Sentencia Nº 2020001855 de Sala Constitucional, 31-01-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2020001855
Número de expedienteExp:
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*190240170007CO*

Exp: 19-024017-0007-CO

Res. Nº 2020001855

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del treinta y uno de enero de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 19-024017-0007-CO, interpuesto por MARTA EUGENIA ANGULO ARAYA, cédula de identidad 0104890943, contra la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL DE SAN RAFAEL DE CAÑAS DE TABARCIA DE MORA.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:35 horas del 16 de diciembre del 2019, la recurrente interpone recurso de amparo contra LA ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL DE SAN RAFAEL DE CAÑAS DE TABARCIA DE MORA, y manifiesta que el 26 de junio de 2019 solicitó, ante la Asociación Acueducto Rural de San Rafael de Cañas, el otorgamiento de la disponibilidad de agua potable para un inmueble ubicado en San Rafael de Cañas, inscrito bajo matrícula de folio real N° 702419-000, la cual es necesaria tanto para la segregación de 5 lotes, como para el visado de los planos por parte de la Municipalidad de Mora. Menciona que el 2 de setiembre de 2019 requirió ante la asociación recurrida, la disponibilidad del servicio de agua potable para realizar el catastro de los planos número 32203743-3, 32203770-0, 32203842-1, 32203827-8 y 32203814-6, lo anterior de acuerdo con lo solicitado en fecha 10 de julio de 2019. Añade que el 5 de noviembre de 2019 reiteró la solicitud de otorgamiento de disponibilidad de agua para 5 lotes ubicados en un terreno de su propiedad en Tabarcia de Mora. Alega que a la fecha de interposición de este recurso, sus gestiones no han sido resueltas. Considera que tal omisión violenta sus derechos fundamentales.

2.- Informa bajo juramento José Luis Pérez Pérez, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin limite de suma de la Asociación de Acueducto Rural de San Rafael de Cañas de Tabarcia de Mora, que esa asociación consiste en un grupo de familias de un caserío del distrito Tabarcia, del cantón de Mora, que con muy escasos recursos se organizó para brindar el servicio de acueducto, dada la lejanía de otras asociaciones similares. No cuentan con una sede donde reunirse, ni siquiera tienen una persona que se encargue de hacer los cobros del servicio, para ello recurren a una ferretería en Tabarcia centro, que atiende a los abonados y les extiende el recibo de cancelación. Por la escasez de recursos, se reúnen en un rancho que les prestan en una casa de habitación particular, allí se acercan los vecinos a enterarse del resultado de sus trámites. Reconoce que no le han dado respuesta por escrito a la recurrente, pero se le ha comunicado verbalmente que no cuentan con el recurso hídrico para otorgarle las cinco cartas de disponibilidad de agua que ella solicitó. Para responderle, se ha preparado una nota, que ponen a disposición de la recurrente desde la fecha en que rinde el informe -22 de enero de 2020-, para cuando tenga a bien presentarse a retirarla. Solicita que se desestime el recurso planteado.

3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. La recurrente manifiesta que el 26 de junio de 2019 solicitó, ante la Asociación Acueducto Rural de San Rafael de Cañas, el otorgamiento de la disponibilidad de agua potable para un inmueble ubicado en

San Rafael de Cañas, inscrito bajo matrícula de folio real N° 702419-000, la cual es necesaria tanto para la segregación de cinco lotes, como para el visado de los planos por parte de la Municipalidad de Mora. Agrega que el 2 de setiembre de 2019 requirió ante la asociación recurrida, la disponibilidad del servicio de agua potable para realizar el catastro de los planos número 32203743-3, 32203770-0, 32203842-1, 32203827-8 y 32203814-6, lo anterior de acuerdo con lo solicitado en fecha 10 de julio de 2019. Añade que en noviembre de 2019, reiteró la solicitud de otorgamiento de disponibilidad de agua para cinco lotes ubicados en un terreno de su propiedad en Tabarcia de Mora. Sin embargo, alega que a la fecha de interposición de este recurso, sus gestiones no han sido resueltas.

II.- De previo. Previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse, que a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa – con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo – instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una gestión relacionada con una solicitud de disponibilidad de agua potable que presuntamente no ha sido resuelta en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) El 26 de junio de 2019, la recurrente solicitó ante la Asociación Acueducto Rural de San Rafael de Cañas, el otorgamiento de disponibilidad de agua potable para un inmueble ubicado en San Rafael de Cañas, inscrito bajo matrícula de folio real N° 702419-000, que requiere tanto para la segregación de cinco lotes, como para el visado de los planos por parte de la Municipalidad de Mora (ver prueba aportada por la recurrente).

b) El 2 de setiembre de 2019, la amparada reiteró ante la asociación recurrida, la solicitud de disponibilidad del servicio de agua potable para realizar el catastro de los planos número 32203743-3, 32203770-0, 32203842-1, 32203827-8 y 32203814-6 (ver prueba aportada por la recurrente).

c) El 1° noviembre de 2019, la promovente reiteró la solicitud de otorgamiento de disponibilidad de agua para cinco lotes ubicados en un terreno de su propiedad en Tabarcia de Mora (ver prueba aportada por la recurrente).

d) Mediante nota fechada 5 de noviembre del 2019, suscrita por el Presidente de la Asociación de Acueducto Rural de San Rafael de Cañas de Tabarcia de Mora, se le indicó a la recurrente: “(…) una vez que usted cumpla con los requisitos que ha establecido el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y que se describen en el documento mencionado, podremos hacerle entrega de la carta de disponibilidad de agua para los cinco lotes de su propiedad (…)”. (ver prueba aportada por la recurrente).

IV.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE. Esta Sala ha considerado que si bien existe un derecho fundamental al agua potable que puede ser exigido a la administración correspondiente, su ejercicio no es indiscriminado, de forma que exista una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualesquiera condiciones y oportunidad y, en concreto, ha reconocido que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados pueden denegar la disponibilidad de agua potable si existen razones técnicas, que así lo justifiquen. En Sentencia N° 2009-003825 de las 16:49 horas del 10 de marzo de 2009, esta Sala resolvió lo siguiente:

“ (...) la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable, situación que determina que la administración carece de la obligación de prestar el servicio de agua potable en caso de existir razones técnicas que lo desaconsejen o imposibiliten, debiendo informar adecuadamente al gestionante las razones por las cuales no puede atenderse su solicitud”.

V.- SOBRE EL FONDO. La recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales por no haberse resuelto sus solicitudes de disponibilidad de agua potable planteadas desde el 26 de junio de 2019. De las pruebas aportadas para la resolución del asunto, se tiene debidamente acreditado que mediante nota fechada 5 de noviembre del 2019, suscrita por el Presidente de la Asociación de Acueducto Rural de San Rafael de Cañas de Tabarcia de Mora, se le indicó a la recurrente: “(…) una vez que usted cumpla con los requisitos que ha establecido el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y que se describen en el documento mencionado, podremos hacerle entrega de la carta de disponibilidad de agua para los cinco lotes de su propiedad (…)”.

De este modo, la Sala descarta el alegato de mora administrativa planteado por la recurrente, en el sentido de que la autoridad recurrida no haya resuelto la solicitud de disponibilidad de agua que planteó, y en realidad, lo que plantea ante la Sala es una disconformidad con lo resuelto, en el tanto se le indica que debe cumplir lo dispuesto en el documento denominado “Procedimiento general que deben cumplir los interesados en desarrollar lotificaciones, fraccionamientos o urbanizaciones para obtener carta de disponibilidad de agua ante una Asada” elaborado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que fue puesto conocimiento de la interesada. Ahora bien, en cuanto al servicio solicitado, se debe indicar a la recurrente que la verificación del cumplimiento de requisitos legales o técnicos para obtener la disponibilidad de un servicio de agua potable o su instalación le corresponde a las autoridades administrativas correspondientes, sin que esta Sala pueda incursionar en la materia, porque se trata de aspectos de legalidad ordinaria ajenos a su competencia, tal y como se indicó en el considerando IV de esta Sentencia. Así la cosas, este Tribunal descarta la alegada violación a los derechos fundamentales de la amparada, y por consiguiente, se procede declarar sin lugar el recurso.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. e previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, e stos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de trienta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N°19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Alejandro Delgado F.

Documento Firmado Digitalmente

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MOCT0RARMT061

EXPEDIENTE N° 19-024017-0007-CO

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