Sentencia Nº 2020002935 de Sala Constitucional, 14-02-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expedienteExp:
Número de sentencia2020002935
Fecha14 Febrero 2020
Revisión del Documento

*190241790007CO*

Exp: 19-024179-0007-CO

Res. Nº 2020002935

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del catorce de febrero de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por JOSÉ EDUARDO VARGAS RIVERA, cédula de identidad No. 0107610765, a favor de REBECA SALAZAR ASTORGA, cédula de identidad No. 0503940135, contra LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:42 horas del 18 de diciembre de 2019, el recurrente interpuso amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Expone que la tutelada labora como Asistente Técnico de Redes, en el Área de Salud de Cañas. Indica que a la amparada no se le ha cancelado el salario correspondiente a los meses de octubre, noviembre y la primera quincena de diciembre de 2019. Menciona que, debido a dicha omisión, su representada no ha podido hacerle frente al pago de sus obligaciones y ha incurrido en deudas con terceras personas para poder cancelar el alquiler de su casa de habitación y otros rubros. Considera que lo expuesto violenta los derechos fundamentales de la tutelada. Solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Mediante auto de las 9:48 horas del 06 de junio de 2019, se dio curso al presente amparo y se solicitó el informe al Director General y al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, ambos del Área de Salud de Cañas, quienes fueron notificados el 30 de enero de 2020, según las actas de notificación que constan en el expediente electrónico.

3.- Por escrito presentado mediante correo electrónico a las 14:18 horas del 3 de febrero de 2020, informan bajo juramento Armando Umaña Tabash y Isaías Chavarría Álvarez, por su orden Director General y jefe de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, ambos del Área de Salud Y Centro de Atención Integral (CAIS) Cañas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Manifiestan que: “… Según revisión expediente de personal se confirma que la señora Salazar Astorga Rebeca, fue nombrada en el servicio de REDES de esta unidad programática del 07 de octubre del 2019 al 06 de febrero del 2020, como Asistente Técnico de REDES, siendo esto verificado según consta en acción de personal número ACC-358899-2019. Según revisión realizada de manera conjunta con la Jefatura de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de esta unidad, se verifica que acorde a la acción de personal 358899-2019, nombramiento de la funcionaria Salazar Astorga con fechas 07/10/2019 hasta 06/02/2019, las mismas fueron firmadas para trámite de cancelación en la primera catorcena del mes de diciembre de 2019. Sin embargo para el caso en concreto, se incurre en error involuntario por parte del tramitador del servicio de REDES ya que no se visualizaba su acción en el listado para trámite de digitación del periodo ante la UGRRHH. No omito en manifestar que ante dicho error involuntario, el caso fue remitido como “caso especial” a la Sub-área de Remuneración Salarial, y el mismo es tramitado manera urgente para ser cancelado en la segunda catorcena del mes de enero 2020. Que según consta en acción de personal N° ACC-358899-2019, a la señora Salazar Astorga, se le cancelan los montos totales correspondientes a nombramientos realizados del 07/10/2019 al 06/02/2020 en sustitución de una funcionaria por Licencia por Maternidad en la segunda catorcena de enero 2020 (15-01-2020). Que, según revisión de la planilla salarial del 15 de enero del 2020, se hace constar que los montos por concepto salarial fueron cancelados a la funcionaria Salazar Astorga. Siendo que, al momento de dar respuesta a este recurso, no se encuentran trámites pendientes de cancelación por concepto salarial por atender a nombre de la señora Salazar Astorga.”. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.

4.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la Magistrada Picado Brenes; y,

Considerando:

I.- Aclaración previa. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse, en primer término, que, a partir de la Sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte–, o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción –respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional–, pues se está ante solicitudes formuladas por la falta de pago de salario.

II.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente expone que el Área de Salud de Cañas no se le canceló a la amparada el salario correspondiente a los meses de octubre, noviembre y la primera quincena de diciembre de 2019, lo que considera violatorio de sus derechos fundamentales.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque las recurridas hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) La amparada fue nombrada en el servicio de REDES del Área de Salud de Cañas del 7 de octubre de 2019 al 6 de febrero de 2020, en sustitución de una funcionaria por “Licencia por Maternidad” en un puesto de “Asistente Técnico de REDES”, según consta en la acción de personal No. ACC-358899-2019 (ver informe rendido bajo juramento por la autoridad accionada y prueba adjunta).

b) Según la acción de personal No. ACC-358899-2019, el nombramiento de la tutelada del 7 de octubre de 2019 al 6 de febrero de 2020, fue firmado para el trámite de cancelación en la primera catorcena de diciembre de 2019. Sin embargo, para el caso en concreto el tramitador del servicio de REDES incurrió en un error, ya que no se visualiza la acción de personal en el listado para trámite de digitalización del referido periodo de nombramiento (ver informe rendido bajo juramento por la autoridad accionada).

c) El caso de la amparada fue remitido como “caso especial” a la Sub-Área de Remuneración Salarial, para ser tramitado de manera urgente, a fin de cancelarle el 15 de enero de 2020 (ver informe rendido bajo juramento por la autoridad accionada).

d) Según la boleta de pago No. B-00156395359, la autoridad accionada le canceló a la tutelada los montos adeudados por concepto salarial el 17 de enero de 2020 (ver informe rendido bajo juramento por la autoridad accionada y prueba adjunta).

e) El 30 de enero de 2020, fueron notificados de la resolución de curso de este amparo, el Director General y el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, ambos del Área de Salud de Cañas (ver actas de notificación en el expediente electrónico).

IV.- SOBRE EL DERECHO AL SALARIO Y EL RETRASO EN EL PAGO. Este Tribunal Constitucional ha señalado que si el trabajo se concibe como un derecho del individuo cuyo ejercicio beneficia a la sociedad y que, en cuanto al funcionario, garantiza una remuneración periódica, no podría aceptarse que el Estado reciba una prestación sin cancelarle al funcionario el correspondiente salario o que se le entregue tardíamente. El salario como remuneración debida al servidor en virtud de una relación estatutaria, por los servicios que haya prestado, no es sólo una obligación del empleador, sino un derecho constitucionalmente protegido (véase, entre otras, la sentencia No. 5138-94, de las 17:57 horas. de 7 de setiembre de 1994, reiterado en la No. 2018-009952, de las 9:20 horas del 22 de junio de 2018).

V.- CASO CONCRETO. De las pruebas aportadas a los autos, y del informe rendido por la autoridad recurrida, el cual es dado bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica, se desprende que la amparada fue nombrada en el servicio de REDES del Área de Salud de Cañas del 7 de octubre de 2019 al 6 de febrero de 2020, en sustitución de una funcionaria por “Licencia por Maternidad” en un puesto de “Asistente Técnico de REDES”, según consta en la acción de personal No. ACC-358899-2019. Según la acción de personal No. ACC-358899-2019, el nombramiento de la tutelada del 7 de octubre de 2019 al 6 de febrero de 2020, fue firmado para el trámite de cancelación en la primera catorcena de diciembre de 2019. Sin embargo, para el caso en concreto el tramitador del servicio de REDES incurrió en un error, ya que no se visualizó la acción de personal en el listado para trámite de digitalización del referido periodo de nombramiento. Se verifica que el caso de la amparada fue remitido como “caso especial” a la Sub-Área de Remuneración Salarial, para ser tramitado de manera urgente, a fin de cancelarle lo adeudado el 15 de enero de 2020. Finalmente, según la boleta de pago No. B-00156395359, la autoridad accionada le canceló a la tutelada los montos adeudados por concepto salarial el 17 de enero de 2020 (ver prueba que consta en autos).

VI.- En consecuencia, debido a que el pago del salario lo realizó la autoridad recurrida, antes de la fecha de notificación de la resolución de curso de este amparo (30 de enero de 2020), lo procedente es declarar sin lugar el recurso.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ana María Picado B.

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 19-024179-0007-CO

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