Sentencia Nº 2019025489 de Sala Constitucional, 20-12-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha20 Diciembre 2019
Número de sentencia2019025489
Número de expediente19-023259-0007-CO

*190232590007CO*

Exp: 19-023259-0007-CO

Res. Nº 2019025489


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], mayor, casado, abogado, cédula de identidad No. [Valor 001], vecino de La Unión de Tres Ríos, a favor de [Nombre 002], mayor, casado, delegado de la Región Chorotega del Sindicato de Trabajadores de Farmacia y de otros servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (SINTAF), cédula de identidad No. [Valor 002], vecino de Liberia, contra la Jefa de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 07:20 hrs. del 06 de diciembre de 2019, el recurrente interpone recurso de amparo contra la jefa de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño y expresa que por oficio No. DSRCH-HV-237-19, con fecha de envío 07 de noviembre de 2019, el amparado solicitó ante la Jefatura de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Hospital Enrique Baltodano Briceño -a través del correo electrónico: [...]- información de su interés, requiriendo expresamente: "(…) una copia fiel del original de la Acción personal de ascenso como Enfermero profesional el (sic) 19 al 23 de Noviembre del 2018 de mi representado el funcionario [Nombre 007] portador del número de cédula [Valor 003]. (…)". Reclama que a la fecha de interposición de este recurso no se le ha brindado la información requerida. Considera vulnerados los derechos fundamentales del amparado.
2.- Mediante resolución de las 15:20 hrs. del 06 de diciembre de 2019, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se le solicitó informe al jefe de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño.
3.- Informa bajo juramento Gricel Cubero Fernández, en su condición de jefa ad interim de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño (escrito presentado a las 13:03 hrs. del 12 de diciembre de 2019), que el jueves 07 de noviembre de 2019, a las 14:59 hrs., se recibe oficio No. SINTAF-DRSCH-HV-237-19, mediante la Web Máster correo electrónico institucional a su nombre [...]. Dice que, ese mismo día, 07 de noviembre de 2019, a las 06:13 p.m., le dio respuesta a lo solicitado al Sindicato SINTAF. Refiere que le indicó puntualmente lo siguiente: “Acuso de recibido el documento en el momento que tengamos la información se procederá a hacer del conocimiento. Si es importante recalcar que actualmente estamos en un lugar temporal por lo que no tenemos acceso a los expedientes de personal, sino hasta que finalicen la remodelación”. Manifiesta que la fecha prevista por la empresa constructora para entregar la remodelación de la Unidad de Recursos Humanos es el lunes 16 de diciembre de 2019 y se estarían pasando el viernes 20 de diciembre de 2019. Expresa que por indicación de la empresa constructora, los funcionarios de la Unidad de Recursos Humanos no tienen autorización de ingresar al área de remodelación por normas de seguridad. Acota que los únicos autorizados para ingresar al lugar en construcción son los obreros de la empresa constructora, situación que es de conocimiento del amparado, pues es funcionario del Servicio de Lavandería de ese centro médico. Alega que, en ningún momento, se le ha violado su derecho a una pronta respuesta porque se le hizo un acuse de recibo explicándole ampliamente el motivo por el cual no se podía atender en el plazo de ley su solicitud. Con fundamento en lo expuesto, solicita declarar sin lugar el recurso, por existir de parte de esa jefatura una imposibilidad material para entregar lo solicitado, ya que los expedientes personales de los funcionarios se llevan en forma física y no digital y estos están dentro del área de remodelación.
4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,

Considerando:

I.- Cuestión previa. En vista de que Gricel Cubero Fernández, en su condición de jefa ad interim de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, omitió indicar en el informe rendido bajo juramento, si la cuenta de correo electrónico [...], se encuentra prevista como mecanismo oficial de comunicación con ese nosocomio, se tiene por cierto este hecho y se procede a analizar la constitucionalidad de este asunto de conformidad con lo regulado en el artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
II.- Objeto del recurso. El recurrente alega que la jefa de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, todavía no le ha facilitado al amparado la copia de la acción de personal del ascenso como enfermero del funcionario [Nombre 007], por el periodo del 19 al 23 de noviembre de 2018, que le solicitó el 07 de noviembre de 2019 al correo electrónico [...].
III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
  1. Por oficio No. DSRCH-HV-237-19 del 07 de noviembre de 2019, remitido al correo electrónico: [...], el amparado, en su condición de delegado de la Región Chorotega del Sindicato de Trabajadores de Farmacia y de otros servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (SINTAF), solicitó a la Jefatura de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño “…una copia fiel del original de la Acción personal de ascenso como Enfermero profesional el (sic) 19 al 23 de Noviembre del 2018 de mi representado el funcionario [Nombre 007] portador del número de cédula [Valor 003] …” (documento aportado por el recurrente).
  2. El 07 de noviembre de 2019, vía correo electrónico, la recurrida le indicó al amparado lo siguiente: “Acuso de recibido el documento en el momento que tengamos la información se procederá a hacer del conocimiento. Si es importante recalcar que actualmente estamos en un lugar temporal por lo que no tenemos acceso a los expedientes de personal, sino hasta que finalicen la remodelación” (informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada por ambas partes).
  3. La fecha prevista por la empresa constructora para entregar la remodelación de la Unidad de Recursos Humanos es el lunes 16 de diciembre de 2019 y se estarían pasando el viernes 20 de diciembre de 2019 (informe de la autoridad recurrida).
  4. Por indicación de la empresa constructora, los funcionarios de la Unidad de Recursos Humanos del Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño no tienen autorización de ingresar al área de remodelación, por normas de seguridad (informe de la autoridad recurrida).
  5. Los únicos autorizados para ingresar al lugar en construcción son los obreros de la empresa constructora, situación que es de conocimiento del amparado, pues es funcionario del Servicio de Lavandería del Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño (informe de la autoridad recurrida).
IV.- Hecho no probado. Se considera indemostrado el siguiente hecho de relevancia.
Único. Que al amparado se le haya comunicado la fecha en que se le podría facilitar la documentación solicitada.
V.- Sobre el derecho fundamental de petición y pronta respuesta. El derecho de petición, establecido en el artículo 27 Constitucional, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. Esta garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado deba recibir una contestación favorable a sus intereses. Las peticiones puras y simples de información, donde el administrado únicamente lo que gestiona son datos de su interés que no conllevan un trámite complejo a fin de otorgar la respuesta, normalmente están regidas por lo que dispone el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, en donde se estipula que la respuesta deberá darse dentro de los diez días siguientes a la recepción de la petición. Excepcionalmente, si la contestación no puede brindarse dentro de ese término por razones justificadas, la Administración está obligada a explicar, dentro del plazo exigido por la Ley, cuáles son los motivos por los que no puede atender la petición en ese momento y fijará un plazo razonable dentro del cual atenderá la solicitud -obviamente, en el entendido de que más adelante, cuando pueda hacerlo, deberá responder cabalmente la petición-. La explicación correspondiente deberá ser clara, profusa y detallada, con el objeto de que el petente quede debidamente informado y pueda ejercer las acciones legales que juzgue apropiadas. Lo anterior se afirma en el entendido de que, en virtud del principio del debido proceso que rige en la vía administrativa, la autoridad recurrida está obligada no sólo a resolver dentro del período conferido por la ley para tal efecto, sino también a notificar la respuesta respectiva dentro de ese mismo lapso.
VI.- Respecto a solicitud de información del amparado. En el caso bajo estudio, del informe rendido por la jefa en ejercicio de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño -que se tiene dado bajo juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional- y demás elementos probatorios que obran en autos, se tiene por acreditado que el amparado, en su condición de delegado de la Región Chorotega del Sindicato de Trabajadores de Farmacia y de otros servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (SINTAF), le solicitó mediante el oficio No. DSRCH-HV-237-19 del 07 de noviembre de 2019, copia de la acción de personal del ascenso como enfermero del funcionario [Nombre 007], por el periodo del 19 al 23 de noviembre de 2018. Igualmente, que esa gestión fue remitida en esa fecha al correo electrónico [...]. Sin embargo, consta que todavía la recurrida no ha brindado esa documentación al requirente. En su defensa, expone en el informe rendido, que, ese mismo día, 07 de noviembre de 2019, a las 06:13 p.m., le remitió un acuse de recibo explicándole el motivo por el cual no se podía atender su solicitud en el plazo de ley. Refiere que le indicó puntualmente lo siguiente: “Acuso de recibido el documento en el momento que tengamos la información se procederá a hacer del conocimiento. Si es importante recalcar que actualmente estamos en un lugar temporal por lo que no tenemos acceso a los expedientes de personal, sino hasta que finalicen la remodelación”. Alega que existe de parte de esa jefatura una imposibilidad material para entregar lo solicitado, ya que los expedientes personales de los funcionarios se llevan en forma física y no digital y éstos se encuentran dentro del área de remodelación. Explica que la fecha prevista por la empresa constructora para entregar la remodelación de la Unidad de Recursos Humanos es el lunes 16 de diciembre de 2019 y se estarían pasando el viernes 20 de diciembre de 2019. Aunado a que por indicación de la empresa constructora, los funcionarios de esa dependencia no tienen autorización de ingresar al área de remodelación por normas de seguridad. Acota que los únicos autorizados para ingresar al lugar en construcción son los obreros de la empresa constructora, situación que es de conocimiento del amparado, pues es funcionario del Servicio de Lavandería de ese centro médico. Sin embargo, tales argumentos son inaceptables. Como se indicó, el correo electrónico al cual se remitió la gestión se presume que es un medio oficial de comunicación de la CCSS con los administrados, toda vez que, la recurrida omitió aclararlo, pese a que se le brindó traslado sobre el particular. Aunado a que si bien se le indicó al amparado la razón por la cual no era posible proporcionarle por el momento, la documentación que pidió, no se le informó la fecha en que se le iba a facilitar. A pesar de que sí era posible debido a que se cuenta con los plazos de entrega del trabajo de construcción, conforme se consigna en el informe rendido. De ahí que a pesar del acuse de recibo remitido, sea entendible que el recurrente acuda a esta Sala en tutela de los derechos fundamentales de su representado. Sin que el hecho de que éste labore en el Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño sea un justificante para haber omitido señalar tal información, pues es la Administración la que conoce los plazos de contratación de la remodelación de las oficinas que albergan la Unidad de Recursos Humanos de ese nosocomio. Bajo ese orden de ideas, es preciso rescatar lo dicho en el considerando anterior de esta sentencia, en el sentido de enfocar el contenido y alcances del derecho fundamental que se acusa en este amparo. Tal y como se dijo, la garantía establecida en el artículo 27 de la Constitución Política, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito ante cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. Así, es claro que parte de las facultades que otorga este derecho al administrado, y que evidentemente deviene como una consecuencia casi directa de éste, es que el funcionario público o la entidad oficial ante quien se presenta la solicitud reciba sin ningún obstáculo ni impedimento la gestión, pues de esta manera se otorga al administrado acceso a las dependencias públicas y se garantiza la apertura y transparencia de la actuación administrativa para atender los asuntos de su interés. Aparte de que la omisión en que incurrió la recurrida no es compatible con la reiterada jurisprudencia emitida por este Tribunal, en el sentido de que se debe emitir la respuesta oportuna, sin denegación de ninguna especie, empero si cabe la excepción de que no pueda cubrir la petición dentro del plazo referido, en consecuencia deberá comunicar la imposibilidad para resolver y fijará un plazo razonable dentro del cual atenderá la solicitud. Proceder último que no se observó en autos, pues no se le indicó al amparado la fecha en que era posible facilitarle la documentación que solicitó. Así las cosas, esta Sala Constitucional debe intervenir, para salvaguardar los derechos fundamentales del tutelado.
VII.- Conclusión. En mérito de lo expuesto, se declara con lugar el recurso por infracción al derecho tutelado en el artículo 27 constitucional y con los efectos que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia.
VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Gricel Cubero Fernández, en su condición de jefa ad interim de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que en el plazo de cinco días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, le informe al amparado la fecha en que se le proporcionara la documentación que solicitó mediante oficio No. DSRCH-HV-237-19 del 07 de noviembre de 2019 o le entregue esa documentación, en caso de que ya tuviese acceso a los expedientes personales de los funcionarios. Lo anterior, bajo apercibimiento que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución, en forma personal, a Gricel Cubero Fernández o a quien en su lugar ejerza el cargo de jefa de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño.



Paul Rueda L.
Presidente a.i
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Alejandro Delgado F.
Lucila Monge P.


Documento Firmado Digitalmente
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EXPEDIENTE N° 19-023259-0007-CO

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