Sentencia Nº 2020006323 de Sala Constitucional, 27-03-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha27 Marzo 2020
Número de sentencia2020006323
Número de expediente20-004832-0007-CO

*200048320007CO*

Exp: 20-004832-0007-CO

Res. Nº 2020006323


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas veinte minutos del veintisiete de marzo de dos mil veinte .


Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad número [Valor 001], a favor de [Nombre 002] y otros, contra el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

RESULTANDO:

1.- Por escrito agregado a este expediente el 10 de marzo de 2020, el recurrente interpuso este recurso a favor de [Nombre 002], cédula número [Valor 002], y de las personas menores de edad [Nombre 007], [Nombre 008] y [Nombre 009]. Indica que la amparada es cuidadora de las personas menores de edad indicadas. Ella pasó todos los filtros para hacerse cargo de ellos y le fue asignada tal responsabilidad. Agregó que ella, debido a su condición socioeconómica, acudió ante el Patronato Nacional de la Infancia, a fin de solicitar colaboración con el cuido de los menores de edad. Comenta que, en virtud de lo anterior, se suscribió con el Patronato Nacional de la Infancia un acuerdo institucional denominado “Hogares Solidarios”, que contempla una ayuda económica para la exclusiva manutención de las personas menores de edad. Expresa que en el convenio se estableció que el auxilio económico se haría efectivo a partir de enero del 2020, pero a la fecha de interposición de este recurso, la institución recurrida no ha cumplido con el compromiso pactado, lo cual coloca en un estado de riesgo a los niños en cuanto a su sustento y calidad de vida. Alude que la tutelada ha planteado diversas gestiones administrativas tendientes a solventar la omisión descrita; sin embargo, no ha obtenido resultados positivos y los menores de edad continúan sin recibir el dinero que requieren para subsistir. Solicita que se ordene al Patronato Nacional de la Infancia realizar los pagos.

2.- Por resolución de las 15:33 horas del 10 de marzo de 2020, se le dio curso al proceso, lo que se notificó al Patronato Nacional de la Infancia el 11 de marzo de 2020.

3.- Por escrito agregado a este expediente el 12 de marzo de 2020, el recurrente indicó que el dinero debía ser girado desde el 25 de marzo de 2020, de manera que se adeuda un monto superior a los cuatro millones de colones.

4.- Por escrito agregado a este expediente el 16 de marzo de 2020, Gladys Mercedes Jiménez Arias, Presidenta Ejecutiva, y C.L.S.M., Coordinadora Ejecutiva de la Oficina Local de Hatillo, ambas del Patronato Nacional de la Infancia, rindieron el informe. Indicaron que la intervención institucional a favor del grupo de hermanos [Nombre 010] y [Nombre 011] data del año 2016. El procedimiento de especial de protección en sede administrativa está a cargo de la Oficina Local de Hatillo. Como parte del abordaje, se promovió el proceso de depósito judicial bajo el cuidado de la señora [Nombre 002], expediente número [Valor 003] del Juzgado de Familia del Primer Circuito Judicial de San José. El 25 de marzo de 2019, se procedió a suscribir un convenio de hogares solidarios entre ella y la oficina local, con la finalidad de que la institución le girara la suma de 110.000 colones a favor de cada persona menor de edad, para su atención integral. Debido a inconvenientes de orden logístico, tanto internos como externos, los giros pendientes de los años 2019 y 2020 no había podido ser transferidos. Según informe de fecha 12 de marzo de 2020, elaborado por la Oficina Local de Hatillo, se denota que se han realizado las gestiones para los giros. Consta, además, que las personas menores de edad están en condiciones adecuadas e idóneas. También se le ha dado el seguimiento respectivo. Agregaron que el Departamento Financiero Contable del Patronato Nacional de la Infancia indicó que el 12 de marzo de 2020 se depositó en la cuenta de la señora [Nombre 002] la suma de 3 696 000,00 colones. Indicaron que aportan como prueba la constancia de la transferencia. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.

5.- En la substanciación del proceso se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Picado Brenes; y,

Considerando:

I.- OBJETO. El recurrente alegó que el Patronato Nacional de la Infancia no le ha girado a la señora [Nombre 002] la ayuda económica para la manutención de tres personas menores de edad que están bajo su cuidado. Agregó que el Patronato Nacional de la Infancia se comprometió a girar la ayuda mensual conforme a un convenio de hogares solidarios firmado con ella.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) El 25 de marzo de 2019, el Patronato Nacional de la Infancia suscribió un convenio de hogares solidarios entre la amparada [Nombre 002], con la finalidad de girarle una ayuda económica para la manutención de tres personas menores de edad que están bajo su cuidado, en virtud de depósito judicial dictado por el Juzgado de Familia del Primer Circuito Judicial de S.J. (informe rendido y copia del informe interno de la Oficina Local de Hatillo). 2) Por problemas de logística, el Patronato Nacional de la Infancia no giró en su momento las ayudas correspondientes a los meses de los años 2019 y 2020 (informe rendido). 3) El 11 de marzo de 2020 se notificó este amparo al Patronato Nacional de la Infancia (acta de notificación). 4) El 12 de marzo de 2020, el Patronato Nacional de la Infancia giró a la señora [Nombre 002], de manera retroactiva, la suma de 3 696 000,00 (informe rendido y constancia del giro).

III.- SOBRE EL FONDO . En relación con el tema planteado en este amparo, esta S. se ha pronunciado en varias oportunidades. En sentencia número 2019002218 de las 9:15 horas del 8 de febrero de 2019, indicó lo siguiente:

SOBRE EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO . En materia de los derechos especiales que tienen las personas menores de edad se encuentran varias normas de rango constitucional, internacional e infraconstitucional; reconociéndose en todas ellas el interés superior del niño (a) como criterio de toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años. “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido” así reza el artículo 51, de nuestra Carta Magna. En igual sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (aprobada y ratificada por nuestro país, mediante, la Ley N° 7184 del 18 de julio de 1990, la cual entró en vigencia, a tenor del numeral 2 de ese instrumento legal, el día de su publicación en La Gaceta No. 149 del 9 de agosto de 1990), le establece una serie de derechos a cualquier niño, independientemente, de su raza o nacionalidad (artículo 2°), tales como: el derecho a ser cuidado por sus padres (artículo 7º), el derecho a un “nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social” reconociéndose a los padres como los responsables primordiales de proporcionarles las condiciones de vida necesarias para su desarrollo y el deber del Estado de adoptar “medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho” (artículo 27) y en caso de tratarse además de un niño (a) mental o físicamente impedido el derecho a “ disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren dignidad, permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad” además de “recibir cuidados especiales” (artículo 23).

En atención a lo anterior, en casos en los cuales por formalismos injustificados, o bien, retardos en la tramitación, el Patronato Nacional de la Infancia haya demorado en la entrega de los montos derivados de un convenio suscrito a la luz de la figura de un H.S., este Tribunal ha intervenido e, incluso, ha ordenado el giro de los montos correspondientes, de conformidad al interés superior de los menos involucrados. Así, por ejemplo, en la Sentencia N° 2018-11802 de las 9:20 horas de 20 de julio de 2018, se indicó lo siguiente:

“V.…los montos que debe girar el PANI son para poder cubrir las obligaciones que asume el H.S. con los menores de edad. Visto lo anterior, la S. analizará si la demora para brindar los fondos se encuentra debidamente justificada y con una razón de peso suficiente para inobservar el interés superior de los menores de edad, tomando en cuenta los criterios de necesidad, es decir, si la actuación impugnada no era realizada se afectaban los fondos públicos, idoneidad, esto es, si el tipo de restricción adoptada cumplió o no con la finalidad de satisfacer la necesidad detectada, y proporcionalidad, que vendría a un juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de restricción que se impuso. Véase que la actuación de no girar los montos de los que son beneficiarios los tutelados, se da por una mera formalidad, pues en ciertos documentos el nombre de la recurrente no es el correcto (….)

Adviértase que no hay controversia sobre la identidad de la depositaria. Por ende, es criterio de este Tribunal que el retraso resulta injustificado, pues al existir una correcta constatación de la identidad de la depositaria, la correcta ejecución de los fondos públicos no estaría en riesgo –como así lo pretende ver la autoridad recurrida-. Igualmente, el convenio fue suscrito con el documento de identidad vigente de la accionante. Adviértase que el ordenamiento jurídico brinda las herramientas jurídicas para subsanar defectos en documentos públicos, por ende, no resulta idónea ni proporcional la medida extrema de no girar los montos a tiempo, por formalismos que pueden ser corregidos mediante otros mecanismos.

VI.- Así las cosas, véase que la demora en girar los fondos así pactado en el convenio suscrito entre la recurrente y el PANI, no fue debidamente justificado por la autoridad recurrida. De ahí que, con las actuaciones de los funcionarios del Patronato recurrido prevaleció un formalismo excesivo, irrazonable y sin una justificación exhaustiva que permita validar la demora en el pago de los montos. Nótese que también se omitió ponderar el interés superior de los menores versus las formalidades impuestas, puesto que los montos que se girarían son para la atención integral de las personas menores de edad. Por ende, la nula motivación por parte de los funcionarios del PANI para retrasar el pago de los fondos, también violenta la obligación estatal de garantizarles a los menores de edad el derecho a un “nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”.

A la luz del precedente parcialmente citado, considera esta S. que resulta necesario establecer si en caso bajo estudio, las autoridades recurridas han incurrido en alguna actuación que vulnerara el interés superior de los menores de edad amparados”.

IV.- CASO CONCRETO . Del informe rendido bajo juramento y de la prueba aportada se tiene por demostrado que, en efecto, el 25 de marzo de 2019, el Patronato Nacional de la Infancia firmó convenio denominado de hogares solidarios por el cual se comprometía girar una ayuda económica para cada una de las tres persona menores de edad que, según depósito judicial, están a cargo de la señora [Nombre 002]. Sin embargo, por diversas razones que no se detallan no lo hizo oportunamente. La falta del giro oportuno puso en riesgo la adecuada atención y bienestar de los niños de manera que, a juicio de esta S., sí se lesionaron sus derechos. Con posterioridad a la notificación de la resolución de curso de este proceso de amparo, el Patronato Nacional de la Infancia finalmente giró a la señora los montos adeudados. En consecuencia, el recurso debe declararse con lugar para efectos indemnizatorios.

V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL CASO CONCRETO. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta S. que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el correspondiente proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VI.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA H.L. SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO. Coincido con la mayoría de la S. en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la S.. No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente:
La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la S. Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.
Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la S., exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.
En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la S. para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derecho fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “(a)demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la S. ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional.
Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.
La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la S. conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la S. constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.
Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la S. -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado”, situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado. En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas.
En este caso, puede afirmarse que la S. ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.
VII.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, EN RELACIÓN CON LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Coincido con el resto de la S. en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
El artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la S. ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la S. haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la S., aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta S. puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VIII.- Razones diferentes de la Magistrada G.V.. En términos generales, cuando la S. por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “ resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “ si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la S. así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la S. condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la S. a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.
En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.

IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. Se condena al Patronato Nacional de la Infancia al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada H.L. da razones diferentes sobre la condenatoria en daños, perjuicios y costas, de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado S.A. da razones diferentes en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada G.V. da razones diferentes en cuanto a la condenatoria en costas, daños y perjuicios.

Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. S.zar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.



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