Sentencia Nº 2020000460 de Sala Constitucional, 10-01-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente19-023678-0007-CO
Fecha10 Enero 2020
Número de sentencia2020000460

*190236780007CO*

Exp: 19-023678-0007-CO

Res. Nº 2020000460


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas veinte minutos del diez de enero de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 19-023678-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002] , cédula de identidad [Valor 002] , contra EL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA Y EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA, PRESIDENTA EJECUTIVA DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA.

Resultando:

1.- Por escrito agregado al Sistema Electrónico de Gestión de este Despacho en fecha 11 de diciembre de 2019, la recurrente, interpone recurso de amparo a favor de la menor amparada. Indica que el 10 de diciembre de 2019, se levantó, alistó a su hija menor y la sentó en la cama que comparte con ella, mientras terminaba de alistarse. Como andaba con el período de menstruación no se percató que sentó a su hija en una mancha de sangre y en esa condición dejó a su hija en la guardería. Por esa razón fue llamada de la guardería para que diera explicaciones, pero en ese momento se le imposibilitó presentarse. Expone que al recoger a su hija a las 15:30 horas de ese mismo día, le informaron que la habían trasladado al Hospital San Rafael de Alajuela y únicamente le entregaron a su hija mayor. Ante la solicitud de explicación a los funcionarios de la guardería, le informaron que tienen que cumplir un protocolo de investigación, en el cual estaba involucrado el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Fiscalía. Afirma que cuando acudió al hospital accionado, la acusaron de ser una madre agresora. Posteriormente el Servicio de Trabajo Social se presentó a su casa y solo entrevistaron a su madre. Ante dicha situación se dirigió la PANI, donde le indicaron que no existe ningún proceso en su contra, mientras que en la Fiscalía le dijeron que solo tienen un protocolo de investigación. Reclama que, pese a que en el hospital recurrido le realizaron los exámenes a su hija y determinaron que se encuentra bien, en el momento en que acudió en amparo no le habían devuelto a la menor tutelada, con el argumento de que debe esperar una resolución del Servicio de Trabajo Social. Mientras tanto las demás autoridades le indicaron que la niña está en poder de la Caja Costarricense de Seguro Social, por lo que debe esperar que se realicen los trámites. Alega que la menor tenía más de 24 horas de estar en ese lugar y no había comido ni tomado el chupón. Refiere la intervención de este Tribunal con el fin que se le devuelva a su hija.

2.- Mediante resolución de Presidencia de las 11:44 horas del 18 de diciembre de 2019, se dio curso al amparo y se solicitó informe a la Presidenta Ejecutiva, al C. y al Jefe del Departamento de Trabajo Social, ambos de la Oficina Local de Alajuela, todos del Patronato Nacional de la Infancia, así como al Director General del Hospital San Rafael de Alajuela.

3.- Mediante escrito agregado al Sistema Electrónico de Gestión de este Despacho el 20 de diciembre de 2019, rinde informe bajo fe de juramento, A.L.A.Á., C.a ai y C.Q.A., Trabajadora Social, ambas de la Oficina Local de Alajuela Oeste del Patronato Nacional de la Infancia. Indican que "…ACTUACIÓN OFICINA LOCAL ALAJUELA OESTE Las denuncias RDOLAOO18262O19 y RDOLAO018392019 fueron asignadas a la Trabajadora Social Licda. C.Q.A., fueron presentadas el 11 de diciembre de 2019, por un correo del Centro Educativo de la persona menor de edad [Nombre 002], ya que "presentaba rastros de sangre en su ropa, situación por la cual el centro educativo procedió a la activación del protocolo correspondiente." Ese mismo día a la niña L. fue ingresada al Hospital San Rafael de Alajuela para que valoraran un presunto abuso sexual o negligencia. Ante esto, se re abre el expediente administrativo [Valor 003], ya que anteriormente, se registró por parte de esa misma oficina local, antecedentes por supuesto abuso sexual, negligencia y conflictos familiares entre los padres, por lo que se realizó una modificación de guarda, crianza y educación provisional a favor de la niña [Nombre 017] con su padre, no obstante, dicha modificación fue revocada y se realizó el retorno de la niña con su madre. La madre siguió las recomendaciones de la Oficina Local tanto en academia de crianza, como en psicología a de dicha oficina. Por la niña L. no existen antecedentes institucionales hasta la fecha, únicamente las denuncias actuales. El 12 de diciembre de 2019, la Oficina Local de Alajuela Oeste recibió la referencia del Hospital San Rafael de Alajuela sobre lo acontecido. No se indica que debe haber egreso de la persona menor de edad acompañada de personeros de esta institución ni que el PANI haya tenido que intervenir por la posible situación de riesgo. No se ha dictado ninguna medida de protección, ya que se encuentra en investigación preliminar. La Oficina Local de Alajuela Oeste conversó con la madre de forma telefónica donde indicó que las personas menores de edad se encontraban con ella y que interpuso el recurso de amparo, porque el Hospital citado no le permitió contacto con su hija L.. La progenitora se presentó ante la Fiscalía el 19 de diciembre del presente año, como parte del proceso de investigación por la denuncia planteada. Se citó a la madre como parte de la investigación, a la Oficina Local el 13 de enero de 2020. En la investigación realizada por el Hospital, se indicó que había a negligencia en cuanto a la higiene y salud de las personas menores de edad y se descartó el abuso sexual. Esta Institución no ha realizado ninguna violación de derechos en la atención de las personas menores de edad ni a la madre, puesto lo que ha realizado hasta este momento, es recibir las denuncias planteadas y citar a la progenitora para continuar con la investigación…".

4.- Mediante escrito agregado al Sistema Electrónico de Gestión de este Despacho el 23 de diciembre de 2019, rinde informe bajo fe de juramento, P.V.H., en su doble condición de Ministra de la Niñez y la Adolescencia y Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia. Indica que "…Este caso se presentó ante la Oficina Local de Alajuela Oeste el 11 de diciembre de 2019, por un correo del Centro Educativo de la persona menor de edad [Nombre 002], ya que "presentaba rastros de sangre en su ropa, situación por la cual el centro educativo procedió a la activación del protocolo correspondiente."Ese mismo día la niña L. fue ingresada al Hospital San Rafael de Alajuela para que valoraran un presunto abuso sexual o negligencia. Ante esto, se re abre el expediente administrativo [Valor 003], ya que anteriormente, se registró por parte de esa misma oficina local, antecedentes por supuesto abuso sexual, negligencia y conflictos familiares entre los padres, por lo que se realizó una modificación de guarda, crianza y educación provisional a favor de la niña [Nombre 017] con su padre, no obstante, dicha modificación fue revocada y se realizó el retorno de la niña con su madre. La madre siguió las recomendaciones de la Oficina Local tanto en academia de crianza, como en psicología de dicha oficina. Por la niña L. no existen antecedentes institucionales hasta la fecha, únicamente las denuncias actuales. El 12 de diciembre de 2019, la Oficina Local de Alajuela Oeste recibió la referencia del Hospital San Rafael de Alajuela sobre lo acontecido. No se indica que debe haber egreso de la persona menor de edad acompañada de personeros de esta institución ni que el PANI haya tenido que intervenir por la posible situación de riesgo. No se ha dictado ninguna medida de protección, ya que se encuentra en investigación preliminar. La Oficina Local de Alajuela Oeste conversó con la madre de forma telefónica donde indicó que las personas menores de edad se encontraban con ella y que interpuso el recurso de amparo, porque el Hospital citado no le permitió contacto con su hija L.. La progenitora se presentó ante la Fiscalía el 19 de diciembre del presente año, como parte del proceso de investigación por la denuncia planteada. Se citó a la madre como parte de la investigación, a la Oficina Local el 13 de enero de 2020. En la investigación realizada por el Hospital, se indicó que había negligencia en cuanto a la higiene y salud de las personas menores de edad y se descartó el abuso sexual. Esta Institución no ha realizado ninguna violación de derechos en la atención de las personas menores de edad ni a la madre, puesto lo que ha realizado hasta este momento, es recibir las denuncias planteadas y citar a la progenitora para continuar con la investigación. La Oficina Local de Alajuela Oeste realizará el informe a este recurso de amparo, de forma separada…".

5.-Mediante escrito agregado al Sistema Electrónico de Gestión de este Despacho el 24 de diciembre de 2019, rinde informe bajo fe de juramento, R.U.C., Directora Médica por recargo del Hospital San Rafael de Alajuela. Indica que "…En el caso sub examine; la persona menor de edad [Nombre 002], fue traída al Servicio de Emergencias por las cuidadoras I.G.G., coordinadora académica y A.P.G. , asistente de Dirección, ambas del Centro de Cuido Graceland School, según se documentó al expediente digital EDUS no hay sospecha de historia franca negligencia, pero no de abuso sexual; ante esa conclusión médica el Servicio de Trabajo Social de este Hospital recomendó egreso en compañía de su madre y así se dio. En resumen, los hechos acaecieron en el mes en curso (diciembre 2019) la menor amparada fue traída al este Centro a las 15:12 horas del día 10, este amparo fue interpuesto el día 11 y el resguardo hospitalario concluyo con el egreso el día 12; razón por la cual se aclara que la razón de la visita y ingreso de la menor fue a solicitud de sus cuidadoras, una vez se expuso el motivo de consulta, código T-740 SÍNDROME MALTRATO y T.74 NEGLIGENCIA Y ABANDONO se procedió a realizar el protocolo establecido y se concluyó al dictaminarse que no había abuso sexual y se dispuso dar egreso en compañía de la madre. Durante la estancia de la menor, se dio la alimentación requerida, cuidados médicos y de enfermería, así como el abordaje interinstitucional (PANI-Fiscalía) correspondiente. Se refuta que se haya acusado a la madre de ser agresora y que la niña fuese alimentada (comida y chupón) durante el resguardo. Todo lo actuado se dio dentro de los alcances del artículo 13 del Código de la Niñez y la Adolescencia que indica: Derecho a la protección estatal: La persona menor de edad tendrá el derecho de ser protegida por el Estado contra cualquier forma de abandono o abuso intencional o negligente…". Así las cosas, en ningún momento le ha vulnerado ningún derecho fundamental al amparado, se niega y se refuta que el Hospital San Rafael de Alajuela, haya incumplido con los elementos esenciales e interrelacionados del derecho a la salud, a saber: disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad, de conformidad con lo establecido en la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU...".

6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

.-

Redacta la Magistrada H.L.; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO: La recurrente estima lesionados los derechos fundamentales de la menor amparada -[Nombre 002]- quien es su hija. Refiere que en fecha 10 de diciembre de 2019; sin percatarse, al alistar a su hija para dejarla en la guardería, le manchó de sangre su ropa, razón por la cual, se abrió un proceso de investigación en su contra y llevaron a la menor al Hospital San Rafael de Alajuela para examinarla. Acusa que al momento de la interposición del recurso de amparo, las autoridades médicas del Hospital San Rafael de Alajuela, no le habían hecho entrega de su hija.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

1. La recurrente es madre de la menor amparada - [Nombre 002]- (Hecho no Controvertido).

2. En fecha 10 de diciembre de 2019, la menor amparada, fue encontrada en el Centro de Cuido "Graceland School" con sangre en su ropa, razón por la cual, activaron el protocolo correspondiente ante la sospecha de una posible agresión u abuso sexual, poniendo en aviso al Patronato Nacional de la Infancia. (Ver informe rendido bajo fe de juramento).

3. El 10 de diciembre de 2019, la menor amparada, fue trasladada al Hospital San Rafael de Alajuela, acompañada de las cuidadoras I.G.G., coordinadora académica y A.P.G., asistente de Dirección, ambas del Centro de Cuido Graceland School, con el fin de valorar su condición médica y determinar si existió abuso sexual o negligencia en contra de la menor. (Ver informe rendido bajo fe de juramento).

4. El 11 de diciembre de 2019, la denuncia No. RDOLAOO18262O19 y No. RDOLAO018392019, fueron remitidas por parte del Centro de Cuido "Graceland School" vía correo electrónico, a la Oficina de Alajuela del PANI y asignadas a la Trabajadora Social C.Q.A.. (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada).

5. Existen antecedentes, por supuesto abuso sexual, negligencia y conflictos familiares entre los padres, por lo cual, la Oficina Local de Alajuela del PANI, realizó una modificación de guarda, crianza y educación provisional a favor de la niña [Nombre 017] -hermana de la menor amparada - con su padre, no obstante, dicha modificación fue revocada y se realizó el retorno de la niña con su madre -aquí recurrente-. (Ver informe rendido bajo fe de juramento y documentación aportada).

6. El 12 de diciembre de 2019, la Oficina Local de Alajuela Oeste recibió la referencia del Hospital San Rafael de Alajuela sobre lo acontecido. No se indica que debe haber egreso de la persona menor de edad acompañada de personeros de esta institución ni que el PANI haya tenido que intervenir por la posible situación de riesgo. (Ver informe rendido bajo fe de juramento).

7. El caso de la menor amparada se encuentra en etapa de investigación y no existen medidas de protección dictadas por parte del Patronato Nacional de la Infancia a favor de la menor. (Ver informe rendido bajo fe de juramento).

8. En la investigación realizada por parte del Hospital San Rafael de Alajuela, se indicó que había negligencia en cuanto a la higiene y salud de la persona menor de edad y se descartó el abuso sexual. (Ver informe rendido bajo fe de juramento).

9. El 12 de diciembre de 2019, el Hospital San Rafael de Alajuela, concluyó que no existía abuso sexual y dispuso dar egreso de la menor amparada, en compañía de la recurrente. (Ver informe rendido bajo fe de juramento).

10. El 18 de diciembre de 2019, el Director General del Hospital San Rafael de Alajuela y la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, fueron notificados de la resolución de las 11:44 horas del 18 de diciembre de 2019, que diera curso al presente amparo. (Ver acta de notificación en el Sistema Electrónico de Gestión de este Despacho).

III.- SOBRE LAS ATRIBUCIONES DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA. El Patronato Nacional de la Infancia, por disposición constitucional, es la institución autónoma encargada de la protección especial de los menores de edad. Además, otorga una protección especial al niño por parte del Estado, y establece la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad (artículos 51 y 55 de la Constitución Política). Al respecto, este Tribunal ha resuelto en lo conducente:

"(…) El legislador Constituyente en aras de proteger a la madre y al menor, creó con rango Constitucional, el Patronato Nacional de la Infancia, convirtiéndola en la Institución rectora, por excelencia, de la niñez costarricense. Este sentimiento expresado en esta norma, está indudablemente unido también al interés de proteger a la familia como uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Los artículos 51 y 55 preceptan pues, dos de los valores más arraigados de nuestro pueblo, valores que gracias a la aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, hoy son compartidos a nivel mundial, existiendo consenso sobre el deber del Estado de proteger siempre, el interés superior del menor (…)" (ver sentencia Nº 227-93 de las 12:36 hrs. del 15 de enero de 1993).

IV.- SOBRE EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO: Ésta S. en sentencias números 3173-93, de las 14:57 horas del 6 de julio de 1993 y 4205-96 de las 14:33 horas del 20 de agosto de 1996, dispuso:

"VIII.- El interés superior del niño. De igual manera, diferentes instrumentos internacionales reconocen e imponen el deber estatal de prestar particular protección a los derechos de los niños y las niñas; desde instrumentos declarativos como la misma Declaración Universal, y especialmente a partir de la aprobación y vigencia de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se ha dado un impulso determinante en la protección de este grupo especial, procurando que en todo momento se brinde la adecuada asistencia y respeto de los derechos a él reconocidos, dentro de los que sobresalen a efectos del presente recurso, la promoción de las condiciones necesarias para la convivencia familiar, así como el derecho de los niños a permanecer junto a sus padres, particularmente junto a su madre -artículo dieciséis del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o Protocolo de San Salvador-. La jurisprudencia de la S. es contundente en reconocer la protección que debe otorgarse a los derechos de los niños y las niñas, reconociendo, igualmente, al interés superior del niño su condición y naturaleza de principio general que, como tal, forma parte del ordenamiento jurídico y debe ser aplicado para que rija y gobierne toda actividad administrativa y judicial relacionada con las personas menores de edad. Ejemplo claro de la protección que la S. otorga al interés superior del niño, se encuentra en la sentencia número 2006-11262, de las quince horas del 24 de agosto de 2006, en la cual la S. manifestó: "III.- Sobre el interés superior del niño (a).- En materia de los derechos especiales que tienen los niños se encuentran varias normas de rango constitucional, internacional e infraconstitucional; reconociéndose en todas ellas el interés superior del niño (a) como criterio de toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años. (…) En igual sentido la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (aprobada y ratificada por nuestro país, mediante, la Ley No. 7184 del 18 de julio de 1990, la cual entró en vigencia, a tenor del numeral 2 de ese instrumento legal, el día de su publicación en La Gaceta No. 149 del 9 de agosto de 1990), le establece una serie de derechos a cualquier niño, independientemente, de su raza o nacionalidad (artículo 2°), tales como: el derecho a ser cuidado por sus padres (artículo 7º), el derecho a un "nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social" reconociéndose a los padres como los responsables primordiales de proporcionarles las condiciones de vida necesarias para su desarrollo y el deber del Estado de adoptar "medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho" (artículo 27) y en caso de tratarse además de un niño (a) mental o físicamente impedido el derecho a "disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren dignidad, permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad" además de "recibir cuidados especiales" (artículo 23). Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, precisa en su artículo 16, párrafo 3º, que "La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a la protección de la sociedad y del Estado" (en idéntico sentido artículo 23, párrafo 1º, del Protocolo Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966). Por su parte, el artículo 25, párrafo 2º, de la supraindicada Declaración señala que "La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales..." y, finalmente, en el artículo 24, párrafo 1º, se establece que "Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna... a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado". De las normas de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos transcritas, resulta, a todas luces, que los Estados tienen como deberes fundamentales la protección del interés superior del niño, evitando la desmembración del núcleo familiar y promover las condiciones necesarias para que gocen de la presencia permanente de la autoridad parental en especial cuando el niño (a) requiere cuidados especiales. Los derechos humanos o fundamentales y las obligaciones correlativas de los poderes públicos, han sido también, desarrollados en el plano infraconstitucional, tenemos así el Código de la Niñez y de la Adolescencia en general y la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, cuando se trate además de un niño (a) con necesidades especiales. Así, el Código de la Niñez y de la Adolescencia (Ley No. 7739) puntualiza que el norte interpretativo de toda acción pública o privada debe ser el interés superior del niño (artículo 5º). El ordinal 12 de ese cuerpo normativo estipula que el Estado deberá garantizar el derecho a la vida "con políticas económicas y sociales que aseguren condiciones dignas para la gestación, el nacimiento y el desarrollo integral". El numeral 29 establece la obligación del padre, la madre o la persona encargada de "velar por el desarrollo físico, intelectual, moral, espiritual y social de sus hijos menores de dieciocho años" y de "cumplir con las instrucciones y los controles que se prescriban para velar por la salud de las personas menores de edad bajo su cuidado" (artículo 45). Por su parte, además de todo lo dicho, cuando el niño (a) requiera de necesidades especiales en razón de su discapacidad entendida como "una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social" (artículo I de la Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad) es aplicable además los derechos de las personas discapacitadas, reconocidos también en normas internacionales (Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad ratificada por la Asamblea Legislativa mediante Ley N° 7948) y con rango legal la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N° 7600, publicada en La Gaceta del 29 de mayo de 1996. Así pues, a las personas discapacitadas se les debe garantizar igualdad de oportunidades, mediante la supresión de todos los obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos, económicos, sociales o psicológicos que excluyan o restrinjan su plena participación en la sociedad, en este sentido define el artículo 2 la estimulación temprana cuando dice que es toda aquella "atención brindada al niño entre cero y siete años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarcan todas las áreas del desarrollo humano…" y el artículo 13 de la Ley General de Salud No. 5395, del 30 de octubre de 1973 cuando reconoce el deber de los padres y el Estado de velar por la salud y el desarrollo de los niños: "Los niños tienen derecho a que sus padres y el Estado velen por su salud y su desarrollo social, físico y psicológico. Por tanto, tendrán derecho a las prestaciones de salud estatales desde su nacimiento hasta la mayoría de edad. Los niños que presenten discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y emocionales gozarán de servicios especializados.". En conclusión, luego de todo lo dicho es claro que a los niños le asisten una serie de derechos especiales y correlativamente al Estado y los padres o encargados de los niños le asisten una serie de obligaciones y deberes para con ellos, más aún cuando se trate de niños con necesidades especiales, todo lo cual tiene respaldos en numerosos instrumentos internacionales, en nuestra Constitución Política y en normas legales. (…)

V.- SOBRE EL CASO CONCRETO.- En el sub examine, la recurrente reclama que, en fecha 10 de diciembre de 2019; sin percatarse, al alistar a su hija para dejarla en la guardería, le manchó de sangre su ropa, razón por la cual, se abrió un proceso de investigación en su contra y llevaron a la menor al Hospital San Rafael de Alajuela para examinarla. Acusa que al momento de la interposición del recurso de amparo, las autoridades médicas del Hospital San Rafael de Alajuela, no le habían hecho entrega de su hija.

Ahora bien, del estudio del expediente y del informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas, se extrae, que en efecto, recurrente es madre de la menor amparada -[Nombre 002]-. Además, que en fecha 10 de diciembre de 2019, la menor amparada, fue encontrada en el Centro Centro de Cuido "Graceland School" con sangre en su ropa, razón por la cual, activaron el protocolo correspondiente ante la sospecha de una posible agresión u abuso sexual, poniendo en aviso al Patronato Nacional de la Infancia. Aunado a lo anterior, que el 10 de diciembre de 2019, la menor amparada, fue trasladada al Hospital San Rafael de Alajuela, acompañada de las cuidadoras I.G.G., coordinadora académica y A.P.G., asistente de Dirección, ambas del Centro de Cuido Graceland School, con el fin de valorar su condición médica y determinar si existió abuso sexual o negligencia en contra de la menor. Posteriormente, el 11 de diciembre de 2019, la denuncia No. RDOLAOO18262O19 y No. RDOLAO018392019, fueron remitidas por parte del Centro de Cuido "Graceland School" vía correo electrónico, a la Oficina de Alajuela del PANI y asignadas a la Trabajadora Social C.Q.A.. 11 de diciembre de 2019, la denuncia No. RDOLAOO18262O19 y No. RDOLAO018392019, fueron remitidas por parte del Centro de Cuido "Graceland School" vía correo electrónico, a la Oficina de Alajuela del PANI y asignadas a la Trabajadora Social C.Q.A.. Por su parte, el 12 de diciembre de 2019, la Oficina Local de Alajuela Oeste recibió la referencia del Hospital San Rafael de Alajuela sobre lo acontecido. No se indica que debe haber egreso de la persona menor de edad acompañada de personeros de esta institución ni que el PANI haya tenido que intervenir por la posible situación de riesgo. Además, que el caso de la menor amparada se encuentra en etapa de investigación y no existen medidas de protección dictadas por parte del Patronato Nacional de la Infancia a favor de la menor. En la investigación realizada por parte del Hospital San Rafael de Alajuela, se indicó que había negligencia en cuanto a la higiene y salud de la persona menor de edad y se descartó el abuso sexual. El 12 de diciembre de 2019, el Hospital San Rafael de Alajuela, concluyó que no existía abuso sexual y dispuso dar egreso de la menor amparada, en compañía de la recurrente. Por último, que en fecha 18 de diciembre de 2019, el Director General del Hospital San Rafael de Alajuela y la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, fueron notificados de la resolución de las 11:44 horas del 18 de diciembre de 2019, que diera curso al presente amparo.

Del cuadro fáctico descrito, esta S. logra descartar la lesión a los derechos fundamentales de la recurrente y de la menor amparada, por cuanto, contrario a los alegatos de la recurrente, la menor amparada fue en efecto trasladada al Hospital San Rafael de Alajuela, por parte de sus cuidadoras del Centro de Cuido "Graceland School", con el fin de determinar si existió un presunto abuso sexual o negligencia por parte de su núcleo familiar y además en protección de la integridad de la menor. N., que una vez descartada la situación descrita, en fecha 12 de diciembre de 2019, se egresó a la menor del centro hospitalario en compañía de la recurrente, lo anterior, con antelación a la notificación del recurso de amparo a las autoridades recurridas el 18 de diciembre de 2019. Actualmente no existen medidas de protección dictadas por parte del Patronato Nacional de la Infancia a favor de la menor y el caso se encuentra en etapa de investigación. En mérito de lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se dispone.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso.




Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Alejandro Delgado F.



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