Sentencia Nº 2020-000828 de Sala Constitucional, 15-01-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expedienteExp:
Fecha15 Enero 2020
Número de sentencia2020-000828

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*190185850007CO*

Exp: 19-018585-0007-CO

Res. Nº 2020-000828

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas y cincuenta minutos del quince de enero de dos mil veinte.

Acción de inconstitucionalidad promovida por GONZALO ALBERTO CARRILLO DELGADO, mayor, casado en segundas nupcias, Abogado y Notario Público, la cédula de identidad número 4-108-454, vecino de Santo Domingo de Heredia, en su condición de defensor particular de Yessenia Esquivel Mondragón, Ingrid Madrigal Morera, Martin Monestel Contreras y Víctor Emilio Granados Calvo; contra EL ARTÍCULO 56, INCISO 2 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, LEY NÚMERO 8, Y EL ARTÍCULO 394 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, LEY NÚMERO 7594.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:17 horas del 4 de octubre de 2019, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 56, inciso 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley número 8, y el artículo 394 del Código Procesal Penal, Ley número 7594, por violación a los artículos 9, 110 de la Constitución Política en lo que se refiere a la inmunidad de los miembros de los supremos poderes, así como al principio de separación de poderes y por violación a los artículos 11, 33, 35, 39 y 41 de la Constitución Política, 7 y 8 incisos 1 y 2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 3, 5 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; por violación al debido proceso, al derecho de defensa, al principio de igualdad y al principio de inocencia que debe de acompañar a los miembros de Supremos Poderes sometidos a un proceso y acusaciones de tipo penal al violentarse las garantías mínimas del inculpado: derecho a la defensa desde el principio, el derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente. Además violación a los principios de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad respecto de la discrecionalidad sin plazos con la que la Fiscalía General de la República formula las acusaciones o no en contra de miembros de los supremos poderes. Alega que la causa número 12-00031-033-PE se sigue entre otros, contra cuatro ex Diputados del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) por el aparente nombramiento de “empleados fantasma". Dicha causa inició por denuncia de un ex diputado de esa fracción legislativo y uno de sus asesores. Es decir, no fue ningún órgano de la Asamblea Legislativa o Departamento, el que calificó de ausentes o fantasmas a los empleados de confianza, sino directamente un pequeño grupo de adversarios políticos disidentes de esa agrupación política. Afirma que no existe prueba en esa causa de la ausencia laboral de los imputados, solo el testimonio de los denunciantes de quienes han acreditado sus ausencias reiteradas del país y de la propia Asamblea Legislativa, al punto de poder afirmar que los denunciantes son los verdaderos fantasmas de ese proceso. Entonces, claramente la motivación política es uno de los elementos que debe de ser tomado en consideración para que se diera esa denuncia. Sostiene que el artículo 25, inciso 3), del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se refiere a las atribuciones del Directorio Legislativo, dentro de los cuales está nombrar a los funcionarios y empleados que se necesiten para el buen funcionamiento de la asamblea, o removerlos conforme a la ley, así como asignar los recursos humanos. Dichos recursos son los que se refieren al artículo 113 de la Constitución Política y su administración se da dentro del margen de independencia de ese poder, que también goza de autonomía plena. En ese contexto se encuentran las plazas de confianza de los asesores de los diputados. El Directorio nombra los empleados de confianza previa verificación de los requisitos legales y establece los mecanismos idóneos para que se dé el cumplimiento de la Ley de Control Interno, sin que ello atente contra la independencia funcional de las fracciones legislativas. Aduce que el artículo 54 del citado reglamento establece que los empleados de confianza se regirán por las demás disposiciones de la presente ley y por el Reglamento Interior de Trabajo en lo que sean aplicables, dada su condición de tales; pero a su juicio, eso ha sido ignorado dentro de la causa penal seguida en contra de sus defendidos. Cita el voto número 1190-90 de esta Sala. Explica que el horario y el lugar en donde realizan las funciones los empleados de confianza de la fracción, deben cumplirse por parte de los empleados con base en las disposiciones de los diputados, así como lo que indique los planes anuales operativos y las estrategias de las fracciones legislativas. No se trata de empelados regulares que deben de cumplir con funciones administrativas concretas en oficinas específicas como lo reconoce la Procuraduría General de la República mediante C-050-2012 de 23 de febrero de 2012. Sostiene que al acusar el Ministerio Público a cuatro ex diputados de la República por el aparente nombramiento de empleados de confianza "inexistentes" o "fantasmas" pese a que la denuncia fue hecha por adversarios políticos, y sin pruebas, viola el principio de separación de poderes públicos, así como la independencia y autonomía de la Asamblea Legislativa. Lo anterior sin dejar de mencionar que se trata de un error de juicio grueso en el que incurre el Ministerio Público al dar crédito a los adversarios políticos de sus representados. Asegura que corresponde al Directorio Legislativo el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Control Interno, lo que en el caso de sus defendidos se cumplió a cabalidad. El accionante, en apoyo a su tesis, citó las actas de la Asamblea Nacional Constituyente en torno a la inmunidad parlamentaria, de lo cual desprende que, ya fuera la Corte Plena o la Asamblea Legislativa, la mayoría calificada de los miembros debía autorizar el antejuicio, con el fin de evitar que los representantes populares fuesen hostigados por sus rivales políticos con acusaciones penales y por lo tanto impiden la realización de sus planes legislativos en acato y respeto a la soberanía popular. Reclama si realmente la Sala Tercera y no la Corte Plena, se encuentra autorizada por el constituyente para autorizar actos procesales tan delicados como lo son el levantamiento del secreto bancario y realizar entrevistas sobre el personal a cargo de los legisladores. Refiere que intentar clarificar en la vía penal si las funciones asignadas al personal de confianza de un Diputado o una fracción Legislativa son contestes con el resto del personal administrativo de ese Poder de la República, podría significar un traslape en el sano principio de la división de poderes, dado que el Poder Judicial, sobre la base de denuncias de enemigos políticos, revisa lo actuado por una fracción en este campo. Asegura que el constituyente al redactar el artículo 77 constitucional, manifestó su preocupación en torno a la división de poderes, versus la necesidad de que fuera la Corte Suprema de Justicia la que autorizara el levantamiento de la inmunidad de los Diputados y que fuese ese órgano el que instruyera las causas contra los miembros de los supremos poderes. Estima que la Sala Tercera carece de competencia constitucional para juzgar a los miembros de los supremos poderes y consecuentemente, para autorizar actos de investigación en causas por delitos funcionales para los que tampoco tiene competencia la Fiscalía General de la República. Lo anterior, con fundamento en los artículos 110 y 121 inciso 9) de la Constitución Política. Sin embargo, se ha interpretado a partir del numeral 394 impugnado, que es conforme a Derecho que el legislador asignara a la Fiscalía General y a la Sala Tercera, un importante rol en el proceso especial para juzgamiento de miembros de los supremos poderes. Entonces la competencia para juzgar y realizar, ordenar o autorizar cualquier acto de investigación contra un miembro de supremos poderes, no puede ser competencia de otro órgano más que la Corte Plena ya que dichos actos son indelegables e intransferibles por disposición constitucional. Insiste en que el constituyente fue sabio en su decisión porque precisamente instruir causas en contra de miembros de supremos poderes solo debe ser objeto del conocimiento de la totalidad de la Corte Suprema de Justicia dada la relevancia e importancia que ello conlleva para el sistema democrático. Considera que es un error de la Fiscalía General perseguir y acusar todas las causas que se denuncian en contra de los representantes de los Supremos Poderes porque ello puede reflejar una falsa impunidad que nada bien le hace al sistema democrático. Específicamente, en cuanto al artículo 56 de la LOPJ establece como parte de las competencias de la Sala Tercera, conocer de las causas penales contra los miembros de los Supremos Poderes, lo que a su juicio es inconstitucional, pues sus defendidos se encontraban en el ejercicio de sus cargos como diputados de la República y miembros del Directorio Legislativo y fueron acusados por enemigos políticos por un supuesto delito funcional en el mismo momento en que ejercían sus cargos, por lo que la inmunidad constitucional que busca blindar a los representantes populares, para que no sean víctimas de inescrupulosos, no surtió efecto alguno en este caso. Incluso con grave peligro para el sistema democrático uno de sus defendidos ocupaba la Presidencia de la Asamblea Legislativa, por lo que debió haberse considerado si la denuncia, fue realizada por adversarios políticos, respondía a una intención anti democrática, anti jurídica o incluso delictiva de querer variar el destino de sus decisiones. Por otra parte, afirma que la autorización legislativa que contempla el artículo 394 cuestionado, es únicamente, para que la Fiscalía General formule la acusación o solicite la desestimación ante la Corte Suprema de Justicia, según corresponda, pero en el caso concreto se hizo interpretación extensiva, para efectuar la solicitud de levantamiento del secreto bancario, en cuyo caso debía de ser de conocimiento de la Corte Plena. Además indica que en los actos iniciales de investigación para los que se autoriza a la Fiscalía General no existen razones procesales o jurisprudenciales para vedar o negar el derecho de defensa de los investigados. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha sido clara en señalar que el derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y los miembros de los supremos poderes no están exentos de ese derecho inalienable, sin embargo en el caso de sus representados fueron conculcados esos derechos, ya que estos elementos relativos al debido proceso, al derecho de defensa y al principio de inocencia, durante todo el proceso no fueron observados desde el inicio de la causa. Asimismo, reclama que el artículo 394 del Código Procesal Penal al brindar al Ministerio Público, facultades de investigación previas al antejuicio, se vulnera el principio de supremacía constitucional máxime si lo investigado es un delito funcional. Desde esa perspectiva, es necesario el criterio de esta defensa el levantamiento del fuero de previo para iniciar un proceso penal, en ese tanto, los actos de investigación como el levantamiento del secreto bancario que se ejecutaron en la causa penal seguida en contra de sus representados, lejos de ser actos de investigación son un acto definitivo y lesionan el principio de igualdad el debido proceso y el derecho de defensa entre otros. Al respecto, cita la Opinión Consultiva de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de 26 de abril de 2008 sobre “Democracia y Derechos Humanos en contextos de juicios políticos” Reclama que el levantamiento del secreto bancario ordenado en el proceso penal base, fue solicitado por la Fiscalía General y ordenado por la Sala Tercera sin que se le concediera audiencia, derecho a ser oídos o derecho de defensa alguno a sus representados. Dicho levantamiento se ordenó y realizó sin que existiera pleno conocimiento de la Corte Plena, sin que se realizara el ante juicio en la Asamblea Legislativa, y para su realización bastó la denuncia que interpusieron enemistades políticas cuyas manifestaciones no fueron puestas en duda por la Fiscalía General. El artículo 615 del Código de Comercio establece la inviolabilidad de las cuentas corrientes, es decir de su información, no obstante esa privacidad se considera extensiva a otro tipo de información bancaria por su naturaleza según el artículo 24 de la Constitución Política. Otro aspecto que reclama el actor es el plazo que tiene eventualmente la Fiscalía General para formular la acusación. En el caso concreto se ventilan hechos del año 2006 que fueron indagados hasta el año 2016 lo que representa un exceso en la atribución de la Fiscalía General que investigó hechos nada complejos durante nueve años. Lo anterior, indica que de forma conveniente la Fiscalía General evitó someter la causa que sirve de objeto base de esta acción de inconstitucionalidad al ante juicio de la Asamblea Legislativa, pues los legisladores, conocedores de la materia y de la forma en que se relacionan con sus empleados de confianza en las fracciones políticas, hubiesen rechazado en su momento el levantamiento de la inmunidad. Por lo anterior, considera que la inexistencia de un plazo razonable para que la Fiscalía General formule a la Corte Plena la acusación y esta a su vez solicite el ante juicio es otra razón de inconstitucionalidad, del artículo 394 del Código Procesal Penal, que le concede exacerbado poder a ese órgano del Poder Judicial. Asegura que no existe justificación para que se retardara tantos años la formulación de una acusación en la que a todas luces es evidente que la Fiscalía General evitó la realización del antejuicio, constituyéndose lo anterior en un odioso vicio del debido proceso. En resumen, alega que el artículo 56 inciso 2) de la LOPJ es inconstitucional por cuanto el legislador ordinario al aprobar la Ley de Reorganización Judicial N° 7728 del 15 de diciembre 1997 no tomó en cuenta que el Constituyente estableció que cualquier proceso judicial que involucrara a miembros de Supremos Poderes debía de ser conocido en cualesquiera de sus etapas, de manera exclusiva y excluyente por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia y no por una porción de ésta, es decir una de sus Salas. Esto violenta el principio de legalidad, el principio de igualdad, el debido proceso y consecuentemente el derecho de defensa, así como el principio de juez natural y el principio de inocencia por cuanto los miembros de Supremos Poderes objeto de una investigación de carácter penal se encuentran sometidos a una porción de quienes han sido designados por el constituyente para su juzgamiento en todas sus etapas. Igualmente el artículo 394 del Código Procesal Penal representa una autorización inconstitucional a la Fiscalía General que si bien es cierto es el órgano que debe de perseguir penalmente las acusaciones que sean planteadas en contra de los miembros de los Supremos Poderes, debe de tener límites que se encuentran en la propia Constitución Política y sus principios así como en los principios que forman parte del debido proceso. Desde ese punto de vista, considera que ese órgano del Poder Judicial no se encuentra autorizado para la realización de actos tales como el levantamiento del secreto bancario de los miembros de los supremos poderes a menos que dicho acto haya sido autorizado por la Corte Plena. Además no debe de retrasar los procesos de manera injustificada e innecesaria pues ello representa un vicio a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Decidir no acusar una causa para evitar el ante juicio por muchos años, existiendo la posibilidad previa es un acto discrecional evidentemente inconstitucional en el que incurre la Fiscalía General. Lo anterior puede generar violación del principio de juez natural de conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 35. 39 y 41 de la Constitución Política. Considera que sus defendidos deben ser juzgados por la Corte Plena, aunque ya no ostenten los cargos por los cuales se les achacan los hechos de la causa penal. A su juicio los artículos indicados son contrarios al derecho de la constitución y al derecho internacional de los derechos humanos, violentando los artículos de los artículos 9, 11, 33, 35, 39, 41 y 110 de la Constitución Política, los artículos 7 y 8 incisos 1 y 2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 3, 5, y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como por violación al debido proceso, al derecho de defensa, al principio de igualdad y al principio de inocencia.

2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, el actor señaló que en contra de sus representados se tramita causa penal en expediente número 12-00031-033-PE, dentro del cual formuló recurso de apelación en contra del auto de apertura a juicio e invocó la inconstitucionalidad de las normas.

3.- Por oficio del 22 de octubre de 2019, se solicitó al Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, la remisión a esta Sala, del expediente judicial número 12-00031-033-PE.

4.- Por correo electrónico remitido por el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, el 13 de noviembre de 2019, se hace saber a esta Sala que el expediente judicial solicitado, no se encuentra en ese despacho, dado que el recurso de apelación planteado se declaró inadmisible y fue devuelto al despacho de origen.

5.- Por oficio del 14 de noviembre de 2019, se solicitó al Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, la remisión a esta Sala, del expediente judicial número 12-00031-033-PE.

6.- El 19 de noviembre de 2019, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, remitió a esta Sala copia certificada en formato digital del expediente número 12-00031-033-PE.

7.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 14:16 horas del 27 de noviembre de 2019, Oscar López Arias, exdiputado y persona con discapacidad, manifiesta que presenta el escrito como parte interesada pues es afectado e involucrado directo en el proceso que se sigue en el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, que se tramita en expediente número 12-00031-033-PE. Sostiene que es intolerable el hecho consumado del Ministerio Público, de poder levantar el secreto bancario a miembros de los Supremos Poderes de la República con solo un ordinario trámite ante la Sala III, lo cual debería calificarse como desproporcionada actuación que solo merece ser autorizada por el pleno de la Suprema Corte y nunca en una decisión en la que solamente 5 magistrados discuten algo tan delicado. Cuestiona además, la indagatoria en su caso concreto, pues durante el proceso penal, ha venido alegando que las personas con discapacidad tienen el derecho de ser sometidos a indagatorias de conformidad con la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, Ley número 8661, pero ni la Fiscalía, ni el Juez de la etapa preliminar quisieron atender sus alegatos, todo lo cual –asegura- se puede constatar en el expediente penal. También acusa la violación al principio de separación de poderes, dado que un poder judicial a través de la fiscalía, trata de intervenir sobre la forma en la que la Asamblea Legislativa tiene organizado su régimen de personal de confianza, aunque ni la propia Asamblea Legislativa denunció esos actos. El Ministerio Público desplegó su desbordada actuación, debido a una denuncia infundada y carente de sustento. Solicita que la acción planteada sea admitida y declarada con lugar.

8.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso, desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

I.- DE PREVIO. El presente asunto carece del timbre del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por la suma 275 colones, correspondiente a la autenticación del escrito de interposición, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley número 3245 y el Decreto Ejecutivo número 41457. Además, tampoco se aportaron los poderes correspondientes, que acrediten al señor Gonzalo Alberto Carrillo Delgado como representante judicial de Yessenia Esquivel Mondragón, Ingrid Madrigal Morera, Martin Monestel Contreras y Víctor Emilio Granados Calvo; ni la certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de las normas, dado que, solo se aportó copia simple. No obstante, por economía procesal se omite la prevención prevista en el artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción, por cuanto la acción resulta inadmisible por los motivos que se analizarán a continuación.

II.- SOBRE LA GESTIÓN DE COADYUVANCIA. Mediante escrito presentado a las 14:16 horas del 27 de noviembre de 2019, el ex diputado Oscar López Arias, manifiesta que se apersona como parte interesada, pues es afectado e involucrado directo en el proceso que se sigue en el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, que se tramita en expediente número 12-00031-033-PE. Por lo que solicita que se declare con lugar la acción planteada por el accionante. El artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece, al efecto, que en los quince días posteriores a la primera publicación del aviso a que alude el párrafo segundo del artículo 81, las partes que figuren en los asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción, o aquellos con interés legítimo, podrán apersonarse dentro de ésta, para coadyuvar en las alegaciones que pudieren justificar su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interesa. Dado que la coadyuvancia supone una intervención procesal accesoria y su suerte sigue a la de la intervención principal, por los motivos que se detallan infra en cuanto a la inadmisibilidad de la acción, debe denegarse la coadyuvancia formulada.

III.- OBJETO DE IMPUGNACIÓN. El accionante dirige la acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 56, inciso 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley número 8, y el artículo 394 del Código Procesal Penal, Ley número 7594, los cuales disponen lo siguiente:

“Artículo 56.-La Sala Tercera conocerá:

[…]

2)De las causas penales contra los miembros de los Supremos Poderes y otros funcionarios equiparados.”

“ARTICULO 394.-

Investigación inicial Cuando el Ministerio Público tenga noticia o se formule denuncia por un presunto delito, atribuido a alguna de las personas sujetas a antejuicio, el Fiscal General practicará la investigación inicial tendente a recabar los datos indispensables para formular la acusación o solicitar la desestimación ante la Corte Suprema de Justicia, según corresponda.”

Alega que el artículo 56 inciso 2) es inconstitucional por cuanto el legislador ordinario al aprobar la Ley de Reorganización Judicial N° 7728 del 15 de diciembre 1997 no tomó en cuenta que el Constituyente estableció que cualquier proceso judicial que involucrara a miembros de Supremos Poderes debía de ser conocido en cualquiera de sus etapas, de manera exclusiva y excluyente por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia y no por la Sala Tercera. Esto violenta el principio de legalidad, el principio de igualdad, el debido proceso y consecuentemente el derecho de defensa, así como el principio de juez natural y el principio de inocencia. Asimismo, el artículo 394 del Código Procesal Penal representa una autorización inconstitucional a la Fiscalía General que si bien es cierto es el órgano que debe de perseguir penalmente las acusaciones que sean planteadas en contra de los miembros de los Supremos Poderes, debe de tener límites que se encuentran en la propia Constitución Política y sus principios así como en los principios que forman parte del debido proceso. Desde ese punto de vista, considera que ese órgano del Poder Judicial no se encuentra autorizado para la realización de actos tales como el levantamiento del secreto bancario de los miembros de los supremos poderes a menos que dicho acto haya sido autorizado por la Corte Plena. Además no debe de retrasar los procesos de manera injustificada e innecesaria pues ello representa un vicio a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Todo lo anterior, vulnera los artículos 9, 11, 33, 35, 39 y 41 9 y 110 de la Constitución Política, así como los artículos 7 y 8 incisos 1 y 2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 3, 5 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, por violación al debido proceso, al derecho de defensa, al principio de igualdad y al principio de inocencia, el derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente. Además de la violación a los principios de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

IV.- INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN POR NO CONSTITUIR MEDIO RAZONABLE PARA AMPARAR EL DERECHO. En reiteradas ocasiones, esta Sala ha considerado que el proceso de acción es principalmente, de carácter incidental, por lo que se requiere que exista un asunto pendiente de resolver en vía administrativa o judicial, dentro del cual se haya invocado la inconstitucionalidad de la norma como medio razonable para amparar el derecho que se considera lesionado. Dichos requisitos no pueden ser analizados como una cuestión meramente formal, pues no basta con su simple cumplimiento, se requiere además, que la norma impugnada a través de esta vía sea susceptible de ser aplicada y tenga una incidencia directa sobre el asunto que sirve como base, de tal suerte, que lo resuelto en la acción sirva como un medio razonable para amparar el derecho lesionado dentro del asunto previo. Si por el contrario, no existe una conexidad directa entre el objeto de discusión del asunto base y lo impugnado en la acción, o bien, la norma no es susceptible de aplicación; no resulta posible que esta Sala se pronuncie sobre la la constitucionalidad de una norma, cuando esto no afectaría -en modo alguno- a las partes en el asunto base, por lo que el pronunciamiento de este Tribunal en esas circunstancias solo serviría como ejercicio académico, lo cual no es compatible con la naturaleza de un proceso de acción de inconstitucionalidad.

Ahora bien, en el caso particular, resulta claro que las normas impugnadas se refieren al procedimiento especial para juzgar en la vía penal, a los miembros de los supremos poderes. A fin de fundamentar su legitimación, el accionante citó la causa penal que se tramita en expediente número 12-00031-033-PE, ante el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. No obstante, del estudio de dicho expediente (solicitado “ad effectum videndi” por esta Sala), dicho asunto se está tramitando en la vía penal ordinaria y no a través del procedimiento especial para juzgar miembros de los supremos poderes, lo anterior, debido a que los señores Martin Monestel Contreras, Víctor Emilio Granados Calvo y Oscar López Arias, ya no ocupan el cargo de Diputados de la República (véase folio 7320 de la certificación de expediente digital). En ese sentido, el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, a las 10:00 horas del 10 de julio de 2019, dictó auto de apertura a juicio y rechazó las excepciones planteadas por el accionante en su condición de defensor, en relación con el tema de la inmunidad (folios 92-220 de la certificación del expediente penal). Con base en lo anterior, este Tribunal considera que la presente acción no resulta un medio razonable para amparar el derecho que se considera lesionado, toda vez que, las normas no son susceptibles de aplicación en el asunto base. Respecto de las señoras Yessenia Esquivel Mondragón e Ingrid Madrigal Morera, tal como lo indica el propio accionante, ellas no han ocupado, ni ocupan actualmente, el cargo de Diputadas, por ende, las normas impugnadas no le son aplicables en su caso, al no ser miembros de los supremos poderes. Ahora bien, en cuanto a los señores Martin Monestel Contreras y Víctor Emilio Granados Calvo, si bien, ellos ocuparon los cargos de Diputados de la República, lo cierto es que, a la fecha de interposición de esta acción, la causa penal que se cita como base, se está conociendo a través de la vía ordinaria y no mediante el proceso especial para juzgar a los miembros de los supremos poderes, debido a que dejaron de ocupar esos cargos. De esta forma, se observa, que aunque las normas impugnadas sí fueron susceptibles de aplicación al inicio de la causa, actualmente, ya no son aplicables, en virtud del cambio de condiciones de las personas investigadas; por lo que el momento procesal oportuno para plantear los reclamos en torno a su aplicación ya pasó. En consecuencia y ante la falta de aplicación de las normas en el asunto base, la acción deviene inadmisible.

V.- INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN EN CUANTO A LA IMPUGNACIÓN DE ACTOS CONCRETOS. Por otra parte, el accionante reclama la violación a las garantías del debido proceso, así como a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, dado que en la causa penal que se sigue en contra de sus defendidos, no existe prueba de la supuesta comisión del delito, pues se trata de persecución política. Además, acusa que la Fiscalía General de la República solicitó el levantamiento del secreto bancario, sin darle audiencia y retrasó injustificadamente la investigación. Al respecto, cabe indicar que esos extremos constituyen actos concretos que deben discutirse dentro del mismo proceso penal y no a través de esta vía; no solo por cuanto ello excede la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad, sino porque además, no le corresponde a este Tribunal Constitucional pronunciarse sobre el fondo del asunto base, a fin de determinar el mérito de la denuncia, analizar las pruebas, o conocer el supuesto retardo del Ministerio Público al investigar, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 74 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

VI.- CONCLUSIÓN. En virtud de lo expuesto, la acción resulta inadmisible, por no constituir medio razonable para amparar el derecho que se considera lesionado, dado que las normas impugnadas no son susceptibles de aplicación en el asunto base.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano la acción, así como la coadyuvancia presentada por Oscar López Arias. El Magistrado Rueda Leal salva el voto y ordena dar curso a la acción.

Fernando Castillo V.

Presidente a.i.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Esquivel R.


Expediente 19-0185850007-CO

Voto salvado del Magistrado Rueda Leal. Con el respeto acostumbrado me separo del criterio de la mayoría por los siguientes motivos. En la sentencia de este Tribunal se ha considerado que esta “…acción no resulta un medio razonable para amparar el derecho que se considera lesionado, toda vez que, las normas no son susceptibles de aplicación en el asunto base. Respecto de las señoras Yessenia Esquivel Mondragón e Ingrid Madrigal Morera, tal como lo indica el propio accionante, ellas no han ocupado, ni ocupan actualmente, el cargo de Diputadas, por ende, las normas impugnadas no le son aplicables en su caso, al no ser miembros de los supremos poderes. Ahora bien, en cuanto a los señores Martin Monestel Contreras y Víctor Emilio Granados Calvo, si bien, ellos ocuparon los cargos de Diputados de la República, lo cierto es que, a la fecha de interposición de esta acción, la causa penal que se cita como base, se está conociendo a través de la vía ordinaria y no mediante el proceso especial para juzgar a los miembros de los supremos poderes, debido a que dejaron de ocupar esos cargos. Si bien se arguye que el proceso penal no se tramita actualmente como uno especial para miembros de los supremos poderes, no menos cierto es que la Sala Tercera sí actuó en ese proceso penal al resolver el levantamiento del secreto bancario, según lo indicado por la parte accionante. En otras palabras, en caso de prosperar el alegato de constitucionalidad esgrimido, la prueba recabada mediante esa diligencia podría resultar ilegítima, con las respectivas consecuencias para el proceso penal. Sin prejuzgar sobre la procedencia o veracidad de tales alegatos, sí considero que existen elementos suficientes para cursar la acción, de manera que esta sea conocida con la amplitud plena del proceso de constitucionalidad.

Paul Rueda L.

EXPEDIENTE N° 19-018585-0007-CO

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