Sentencia Nº 2020005740 de Sala Constitucional, 20-03-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha20 Marzo 2020
Número de sentencia2020005740
Número de expediente20-004329-0007-CO

*200043290007CO*

Exp: 20-004329-0007-CO

Res. Nº 2020005740


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas veinte minutos del veinte de marzo de dos mil veinte .


Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad número [Valor 001], a favor de él mismo, contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Resultando:
1.- Por escrito agregado a este expediente el 3 de marzo de 2020, el recurrente alegó, en resumen, lo siguiente: que el 15 de setiembre de 2019 se acogió a su jubilación como funcionario de la institución accionada. Señala que el 16 de septiembre de 2019 acudió al ministerio recurrido para realizar los trámites correspondientes al pago de sus prestaciones, ocasión en la cual se le indicó que el pago de tales extremos se llevaría a cabo en los primeros días de diciembre de 2019, lo cual no ocurrió. Añade que el 17 de febrero de 2020 se apersonó de nuevo ante las autoridades recurridas, oportunidad en la cual se le manifestó que el pago de lo adeudado se haría efectivo el 21 de febrero de 2020. No obstante, aduce que, a la fecha que acude en amparo, no se le ha pagado lo debido. Estima que los hechos descritos lesionan sus derechos fundamentales. Solicita que se obligue al Ministerio de Obras Públicas y Transportes a pagarle la prestaciones legales y se le indemnice por daños y perjuicios o se le paguen los intereses por el atraso.
2.- Por resolución de las 14:46 horas del 4 de marzo de 2020, se le dio curso al proceso, lo que se notificó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes el 6 de marzo de 2020.
3.- Por escrito agregado a este expediente el 11 de marzo de 2020, Berny Vargas Mejía, director jurídico a.i. del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, rindió el informe. Indicó, en resumen, que la gestión presentada por el recurrente en septiembre de 2019 fue atendida en tiempo y forma por parte de la Dirección Jurídica. Desde el 9 de diciembre de 2019, se remitió al Despacho del Viceministerio de Transportes y Seguridad Vial el oficio número DAJ-2019-6731 (proyecto de resolución administrativa) para la firma. Escapa de esa Dirección Jurídica el pago final de los extremos laborales. Por correo electrónico del 9 de enero de 2020, la Dirección Jurídica remitió digitalmente la resolución número DVTSV-R-ADM-2019000206 de las 14:01 horas del 20 de diciembre de 2019 al Departamento de Servicios de Personal para el trámite de pago y formulación de la factura de gobierno y posterior remisión a la Dirección Financiera. Por medio de reporte SIGAF (Sistema Integrado General de Acuerdo de Facturas) del Ministerio de Hacienda, según informa la Dirección Financiera del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por medio de documento MOPT número 1900001818 del 31 de enero de 2020, está previsto depositar el monto adeudado en la cuenta del recurrente el viernes 13 de marzo de 2020. Solicita se declare sin lugar el recurso.
4.- El 12 de marzo de 2020, el secretario de esta S. y la respectiva técnica judicial, hicieron consta lo siguiente: “Revisado, a las quince horas y diecisiete minutos del doce de marzo de dos mil veinte, en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del 04 al 11 de marzo de 2020, el DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT) haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó”.
5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Picado Brenes; y,

Considerando:

I.- Objeto. El recurrente estimó lesionados sus derechos, porque, según alegó, se jubiló en septiembre de 2019, pero no le han pagado aún las prestaciones legales que le corresponden.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) El recurrente se jubiló como funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a partir del 16 de septiembre de 2019 (documentación aportada). 2) En septiembre de 2019, el recurrente presentó ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes el reclamo de las prestaciones laborales (copia del reclamo presentado). 3) Por resolución administrativa número DVTSV-R-ADM-2019-000206 del las 14:01 horas del 20 de diciembre de 2019, el Viceministro de Transportes y Seguridad Vial resolvió pagar la suma de 8 013 003, 57 colones al recurrente por concepto de extremos laborales (copia de la resolución). 4) La Dirección Financiera del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por medio de documento MOPT número 1900001818 del 31 de enero de 2020, indició que estaba previsto depositar el monto adeudado en la cuenta del recurrente el viernes 13 de marzo de 2020, y, en efecto, se depositó (informe de la Dirección Jurídica y constancia agregada al expediente).
III.- Sobre el fondo. Sobre el pago oportuno de las prestaciones legales esta S. se ha pronunciado en múltiples oportunidades. En sentencia número 2020000456 de las 9:20 horas del 10 de enero de 2020, que reitera la jurisprudencia de este Tribunal, indicó lo siguiente:
“SOBRE LAS PRESTACIONES LEGALES. Al respecto, esta S. se ha pronunciado en diversas ocasiones, como lo es, por ejemplo, la resolución n.° 2017-05720 de las 9:15 horas de 21 de abril de 2017, en la que indicó:

(…) El criterio de este Tribunal ha sido conteste al estimar que la protección del derecho al salario se extiende al derecho de todo funcionario de ser indemnizado a la terminación de su relación con el patrono, no sólo porque se incluyen derechos irrenunciables como lo son el salario, las vacaciones y el aguinaldo, sino porque las leyes laborales en los casos en que no sea invocada una causal para el despido unilateral del patrono, éste debe reconocer al trabajador cierta compensación monetaria. De esta forma, si bien, se reconoce que la tramitación del pago a un funcionario cesado -tratándose de fondos públicos- pueda requerir un tiempo razonable, eso no justifica que en la práctica, el Estado realice la liquidación correspondiente en plazos excesivamente prolongados, con lo cual se menoscaba la dignidad del funcionario público y de su familia (véase, en igual sentido, la sentencia No. 000942-97 de las 15:39 hrs. de 12 de febrero de 1997). Siendo que se ha considerado que la Administración debe agilizar los trámites necesarios y cumplir con su obligación dentro de los dos meses posteriores a la cesación (sentencia No. 2009-004868 de las 13:36 hrs. del 20 de marzo de 2009 (…)”.

IV.- Caso concreto. En este caso, se demostró que, en efecto, el recurrente se jubiló en septiembre de 2019. En ese mismo mes, reclamó el pago de las prestaciones. Al momento de interposición de este amparo, habían transcurrido más de cinco meses desde la jubilación sin que se le hubiera pagado lo adeudado. El plazo excede el que esta S. ha considerado razonable. En consecuencia, se debe estimar el recurso. Ahora bien, estando en curso el proceso de amparo, la Administración finalmente dispuso el pago efectivo el 13 de marzo de 2020 y, en efecto, depositó lo adeudado en la cuenta del recurrente, de manera que el amparo se estima para efectos indemnizatorios.
V.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios en el caso concreto. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta S. que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el correspondiente proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VI.- Razones diferentes de la Magistrada H.L. sobre las consecuencias económicas derivadas de declarar con lugar este recurso. Coincido con la mayoría de la S. en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la S.. No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente:
La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la S. Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.
Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la S., exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.
En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la S. para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derecho fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “(a)demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la S. ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional.
Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.
La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la S. conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la S. constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.
Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la S. -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado”, situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado. En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas.
En este caso, puede afirmarse que la S. ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.
VII.- Razones diferentes del Magistrado S.A., en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Coincido con el resto de la S. en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
El artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la S. ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la S. haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la S., aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta S. puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VIII.- Documentación aportada al expediente . Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el «Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial», aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada H.L. da razones diferentes sobre la condenatoria en daños, perjuicios y costas, de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado S.A. da razones diferentes en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios. N..
Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. S.zar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.


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EXPEDIENTE N° 20-004329-0007-CO

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del P.S.. Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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