Sentencia Nº 2020004471 de Sala Constitucional, 04-03-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente20-003427-0007-CO
Fecha04 Marzo 2020
Número de sentencia2020004471

*200034270007CO*

Exp: 20-003427-0007-CO

Res. Nº 2020004471


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del cuatro de marzo de dos mil veinte .

Acción de inconstitucionalidad promovida por [Nombre 001], mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad n°. [Valor 001] , contra el artículo 14 de la Ley de Pensiones Alimentarias.
RESULTANDO:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala Constitucional a las 16:24 horas del 20 de febrero de 2020, el accionante solicita que se declare inconstitucional el artículo 14 de la Ley de Pensiones Alimentarias, además que se deje sin efecto la restricción de impedimento de salida del país en su contra. Manifiesta que el derecho internacional (artículo 7 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos) establece en primer término que nadie puede ser detenido por deudas; no obstante, todo juzgado de oficio, en el momento de una demanda, sin previa contestación y sin determinar si procede una pensión alimentaria o no en sentencia definitiva, restringe la libertad por medio de un impedimento de salida del país. Aclara que la convención americana establece que no se limita el mandato por incumplimiento de deberes alimentarios. En su criterio, un incumplimiento es quien no da, no cancela o no cumple con un deber alimentario teniendo la obligación de hacerlo, sea desde un punto de vista de responsabilidad natural de todo padre o madre de familia, o bien desde un punto de vista legal, lo cual deriva que si una persona sí cumple con la obligación alimentaria, no recae una limitación a su libertad. Señala que en su caso asumió sus deberes y obligaciones desde el nacimiento de su hija y antes del proceso de pensión alimentaria cumplía con sus obligaciones; sin embargo, por una diferencia de criterios en cuanto al monto dinerario con su ex cónyuge, esta interpuso el proceso judicial, en el cual se dictó una sentencia por un acuerdo conciliatorio donde, inclusive, el monto fijado fue menor de lo que brindaba antes de la demanda. Agrega que la ley también permite a un padre, o bien a una persona que tenga obligación, acudir al juzgado voluntariamente y solicitar que se le imponga una pensión, situación que conllevaría la limitación a su libertad de forma automática con la aplicación de la ley oficiosamente, según aplican la normativa los despachos judiciales de esta materia. Reclama que en su caso, a pesar de que nunca ha faltado al deber o incurrido en incumplimiento, se le restringe el derecho a la libertad de salir del país. Argumenta que el derecho a la libertad es un derecho fundamental que conlleva la protección del derecho constitucional y supranacional, principio pro libertatis, del cual no puede derivarse que ese derecho sea relativo, sino absoluto, inherente a todo ser humano e irrenunciable. Pero con un impedimento de salida del país se encuentra limitado y se limita otros derechos como lo son a una vida digna, a la calidad de vida y a la superación personal y profesional, inherentes a la dignidad humana. Esto porque salir del país puede implicar una necesidad de atención médica, una actividad recreacional, una capacitación, crecimiento humano o, como en su caso, quisiera participar en diferentes becas gratuitas que impulsa el Poder Judicial, lugar donde labora, para efectos de obtener superación y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, en virtud de no poder salir del país, no puede aplicar ni siquiera a una beca donde se tenga un 100% de beneficios y que no implique costos, pues requiere recursos adicionales que carecen de razonabilidad y proporcionalidad. Señala que, inclusive, en su caso, pese a que la sentencia del proceso de pensión alimentaria se realizó mediante acuerdo conciliatorio, donde la actora quitó el impedimento de salida del país, a los días del acuerdo, sin fundamento alguno y de forma antojadiza, la actora volvió a activar dicho impedimento en su contra, lo cual conlleva que la restricción a la libertad no se trata de proteger un derecho a la menor beneficiaria, sino a una venganza, capricho o bien, por cualquier otra razón de la actora, que según la ley tiene la capacidad en el momento que lo desee de restringir sin reparo alguno y sin determinarse si son razones plausibles la libertad de la persona que tiene un proceso alimentario, aún cuando esté cumplimiento cabalmente con las obligaciones. Cuestiona que se considere de oficio que una persona que mantiene una pensión alimentaria es una persona que tiene una deuda, pues deber significa que se está obligado a una suma líquida y exigible, desde un punto de vista legal, el hecho de ser una persona que mantiene, como en su caso, un proceso de pensión alimentaria al día, cumple con su obligación puntualmente, no puede verse como un incumplimiento de la deuda, que según el derecho internacional es ante un incumplimiento que se podría restringir el derecho, antes no. Por esto, considera necesario que la Sala realice el control convencional, en el sentido que la interpretación es que no se alude una limitación al derecho de libertad si existe cumplimiento de la obligación. Alega que en este proceso ni siquiera puede derivarse o exigirse que haya un proceso pendiente, pues tanto es la transgresión a la violación del derecho fundamental que ni siquiera existe tutela judicial efectiva para poder reclamar el derecho. La ley establece la restricción a la persona obligada y, por ende, los juzgados de pensiones al establecerse un proceso de forma oficiosa y sin derecho alguno a que la persona sobre quien recae la restricción pueda tener la posibilidad de ser escuchada por un juez, pues la ley no dejó abierta ninguna posibilidad de reclamo al derecho, salvo dos opciones que en su criterio son contrarias a los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad. Por un lado, la ley dicta que para poder salir del país una de las opciones es que la persona beneficiaria así lo autorice, tema del cual se ha plasmado que no hay tutela judicial, porque la beneficiaria puede por cualquier motivo restringir el derecho, motivo del cual ni siquiera el juez razona, escucha ni fundamenta. El antojo abierto de la beneficiaria no es necesario fundamentarlo, basta con su firma de limitar el derecho sin tan siquiera decir razones. Por otro lado, la ley establece que solamente se obtendrá el derecho como segunda y última opción, con el depósito de doce cuotas, más el aguinaldo y salario escolar, lo que implica 14 cuotas de depósito previo, elemento que el legislador dispuso contrario a las normas constitucionales sobre la razonabilidad y proporcionalidad del dictado de toda norma. Explica que en su caso la fijación de la pensión quedó en alrededor de más de un 45% de su salario líquido, pero debe entenderse que el estudio del juez se basa sobre las condiciones del beneficiario y la posibilidad del obligado del cual la sala constitucional ha indicado que el máximo de fijación de pensión sería de un 50% de sus ingresos. Conforme a las reglas de la lógica y la sana crítica, si a las personas se les fija una pensión entre un 40% o 50% de su ingreso, significa que si tiene necesidad de salir del país, debe ahorrar en 14 meses un 50 % del salario si el otro 50% lo debe pagar en cuotas de pensión, esa persona tendría que vivir por 14 meses con un 0% del salario, de modo que no podría sufragar ni siquiera sus necesidades básicas de alimentación, situación que deja de lado todo grado de razonabilidad y proporcionalidad, pues un juez no pondría una pensión más baja pensando en la posibilidad de un ahorro de este tipo, pues sería contrario a las reglas de la sana crítica razonable. Realiza una comparación con el derecho penal, que es la última ratio, no obstante en materia penal, aunque exista una denuncia en contra de cualquier persona, no de oficio se limita la libertad del imputado, es más, la mayoría de los procesos penales carecen de medidas cautelares. En el sistema del proceso penal, el más lesivo y siendo este la última alternativa represiva del Estado, como derecho general especial positivo, establece que si existe una necesidad razonable y proporcional para imponer una medida de libertad como lo es una privación de libertad o un impedimento de salida del país, el Ministerio Público, quien ejerce el impulso penal, debe solicitar dicha medida ante un juez penal, medida que inclusive no solo debe ser dictada por control jurisdiccional, sino que debe ser razonada y proporcional al fin que se pretende, y esa decisión tiene recurso de apelación ante una segunda instancia o superior. En cambio, en el proceso de pensión alimentaria, no siendo la última ratio, es más violatorio que la norma penal, pues tan siquiera existe la posibilidad de acudir a un juez para obtener el derecho o bien un reclamo judicial efectivo donde la medida que se imponga se base en un derecho fundamentado y razonado, bajo el principio de razonabilidad. Por el contrario, aún cuando por conciliación se indicó el levantamiento de la restricción, la actora en cualquier momento acude al juzgado y sin mayor trámite impone nuevamente y las veces que así lo desee el impedimento, situación que engloba entonces que la tutela judicial escapa de este control, ya que ante dicha petición la ley no prevé posibilidad alguna para eludir al reclamo del derecho. Con base en lo anterior, solicita a la Sala Constitucional que, como lo ha señalado la Corte Interamericana, aplique el control de convencionalidad, así como el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2.- La parte accionante fundamenta su legitimación en el artículo 75, párrafo 1°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Expone que el asunto base es el expediente judicial n° [Valor 002] , que se tramita ante el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Desamparados, dentro del cual se encuentra vigente el impedimento de salida del país en su contra. Aduce que presentó un escrito sobre los hechos versados en esta acción ante el juzgado correspondiente.
3.- Por resolución de las 14:45 horas del 21 de febrero de 2020, se previno al accionante que “(…) dentro del TERCER DÍA, contado a partir del siguiente a la notificación de esta resolución y bajo apercibimiento de denegarle el trámite a la acción en caso de incumplimiento, deberá aportar copia certificada completa del escrito en que invocó la inconstitucionalidad de la norma aquí impugnada dentro del asunto base. Lo anterior, a tenor de lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (…)”.
4.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:28 horas del 25 de febrero de 2020, el accionante manifiesta que, a fin de cumplir con la prevención de las 14:45 horas del 21 de febrero de 2020, aporta copias certificadas del escrito presentado ante el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Desamparados, en el cual se invocó la inconstitucionalidad de la norma impugnada. Además, adjunta comprobante del Sistema de Gestión en Línea donde consta que el documento fue recibido a las 09:55 horas del 18 de febrero de 2020.
5.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DE LA ACCIÓN. La parte accionante impugna el artículo 14 de la Ley de Pensiones Alimentarias, que dispone lo siguiente:

Artículo 14.- Restricción migratoria
Ningún deudor de alimentos obligado a pagar pensión alimentaria, podrá salir del país, salvo si la parte actora lo ha autorizado en forma expresa o si ha garantizado el pago de, por lo menos, doce mensualidades de cuota alimentaria, el aguinaldo y la totalidad del salario escolar.


En criterio del accionante, la norma precitada es inconstitucional, toda vez que restringe la libertad de salir del país del obligado alimentario, lo cual es aplicado de manera oficiosa por los despachos judiciales, por el solo hecho de existir una demanda de pensión alimentaria y sin brindarle posibilidad de un recurso judicial contra dicha decisión. Considera que conforme al artículo 7, punto 7, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el impedimento de salida del país debería imponerse solo ante un incumplimiento en el pago de la deuda.

Además, reclama que en su caso, se le impuso la restricción, pese a que por acuerdo conciliatorio homologado por un juez, la parte actora había acordado levantar el impedimento de salida del país, pero posteriormente, sin justificación alguna, la actora solicitó que se le volviera a imponer. Finalmente, reclama que es contrario al principio de razonabilidad que se exija al obligado alimentario depositar el monto equivalente a catorce mensualidades de pensión alimentaria para que se levante dicha restricción.

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN. La parte accionante fundamenta su legitimación en el artículo 75, párrafo 1°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que indica como asunto previo el proceso judicial n° [Valor 002], dentro del cual se encuentra vigente el impedimento de salida del país en su contra. Aporta certificación literal del escrito en que invocó la inconstitucionalidad de la norma aquí impugnada dentro del asunto base y mediante el cual solicitó al Juzgado de Pensiones Alimentarias de Desamparados que deje sin efectos la restricción dispuesta en su contra.

III.- SOBRE EL FONDO DE LA ACCIÓN. En anteriores ocasiones esta Sala Constitucional se ha referido a la constitucionalidad del artículo 14 de la Ley de Pensiones Alimentarias, al considerar que la restricción impuesta es una medida razonable para asegurar la manutención de la persona beneficiaria de una pensión alimentaria. Así, en el voto n° 2018-020800 de las 12:11 horas del 12 de diciembre de 2018, se dispuso lo siguiente:

“(…) II.- OBJETO DE LA ACCIÓN. El actor solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley de Pensiones Alimentarias, Ley No. 7654 de 19 de diciembre de 1996, que dispone lo siguiente:

“Artículo 14.- Restricción migratoria

Ningún deudor de alimentos obligado a pagar pensión alimentaria, podrá salir del país, salvo si la parte actora lo ha autorizado en forma expresa o si ha garantizado el pago de, por lo menos, doce mensualidades de cuota alimentaria, el aguinaldo y la totalidad del salario escolar”.
El accionante reclama que esa norma impone el depósito de la garantía al obligado alimentario, independientemente que, como es su caso, la salida del país la realice en compañía de las personas menores de edad acreedoras de la pensión alimentaria, supuesto en el cual considera que no debería rendirse la caución, dado que las necesidades de sus hijos serán atendidas por el padre en el lugar donde se encuentren. Sostiene que lo anterior infringe los artículos 22 y 33 de la Constitución Política, así como los principios de legalidad, reserva de ley, proporcionalidad y razonabilidad.
III.- SOBRE EL FONDO DE LA ACCIÓN. En reiteradas ocasiones esta Sala se ha referido a la constitucionalidad del artículo 14 de la Ley de Pensiones Alimentarias, en el sentido que la restricción migratoria allí impuesta es una medida racional y lógica para asegurar los recursos económicos de las personas beneficiarias alimentarias. Así, por sentencia n° 2014-003849 de las 14:05 horas del 19 de marzo de 2014, se dispuso lo siguiente:
“(…) III.- Sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas. El artículo 14 de la ley de Pensiones Alimentarias. La Sala ha tenido oportunidad de manera reiterada de pronunciarse sobre la conformidad constitucional de las normas que ahora se impugna. En efecto, el tema de la restricción migratoria en materia de pensiones alimentarias ha sido analizado por esta Sala en diferentes ocasiones. Sobre el particular, mediante sentencia número 2288-93, reiterada, entre otras por sentencias números 2844-99 y 2012-15506, señaló la Sala que:
“Debe tenerse presente, para los efectos del análisis dicho, que la libertad de tránsito -a la que se refiere la restricción que contiene el párrafo en comentario- no es un derecho absoluto, sino que tiene ciertos límites y que admite restricciones razonables para su ejercicio. (…)
[Q]uien no esté libre de responsabilidad no puede salir libremente del territorio nacional, no debiendo entenderse que esa responsabilidad se limita al concepto de responsabilidad penal, tal es el caso del obligado a dar alimentos, quien al no estar libre de responsabilidad, debe garantizar los alimentos del beneficiario para poder hacer abandono del país. Esta restricción, a juicio de la Sala, no resulta irracional, sino que, por el contrario, es una medida racional y lógica para asegurar que el acreedor alimentario no sufra la carencia de los medios económicos necesarios para su manutención. (...) Así, lo dispuesto en dicha norma no resulta inconstitucional, toda vez que al ser la deuda alimentaria una deuda de carácter prioritario con especial protección por parte del Estado y sus instituciones y de carácter fundamental, lo preceptuado en el precitado párrafo, armoniza con los principios que rigen la materia alimentaria, protegiendo a los beneficiarios de una posible evasión."

Así, con base en este precedente, en la referida sentencia 2012-15506, concluyó la Sala que:
“[L]a norma impugnada no resulta inconstitucional, por cuanto la restricción allí dispuesta constituye una medida racional y lógica para asegurar que el acreedor alimentario no sufra la carencia de los medios económicos necesarios para su manutención. Además de que como se ha indicado, la libertad de tránsito -a la que se refiere la restricción que contiene el párrafo en comentario-, no es un derecho absoluto, sino que tiene ciertos límites y que admite restricciones razonables para su ejercicio. Por ello el obligado a dar alimentos, al no estar libre de responsabilidad, debe garantizar los alimentos del beneficiario para poder hacer abandono del país.”

La Sala advierte que en el caso bajo estudio, el accionante argumenta la desigualdad de trato entre la parte deudora y la actora de un proceso alimentario. Al respecto, debe tomar en consideración el accionante que, de conformidad con lo dicho, la situación de ambas partes no es igual dentro de un proceso alimentario; si bien la obligación alimentaria es solidaria, y en efecto así es regularmente reconocida en los procesos de esta naturaleza, esa solidaridad no se afecta en momento alguno con lo señalado en las normas impugnadas. Por el contrario, la disposición del artículo 14 de la Ley de Pensiones Alimentarias lo que refleja es precisamente aquella condición particular de uno de los obligados alimentarios, en cuya condición el legislador consideró oportuno, conveniente y necesario la imposición de ese tipo de restricción como forma de garantizar la provisión alimentaria, pero sin establecer una limitación absoluta que torne en nugatoria la libertad de tránsito. (…)”

IV.- En el caso concreto, el accionante argumenta que la norma impugnada es inconstitucional en el supuesto en que las personas acreedora y obligada alimentaria fueran autorizados a viajar juntos fuera del país, toda vez que, en su criterio, las necesidades se trasladan al lugar donde esté la presencia física de la beneficiaria y serán satisfechas durante el viaje por la persona obligada alimentaria. En cuanto a este supuesto, se debe recordar el objeto de la restricción migratoria impuesta en el artículo 14 de la Ley de Pensiones Alimentarias, sea asegurar la manutención de la persona acreedora alimentaria durante la ausencia de quien está obligado a proveerle los recursos económicos al efecto, dada la dificultad de recurrir de manera expedita a otros mecanismos legales como el apremio corporal mientras este se encuentra fuera del país. Ahora bien, en el caso expuesto por el accionante, el objetivo de esa restricción migratoria se mantiene y justifica, pues el hecho de que la persona obligada alimentaria salga del territorio nacional acompañada por quienes se benefician de la pensión, no garantiza que este regresará al país con ellos para cumplir con sus responsabilidades alimentarias, lo que hace necesario que este rinda la caución definida en la norma impugnada a fin de resguardar los derechos de los acreedores alimentarios. Además, no lleva razón el accionante en cuanto a que las necesidades de las personas beneficiarias de una pensión alimentaria son inherentes a su presencia física en el país, pues es un hecho notorio que, pese a que salgan del país por algún periodo, existen gastos que se realizan en su beneficio en el país de residencia que no cesan, tales como la conservación de su vivienda, mensualidades de los centros educativos y otros. Por ende, dada la especialidad de la materia alimentaria y que la garantía requerida para levantar la restricción migratoria sirve para proteger a las personas beneficiarias y asegurar la provisión de sus alimentos, necesarios para el disfrute de otros derechos fundamentales, no resulta inconstitucional el artículo 14 de la Ley de Pensiones Alimentarias.
V.- Dada la vinculación de la acción aquí planteada con los derechos fundamentales de las personas menores de edad involucradas en los procesos de pensión alimentaria, conviene hacer algunas consideraciones sobre el interés superior del niño. En reiteradas sentencias este Tribunal Constitucional ha desarrollado su fundamento convencional y constitucional, en este sentido, en la sentencia n° 2005-11262 de las 15:00 horas de 24 de agosto de 2005 se dispuso lo siguiente:
“(…) III.- Sobre el interés superior del niño (a).- En materia de los derechos especiales que tienen los niños se encuentran varias normas de rango constitucional, internacional e infraconstitucional; reconociéndose en todas ellas el interés superior del niño (a) como criterio de toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años. “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido” así reza el artículo 51 de nuestra Carta Magna. En igual sentido la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (aprobada y ratificada por nuestro país, mediante, la Ley No. 7184 del 18 de julio de 1990, la cual entró en vigencia, a tenor del numeral 2 de ese instrumento legal, el día de su publicación en La Gaceta No. 149 del 9 de agosto de 1990), le establece una serie de derechos a cualquier niño, independientemente, de su raza o nacionalidad (artículo 2°), tales como: el derecho a ser cuidado por sus padres (artículo 7º ), el derecho a un “nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social” reconociéndose a los padres como los responsables primordiales de proporcionarles las condiciones de vida necesarias para su desarrollo y el deber del Estado de adoptar “medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho” (artículo 27) y en caso de tratarse además de un niño (a) mental o físicamente impedido el derecho a “disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren dignidad, permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad” además de “recibir cuidados especiales” (artículo 23). Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, precisa en su artículo 16, párrafo 3º, que “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a la protección de la sociedad y del Estado” (en idéntico sentido artículo 23, párrafo 1º, del Protocolo Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966). Por su parte, el artículo 25, párrafo 2º, de la supraindicada Declaración señala que “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales...” y, finalmente, en el artículo 24, párrafo 1º, se establece que “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna... a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”. De las normas de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos transcritas, resulta, a todas luces, que los Estados tienen como deberes fundamentales la protección del interés superior del niño, evitando la desmembración del núcleo familiar y promover las condiciones necesarias para que gocen de la presencia permanente de la autoridad parental en especial cuando el niño (a) requiere cuidados especiales. Los derechos humanos o fundamentales y las obligaciones correlativas de los poderes públicos, han sido también, desarrollados en el plano infraconstitucional, tenemos así el Código de la Niñez y de la Adolescencia en general y la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, cuando se trate además de un niño (a) con necesidades especiales. Así, el Código de la Niñez y de la Adolescencia (Ley No. 7739) puntualiza que el norte interpretativo de toda acción pública o privada debe ser el interés superior del niño (artículo 5º). El ordinal 12 de ese cuerpo normativo estipula que el Estado deberá garantizar el derecho a la vida “con políticas económicas y sociales que aseguren condiciones dignas para la gestación, el nacimiento y el desarrollo integral”. El numeral 29 establece la obligación del padre, la madre o la persona encargada de “velar por el desarrollo físico, intelectual, moral, espiritual y social de sus hijos menores de dieciocho años” y de “cumplir con las instrucciones y los controles que se prescriban para velar por la salud de las personas menores de edad bajo su cuidado” (artículo 45). Por su parte, además de todo lo dicho, cuando el niño (a) requiera de necesidades especiales en razón de su discapacidad entendida como “una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social” (artículo I de la Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad) es aplicable además los derechos de las personas discapacitadas, reconocidos también en normas internacionales (Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad ratificada por la Asamblea Legislativa mediante Ley N° 7948) y con rango legal la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N° 7600, publicada en La Gaceta del 29 de mayo de 1996. Así pues, a las personas discapacitadas se les debe garantizar igualdad de oportunidades, mediante la supresión de todos los obstáculos determinados socialmente, ya san físicos, económicos, sociales o psicológicos que excluyan o restrinjan su plena participación en la sociedad, en este sentido define el artículo 2 la estimulación temprana cuando dice que es toda aquella “atención brindada al niño entre cero y siete años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarcan todas las áreas del desarrollo humano…” y el artículo 13 de la Ley General de Salud No. 5395, del 30 de octubre de 1973 cuando reconoce el deber de los padres y el Estado de velar por la salud y el desarrollo de los niños: “Los niños tienen derecho a que sus padres y el Estado velen por su salud y su desarrollo social, físico y psicológico. Por tanto, tendrán derecho a las prestaciones de salud estatales desde su nacimiento hasta la mayoría de edad. Los niños que presenten discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y emocionales gozarán de servicios especializados.". En conclusión, luego de todo lo dicho es claro que a los niños le asisten una serie de derechos especiales y correlativamente al Estado y los padres o encargados de los niños le asisten una serie de obligaciones y deberes para con ellos, más aún cuando se trate de niños con necesidades especiales, todo lo cual tiene respaldos en numerosos instrumentos internacionales, en nuestra Constitución Política y en normas legales.(…)”
En este orden de consideraciones, cabe destacar lo dispuesto en el artículo 3, párrafo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual establece que “1. En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. (…)”. A propósito de la norma precitada, el Comité de los Derechos del Niño, en la “Observación general n° 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1)”, indica que el enfoque para garantizar la plena aplicación del concepto de interés superior del niño debe estar “basado en los derechos, en el que colaboren todos los intervinientes, a fin de garantizar la integridad física, psicológica, moral y espiritual holísticas del niño y promover su dignidad humana”. A su vez, subraya que el interés superior del niño es un concepto triple, a saber: a) un derecho sustantivo de aplicación directa, b) un principio jurídico interpretativo fundamental, de modo que si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño y c) una norma de procedimiento, pues siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a una o varias personas menores de edad, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión sobre estas. Así, el artículo 3, párrafo 1° precitado, define la obligación de los Estados partes de respetar y poner en práctica el derecho del niño a que su interés superior sea evaluado y constituya una “consideración primordial”, así como el deber de adoptar todas las medidas necesarias, expresas y concretas para hacer plenamente efectivo este derecho. Esta obligación es un deber general que abarca a todas las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos. El comité aclara que la expresión “consideración primordial” contenida en la norma en análisis, significa que el interés superior del niño “no puede estar en el mismo nivel que todas las demás consideraciones”. Esto implica que cuando existan intereses o derechos en conflicto con el interés superior del niño y no sea posible armonizarlos “las autoridades y los responsables de la toma de decisiones habrán de analizar y sopesar los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial significa que los intereses del niño tienen máxima prioridad y no son una de tantas consideraciones. Por tanto, se debe conceder más importancia a lo que sea mejor para el niño”. Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, en criterio de este Tribunal, el artículo 14 de la Ley de Pensiones Alimentarias concuerda con la normativa internacional y nacional que reconoce y garantiza el interés superior de las personas menores de edad, en tanto prioriza este derecho y restringe la libertad de tránsito del obligado alimentario, como una medida razonable para garantizar a las personas beneficiarias los recursos necesarios y suficientes para su manutención.
VI.- CONCLUSIÓN. Con base en lo expuesto, toda vez que esta Sala ya se ha pronunciado sobre la conformidad constitucional de la norma impugnada y al no existir razón para variar el criterio señalado, se impone el rechazo por el fondo de la acción, como así se dispone. (…)”.


A partir de lo anterior, se desprende que el derecho a la libertad no es absoluto y el impedimento de salida del país previsto en la normativa impugnada es una medida conforme con el principio de razonabilidad, pues se restringe esa libertad del obligado alimentario, precisamente al no estar libre de responsabilidad, en la medida necesaria a fin de garantizar la manutención de la persona beneficiaria. Las anteriores consideraciones son aplicables al caso concreto, sin la que parte accionante haya aportado elementos de juicio que hagan necesario un replanteamiento de la cuestión. En consecuencia, procede rechazar por el fondo esta acción.

IV.- De otra parte, el accionante reclama que el despacho recurrido permitió que se le volviese a imponer el impedimento de salida del país, pese a que por sentencia n° 1408-2017 de las 10:48 horas del 3 de noviembre de 2017 se homologó el acuerdo conciliatorio alcanzado por las partes, según el cual la actora acordó que se levantara dicha restricción. Al respecto, cabe señalar que de conformidad con el artículo 74 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no cabe la acción de inconstitucionalidad en contra de los actos jurisdiccionales del Poder Judicial. En este mismo sentido se expresa el artículo 10 de la Constitución Política, el cual dispone, en lo conducente, que: "No serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial...". En razón de lo anterior y de conformidad con el artículo 9° de la Ley que rige esta jurisdicción, sobre este aspecto este asunto es igualmente improcedente.
V.- EN CONCLUSIÓN. Como corolario de lo anterior, procede rechazar por el fondo esta acción, como así se dispone.
VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se rechaza por el fondo esta acción.



Fernando Castillo V.
Presidente
Fernando Cruz C.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Hubert Fernández A.


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