Sentencia Nº 2020005633 de Sala Constitucional, 20-03-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente20-003431-0007-CO
Número de sentencia2020005633
Fecha20 Marzo 2020

*200034310007CO*

Exp: 20-003431-0007-CO

Res. Nº 2020005633


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas veinte minutos del veinte de marzo de dos mil veinte .

RECURSO DE H.C. QUE SE TRAMITA EN EL EXPEDIENTE 20-003431-0007-CO, PRESENTADO POR [Nombre 001], A FAVOR DE [Nombre 002] . [Nombre 003] Y [Nombre 004], CONTRA EL MINISTERIO PÚBLICO.
RESULTANDO:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la S. a las 4:49 horas del 20 de febrero de 2020, el accionante presenta recurso de amparo a favor de
[Nombre 002], [Nombre 003] y [Nombre 004], contra F.ía Adjunta del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica. Acusa lesión a la libertad de sus representados por las siguientes razones: “ En el expediente [Valor 001], del Juzgado Penal de la localidad según resolución de las once horas treinta y cuatro minutos de 20 de febrero del 2020, firmada por el señor J.M.. O.R.V., ordena la inmediata libertad de los señores [Nombre 002] , [Nombre 003] y [Nombre 004], esto si otra causa no lo impide. Ordenanza que se deriva del hecho de que el Ministerio Público no gestionó prórroga alguna. Una vez que se da esta resolución y que en el penal se preparan para otorgar lo ordenado, el Ministerio Público decide y ordena retenerlos en la cárcel y convocar a una audiencia para el otorgamiento de nuevas medidas cautelares. Siendo todo lo anterior no sólo violatorio de los derechos individuales de cada uno, sino también una forma burda de desobediencia a lo dictado por el superior (Juez Penal) a fin de justificar errores laborales. El sistema no puede ni debe ser usado en provecho de los funcionarios para tapar sus entuertos, los derechos constitucionales deben ser la razón de la existencia de la ley. Y en forma contraria a la ley, el fiscal auxiliar aprovechándose de su investidura a (sic) ordenado a las autoridades carcelarias la retención contraria a derecho de estas personas mientras consigue que el juzgado otorgue audiencia para el dictado de NUEVAS MEDIDAS CAUTELARES.” Solicita la inmediata libertad de sus representados.
2.- Mediante escrito presentado el 24 de febrero de 2020, Msc. J.A.Z., F.A. de la F.ía Adjunta del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica manifiesta lo siguiente: “Que los imputados [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004], se encontraban legalmente detenidos desde fecha 19 de noviembre de 2019, en dicha fecha se les impusieron tres meses de prisión preventiva a vencer el día 19-02-2020, dentro de la causa penal por el delito de Venta de drogas dentro de la causa [Valor 002]. Que el día 20 de febrero del 2020, el Juzgado Penal de Pococí y Guácimo realizó ordenes de libertad en favor de los encartados [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004], las cuales fueron remitidas al CAI Carlos Luis Fallas en Roxana, Pococí, a las 12:02 por fax y a las 13:57 por correo, ya que no se había gestionado prórroga de la prisión preventiva. Que el Ministerio Público, para el día 20 de febrero del 2020, gestionó nuevamente la detención de acuerdo al artículo 237 del código procesal penal de los imputados [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004] esto por considerar que el peligro procesal del fuga subsiste en la causa y ese mismo día 20 de febrero del 2020 a las 16:32 horas se pusieron a los imputados [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004] a la orden del Juzgado penal para resolver la situación jurídica a la presente fecha se está a la espera de la audiencia de medidas cautelares. De conformidad con lo expuesto solicitó se rechace el recurso de Habeas Corpus en primera instancia sobre la admisibilidad del recurso. "Articulo 15.- Procede el hábeas corpus para garantizar la libertad e integridad personales, contra los actos u omisiones que provengan de una autoridad de cualquier orden, incluso judicial contra las amenazas a esa libertad y las perturbaciones o restricciones que respecto de ella establezcan indebidamente las autoridades, lo mismo que contra las restricciones ilegítimas del derecho de trasladarse de un lugar a otro de la República. y de libre permanencia, salida e ingreso en su territorio ". Esta representación considera que el recurso es admisible pero se debe rechazar ya que con el presente informe se logra acreditar que las condiciones para ordenar la detención, se cumplen, ya que para el Ministerio Público era necesaria la presencia de los imputados, es decir, mediante su sujeción para solicitar medidas cautelares, por la existencia de indicios comprobados, que hacen sostener razonablemente, que la partes amparadas son autores de un delito que están siendo investigados, sobre la presunción de fuga se parte que en audiencias pasadas el juez del juzgado penal ha relatado que existe el peligro de fuga de los imputados, esta tesis ha sido ratificada por el juez del Tribunal que en su momento le ha correspondido resolver los recursos de apelación presentados en la causa penal este peligro de fuga se ha mantenido incólumne y no ha cambiado, ni se ha extinguido por un error de trámite, es por ello que se ha cumplido con la normativa procesal del específicamente el artículo 237 del código procesal penal en cuanto a la detención de los imputados. "ARTÍCULO 237.-Detención El Ministerio Público podrá ordenar que una persona sea detenida, cuando: a) Sea necesaria la presencia del imputado y existan indicios comprobados para sostener razonablemente, que es autor de un delito o participe en él y que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar b) En el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los imputados y a los testigos y deba procederse con urgencia para no perjudicar la investigación a fin de evitar que los presentes se alejen del lugar, se comuniquen entre sí y que se modifique el estado de las cosas y de los lugares. c) Para la investigación de un delito, sea necesaria la concurrencia de cualquier persona. La detención no podrá superar las veinticuatro horas. Si el Ministerio Público estima que la persona debe quedar detenida por más tiempo, la pondrá inmediatamente a la orden del tribunal del procedimiento preparatorio y le solicitará ordenar la prisión preventiva o aplicar cualquier otra medida sustitutiva. En caso contrario, ordenará su libertad." De la lectura del anterior artículo, se puede extraer que, en relación con la detención, esta únicamente puede ser ordenada por el Ministerio Público y ejecutada por los cuerpos policiales, de conformidad con la Dirección Funcional que ejerce la F.ía sobre la Policía Judicial, como en este caso particular sucedió el que haya habido un yerro en la tramitología del expediente al no solicitar la prórroga no quita las potestades al Ministerio Público de ejercer válidamente la acción penal que por ley se le está delegada, por todo lo anterior solicito se declare sin lugar el recurso.
3.- Mediante escrito presentado el 24 de febrero de 2020, los amparados reiteran los argumentos esbozados en el escrito de interposición del recurso. Aducen que fueron detenidos de forma ilegítima.
4.- Por resolución de las 11:26 horas de 26 de febrero de 2020, la Magistrada Instructora dispuso ampliar el recurso al Juzgado Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, S.G.P..
5.- Mediante escrito presentado el 29 de febrero de 2020, Ricardo Valverde López, Juez Penal de Pococí y Guácimo explica en lo que interesa que los amparados fueron puestos en libertad por el vencimiento de la medida cautelar. Que el Ministerio Público de conformidad con el artículo 237 del Código Procesal Penal dispuso la detención de los imputados por considerar que se mantenía el peligro de fuga, y solicito una audiencia de medidas cautelares.
6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Hernández López; y,

CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO: Acusa el accionante lesión a la libertad de sus representados. Detalla que los tutelados personas privadas de libertad, cuya detención venció el 19 de febrero de 2020, fueron puestos en libertad por el Juzgado Penal. Arguye que el Ministerio Público al conocer de la situación dispuso la detención de los amparados, además solicitó al Juzgado Penal una audiencia para solicitar la prisión preventiva de los acusados. Aduce que la detención realizada por el Ministerio Público resulta ilegítima.
II.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
  1. Ante la F.ía Adjunta de Pococí y Guácimo, se tramita la causa penal número 17-001951-485-PE, (declarado de crimen organizado) por el delito de VENTA DE DROGAS Y OTROS, contra de [Nombre 002], [Nombre 003] Y [Nombre 004], Y OTROS. (Ver documentación);
  2. El 19 de noviembre de 2019, el Juzgado Penal de Pococí y Guácimo dispuso la medida cautelar de prisión preventiva, por el plazo de tres meses a vencer el 19 de febrero de 2020 a los investigados [Nombre 002], [Nombre 003] y [Nombre 004]. (ver documentación);
  3. Por resolución de las 11:34 horas de 20 de febrero de 2020, el Juzgado Penal de Pococí y Guácimo, dispuso la inmediata libertad de [Nombre 002], [Nombre 003] y [Nombre 004], ya que, el Ministerio Público no había gestionado medidas cautelares. (Ver documentación);
  4. El 20 de febrero de 2020, el F. a cargo de la investigación comunica al Juzgado Penal de Pococí y Guácimo la detención de los acusados –Tener a la Orden recibidas en el OIJ a las 15:51 horas de 20 de febrero de 2020- y que se estaba coordinando con el defensor particular para la audiencia de medidas cautelares. (Ver documentación);
  5. El 21 de febrero de 2020, el Juzgado Penal de Pococi y Guácimo recibió el expediente de los investigados y la solicitud del Ministerio Público de dictado de medidas cautelares. (Ver documentación);
  6. El 21 de febrero de 2020, a las 11:31 horas los tutelados comunican al Juzgado Penal el cambio de defensor particular, y por ello el Juzgador dispone reprogramar la audiencia de medidas cautelares dispuesta para las 10 horas del 22 de febrero de 2020. (Ver documentación);
  7. El 22 de febrero de 2020, a las 10 horas se realiza la audiencia, el Ministerio Público solicita prisión preventiva para los amparados, la cual fue rechazada y en su lugar se dictaron medidas menos gravosas, impedimento de salida del país, domicilio fijo, firmas periódicas cada ocho días, cauciones reales a los imputados de tres millones de colones a [Nombre 002]; de cinco millones de colones a [Nombre 003] y, de veinticinco millones de colones a [Nombre 004]. Operando la libertad de los mismos, hasta tanto cancelaran la caución fijada. Para efectos de fijar plazo y que no fuera una prisión preventiva indefinida, en el caso de que no pudieran cancelar los montos fijados y, que pudieran ser revisados tales montos en otra audiencia; se fijo la prisión preventiva de los tres encartados hasta el 07 de mayo del 2020. (Ver documentación);
  8. El 24 de febrero de 2020, el representante del Ministerio Público solicitó al Tribunal Penal de Pococí del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica una vista para conocer del recurso de apelación planteado contra la resolución del Juzgado Penal de Pococí y Guácimo. (Ver documentación);
  9. Por VOTO N° 181-2020 de las 9:11 horas de 25 de febrero de 2020, el Tribunal Penal de Pococí, declara la ineficacia de la resolución de las dieciséis horas cincuenta minutos del 22 de febrero de 2020 del Juzgado Penal de Guápiles, únicamente en cuanto decretó medidas alternas a la prisión preventiva. Se confirma la prisión preventiva de los imputados Paulo [Nombre 002] , [Nombre 004] y Joan Sebastián [Nombre 003] hasta su vencimiento el 7 de mayo de 2020. (Ver documentación).
III.- SOBRE LAS POTESTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO: Esta S. en resolución 2019022865 de las diez horas cinco minutos del diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dispuso lo siguiente:
III.- Sobre las competencias de control de esta S., en relación con el proceso penal .- En nuestro país, el desarrollo hermenéutico de proceso de hábeas corpus ha determinado que este recurso se dirija a controlar requisitos constitucionales fundamentales para situaciones de abierta “arbitrariedad” (elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad, en los propios términos usados por la Corte Interamericana. Cf. Parágrafo 355 in fine de la sentencia A. y otros vrs Costa Rica). Mientras tanto se ha dejado a las autoridades penales competentes la revisión de aquellos supuestos que, ameritan una revisión de los elementos de juicio constantes en el expediente y su verificación cuidadosa desde la perspectiva legal de un juez de la materia. En razón de lo anterior, es que esta S. en múltiples ocasiones, se ha pronunciado en relación con los alcances del habeas corpus que, “No se trata entonces de que este Tribunal se convierta en una instancia más dentro del proceso penal, o de cualquier otro proceso que se tramite en los tribunales de justicia, pues no le compete la revisión de posibles inconformidades de las partes, ni la valoración de prueba que tienda a resolver el fondo del asunto de que se trate”. Lo anterior implica que, si la parte recurrente pretende que esta Jurisdicción desacredite, por la vía sumaria del hábeas corpus, los hechos que ha tenido por demostrados la autoridad jurisdiccional al dictar una resolución que lesione o atente en contra de la libertad de tránsito de la persona procesada penalmente, así como la validez de la prueba que los respaldan, lo cierto del caso es que esto no es posible. Esta Jurisdicción valora la solidez de la argumentación jurisdiccional, en otras palabras, que la resolución que lesione o atente en contra de la libertad de tránsito de la personas procesada penalmente se haya decretado por medio de una resolución, debidamente, fundamentada y los yerros evidentes que repercutan sobre la libertad personal, pero, en principio, no le corresponde sustituirlo en la apreciación de la validez de los elementos probatorios que se han allegado al proceso. La anterior premisa obedece a la estructura constitucional diseñada para la administración de justicia, que ha establecido distintas vías a través de las que las personas, puedan encontrar remedio a las lesiones de sus derechos por parte de terceros o del propio Estado. Uno de ellos es la Jurisdicción Constitucional, diseñada como una instancia especializada en “garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica”, (artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Asimismo ya había creado anteriormente la jurisdicción ordinaria (artículo 153), y la jurisdicción penal ordinaria (artículos 22, 35, 36, 37, 39, 41 y 42 laboral) a la que definió con particular claridad su objeto de garantizar que “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad”. La determinación de criterios que permitan distribuir de manera apropiada los distintos tipos de reclamos, ha sido un tema prioritario para esta S., que ha dado por cierto que el principio de supremacía constitucional no conlleva necesariamente reconocer una competencia omnímoda al órgano designado para protegerla. Por el contrario, el principio de pesos y contrapesos nos debe llevar a entender que la jurisdicción constitucional debe conocer por la vía del habeas corpus aquellos aspectos que violen (situaciones de abierta “arbitrariedad”, elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad) de forma directa por acción u omisión la libertad de tránsito y la integridad. Pero cuando la decisión del reclamo exige apoyarse en normas secundarias, como leyes o reglamentos, lo correcto desde el punto de vista procesal es entregar la competencia sobre el caso a las instancias que la Carta Fundamental ha establecido para resolver los conflictos originados con la aplicación de la ley, según la fórmula acuñada en los albores del Estado Liberal. Esta última premisa, cobra especial relevancia en el proceso penal, el cual consigna y desarrolla de manera ulterior y específica, las garantías constitucionales que el constituyente diseñó para el proceso penal, con el fin de garantizar un juicio justo –objetivo primordial del debido proceso-. Esta condición, la podemos observar en las reglas del proceso penal que, establecen en la figura del juez de garantías, el contacto inmediato con el imputado y los medios probatorios, partiendo de un escenario de inmediatez, concentración, oralidad y contradictorio, que permiten que, los yerros que objeten las partes, sean atendidos de mejor manera.
IV.- Sobre la aprehensión, la detención y las garantías a favor de la persona que ha sido privada de libertad de manera temporal.- El propio artículo 37 constitucional, desarrolla las dos formas de privación de libertad temporal, con las que una persona puede ser presentada ante la autoridad competente para su respectivo procesamiento, es decir, la detención y la aprehensión. Ambas figuras, regulan potestades diferentes, a raíz de los escenarios especiales sobre los cuales surten efectos. En el caso de la detención, su consecución únicamente puede ser ordenada por el Ministerio Público, y en el caso de la aprehensión, esta puede ser practicada por cualquier persona, sin necesidad de una orden judicial previa. Sobre los alcances de la detención, el artículo 237 del Código Procesal Penal, establece lo siguiente:
ARTÍCULO 237.-Detención El Ministerio Público podrá ordenar que una persona sea detenida, cuando:
a) Sea necesaria la presencia del imputado y existan indicios comprobados para sostener, razonablemente, que es autor de un delito o partícipe en él, y que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar.
b) En el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los imputados y a los testigos y deba procederse con urgencia para no perjudicar la investigación, a fin de evitar que los presentes se alejen del lugar, se comuniquen entre sí y que se modifique el estado de las cosas y de los lugares.
c) Para la investigación de un delito, sea necesaria la concurrencia de cualquier persona.
La detención no podrá superar las veinticuatro horas. Si el Ministerio Público estima que la persona debe quedar detenida por más tiempo, la pondrá inmediatamente a la orden del tribunal del procedimiento preparatorio y le solicitará ordenar la prisión preventiva o aplicar cualquier otra medida sustitutiva. En caso contrario, ordenará su libertad.
De la lectura del anterior artículo, se puede extraer que, en relación con la detención, esta únicamente puede ser ordenada por el Ministerio Público y ejecutada por los cuerpos policiales, de conformidad con la Dirección Funcional que ejerce la F.ía sobre la policía Judicial. En el caso de las funciones del Organismo de Investigación Judicial, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, establece que nuestra policía judicial es órgano dependiente de la Corte Suprema Justicia y es “auxiliar de los tribunales penales y del Ministerio Público en el descubrimiento y verificación científica de los delitos y de sus presuntos responsables. Será, asimismo, cuerpo de consulta de los demás tribunales del país. ”
Por su parte, el artículo 3 la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, establece que su función principal radica en que “por iniciativa propia, por denuncia o por orden de autoridad competente, procederá a investigar los delitos de acción pública, a impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, a identificar y aprehender preventivamente a los presuntos culpables, y a reunir, asegurar y ordenar científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios para la investigación.”
N., que ninguno de los artículos anteriores, reconoce la potestad a favor de la policía judicial, de ordenar la detención de una persona, para ser presentada privada de libertad ante la administración de justicia; todo lo contrario, especialmente el artículo 3 la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, refuerza el hecho de que la policía judicial puede ejecutar una aprehensión –como se desarrollara más adelante en el presente considerando-, y en el caso de las detenciones, su papel se limita a la ejecución material de estas, de previo a la Dirección Funcional girada por parte del Ministerio Público, quien ostenta el monopolio legal para ordenarla. Lo anterior obedece a que, los criterios que desarrolla el artículo 237 del Código Procesal Penal, establecen limitaciones a la decisión discrecional que el Ministerio Público tiene, a la hora elegir la forma en que hará presentar una persona para cualquier diligencia judicial, ya sea en libertad (uso de la citación) o privado de esta última (uso de la detención), en concordancia con los artículos 1, 9, 11, 22, 37 y 39 constitucionales; ya que de por medio se encuentra le eventual lesión de uno de los derechos fundamentales por excelencia, como lo es la libertad.

En otro orden de ideas, el artículo 37 de la Constitución y los artículos 235 y 236 del Código Procesal Penal, establecen los alcances de la aprehensión, de la siguiente forma:
ARTÍCULO 235.- Aprehensión de las personas Las autoridades de policía podrán aprehender a toda persona, aun sin orden judicial, cuando:
a) Haya sido sorprendida en flagrante delito o contravención o sea perseguida inmediatamente después de intentarlo o cometerlo.
b) Se haya fugado de algún establecimiento penal o de cualquier otro lugar de detención.
c) Existan indicios comprobados de su participación en un hecho punible y se trate de un caso en que procede la prisión preventiva.
Asimismo, en caso de flagrancia, cualquier persona podrá practicar la aprehensión e impedir que el hecho produzca consecuencias. La persona aprehendida será entregada inmediatamente a la autoridad más cercana. La autoridad policial que haya aprehendido a alguna persona deberá ponerla, con prontitud, a la orden del Ministerio Público, para que este, si lo estima necesario, solicite al juez la prisión preventiva. La solicitud deberá formularse luego de realizar las diligencias indispensables y, en todo caso, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir de la captura. Si se trata de un delito que requiera la instancia privada, será informado inmediatamente quien pueda instar y, si este no presenta la denuncia en el mismo acto, el aprehendido será puesto en libertad.
ARTÍCULO 236.- Flagrancia. Habrá flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras sea perseguido, o cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito.

De la lectura de los anteriores artículos, se puede extraer que la aprehensión la puede realizar cualquier persona –sin necesidad de ostentar autoridad pública alguna-, por cuanto los escenarios que permiten la privación de libertad temporal de una persona, se limitan a hechos en curso, cuyos efectos se deben de detener lo más pronto posible, por el interés general y particular que existe de por medio. En los casos de la aprehensión, nos encontramos ante delitos en curso, o ante personas que escapan de la policía o de los centros penales, que por lo inmediato de los hechos acaecidos, no es posible recurrir previamente a la emisión de una orden judicial para detener a la persona aprehendida. La razonabilidad y legitimación de una figura privativa de libertad temporal, como sucede con el caso de la aprehensión, radica en la estrecha relación que existe entre la inmediatez de los hechos que permiten su consecución y el interés general de evitar que cualquier hecho delictivo surta sus efectos en contra de las personas y de la sociedad en general. Por las anteriores razones, es que el constituyente en el artículo 37 de la Constitución Política, excluyó los escenarios relacionados con la aprehensión, de la previa necesidad del mandato del juez.
En igual sentido, ambas cuentan con una garantía en común, la cual consiste en la inmediata disposición ante la autoridad competente de la persona privada de libertad. N., que tanto la Constitución, como los artículos 235 y 237 del Código Procesal Penal, establecen a favor de la persona aprehendida, la garantía de que ser puesto de forma pronta a disposición de la autoridad competente, es decir a la autoridad que será responsable de su privación de libertad. En igual sentido, el artículo 82 del Código Procesal Penal, establece los siguientes derechos para la persona imputada:
ARTICULO 82.- Derechos del imputado La policía judicial, el Ministerio Público y los jueces, según corresponda, harán saber al imputado, de manera inmediata y comprensible, que tiene los siguientes derechos:
[…]
b) Tener una comunicación inmediata y efectiva con la persona, asociación, agrupación o entidad a la que desee comunicar su captura.
c) Ser asistido, desde el primer acto del procedimiento, por el defensor que designe él, sus parientes o la agrupación a la que se comunicó su captura y, en defecto de éste, por un defensor público.
d) Presentarse o ser presentado al Ministerio Público o al tribunal, para ser informado y enterarse de los hechos que se le imputan.
La anterior garantía opera bajo los siguientes fines: 1. Para garantizar que la persona detenida o aprehendida sea sometida al procedimiento respectivo y así evitar privaciones de libertades con fines de tortura, para desapariciones forzadas, de mero aleccionamiento, ilegales, arbitrarias o delictivas. 2. Ante la ausencia de una orden judicial previa, con el fin de garantizar la integridad de la persona privada de libertad y el resto de sus derechos fundamentales, mediante la publicidad de la autoridad competente que tiene a su orden a la persona aprehendida. 3. Ante la ausencia de una orden judicial previa, con el fin de ejercer control sobre los deberes que debe de ejecutar la autoridad competente que tenga a su orden a la persona privada de libertad. Las anteriores premisas, incluso conllevan una estrecha relación con la tutela original del recurso de habeas corpus, en el sentido de exigir – a la autoridad estatal- que “exponga” a la persona que tiene privada de libertad a su orden. N., que por las circunstancias especiales del caso, las anteriores garantías se encuentran tanto al alcance de la persona privada de libertad, como de los familiares, representantes legales, defensores o personas interesadas en la persona privada de libertad, por cuanto estas últimas al encontrarse en libertad, cuentan con mejores condiciones para garantizar el debido proceso a favor de la persona privada de libertad”.
IV.- CASO CONCRETO: Después de analizar los elementos probatorios aportados este Tribunal descarta la lesión a la libertad de los amparados. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que ante la F.ía Adjunta de Pococí y Guácimo, se tramita la causa penal número 1 7-001951-485-PE, (declarado de crimen organizado) por el delito de VENTA DE DROGAS Y OTROS, contra de [Nombre 002], [Nombre 003] Y [Nombre 004], Y OTROS. El 19 de noviembre de 2019, el Juzgado Penal de Pococí y Guácimo dispuso la medida cautelar de prisión preventiva, por el plazo de tres meses a vencer el 19 de febrero de 2020 a los investigados [Nombre 002], [Nombre 003] y [Nombre 004]. Por resolución de las 11:34 horas de 20 de febrero de 2020, el Juzgado Penal de Pococí y Guácimo, dispuso la inmediata libertad de [Nombre 002], [Nombre 003] y [Nombre 004], ya que, el Ministerio Público no había gestionado medidas cautelares. El 20 de febrero de 2020, el F. a cargo de la investigación comunica al Juzgado Penal de Pococí y Guácimo la detención de los acusados – Tener a la Orden recibidas en el OIJ a las 15:51 horas de 20 de febrero de 2020- y que se estaba coordinando con el defensor particular para la audiencia de medidas cautelares. El 21 de febrero de 2020, el Juzgado Penal de Pococi y Guácimo recibió el expediente de los investigados y la solicitud del Ministerio Público de dictado de medidas cautelares. El 21 de febrero de 2020, a las 11:31 horas los tutelados comunican al Juzgado Penal el cambio de defensor particular, y por ello el Juzgador dispone reprogramar la audiencia de medidas cautelares dispuesta para las 10 horas del 22 de febrero de 2020. El 22 de febrero de 2020, a las 10 horas se realiza la audiencia, el Ministerio Público solicita prisión preventiva para los amparados, la cual fue rechazada y en su lugar se dictaron medidas menos gravosas, impedimento de salida del país, domicilio fijo, firmas periódicas cada ocho días, cauciones reales a los imputados de tres millones de colones a [Nombre 002]; de cinco millones de colones a [Nombre 003] y, de veinticinco millones de colones a [Nombre 004]. Operando la libertad de los mismos, hasta tanto cancelaran la caución fijada. Para efectos de fijar plazo y que no fuera una prisión preventiva indefinida, en el caso de que no pudieran cancelar los montos fijados y, que pudieran ser revisados tales montos en otra audiencia; se fijo la prisión preventiva de los tres encartados hasta el 07 de mayo del 2020. El 24 de febrero de 2020, el representante del Ministerio Público solicitó al Tribunal Penal de Pococí del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica una vista para conocer del recurso de apelación planteado contra la resolución del Juzgado Penal de Pococí y Guácimo. Por VOTO N° 181-2020 de las 9:11 horas de 25 de febrero de 2020, el Tribunal Penal de Pococí, declara la ineficacia de la resolución de las dieciséis horas cincuenta minutos del 22 de febrero de 2020 del Juzgado Penal de Guápiles, únicamente en cuanto decretó medidas alternas a la prisión preventiva. Se confirma la prisión preventiva de los imputados Paulo [Nombre 002], [Nombre 004] y Joan Sebastián [Nombre 003] hasta su vencimiento el 7 de mayo de 2020.
De lo expuesto, la S. concluye que el Juzgado Penal de Pococí y Guácimo dispuso la prisión preventiva de [Nombre 002], [Nombre 003] y [Nombre 004], a solicitud del Ministerio Público, por la posible comisión del delito de venta de drogas y otros en perjuicio de la salud pública, del 19 de noviembre de 2019 al 19 de febrero de 2020, sea por el plazo de tres meses, por considerar que existe el peligro procesal de fuga. Se verifica que el Juzgado Penal al corroborar que el Ministerio Público no había gestionado la prórroga de medidas cautelares ordenó la libertad de los investigados el 20 de febrero de 2020, en horas de la mañana. Posteriormente, el F. a cargo de este proceso comprueba el error procesal, sea la omisión de gestionar la medida cautelar de prisión preventiva y por ello el mismo 20 de febrero de 2020, ordena nuevamente la detención de los acusados, además remite el expediente al Juzgado Penal con la solicitud de prisión preventiva. Se corrobora que el Juzgado Penal, a solicitud de los tutelados -quienes gestionaron el cambio de defensor particular- reprogramó la audiencia de medidas cautelares para el 22 de febrero de 2020 -para permitir que el nuevo defensor particular estudiara el caso y pudiera ejercer plenamente la defensa de los tutelados-. De manera que el error apuntado por el accionante, sea la inacción del Ministerio Público pidiendo la prisión preventiva de los investigados, una vez decretada la libertad por parte del Juzgado Penal, no presenta vicios de inconstitucionalidad, ya que esa gestión se encuentra amparada en el artículo 237 del Código Procesal Penal. Además es importante destacar que la medida requerida fue respaldada por Tribunal Penal de esa jurisdicción.
V.- Voto salvado del Magistrado C.V.. Me separo del criterio de mayoría, y salvo parcialmente el voto. He sostenido en el pasado que las potestades que le otorga el Código Procesal Penal en el numeral 237 al Ministerio Público lo es para la etapa de investigación. Al respecto, afirmamos, en el voto número 750-2012, lo siguiente:
“Estamos de acuerdo en que el recurso de hábeas corpus se declare sin lugar, pues, en este caso, el proceso penal está en su etapa de investigación y, por consiguiente, resulta conforme con el ordenamiento jurídico que el Ministerio Público ejerza las atribuciones que prescribe el numeral 237 del Código Procesal Penal.

El artículo 237 de ese cuerpo normativo se encuentra en el libro IV, título I, denominado medidas cautelares de carácter personal, después de los artículos 235, que regula la aprehensión de las personas por las autoridades de policía, aun sin orden judicial, y el numeral 236, que norma los casos de flagrancia.
Revisando el expediente legislativo n.° 12.526, que dio origen a la Ley n.° 7594 –Código Procesal Penal- encontramos que el artículo correspondiente a ese numeral era el 262 (véase el folio n.° 158). Sobre el particular, no hubo mayor discusión; sin embargo, resulta interesante traer a colación la intervención de J.M.T., relator del taller número dos que analizó el tema del Ministerio Público-Policía Judicial, que estuvo reunido en la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración. Sobre el numeral 262 expresó lo siguiente: ‘Un cuarto punto fue la detención del imputado a que alude el artículo 262 y se consideró que debería adicionarse el último párrafo de este artículo 262 para que se establezca que la detención llevada a cabo por el Ministerio Público deberá ser puesta en conocimiento del Juez inmediatamente y no podrá superar las veinticuatro horas, o sea distinguimos dos cosas: el poner al Juez en conocimiento de la detención y poner al detenido a la orden del Juez que las dos son complementarias y necesarias’ (véase el folio 674. Las negritas no están en el original).
Los tres supuestos que prevé la norma: la presencia del imputado cuando pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar, cuando no es posible individualizar a los imputados y a los testigos en el primer momento de la investigación y se debe proceder con urgencia y para la investigación de un delito, suponen que se está en una etapa preliminar donde el imputado no ha sido puesto a la orden del Juez.

La doctrina nacional crítica el inciso a) de este artículo, pues considera que lo relativo a la aprehensión policial por existir indicios comprobados de participación del sujeto en un hecho punible es más amplia que con relación a la detención por orden del Ministerio Público, ya que en este caso, solo se regulan los supuestos de peligro de fuga –peligro de que pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar-, mientras que en el primero, también se contemplan los peligros de obstaculización y de reiteración delictiva.
En relación con el b) se dice que la finalidad primordial de la medida coercitiva es la individualización de los responsables y testigos del hecho delictivo, lo que supone la presencia de varias personas en el lugar de los hechos, sin que se pueda determinar quiénes son los responsables del hecho y quiénes los testigos.
En cuanto al inciso c) hay extrañeza en relación con esta regulación, pues el tema ya está normado en el numeral 165 del Código Procesal Penal.
Vistas así las cosas, queda claro que la normativa que estamos comentado supone varias cuestiones: en primer lugar, que la persona no se encuentra a la orden del Juez, pues no tendría sentido, entonces, que el último párrafo hablara de poner inmediatamente a la orden del tribunal del procedimiento preparatorio y le solicite -el Ministerio Público- orden de prisión preventiva o aplicar cualquier otra medida sustitutiva. En segundo término, tanto por la ubicación de la norma como por su contenido, los supuestos que se regulan son casos en los cuales se está en las etapas iniciales de investigación, donde no ha habido participación del Juez; y, en tercer lugar, cuando la persona es detenida por el Ministerio Público, éste debe poner en conocimiento de ese hecho a la autoridad judicial y, además, poner al detenido a su orden, todo dentro del plazo improrrogable de veinticuatro horas.
E., la conclusión necesaria de lo que llevamos dicho es que el Ministerio Público, una vez que el detenido ha sido puesto a la orden del Juez y éste lo deja en libertad no está jurídicamente autorizado para proceder a su detención nuevamente invocando el numeral 237 del Código Procesal Penal, pues ello supondría dejar, en la práctica, sin efecto una resolución judicial, la que por imperativo constitucional y legal les resulta vinculante a todas las partes del proceso penal.
En el presente asunto, se dan los supuestos de hecho que estamos comentando, toda vez que el proceso está en su fase inicial y, por un error del propio Ministerio Público - la no fundamentación del todo para solicitar la prórroga de la prisión preventiva del recurrente-, la persona quedó en libertad, por lo que se está actuando conforme a lo que dispone el numeral 237 del Código Procesal Penal”.
En el sub-judice, la situación es diferente, toda vez por un error del Ministerio Público no se pidió la prórroga de la prisión preventiva de los tutelados, por lo que el juzgado respectivo decretó su libertad. E., al no existir norma legal que le otorgue la potestad al Ministerio Público de ordenar la prisión preventiva cuando un Juez de la República ha ordenado la libertad en el supuesto que estamos comentando, lo procedente es acoger el habeas corpus únicamente para efectos indemnizatorios, toda vez que ya se prorrogó la prisión preventiva. Así las cosas, salvo el voto y declaro parcialmente con lugar el recurso incoado sin ordenar la libertad de los amparados.
VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso. El M.C.V. salva el voto y declara parcialmente con lugar el recurso incoado sin ordenar la libertad de los amparados.


Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. S.zar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.



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