Sentencia Nº 2020-001603 de Sala Segunda de la Corte, 28-08-2020

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2020-001603
Fecha28 Agosto 2020
Número de expediente18-000840-0679-LA
*180008400679LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 18-000840-0679-LA
Res: 2020-001603
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas del veintiocho de agosto de dos mil veinte.
Proceso de protección en fueros especiales y tutela del debido proceso establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, por [Nombre 001] , oficial de seguridad, contra la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, representada por su alcalde [Nombre 004] , administrador. Figuran como apoderados especiales judiciales; del actor, el licenciado Danilo Powell Pritchard, y de la demandada, los licenciados Alexander Godínez Vargas, vecino de San José, y José Miguel Granados Benavides, vecino de Heredia. Todos mayores, casados, abogados y vecinos de Limón, con las excepciones indicadas.
Redacta la Magistrada Varela Araya; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES. El actor demandó a la Municipalidad de Limón, para la que labora desde el 23 de setiembre de 2014, como agente de seguridad y vigilancia. Indicó que el 21 de noviembre de 2018, fue despedido sin previamente realizar un debido proceso. Adujo que trabajaba horas extra y que sus labores eran muy riesgosas, sobre todo en las jornadas nocturnas, sin que se le pagara la jornada extraordinaria ni el plus de Riesgo Policial, tampoco anualidades. Aclaró que no es cierto que sea un empleado ocasional -como lo indica la acción de personal del despido-, ya que a pesar de estar nombrado como interino, laboró de manera continua. Agregó que se le adeudan vacaciones del período 2017-2018. Solicitó como medida cautelar la reinstalación y que se declare el cese de su nombramiento como injustificado, discriminatorio e ilegal por no cumplirse el debido proceso, se le reinstale en su condición de interino, con los derechos que le corresponden por antigüedad, así como el pago de salarios caídos, de anualidades, del plus de Riesgo Policial y Riesgo Laboral, horas extra “que no ha querido pagar, de la misma forma que pague las extras por los cambios de turnos, días feriados y todas las extras que en algunas formas se pagaron y que han sido mal pagadas”, daños -salarios caídos- los que estimó prudencialmente en la suma de cinco millones de colones, y perjuicios, los que adujo eran el detrimento de su esfera no patrimonial sufrido a causa del cese de su nombramiento y del hostigamiento laboral, la preocupación de no saber cómo mantener a su familia, no poder encontrar rápido otro trabajo, mismos que estimó en ocho millones de colones. Solicitó intereses legales e indexación, el 25% que establece el artículo 62 de la Convención Colectiva de la Municipalidad de Limón y que se condene al pago de ambas costas. La parte demandada contestó de manera extemporánea. En sentencia n.º 2019-000347 de las 11:24 horas del 16 de mayo de 2019, el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, declaró sin lugar el proceso de fuero especial por violación al debido proceso. Resolvió sin especial condena en costas.
II.- SÍNTESIS DEL RECURSO. El actor impugna el fallo del Juzgado y aduce que la jueza no analizó los argumentos de la demanda para dictar la sentencia. Por ejemplo tuvo por probado que se encontraba nombrado bajo el programa II, actividades jornales ocasionales, del código presupuestario 02-02-01-01-02, de conformidad con el oficio n.º OAMSB-657-2017, sin indicar que la acción de personal señalada en la acción tiene el código n.º 02-17-01-01-02, y no el indicado por la jueza. Agrega que la juzgadora señaló un número de presupuesto que no dicen las acciones de personal, por lo que estima que ella estudió otro expediente, ya que ni los números de folios corresponden. Aduce que se indicó en el fallo recurrido que la prueba valorada fue aportada por ambas partes, por lo que cuestiona, si la demandada contestó la acción de manera extemporánea, por qué la jueza valoró las pruebas presentadas. Añade que se expuso que la Alcaldesa en ejercicio informó a la Oficina de Talento Humano que no se iba a renovar temporalmente los contratos con partidas ocasionales, tesis que estima es infundada, ya que no se justificó por estudio técnico, ni se aportó prueba alguna de parte del departamento de presupuesto, indicando que se presentó a la Contraloría General de la República una solicitud de aprobación de modificación presupuestaria para poder seguir contratando al personal interino que llevaba más de cinco años en esa modalidad y que fue despedido. Alega que no es posible que después de tantos años se supriman dichos puestos, aunado a ello, pudo haber sido trasladado a la policía municipal. Reitera que los procesos de reestructuración deben contar con criterios objetivos que aseguren la transparencia de esos procesos. Por lo anterior, pide que se acoja el recurso y se declare con lugar la demanda.
III.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. En la demanda, el actor alegó que laboraba como Agente de Seguridad de la Municipalidad de Limón y fue cesado sin realizarle un debido proceso, de manera injustificada. En el fallo recurrido, el Juzgado resolvió sin lugar la demanda, porque de la prueba aportada al expediente por el propio accionante en el escrito de interposición de la demanda, se desprende que el actor se encontraba nombrado bajo el programa II, actividades ocasionales, del código presupuestario 02-02-01-01-02 y que los contratos con cargo a la partida de jornales ocasionales no serían renovados temporalmente porque se agotó la partida presupuestaria, condición objetiva para dar por concluido el contrato, por lo que concluyó que no hubo discriminación alguna, conclusión con la que luego de estudiado el material probado que consta en autos, concuerda esta Sala. Los procesos de protección en fueros especiales y tutela del debido proceso, regulados a partir del numeral 540 del Código de Trabajo, resguarda n a los trabajadores y a las trabajadoras del sector público para la tutela del debido proceso a que tengan derecho de acuerdo con el ordenamiento constitucional y legal (artículo 540, inciso 2). El actor adujo que no se siguió el debido proceso, por lo que procede comprobar que no existe una causal objetiva de despido. El ordinal 506 del Código de Trabajo dispone que si la parte demandada no contesta oportunamente la demanda, se tendrán por ciertos los hechos, pero aclara que al emitir pronunciamiento, se tomará en cuenta las pruebas que existan en el expediente, que impidan tener por ciertos los hechos de la forma expuesta en la demanda. En aplicación de esta disposición, el Juzgado indicó: “Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 506 del Código de Trabajo, si la parte demandada no contestara oportunamente la demanda, se dictará sentencia anticipada, en la cual se tendrán por ciertos esos hechos y se emitirá pronunciamiento sobre las pretensiones deducidas. Además, se dispone que al emitir pronunciamiento, salvo el caso de allanamiento, se tomarán en cuenta las pruebas que existan en el expediente, que impidan tener por ciertos los hechos de la forma expuesta en la demanda”. No es verdad que se analizara la prueba aportada por la Municipalidad accionada con la contestación extemporánea que presentó, toda vez que únicamente tomó en consideración la que presentó el actor junto con el escrito de la demanda. En ese sentido, tampoco es de recibo el alegato del recurrente en cuanto que en la demanda y en la contestación se aportó prueba distinta, por lo que cuestiona cómo es posible que el expediente administrativo de un trabajador tenga distintos documentos, lo anterior porque, como se indicó anteriormente, el Juzgado no valoró la prueba aportada por la accionada. Sobre las razones del despido, de la prueba traída por el actor al proceso, se desprende lo siguiente. En oficio número OTH-714-2018 del 9 de noviembre de 2018, al actor se la comunicó el cese de su nombramiento. Se le indicó: “Como es de su conocimiento, su contratación como empleado ocasional de esta Municipalidad, ha sido siempre con cargo a las partidas presupuestarias de Servicios Especiales o Jornales Ocasionales. Bajo esta modalidad de contratación, de conformidad con el artículo 152 del Código Municipal, su nombramiento y permanencia en el puesto depende de que exista el contenido presupuestario necesario para ello. De conformidad con los oficios AML-2197-2018 y no existiendo el presupuesto que nos permita seguirlo (a) contratando, se comunica que su nombramiento como empleado ocasiones, finaliza a partir del próximo 21-11-2018…” (imagen 7 de la demanda). En el oficio AML-2197-2018 del primero de noviembre de 2018, citado en el oficio OTH-214-2018, la Alcaldesa en ejercicio, informó al Jefe de la Oficina de Talento Humano que: “En vista de que la partida presupuestaria de jornales se agotó, la Administración bajo el principio de la sana Administración se ve en la imperiosa obligación de NO renovar temporalmente los nombramientos con cargo a la partida de jornales ocasionales…Por lo tanto, este despacho le informa que el personal ocasional laborará hasta el 21 de noviembre del año en curso” (imágenes 16 y 17). En la acción de personal número 1513-2018 (imagen 9), al actor se le nombró por el periodo del 21 de octubre al 21 de noviembre de 2018 y se indicó: “Al finalizar este nombramiento NO se renovará los nombramientos de cargo a la partida de jornales ocasionales”. Por ende, es claro que el demandante ya conocía sobre las razones del cese de su nombramiento, mismo que obedeció a causas objetivas, pues don [Nombre 001] sabía que su contratación fue hecha como trabajador ocasional. Esta condición lo que implica es que su salario no es pagado con fondos ordinarios de la Municipalidad, sino con partidas presupuestarias extraordinarias, por lo que su continuidad está sujeta a la existencia de estos fondos. Esta condición fue indicada en todas las acciones de personal que el propio señor [Nombre 001] aportó al expediente, por lo que no puede alegar ignorancia de la falta de estabilidad que tenía. Incluso, como se apuntó líneas atrás, en la última acción de personal (1513-2018), expresamente se le dijo que su nombramiento ya no sería prorrogado y las razones por las cuales cesaría. El hecho de que sus nombramientos se prorrogaran por cuatro años, desde el año 2014, siempre en la misma condición de empleado ocasional, no le da derecho a que continúen prorrogando. Nótese que la fecha de vencimiento del último nombramiento fue respetada y hasta que concluyó el actor se mantuvo en su puesto. Varias razones fueron expuestas por el accionante por las que considera que el cese de su nombramiento fue injusto, por ejemplo que no se tomó en consideración que tiene familia, préstamos personales, que habían otros trabajadores con menos tiempo de servicio; no obstante, estos no constituyen criterios técnicos por los cuales considerar violentado el debido proceso, ya que tampoco son criterios objetivos para determinar la permanencia de un trabajador. Se aprecia que no fue solo a don [Nombre 001] a quien no se le prorrogó el nombramiento, sino también a las demás personas trabajadoras que se encontraban en la misma condición de ocasionales. Es cierto que las jefaturas pidieron presupuesto para que se diera la prórroga de los nombramiento de varios funcionarios; no obstante, en ningún oficio aparece el nombre del actor, además, tampoco es un argumento que demuestre violación alguna a los derechos del señor [Nombre 001]. Es evidente que esta situación también causa un perjuicio a la Municipalidad, quien contaba con ocho agentes de seguridad, de los cuales solamente la mitad (cuatro) estaban nombrados de manera ordinaria, por lo que se quedaron sin la mitad de sus agentes. No consta en autos la afirmación del actor que hay trabajadores suplentes realizando las labores que él hacía. Tampoco se requiere prueba documental que justifique las razones por las cuales se presupuesto se agotó, pues es suficiente con la prueba que consta en autos para asegurar que este se acabó y esa fue la razón por la que el nombramiento del actor no se prorrogó. Aunado a ello, tampoco era deber de la demandada solicitarle a la Contraloría General de la República aumentar el presupuesto. El demandante no tenía un derecho adquirido y, por ende, tampoco el Gobierno Local tenía la obligación de trasladarlo. No se advierte ningún indicio de que no se haya actuado con transparencia, el actor siempre tuvo conocimiento de la condición inestable en la que se encontraba. En el recurso, el accionante reclama que era afiliado al Sindicato y que lo protegía el fuero sindical; sin embargo, este aspecto no fue indicado en la demanda, por lo que el Juzgado no se pronunció sobre este extremo, razón por la que deviene novedoso, pero como se ha reiterado a lo largo de esta sentencia, de la prueba aportada al expediente, se aprecia que el despido fue motivado por una causa objetiva. El numeral 127 del Código Municipal dispone: “Para los efectos de este artículo, son funcionarios interinos los nombrados para cubrir las ausencias temporales de los funcionarios permanentes, contratados por la partida de suplencias o por contratos para cubrir necesidades temporales de plazo fijo u obra determinada y amparada a las partidas de sueldos por servicios especiales o jornales ocasionales”. El actor considera que a él no le aplica ninguno de estos supuestos; no obstante, analizar si la Municipalidad podía o no contratar sus servicios por la modalidad de pago con partidas de suplencias, no corresponde hacerlo en este proceso, en el que se discute únicamente si existieron razones objetivas para la falta de prórroga del nombramiento. Por último, debe aclararse que no es verdad que la juzgadora haya valorado prueba que no es parte del expediente, lo que comprobó esta Sala revisando cada una de la prueba por ella citada y corroborando que son parte del expediente. Además, si bien el código presupuestario citado en la acción de personal número 01513-2018, es el 02-17-01-01-02, y el que indicó la jueza fue el 02-02-01-01-02, se trata de un error material, toda vez que el análisis por ella realizado corresponde a la situación fáctica del demandado. Por las razones indicados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Alexis Fernando Vargas Soto
Res: 2020-001603
NROSITO/SHERRERAC
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