de 2019, el procedimiento especial abreviado fue acogido en los términos planteados por el Tribunal Penal de Hacienda por sentencia No. 702-2019 de las 14:00 horas del 30 de setiembre de 2019. Narra que la sentencia fue notificada a las partes el 2 de octubre de 2019 y no fue apelada, en razón de lo cual, adquirió firmeza el 24 de octubre de 2019. Agrega que, el 3 de octubre de 2019, el Ministerio Público incorporó a la sección de prensa de su página web la nota que se titula "Ex funcionario judicial condenado por llenar el tanque de carro particular con fondos públicos", noticia relacionada con el proceso judicial seguido contra el amparado y cuyo contenido expresa lo siguiente: "03 de octubre del 2019. Tras dirigir una investigación en su contra, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) consiguió que un ex funcionario judicial aceptara los hechos acusados y se sometiera u un procedimiento especial abreviado, mediante el que fue hallado culpable de un delito de peculado. Con lo anterior, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública condenó a [Nombre 002] a la pena de dos años de prisión y dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos; además, le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena por un período de tres años. Esto significa que, si en ese período, él comete un nuevo delito, deberá ir a la cárcel a cumplir la pena. El imputado laboró como Asistente Administrativo en la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial de Liberia, entre el año 2007 y 2008, en condición interina; la FAPTA demostró que el 04 de enero del 2008, Carmona utilizó una boleta de combustible institucional para beneficio propio. Con esa acción, el exfuncionario consumió un total de c38.574 en combustible, el cual utilizó para llenar el tanque de un vehículo particular perteneciente a su esposa. El Tribunal Penal también lo condenó al pago de los c38.574 por concepto de daño material y c1.000.000 por concepto de daño social: esto dentro de la causa [Valor 004] ". Indica que la nota mencionada permanece aún visible en el vínculo siguiente: http://ministeriopublico.poderjudicial.go.cr/index.php/es/prensa/noticias-judiciales/ítem/4271-exfuncionariojudicial-condenado-por-llenar-tanque-de-carro-particular-con-fondos-publicos. Manifiesta que la publicación es una reseña de la sentencia No. 702-2019 que se mencionó. Narra que al momento de la publicación del artículo de interés, la sentencia No. 702-2019 del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José no había adquirido firmeza. Agrega que luego de la publicación en la página web del Ministerio Público, al menos 8 distintos medios de comunicación masiva recogieron la información base que contenía el comunicado y a su vez publicaron nuevamente la información con modificaciones mínimas del contenido que difundió el órgano fiscal. Indica que, el 4 de octubre del 2019, el noticiero Telenoticias publicó la nota que se titula: "Condenan a exfuncionario de OIJ por llenar tanque de gasolina de carro privado con fondos públicos", y el contenido indica el nombre completo del amparado y los hechos por los que fue condenado. Manifiesta que, el 4 de octubre de 2019, el noticiero NCR publicó la nota titulada: "Funcionario del OIJ le condenaron a dos años de prisión por llenar el tanque de su carro con fondos públicos". Narra que en esta nota en particular se indica el nombre completo del amparado y que utilizó los fondos públicos para llenar el tanque de combustible del carro de su esposa. Agrega que, el 5 de octubre de 2019, el Diario Extra publicó la nota titulada: "Condenan a exfuncionario judicial por c38.000" y el contenido de esta nota en particular incluyó el nombre completo de su representado y la indicación que este utilizó una boleta de combustible para cargar combustible en el automóvil de su esposa. Indica que, el 6 de octubre de 2019, el periódico La Nación publicó la nota titulada: "Exfuncionario deberá pagar ¢ 1millón por gastar fondos públicos en combustible para carro de esposa" y esa difusión en particular contiene un resumen de los hechos, el nombre completo del amparado y la indicación que el combustible fue utilizado para llenar el tanque del vehículo propiedad de su esposa. Manifiesta que además de las publicaciones referidas, otros periódicos digitales como la "Voz de Goicoechea", "Noticias al Instante", "The World News" y la página de Facebook "Calles de Guanacaste" recogieron la nota del órgano fiscal en términos similares a los ya expuestos. Narra que la difusión del nombre completo del amparado, presentándolo como autor responsable por el delito de peculado y sugiriendo, además, que fue su cónyuge la persona que obtuvo provecho económico del delito, lesionó irreparablemente su derecho fundamental a la intimidad, daño que se hizo extensivo al resto de su núcleo familiar. Expone que los datos divulgados por el recurrido y reproducido por los distintos medios de comunicación masiva, permiten con relativa facilidad individualizar a su representado y a su entonces esposa, mediante la consulta del nombre y apellido en el sistema de consultas civiles del Tribunal Supremo de Elecciones. Considera que se pudo haber comunicados los hechos, únicamente indicando el primer apellido o ambos (no el nombre), sin relacionar implícitamente a la propietaria registral del vehículo con el hecho delictivo. Aduce que “A partir de la información difundida podría inferirse que la ahora ex cónyuge del tutelado participó de los hechos delictivos como lo que comúnmente llaman los medios de prensa como una “topadora”, en relación con el tipo penal previsto en el artículo 330 del Código Penal. Por esta razón, la nota divulgada es dañina a la intimidad e inclusive el honor de un tercera persona plenamente identificable por las bases de datos públicas del registro civil, en contra de quien no se dictó una sentencia condenatoria por ningún delito, todo ello a raíz de una falta al deber de cuidado en la redacción la (sic) la notifica aquí denunciada”. Apunta que la sentencia no fue dictada con ocasión de un debate oral y público, sino por escrito, conforme a la aplicación del procedimiento especial abreviado. Asegura que “Las reglas de publicidad, de participación de la prensa y de la publicidad de la sentencia oral se encuentra reguladas en los artículos 330, 331 y 364 de nuestro Código Procesal Penal vigente. Todas las anteriores se encuentran previstas como mandato legislativo para garantizar el carácter público de la sentencia dictada al concluir el debate, como último acto que cierra el proceso penal y en donde se hacen valer en forma plena las garantías de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. No así para las sentencias escritas dictadas conforme a la aplicación del procedimiento especial abreviado que se pacta en el procedimiento intermedio, estrictamente privado por imperio de ley (Artículos 1 y 316 del CPP)”. Reclama que se haya publicado el nombre completo del tutelado y la indicación de que su esposa era la propietaria del vehículo en el que se cargó combustible a costar del erario público, pese a que no era indispensable ni necesario para informar acerca de la sentencia en cuestión. Apunta que, si se eligiera apelar la sentencia, se reenviara la causa y se absolviera al tutelado, el daño sería irreversible. Estima que el tutelado no ve lesionado su derecho al honor, pues finalmente su culpabilidad fue determinada en sentencia que quedó en firme, pero su fuero de intimidad sí. Asevera que la nota de la página web del recurrido es de carácter permanente, ya que no encuentra sometida a los procesos de despersonalización y protección de datos, haciéndose nugatorio el derecho al olvido. Solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene al Ministerio Público la suspensión del nombre completo de su representado de la nota aludida, reemplazándolo por uno de ellos o las iniciales. Además, se ordene al accionado no incurrir nuevamente en la divulgación de datos sensibles relacionados con sentencias condenatorias dictadas por escrito, en aplicación del procedimiento especial abreviado, especialmente cuando estas no hayan adquirido aún firmeza.
2 .- Mediante resolución de la Sala de las 15:22 horas del 5 de noviembre de 2019, se dio curso al amparo y se solicitó informe al Jefe de la Oficina de Prensa del Ministerio Público.
3. Por escrito incorporado al expediente digital a las 7:55 horas del 19 de noviembre de 2019, informa bajo juramento Tatiana Vargas Vindas, en su condición de Jefe de la Oficina de Prensa del Ministerio Público. Indica que, de acuerdo con el numeral 295 del Código Procesal Penal, en la etapa preparatoria, el acceso a la información de una causa penal solo está permitida a las partes o sus representantes, de manera que, de demostra5rse en formar suficiente que se cumple con ese requisito, se puede brindar el acceso a la información. Apunta que, desde esa premisa, los funcionarios públicos que tenga conocimiento de un proceso penal en la etapa preparatoria, deben guardar secreto y privacidad de las actuaciones, respecto a otras personas que no tenga acceso; empero, ello debe sopesarse con el derecho de acceso a la información de la ciudadanía y los medios de prensa, tomando en consideración el artículo 7 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y el artículo 30 constitucional. Resalta que la ciudadanía tiene el derecho ineludible de informarse acerca de asuntos que revisten interés público como los relacionados con la hacienda pública. En este sentido, explico que el caso culminó con la sentencia condenatoria del amparado, a quien se le halló culpable del delito de peculado, al utilizar una boleta de combustible institucional para abastecer de gasolina a un vehículo a nombre de su esposa, razón por la que se impuso 2 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Explica que, al momento de los hechos, el amparado fungía como asistente administrativo en la Delegación Regional del OIJ de Liberia y, como funcionario público, realizó las acciones delictivas, en donde se comprobó el manejo inadecuado de fondos públicos. Resalta que se trata de un funcionario público y recursos del Estado, por lo que la información suministrada es de interés público. Aduce que el respeto y atención a hechos relacionados con la gestión pública por parte de la prensa nacional, es reconocido como una manifestación de un Estado Democrático, como derivación del principio democrático de participación ciudadana, rendición de cuentas y libertad de expresión reconocida en los artículos 9, 11 y 29 constitucionales, de modo que corresponde ser transparente con la información, la cual es recopilada por los medios de prensa y publicada como parte del ejercicio democrático y de interés público. Es decir, existe libertad de expresión y de prensa de aquellos datos que resulten de interés para el ciudadano, tal y como ocurre en el sub examine, al tratarse de fondos y servicios públicos, así como acciones realizadas para el momento de los hechos por un funcionario judicial. Niega que, a partir de la publicación periodística realizada en la página web del Ministerio Público el 3 de octubre de 2019, se haya vulnerado el derecho a la intimidad. Cita la sentencia 2006-17947 de esta Sala. Apunta que la publicación en la Sección de Prensa ocurrió posterior a la comunicación de la sentencia 702-2019 del 30 de setiembre de 2019, por parte del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José. Subraya que en la nota periodística de la página web de esta institución se identifica someramente al imputado y se hace mención general de los hechos, lo que es parte de la libertad de prensa y transparencia para la administración de justicia, información periodística apegada a la realidad, sin flagelar los derechos del imputado frente a la ciudadanía. Solicita que se declare sin lguar el recurso.
4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Monge Pizarro; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alega que, a raíz de un proceso penal seguido contra el tutelado por el delito de peculado en perjuicio de los deberes de la Función Pública, se violentó su derecho a la intimidad, toda vez que el Departamento de Prensa y Comunicación del Ministerio Público comunicó en su página web oficial una reseña de la sentencia dictada de forma escrita a raíz del procedimiento especial abreviado pactado por el imputado en ese proceso, donde se indicó su nombre, puesto y zona en la que laboraba en el 2008 (cuando ocurrieron los hechos), así como que la beneficiaria del hecho habría sido su entonces esposa. Acusa que tal publicación se dio de previo a que la sentencia del Tribunal Penal quedara en firme. Aduce que a partir de esa nota, otros medios de prensa hicieron otras publicaciones. Agrega que con tales datos es posible individualizar a su excónyuge en una búsqueda en el TSE. Considera que se pudo haber comunicado los hechos, únicamente indicando el primer apellido o ambos del amparado, no así su nombre, ello sin relacionar implícitamente a su exesposa. Asevera que la nota de la página web del recurrido es de carácter permanente, ya que no se encuentra sometida a los procesos de despersonalización y protección de datos, haciéndose nugatorio el derecho al olvido. Por ello, solicita la intervención de la Sala.
II.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
  1. En contra del tutelado, se siguió la causa penal No. [Valor 003] , en la cual pactó un procedimiento abreviado y se le halló culpable del delito de peculado, al utilizar una boleta de combustible institucional para abastecer de gasolina a un vehículo a nombre de su esposa mientras fungía como asistente administrativo en la Delegación Regional del OIJ de Liberia en el 2008 (hecho incontrovertido).
  2. Por sentencia No. 702-2019 de las 14:00 horas del 30 de setiembre de 2019, el Tribunal Penal de Hacienda acogió el procedimiento especial abreviado, por lo que se le impuso al tutelado 2 años de prisión y 2 años de inhabilitación (hecho incontrovertido).
  3. El 2 de octubre de 2019, la sentencia No. 702-2019 fue notificada a las partes y no fue apelada (hecho incontrovertido).
  4. Posterior a la publicación de la sentencia, el 3 de octubre de 2019, el Ministerio Público incorporó a la sección de prensa de su página web http://ministeriopublico.poderjudicial.go.cr/index.php/es/prensa/noticias-judiciales/ítem/4271-exfuncionariojudicial-condenado-por-llenar-tanque-de-carro-particular-con-fondos-publicos la nota que se titula "Ex funcionario judicial condenado por llenar el tanque de carro particular con fondos públicos", noticia relacionada con el proceso judicial seguido contra el amparado y cuyo contenido expresa lo siguiente: "03 de octubre del 2019. Tras dirigir una investigación en su contra, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) consiguió que un ex funcionario judicial aceptara los hechos acusados y se sometiera a un procedimiento especial abreviado, mediante el que fue hallado culpable de un delito de peculado. Con lo anterior, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública condenó a [Nombre 002] a la pena de dos años de prisión y dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos; además, le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena por un período de tres años. Esto significa que, si en ese período, él comete un nuevo delito, deberá ir a la cárcel a cumplir la pena. El imputado laboró como Asistente Administrativo en la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial de Liberia, entre el año 2007 y 2008, en condición interina; la FAPTA demostró que el 04 de enero del 2008, Carmona utilizó una boleta de combustible institucional para beneficio propio. Con esa acción, el exfuncionario consumió un total de ¢38.574 en combustible, el cual utilizó para llenar el tanque de un vehículo particular perteneciente a su esposa. El Tribunal Penal también lo condenó al pago de los ¢38.574 por concepto de daño material y ¢1.000.000 por concepto de daño social: esto dentro de la causa [Valor 004]". (hecho incontrovertido).
  5. A partir de la publicación del Ministerio Público, el 4 de octubre del 2019, el noticiero Telenoticias publicó la nota que se titula: "Condenan a exfuncionario de OIJ por llenar tanque de gasolina de carro privado con fondos públicos". Ese mismo día, el noticiero NCR publicó la nota titulada: "Funcionario del OIJ le condenaron a dos años de prisión por llenar el tanque de su carro con fondos públicos"; el 5 de octubre de 2019, el Diario Extra publicó la nota titulada: " Condenan a exfuncionario judicial por ¢38.000"; y, el 6 de octubre de 2019, el periódico La Nación publicó la nota titulada: "Exfuncionario deberá pagar ¢ 1millón por gastar fondos públicos en combustible para carro de esposa". Allí se indicó su nombre así como que había utilizado fondos públicos para comprar combustible para el vehículo de su esposa (ver prueba aportada y consulta a la página web https://teletica.com/239106_condenan-a-exfuncionario-de-oij-por-llenar-tanque-de-gasolina-de-carro-privado-con-fondos-publicos a las 15:35 horas del 9 de diciembre de 2019, así como https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/exfuncionario-debera-pagar-1-millon-por-gastar/45PKO5AMZZHDZOL7FPQQD5VVCI/story/ a las 15:38 horas del 9 de diciembre de 2019, y https://ncrnoticias.com/nacionales/funcionario-del-oij-fue-condenado-a-dos-anos-de-prision-por-llenar-el-tanque-de-su-carro-con-fondos-publicos/ a las 15:43 horas del 9 de diciembre de 2019).
  6. El 24 de octubre de 2019, la sentencia No. 702-2019 quedó en firme (hecho incontrovertido).

III.- JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL CASO EN ESTUDIO. Al respecto, conviene citar la sentencia 2019-004559 de las 9:15 horas del 15 de marzo de 2019, en la que este Tribunal dispuso lo siguiente:
“V.- ANTECEDENTE. SOBRE EL DERECHO A LA IMAGEN. LÍMITES. LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN. Esta Sala en resolución 2010-014394 de las 11:52 horas del 27 de agosto de 2010, indicó:
IV.- Sobre el derecho a la imagen y sus límites. Esta Sala debe hacer algunas precisiones previas antes de resolver el recurso de amparo. Un primer aspecto tiene relación con la condición de los recurrentes, al ser ciudadanos sujetos a un proceso penal, y que estiman lesivo a su derecho a la imagen, la difusión de sus rostros por parte de los distintos medios de comunicación social. Esto es un aspecto importante en el criterio de la Sala, porque no se trata de figuras públicas o que previamente hayan gozado de alguna notoriedad dentro de la sociedad costarricense. Un segundo aspecto se relaciona con lo que sería permisible que los medios de comunicación social pudieran publicar. El artículo 24 de la Constitución Política tutela el derecho a la intimidad, junto con la libertad y el secreto de las comunicaciones. Por su parte, de manera más específica el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone sobre la Protección de la Honra y de la Dignidad que:
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. "Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.-”
En general, se garantiza una esfera de derechos inviolables del individuo, que le pertenecen como tal, o a su grupo familiar, y que le permite excluir de él a terceros y al público en general (artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Más aún, esta Sala se ha referido en forma general a la libertad a la vida privada, que garantiza a la persona esa inviolabilidad, y abarca más que el derecho a la imagen, toda un área en la cual nadie puede inmiscuirse, sea en el domicilio o en las comunicaciones, salvo lo permitido en la ley. Del artículo 24 constitucional se deriva el derecho a la imagen como un derecho personalísimo, que consiste en mantener y exigir respeto a la propia representación y proyección exterior de uno mismo, especialmente frente a los medios de comunicación masiva que transmiten información videográfica, escrita y gráfica, o por medios electrónicos, y que puede lesionar la honra y el reconocimiento de la dignidad de la persona (artículo 11.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Esta Sala también ha sostenido que el derecho a la imagen es un límite a la intervención de personas y de los poderes públicos en la observación y en la captación de la imagen para su posterior difusión. La regla general en la legislación costarricense es que la fotografía o la imagen de la persona no pueden ser divulgadas si no media el consentimiento, el irrespeto da lugar tanto a la posibilidad de cuestionar ese uso en la vía constitucional como en la jurisdicción común, según el carácter de las infracciones a la propia representación. Lo que no duda este Tribunal Constitucional es que se pueda reclamar lesiones a la inviolabilidad del ámbito privado contra intromisiones ilegítimas o abusivas de las autoridades públicas o de las empresas o personas privadas, cuando se difundan imágenes no consentidas expresamente. Pero, existen circunstancias donde el control que puede tener un individuo sobre su imagen propia, no siempre es absoluto. Hay consecuentemente otras situaciones legítimas que un individuo debe soportar, cuando exista notoriedad de ciertos cargos públicos o situaciones que se tornan de interés público, o de un interés relevante para la sociedad, o de un interés en el comportamiento de una figura pública, e incluso su estado de salud, que normalmente para otra persona sería inadmisible. Pero aun en estos casos, existirá información sobre la vida íntima o privada que no puede ser divulgada legítimamente si no media el consentimiento previo otorgado por el interesado, salvo que las actividades de la vida íntima o privada sean realizadas en lugares notoriamente públicos, fácilmente visibles para cualquier persona. En estos casos, puede considerarse que la persona que permite traspasar su propio fuero de intimidad, revelando aspectos de su vida privada al público, consciente implícitamente, pero se requiere del elemento de claramente público. Precisamente, por sentencia No. 2005-15057 se estableció que:
IV.- EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN. El derecho a la propia imagen deriva del derecho a la intimidad consagrado en el ordinal 24 de la Constitución Política y consiste en el derecho que tiene toda persona sobre su propia representación externa. Tal derecho ha sido considerado por la mayor parte de la doctrina como un derecho de la personalidad, vinculado a la dignidad humana y dirigido a proteger la dimensión moral de las personas, que atribuye a su titular un derecho a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que puede tener difusión pública. La facultad otorgada por este derecho consiste, en esencia, en impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad —informativa, comercial, científica, cultural, etc.— perseguida por quien la capta o difunde. En este sentido, este Tribunal, en la sentencia No. 6776-94 de las 14:57 hrs. del 22 de noviembre de 1994, indicó lo siguiente:
“El derecho a la intimidad tiene un contenido positivo que se manifiesta de múltiples formas, como por ejemplo: el derecho a la imagen, al domicilio y a la correspondencia. Para la Sala el derecho a la vida privada se puede definir como la esfera en la cual nadie puede inmiscuirse. La libertad de la vida privada es el reconocimiento de una zona de actividad que es propia de cada uno y el derecho a la intimidad limita la intervención de otras personas o de los poderes públicos en la vida privada de la persona; esta limitación puede manifestarse tanto en la observación y captación de la imagen y documentos en general, como en las escuchas o grabaciones de las conversaciones privadas y en la difusión o divulgación posterior de lo captado u obtenido sin el consentimiento de la persona afectada.”.
Se desprende de lo anterior que el derecho a la propia imagen atribuye a su titular la facultad para evitar la difusión incondicionada de su aspecto físico, ya que, constituye el primer elemento configurador de la esfera personal de todo individuo, en cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual. Con la protección constitucional de la imagen se preserva no sólo el poder de decisión sobre los fines a los que hayan de aplicarse las manifestaciones de la persona a través de su imagen, sino también una esfera personal y, en este sentido, privada, de libre determinación y, en suma, se preserva el valor fundamental de la dignidad humana. Así pues, lo que se pretende con este derecho, en su dimensión constitucional, es que los individuos puedan decidir qué aspectos de su persona desean preservar de la difusión pública, a fin de garantizar un ámbito privativo para el desarrollo de la propia personalidad ajeno a injerencias externas. Adicionalmente, cabe señalar que, en el plano infraconstitucional, el artículo 29 del Código Civil desarrolla el contenido de este derecho fundamental al disponer: “Las fotografías o imagen de una persona no pueden ser reproducidas, expuestas o vendidas en forma alguna sino es con su consentimiento”. Bajo esa inteligencia, toda persona ejerce un dominio sobre su imagen, reproducción y eventual divulgación posterior, lo que solamente puede hacerse por terceros con su consentimiento.
V.- LÍMITES AL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN . Como los demás derechos constitucionales, el derecho a la propia imagen se encuentra limitado por otros derechos y bienes constitucionales, en particular, por el derecho a la comunicación de información y las libertades de expresión y creación artística. Por esta razón , el ordenamiento jurídico permite la difusión sin consentimiento de la imagen de una persona cuando “dicha reproducción esté justificada por la notoriedad de aquella, por la función pública que desempeñe, por necesidades de justicia o de policía o cuando la reproducción se haga en relación con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público, o que tengan lugar en público” (artículo 29 del Código Civil). De conformidad con lo anterior, en nuestro medio encontramos los siguientes límites del derecho a la propia imagen: 1) Cuando la imagen es notoria o se refiere a actos o actividades del ser humano que salen de lo común, el derecho se ve enervado y no se puede acceder. 2) El segundo límite está constituido por aquellas actividades públicas que desempeñan los funcionarios públicos. En ésta hipótesis se hace referencia, únicamente, a la actividad que realiza el sujeto como titular de su función, estando excluidas las actividades que la persona realice en su vida íntima. 3) La tercera excepción hace referencia a publicaciones que sean necesarias para cumplir con las funciones de policía y justicia, como podría ser la difusión de fotografías de personas buscadas por la comisión de delitos. 4) El cuarto límite se refiere a la divulgación de imágenes relacionadas con acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público. En este supuesto debe ubicarse aquella información de una clara e inequívoca relevancia pública –en cuanto le interesa y atañe a la colectividad políticamente organizada- que cualquier particular o los medios de comunicación colectiva tienen el derecho de buscar, obtener y difundir. Ahora bien, en todos los supuestos anteriores no existe una desprotección absoluta para el titular de la imagen, puesto que, igualmente, la publicación no debe atentar contra la ley, el orden público, las buenas costumbres y no debe ocasionarle un perjuicio antijurídico a la persona cuya imagen se ha reproducido.”
V.- Sobre la libertad de pensamiento y de expresión. El párrafo primero del artículo 28 de la Constitución Política establece que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la Ley. Por su parte, el artículo 13 de la Convención Americana sobre la Libertad de Pensamiento y de Expresión establece:
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
Por la materia que la Sala debe resolver, se debe tomar en consideración, la doctrina jurisprudencial de los tribunales internacionales en Derechos Humanos sobre el tema de la libertad de pensamiento y de expresión, en cuanto consiste en un derecho humano inherente a todas las personas. Entre otras cosas, se sostiene -con razón- que la prensa cumple una función social importante, al promover el intercambio de ideas e informaciones, lo cual incluye la facultad de comunicar el propio punto de vista a otros, sin excluir por supuesto el derecho de dar conocer opiniones, relatos y noticias. Es un importante fundamento de la sociedad democrática, con el cual se permite la libre circulación de ideas en el país , incluidas aquellas que pueden ser controversiales. Como se indica supra, uno de los límites a la libertad de pensamiento y expresión precisamente radica en la honra y reputación de los demás, y que esta Sala al resolver el presente caso, debe observar esos límites cuando se coincide con la afirmación de que el periodismo debe gozar de protección y de independencia para realizar su labor, por el papel que tienen al mantener informada a la sociedad. En este sentido, se les califica como verdaderos instrumentos de la libertad de pensamiento y expresión dado que son medios para recoger las más diversas informaciones y opiniones (Caso Ivcher Bronstein. Sentencia del 6 de febrero de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C. No. 74 párrafo 147). De igual forma, existe la libertad de recibir libremente la información. Se trata de una libertad con dos caras, no solo libertad de buscar y difundir, sino de recibir información, incluidas las opiniones ajenas. El punto que esta Sala debe dilucidar radica en determinar si las imágenes que divulgan los medios de comunicación social, al publicar la noticia sobre la sentencia condenatoria de uno de los hermanos Alvarado Prada y la resolución absolutoria del otro, infringió sus respectivos derechos al honor y reputación. En el caso que nos ocupa, está en pugna el derecho a la intimidad frente a la libertad de expresión, información y de opinión, de manera que deben ponderarse. La Sala debe sopesar estos derechos, pues aun cuando los demás medios de prensa escrita, electrónica y televisiva no se refieren –directamente- a su respectiva línea editorial, salvo el Diario Extra, es lo cierto que el enfoque de los hechos y sus titulares, cuya cobertura se pretende, esta destinado de tal manera que le permita expresar libremente la información de toda índole de los medios de los hechos noticiosos a un público determinado y captar su atención. La línea editorial o línea ideológica del medio puede marcar la forma en que se presenta una noticia, privilegiar como también reservar diversos aspectos de ella, sea por la política de empresa, su autocontención si se rebasan los límites a la libertad de expresión, o por las consecuencias de darlo a conocer de un determinado modo concientes de su función formadora de la opinión pública, o simplemente el mero tratamiento de la información como parte del giro comercial del medio de comunicación social. El uso de la fotografía o de las imágenes es un recurso legítimo de esta libertad de información para ilustrar una noticia, que la decide el propio medio, pero la misma debe estar dotada de pertinencia. Es claro, que en la forma de expresar, de presentar e incluso la forma de comunicar una opinión sobre determinados hechos, el periodista debe estar conciente de las barreras infranqueables que tiene al ejercer su profesión, con cada pieza de información o noticia que presenta a su público . La censura previa está proscrita, siendo admisible únicamente la determinación de responsabilidades por contenidos reprochables, por no estar ajustadas las informaciones o noticias respetuosas de la deontología periodística. Debemos recordar que la libertad de pensamiento y de expresión, incluye la profesión de los comunicadores sociales como manifestación primaria de estas libertades, y que pueden estar sujetas a un control a posteriori, sin perjuicio del análisis posterior a la información que se publica, lo cual también resulta saludable a la función social que cumplen al ofrecer informaciones concordantes con los hechos y por tanto merecedoras de crédito . Por otra parte, al dinamizar la información de interés general, es evidente, que ello tiene cobertura constitucional en la libertad de pensamiento y de expresión, dado el interés público que generan, especialmente si existen grupos humanos enfrentados, u organizaciones sociales, en discusión. La Sala estima que todo lo anterior contribuye a una sociedad más democrática –aun- en temas que inquietan o colisionan con otras opiniones. Es importante resaltar que la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (artículo 10), ni en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19), tienen una disposición similar a la de la Convención Americana, y como se indicó en la Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985 la protección a la libertad de expresión en el contexto americano resulta ser más generosa que la de otras (párrafos 48 a 51).
VI.- Sobre el caso concreto.- Para resolver el asunto que nos ocupa, estima esta Sala que es necesario transcribir la normativa aplicable respectivamente:
El Código Procesal Penal dice en dos normas que:
“Artículo 330.- Publicidad
El juicio será público. No obstante, el tribunal podrá resolver por auto fundado y aun de oficio, que se realice, total o parcialmente, en forma privada, cuando:
a) Se afecte directamente el pudor, la vida privada o la integridad física de alguno de los intervinientes.
b) ...
g)…
Desaparecida la causa, ingresará nuevamente el público y quien presida la audiencia relatará brevemente lo sucedido, si el tribunal así lo dispone. El tribunal podrá imponerles a las partes que intervienen en el acto, el deber de guardar secreto sobre los hechos que presenciaron o conocieron. De lo ocurrido se dejará constancia en el acta del debate.” (en énfasis e itálicas no es del original)

“Artículo 331.- Participación de los medios de comunicación
Para informar al público de lo que suceda en la sala de debates, las empresas de radiodifusión, televisión o prensa podrán instalar, en la sala de debates, aparatos de grabación, fotografía, radiofonía, filmación u otros. El tribunal señalará, en cada caso, las condiciones en que se ejercerán esas facultades. Sin embargo, por resolución fundada, podrá prohibir esa instalación cuando perjudique el desarrollo del debate o afecte alguno de los intereses señalados en el artículo anterior de este Código.
No podrán instalarse esos aparatos ni realizarse filmación o grabación alguna, cuando se trate de hechos cometidos en perjuicio de personas menores de edad. En la misma forma, tampoco podrán utilizarse en la audiencia, cuando se trate de la recepción del testimonio de testigos o víctimas que estén siendo protegidas por la existencia de riesgos a su vida o integridad física o la de sus familiares. En tales casos, la audiencia para la recepción de tales testimonios se declarará privada.
Si el imputado, la víctima o alguna persona que deba rendir declaración solicita, expresamente, que las empresas no graben ni su voz ni su imagen, el tribunal hará respetar sus derechos.”
Se establece la regla general de que los juicios penales son públicos en el artículo 330 del Código Procesal Penal, en el sentido de que cualquier persona puede asistir a la sala de debates, y excepcionalmente el órgano jurisdiccional podrá restringir la presencia del público en determinadas condiciones y circunstancias para la protección de otros intereses, como para proteger el derecho a la vida privada de cualquiera de los intervinientes. Por su parte, con fundamento en lo anterior es posible imponer a los medios de comunicación masiva esas mismas restricciones, en el sentido de limitar lo que puedan escuchar, presenciar y a la vez transmitir (incluidas las imágenes) a su respectivo público, según suceda, todo con fundamento en la ley. Así, el órgano jurisdiccional puede proteger los acontecimientos en la sala de debates, en el tanto intereses superiores de los intervinientes se vean afectados con la difusión de la información, incluida la captación de imágenes de los intervinientes, como por ejemplo, si resulta sensible para la vida privada u otros intereses regulados en el Código Procesal Penal. En este sentido, la protección infra constitucional es igual para imputados, como para las víctimas. Lo que evidentemente es cierto, es que los medios de comunicación masiva deben suponer que la libertad de información no es absoluta, pues aún en el desarrollo del proceso un ejercicio irrestricto puede significar un obstáculo en la participación procesal de los imputados, víctimas, testigos, peritos y otros intervinientes, al revelar al público información que pertenece al proceso mismo y sus garantías, de otro modo no se podría cumplir el papel de todo proceso penal que es la averiguación de la verdad real de los hechos. Incluso, para dar protección a la honra y reputación de personas juzgadas por la presunta comisión de delitos, el artículo 295 del Código Procesal Penal establece la privacidad de las actuaciones en el procedimiento preparatorio. Ahora bien, podría argumentarse que en etapas más avanzadas cualquier imputado con la sola presencia de la prensa debe soportar una doble afectación, como imputado y estar individualizado por los medios de comunicación quedando marcado socialmente al captar su imagen, sin embargo, estima la Sala que este argumento podría conducirnos a sobre dimensionar su calidad de interviniente procesal en perjuicio de la libertad de información, y todo ello debe moderarse necesariamente. En este sentido, revelar información sobre las conclusiones del debate público debe tener relación con la importancia que tiene dentro de la colectividad, es claro que depende del tipo de delito y de la forma en que presuntamente se llevó a acabo, porque la víctima podrían sufrir igual o peor estigmatización social e incluso quedar revictimizada solamente por la curiosidad social. Lo anterior, claro está, repercute en la obligación del Tribunal de tomar las medidas necesarias para resguardar los derechos de los intervinientes y del proceso mismo, pero no impediría la labor del periodismo de recoger la más diversa información y difundirla, siempre que la misma sea obtenida legítimamente. La circulación de la información como las imágenes pertinentes al público en general, dependerá del contexto en que se obtenga y se usa esa información, cuándo, dónde y cómo se captura la misma. Si en un momento procesal en el que la investigación o juzgamiento aún no haya concluido, el conflicto entre la libertad de información y de opinión del medio, prevalecerá la libertad a la vida privada. De manera que aun cuando el debate puede ser público, no por ello, como se indicó supra, toda la información que ahí se ventila es material que puede difundirse libremente, dependerá del comportamiento mismo de las partes y del órgano jurisdiccional establecer las condiciones, pues éste siempre deberá ser considerado en función de las garantías que debe resguardar a las partes y fines procesales . Es claro, que el consentimiento para captar la imagen de alguno de los intervinientes, como en este caso de la presunta víctima frente a los medios de comunicación masiva impone resguardar la imagen del imputado hasta un límite temporal, y realmente estima esta Sala que es deseable. Asociar detalladamente el nombre y la imagen personal podría ser lesiva a la vida privada, si son obtenidas con violación al artículo 295 del Código Procesal Penal, o si no cumple, por ejemplo fines de interés público en investigaciones o si son únicamente resultados investigativos preliminares que no son concluyentes y en los cuales no puede fundarse (o al menos iniciarse) una persecución penal. En observancia de ese momento procesal, la Sala estima que cierta información podría difundirse, siempre y cuando no se de un tratamiento particular de datos personales, que precisen individualmente a la persona, o de una imagen que permita individualizarle. En estas circunstancias, la información puede ser usada por los medios siempre que no permita la identificación plena. En el contexto de un debate público, donde aquella información y la fotografía resultan de relevancia para ilustrar un hecho noticioso, resultará lícito el tratamiento unitario de ambos, cuando ya existe un acto confirmatorio de la persecución penal por parte de un órgano jurisdiccional, facultado por la ley, para realizar tal declaratoria. La Sala reitera que el principio de publicidad en el proceso penal se reconoce para todos los casos, pero como se indica el acceso a toda la información que está en discusión no es irrestricto y dependerá de diversos factores, regulados en la ley. Si bien, se alude en el escrito inicial que las restricciones fueron impuestas por el Tribunal Penal para la protección al derecho a la imagen, lo cierto es que el recurso de amparo fue interpuesto contra los medios de comunicación por la supuesta falta de cumplimiento a dichas restricciones. No obstante lo anterior, esta Sala no puede dilucidar si existió un incumplimiento a la orden jurisdiccional, pues ello debería discutirse y resolverse en esa sede, lo que sí puede discutir esta Sala es si, no obstante esas restricciones impuestas por el Tribunal, y la captura de la imagen de los hermanos Alvarado Prada, imputados en la causa penal, por los medios de comunicación es ilegítimo constitucionalmente por violación al derecho a la imagen por sus consecuencias.
VII.- Sobre el caso de Andrés Alvarado Prada .- Lo que está en discusión es la captación de las imágenes que se tienen por probadas en esta sentencia, corresponden únicamente a Andrés Alvarado Prada, de esta manera, la cuestión que debe dilucidar este Tribunal radica en determinar si es legítimo que en el día de la lectura de la parte dispositiva de la sentencia y su explicación, los medios de comunicación difundieran –a partir de ese momento- la imagen del imputado cuyo fallo fue condenatorio. Ahora bien, está probado que el día señalado para la lectura de la parte dispositiva de la sentencia, los medios de comunicación televisiva enfocaron al imputado identificado como Andrés Alvarado Prada, una vez conocida la sentencia del Tribunal, lo mismo ocurre en la prensa escrita y su reproducción en sus respectivas ediciones electrónicas colocadas en la internet, situación que no ocurrió con Mauricio Alvarado Prada, también imputado en la causa. En el criterio de la Sala, la información que se obtuvo no vulneró la libertad a la vida privada de Andrés Alvarado Prada y su correlativo derecho a la imagen, en el tanto en que el caso tomó notoriedad a raíz de la trascendencia a nivel nacional y que el caso generó un amplio interés en el resultado, el lugar en que ocurrieron los hechos juzgados y el resultado del proceso que culminó en una grave condenatoria. Este conjunto de situaciones son hechos noticiosos, aunque no pacíficos e incluso controversiales, debían informarse dentro de una sociedad democrática como la costarricense. Además, los presuntos hechos ocurren en un Bar con afluencia de personas, dentro de un vehículo en las afueras de un parqueo abierto al público, lo cual ameritó como resultado la sanción económica a los dueños del establecimiento comercial como a la empresa de seguridad contratada para el evento. La captación de la imagen del imputado no implica un agravamiento a la pena que se le impone al individuo durante la lectura de la sentencia, la Sala no debe desconocer que la utilización de la fotografía es un recurso legítimo que los medios de prensa y gráficos utilizan, para ilustrar, destacar y captar la atención de su público al difundir las noticias, practica que es usual en los diferentes países del orbe.
De ahí que, el Código Civil establece que:
“Artículo 47.-
La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que la reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, la función pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público. Las imágenes y fotografías con roles estereotipados que refuercen actitudes discriminantes hacia sectores sociales no pueden ser publicadas, reproducidas, expuestas ni vendidas en forma alguna.” (énfasis agregado no es del original)
En este sentido, realizada la lectura de la parte dispositiva, la condenatoria como la absolución de los imputados adquirió relevancia, con fundamento en el pronunciamiento del órgano jurisdiccional. Para el caso concreto del imputado condenado, la lectura de la parte dispositiva implicó una ruptura en la protección que se le había brindado en el caso particular, y que incrementó el interés público por conocer el resultado. No desconoce la Sala que el proceso que tiene el Juez para la toma de sus decisiones debe estar garantizado con su independencia y la del Poder Judicial, pero ello no significa que deba estar alejado de la realidad social, si bien se le exige imparcialidad y neutralidad, a la vez el Juez no se puede escapar de su papel en una sociedad democrática, pues al juzgar sus decisiones serán objeto de diversos puntos de vista, incluso contrapuestas, especialmente en aspectos en los cuales el punto que decide no es pacífico y puede ir en contra de una gran mayoría. En una sociedad democrática, el Juez debe saber que sus decisiones tienen un impacto, y éstos a la vez deben generar confianza pública, porque recogen los valores y principios de un ordenamiento jurídico alrededor del cual existe un consenso social. En esa medida, el funcionamiento del Poder Judicial no puede estar abstraído del principio de transparencia en la función pública, que se puede obtener en los casos en que se ha generado gran interés público, con la presencia de los medios de comunicación masiva y con el resultado de sus actuaciones.
Esta Sala tiene claro que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad no son excluyentes entre sí, aunque su valor como derechos fundamentales y humanos no puede negarse, debe reconocerse que el peso de uno frente al otro, cedería, en un momento dado, de conformidad con las investigaciones o las etapas precluídas en el proceso penal. Así, se exige respeto por el derecho o la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas, en ese tanto el derecho al honor sería relevante para contener la libertad de expresión, en el caso de que la información no sea veraz sobre los hechos que han tomado relevancia pública o sean de interés público, veracidad que estaría sujeta al comportamiento procesal de las partes. En consecuencia, la información que se difunda quedará revestida de la legitimidad del juzgamiento que los funcionarios judiciales hayan realizado en su función jurisdiccional, aun cuando sea posible cuestionar el fallo en instancias ulteriores. En este caso la Sala, sostiene que el derecho a la intimidad perdió relevancia cuando las razones para fundar la persecución penal fueron confirmadas por una resolución judicial, que avanzó hasta el dictado de la sentencia, y con la lectura de la parte dispositiva, dicha información se tornó en un acontecimiento de interés público y el derecho a difundir y recibir la información adquirió relevancia constitucional. De manera que, en estas circunstancias, un imputado no podría invocar el derecho a la vida privada o el derecho a la intimidad, como ocurre en el caso, después de la lectura de la parte resolutiva de la sentencia. Por otro lado, es clara la necesidad de que el contenido de la noticia sea balanceada, y que conforme con su contenido, se ha permitido a los defensores y a las partes involucradas expresar sus opiniones y puntos de vista, lo cual ocurrió en el caso concreto de Andrés Alvarado Prada, al alegarse que existieron inconsistencias en los argumentos del Tribunal Penal y que serían objeto del recurso de casación.
En virtud de lo anteriormente indicado, en cuanto a Andrés Alvarado Prada, la captación de su imagen esta ligada a la forma de difundir la noticia por los medios de comunicación social, y aun cuando la Sala ha establecido, en reiteradas oportunidades, que al privado de libertad se le deben respetar otros derechos fundamentales, el derecho a la imagen, en el caso del dictado de la sentencia –aun sin que esté firme- no vulnera su reputación, con fundamento en las determinaciones que hizo el tribunal sentenciador, el cual es un hecho noticioso. Pero por otra parte, si posteriormente hay resultados favorables al imputado obtenidos en futuras instancias judiciales, cedería aquel derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión frente al derecho a la intimidad y su reputación, toda vez que si eventualmente se lograra demostrar la inocencia y se lograra revertir un pronunciamiento condenatorio con futuras actuaciones judiciales, esa información exigiría su difusión, porque debe imperar, en todo momento, aquella veracidad procesal. Por todo lo anterior, procede desestimar el recurso, como en efecto se hace sobre este extremo.
(…)
VI.- CASO CONCRETO . En el sub lite la recurrente alegó que en el Tribunal Penal de Desamparados se tramita la causa penal Nº 14-001537-0276-PE, en contra de sus defendidos y, pese a que solicitó al Tribunal que ordenara a los medios de comunicación respetar su derecho a la imagen, el Matutino Nación y el Diario La Extra publicaron un noticia donde se observan imágenes de los sentenciados. Al respecto, la representante del Diario La Extra informó a este Tribunal que ciertamente, en la fecha indicada, el medio que representa publicó la noticia que se acusa, debido a que, ya se había dictado sentencia condenatoria y, además, el hecho que se investigaba en esa causa, es de relevancia penal y atañe a la colectividad, por tanto, resulta aplicable a lo dispuesto en el artículo 47 del Código Civil. Adicionalmente, informó que la prohibición contenida en el párrafo final del artículo 331 del Código Procesal Penal justifica la protección del derecho a la imagen hasta antes de la declaración de la culpabilidad de los imputados, aunque ésta aún no se encuentre en firme. Por su parte, el representante del Matutino La Nación informó que en efecto, se publicó la noticia mediante la cual se informó sobre la condenatoria de las cuatro personas involucradas en la causa penal de cita. Refiere que en ningún momento se les previno a los medios de comunicación que asistieron al debate sobre la prohibición de filmar y tomar fotos a los imputados. Además, fue el representante de la víctima, Licenciado Henry Vega quien finalmente, confirmó que los imputados fueron condenados a penas entre los 12 y 26 años; empero, en ningún momento indicó que no pudieran publicar lo acontecido ni las fotografías de los encartados, quienes tal y como se acreditó, son personas mayores de edad. Al respecto, se logró acreditar que en efecto, los medios acusados publicaron la noticia relacionada con la condenatoria que se dictó en contra de los amparados, siendo que lo divulgado no contiene información inexacta o agraviante, toda vez que la noticia publicada el 21 de marzo de 2017 (digitalmente) y el 22 de marzo de 2017 (de forma escrita), se trata de de una narración de lo sucedido en el debate que se llevó a cabo dentro de la causa penal Nº 14-001537-0276-PE, el cual, culminó con la condenatoria de los encartados por el delito de Violación y abuso sexual.
De la prueba que consta en autos ésta Sala verifica que las noticias cuestionadas por la recurrente contienen información veraz de la sentencia emitida por el Tribunal Penal de Desamparados en la causa penal Nº14-001537-0276-PE, contra JEFFER ENOC MEJÍA BORREL, JOSÉ ABRAHAM LÓPEZ ROMERO, OSWALDO JOSÉ OROZCO VEGA, y RODRIGO ARGUEDAS SALAZAR , por delitos de Violación y Abuso Sexual en perjuicio de una menor de edad. Nótese que los reportajes contienen una síntesis de los hechos por los cuales a los acusados se les impuso una sentencia condenatoria, siendo que, uno de ellos fungía como profesor del Ministerio de Educación Pública en el momento en que ocurrieron los hechos; asimismo contienen imágenes de los acusados, personas mayores de edad, una vez que el Tribunal Penal emitió su sentencia . Las noticias emitidas no contienen una redacción degradante, únicamente informan sobre lo acontecido en el debate legal público y que puede ser de interés para la colectividad. De manera que, si bien es cierto el Tribunal Penal acogió la solicitud de la defensa técnica, para que los investigados no fueran fotografiados, las imágenes en cuestión fueron realizadas una vez dictada la sentencia condenatoria, en un caso que tomó notoriedad pues dentro de los imputados hay un docente de un centro educativo público. Es importante destacar que la captación de las imágenes no implica un agravamiento a la pena que se les impuso en la sentencia, por lo que, este Tribunal no debe desconocer que la utilización de la fotografía constituye un recurso legítimo que los medios de prensa y gráficos utilizan para ilustrar, destacar y captar la atención de su público al difundir las noticias, práctica que es absolutamente usual en un país democrático. De ahí que, el Código Civil establece que: “Artículo 47.- La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que la reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, la función pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público. Las imágenes y fotografías con roles estereotipados que refuercen actitudes discriminantes hacia sectores sociales no pueden ser publicadas, reproducidas, expuestas ni vendidas en forma alguna”. En ese sentido, resulta importante mencionar que realizada la lectura de la parte dispositiva, la condenatoria adquirió relevancia, con fundamento en el pronunciamiento del órgano jurisdiccional. Al respecto, no puede desconocer la Sala que el proceso que tiene el Juez para la toma de decisiones debe estar garantizado con su independencia y la del Poder Judicial, pero ello no significa que debe de estar alejado de la realidad social, pues aún y cuando se le exige imparcialidad y neutralidad, el Juez no puede escapar de su papel en una sociedad democrática, ya que debe de saber que sus decisiones tienen un impacto y, éstos, a la vez deben generar confianza pública porque recogen principios y valores de un ordenamiento jurídico alrededor del cual existe un consenso social. Esta Sala tiene claro que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad no son excluyentes entre sí, aunque su valor como derechos fundamentales y humanos no puede negarse, debe reconocerse que el peso de uno frente al otro, cedería, en un momento dado, de conformidad con las investigaciones o las etapas precluídas en el proceso penal. As í, se exige respeto por el derecho o la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, en ese tanto el derecho al honor sería relevante para contener la libertad de expresión, en el caso de que la información no sea veraz sobre los hechos que han tomado relevancia pública o sean de interés público, veracidad que estaría sujeta al comportamiento procesal de las partes. En consecuencia, la información que se difunda quedará revestida de la legitimidad del juzgamiento que los funcionarios judiciales hayan realizado en su función jurisdiccional, aun cuando sea posible cuestionar el fallo en instancias ulteriores. En este caso la Sala, sostiene que el derecho a la intimidad perdió relevancia cuando las razones para fundar la persecución penal fueron confirmadas por una resolución judicial, que avanzó hasta el dictado de la sentencia, y con la lectura de la parte dispositiva, dicha información se tornó en un acontecimiento de interés público y el derecho a difundir y recibir la información adquirió relevancia constitucional. De manera que, en estas circunstancias, la defensa de los imputados no podría invocar el derecho a la vida privada o el derecho a la imagen, como ocurre en el presente caso, después de la lectura de la parte resolutiva de la sentencia. En virtud de lo anteriormente indicado, la captación de las imágenes está ligada a la forma de difundir la noticia por los medios de comunicación social, y aún cuando la Sala ha establecido, en reiteradas oportunidades, que a los privados de libertad se les debe respetar otros derechos fundamentales, el derecho a la imagen, en el caso del dictado de la sentencia –aún sin que esté firme- no vulnera su reputación, con fundamento en las determinaciones que hizo el tribunal sentenciador, el cual es un hecho noticioso. Pero por otra parte, si posteriormente hay resultados favorables a los encausados en futuras instancias judiciales, cedería aquel derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión frente al derecho a la intimidad y su reputación, toda vez que si eventualmente se lograra demostrar la inocencia y se lograra revertir un pronunciamiento condenatorio con futuras actuaciones judiciales, esa información exigiría su difusión, porque debe imperar, en todo momento, aquella veracidad procesal . Bajo estas circunstancias, estima este Tribunal que en el caso concreto, no se ha producido vulneración alguna a los derechos fundamentales de los imputados. En consecuencia, procede desestimar el recurso, como en efecto se dispone”.(énfasis añadido).

Las consideraciones citadas son aplicables al sub lite, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada
IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, se tiene por demostrado que, en contra del tutelado se siguió la causa penal No. [Valor 003] , en la cual se pactó un procedimiento abreviado y se le halló culpable del delito de peculado, al utilizar una boleta de combustible institucional para abastecer de gasolina a un vehículo a nombre de su esposa mientras fungía como asistente administrativo en la Delegación Regional del OIJ de Liberia en el 2008.
Ante ello, por sentencia No. 702-2019 de las 14:00 horas del 30 de setiembre de 2019, el Tribunal Penal de Hacienda acogió el procedimiento especial abreviado, por lo que le impuso al amparado 2 años de prisión y 2 años de inhabilitación. Luego, el 2 de octubre de 2019, la sentencia No. 702-2019 fue notificada a las partes y no fue apelada.
Asimismo, el 3 de octubre de 2019, el Ministerio Público incorporó a la sección de prensa de su página web http://ministeriopublico.poderjudicial.go.cr/index.php/es/prensa/noticias-judiciales/ítem/4271-exfuncionariojudicial-condenado-por-llenar-tanque-de-carro-particular-con-fondos-publicos la nota que se titula "Ex funcionario judicial condenado por llenar el tanque de carro particular con fondos públicos", noticia relacionada con el proceso judicial seguido contra el amparado y cuyo contenido expresa lo siguiente: "03 de octubre del 2019. Tras dirigir una investigación en su contra, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) consiguió que un ex funcionario judicial aceptara los hechos acusados y se sometiera u un procedimiento especial abreviado, mediante el que fue hallado culpable de un delito de peculado. Con lo anterior, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública condenó a [Nombre 002] a la pena de dos años de prisión y dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos; además, le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena por un período de tres años. Esto significa que, si en ese período, él comete un nuevo delito, deberá ir a la cárcel a cumplir la pena. El imputado laboró como Asistente Administrativo en la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial de Liberia, entre el año 2007 y 2008, en condición interina; la FAPTA demostró que el 04 de enero del 2008, Carmona utilizó una boleta de combustible institucional para beneficio propio. Con esa acción, el exfuncionario consumió un total de ¢38.574 en combustible, el cual utilizó para llenar el tanque de un vehículo particular perteneciente a su esposa. El Tribunal Penal también lo condenó al pago de los ¢38.574 por concepto de daño material y ¢1.000.000 por concepto de daño social: esto dentro de la causa [Valor 004]".
A partir de la publicación del Ministerio Público, el 4, 5 y 6 de octubre del 2019, algunos medios de prensa como Telenoticias, NCR, el Diario Extra, La Nación publicaron una noticia donde se indicó el nombre del tutelado, cargo que ocupaba, así como que había utilizado fondos públicos para comprar combustible para el vehículo de su esposa.
Finalmente, el 24 de octubre de 2019, la sentencia No. 702-2019 quedó en firme.
En el sub lite, la Sala descarta la lesión a los derechos fundamentales del amparado por las siguientes razones. Ciertamente, en contra del amparado se dictó una sentencia condenatoria por el delito de peculado (a raíz de un procedimiento especial abreviado pactado), al haber utilizado fondos públicos para comprar combustible de uso personal, mientras ejercía como funcionario judicial. Al respecto, el promovente reclama que, aun sin encontrarse firme esa sentencia, el Ministerio Público haya publicado en su Sección de Prensa una nota que se titula " Ex funcionario judicial condenado por llenar el tanque de carro particular con fondos públicos", en la que se resumió la sentencia, donde se indicó su nombre, puesto que ocupaba y hecho delictivo en el que incurrió, así como la sanción impuesta, por lo que estima vulnerado su derecho a la intimidad. También, reclama que, al tratarse de un procedimiento abreviado, no resultaba aplicable la publicidad del debate oral y público. Además, acusa que, a partir de esa publicación, otros medios de prensa emitieron otras notas sobre el tema. En este sentido, el Ministerio Público informa bajo juramento que tal publicación se dio con posterioridad a la comunicación de la sentencia.
En el sub judice, obsérvese que el amparado, al momento de los hechos, era funcionario público, a quien se le tuvo como culpable por el uso inadecuado de recursos del Estado, por lo que es evidente que la información relacionada con la sentencia condenatoria es de interés público. Incluso, tal situación se fortalece con el hecho de que, según informó el recurrido, la publicación de la noticia se dio con ocasión de la comunicación de la sentencia. Además, en la nota publicada por el Ministerio Público se desprende una identificación somera del imputado (nombre y puesto que ocupaba) y los hechos, lo que es parte de la libertad de prensa y transparencia para la administración de justicia, pues se trata de información periodística apegada a la realidad (en tanto se basó en una sentencia condenatoria comunicada), sin flagelar los derechos del amparado frente a la ciudadanía.
Además, resulta de aplicación la sentencia supra citada, en tanto “ Para el caso concreto del imputado condenado, la lectura de la parte dispositiva implicó una ruptura en la protección que se le había brindado en el caso particular, y que incrementó el interés público por conocer el resultado” (…) En este caso (…) el derecho a la intimidad perdió relevancia cuando las razones para fundar la persecución penal fueron confirmadas por una resolución judicial, que avanzó hasta el dictado de la sentencia, y con la lectura de la parte dispositiva [en este caso, con la emisión de la sentencia escrita dictada a partir del procedimiento abreviado], dicha información se tornó en un acontecimiento de interés público y el derecho a difundir y recibir la información adquirió relevancia constitucional. De manera que, en estas circunstancias, un imputado no podría invocar el derecho a la vida privada o el derecho a la intimidad, como ocurre en el caso, después de la lectura de la parte resolutiva de la sentencia”. También, como se explicó supra, “ el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad no son excluyentes entre sí, aunque su valor como derechos fundamentales y humanos no puede negarse, debe reconocerse que el peso de uno frente al otro, cedería, en un momento dado, de conformidad con las investigaciones o las etapas precluídas en el proceso penal”. Incluso, tal y como se expuso en la sentencia transcrita, la información que se difunde queda revestida de la legitimidad del juzgamiento que los funcionarios judiciales han realizado en su función jurisdiccional, aun cuando sea posible cuestionar el fallo en instancias ulteriores, de modo que, “ si posteriormente hay resultados favorables a los encausados en futuras instancias judiciales, cedería aquel derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión frente al derecho a la intimidad y su reputación, toda vez que si eventualmente se lograra demostrar la inocencia y se lograra revertir un pronunciamiento condenatorio con futuras actuaciones judiciales, esa información exigiría su difusión, porque debe imperar, en todo momento, aquella veracidad procesal”.
En mérito de lo anterior, respecto a estos extremos, la Sala descarta la lesión acusada (al respecto, adviértase que el tutelado acudió en amparo exclusivamente contra el Ministerio Público, razón por la cual únicamente se entró a resolver con base en la actuación de esa institución). Ergo, se declara sin lugar el recurso.
IV.- Por otro lado, el recurrente acusa que en la reseña publicada por el Ministerio Público se hizo alusión a que la entonces esposa del amparado, habría sido la beneficiaria con los hechos delictivos incurridos, al ser la dueña registral del vehículo que el tutelado cargó con combustible pagado con fondos públicos. Reclama que, con base en ello (sumado a que en la reseña se indica el nombre completo del tutelado y la zona donde laboraba, lo cual, además, ocurrió en el 2008), se podría individualizar a su excónyuge con una consulta al TSE. Al respecto, asevera que la nota de la página web del recurrido es de carácter permanente, ya que no se encuentra sometida a los procesos de despersonalización y protección de datos, haciéndose nugatorio el derecho al olvido.
Sin embargo, si la parte recurrente considera que, respecto a este extremo, el Ministerio Público se extralimitó en sus funciones al mencionar que el vehículo era propiedad de la esposa del tutelado, resulta procedente citar la sentencia 2017-004965 de las 9:15 horas del 31 de marzo de 2019, entre muchas otras, en la cual se indicó:

«ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES (PRODHAB): MECANISMO CÉLERE PARA LA TUTELA DEL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA. Desde su creación, la Sala Constitucional ha utilizado amplios criterios de admisibilidad ante la ausencia de remedios procesales céleres y expeditos para tutelar situaciones jurídicas sustanciales, como es el caso de la protección del derecho a la autodeterminación informativa. Así, en múltiples oportunidades, este Tribunal Constitucional admitió y acogió recursos de amparo en los que se constató una afectación a ese derecho con motivo de los datos personales recogidos en bases de datos automatizadas de organismos públicos o privados y el uso dado a esa información. No obstante, ante la promulgación de la Ley Nº 8968 de 7 de julio de 2011, Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, publicada en La Gaceta No. 170 de 05 de setiembre de 2011 y su reglamento, Decreto Ejecutivo No. 37554 de 30 de octubre de 2012, publicado en La Gaceta No. 45 de 05 de marzo de 2013, se creó un órgano especializado, adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, denominado Agencia de Protección de Datos de los Habitantes —con personalidad jurídica instrumental propia— a la que, entre otras funciones, conforme el artículo 16 de la citada ley, le corresponde “Resolver sobre los reclamos por infracción a las normas sobre protección de los datos personales.” (inciso e); “Ordenar, de oficio o a petición de parte, la supresión, rectificación, adición o restricción en la circulación de las informaciones contenidas en los archivos y las bases de datos, cuando estas contravengan las normas sobre protección de los datos personales” (inciso f) e “Imponer las sanciones establecidas, en el artículo 28 de esta ley, a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que infrinjan las normas sobre protección de los datos personales, y dar traslado al Ministerio Público de las que puedan configurar delito.” (Inciso g). Asimismo, en el artículo 58 del Reglamento, se estableció un procedimiento tendiente a verificar si una base de datos, está siendo utilizada o no conforme a la Ley y al reglamento, el cual sería tramitado en la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. Bajo este nuevo contexto y ante el nombramiento de la Directora de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes en fecha 17 de setiembre de 2013 y la consecuente entrada en funcionamiento de ese órgano, esta Sala, bajo una mejor ponderación estima que ahora los habitantes cuentan con un mecanismo célere, oportuno y especializado para garantizar su derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividades privadas y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona o bienes (ver artículo 1 de la ley No. 8968). Así las cosas, en tesis de principio, esta Sala remite a esa instancia administrativa los asuntos en donde se alegue la violación del derecho de comentario, reservándose el conocimiento, únicamente, de aquellos asuntos en los que habiendo acudido ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, no se haya encontrado amparo a ese derecho. Consecuentemente, se impone desestimar el presente recurso e indicarle al tutelado que, si a bien lo tiene, puede acudir a esa instancia administrativa especializada en resguardo de sus derechos».

De conformidad con lo expuesto, es ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) donde el tutelado podrá dirigir -si a bien lo tiene- los reclamos que tenga respecto a la alusión del dato de su esposa en la nota publicada por el Ministerio Público. Incluso, podrá también el amparado plantear la queja respectiva ante el Fiscal General, a fin de que resuelva lo que en derecho corresponda. Así las cosas, se declara improcedente también este extremo.
V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso.




Paul Rueda L.
Presidente a.i
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Alejandro Delgado F.
Lucila Monge P.



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Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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