Sentencia Nº 2020006794 de Sala Constitucional, 03-04-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente200053430007CO
Número de sentencia2020006794
Fecha03 Abril 2020

*200053430007CO*

Exp: 200053430007CO

Res. Nº 2020006794


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas veinte minutos del tres de abril de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en el expediente No. 20-005343-0007-CO, interpuesto por MELISSA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, cédula de identidad No. 0112150775, a favor de [Nombre 001] , cédula de identidad No. [Valor 001], contra el DIRECTOR MÉDICO Y EL JEFE DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA, AMBOS DEL HOSPITAL DE GUÁPILES.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 14 de marzo de 2020, la parte recurrente interpone recurso de amparo, contra el Hospital de Guápiles y manifiesta que a la amparada se le diagnosticaron cataratas en ambos ojos, razón por la cual debe ser operada. No obstante, en el servicio de oftalmología del hospital recurrido se le asignó cita para diciembre de 2020. Estima que la situación descrita lesiona los derechos fundamentales de la paciente.
2.- Mediante resolución a las 10:46 horas del 23 de marzo de 2020, se dio curso al amparo.
3.- I.M.M., D. Médica del Hospital de Guápiles rindió el informe de ley y manifestó que la amparada fue valorada el 1 de octubre de 2018 por el M.J.C.Q., Especialista en Oftalmología. El médico determina que por el momento la paciente no es de resolución quirúrgica, le deja cita de control en 8 meses y solicita realizar biometría para confirmar diagnóstico y definir el tratamiento a seguir. El 15 de mayo de 2019 se realiza biometría a la usuaria, se confirma diagnóstico de cataratas y que requiere cirugía; por lo que se le otorga documentos para ingresar a la lista de espera de Cirugía, en hoja de priorización queda con prioridad baja. Manifiesta que el período de programación en ese grado de priorización es de 12 meses a 18 meses, por lo que la cirugía debería programarse en plazo máximo en noviembre de 2020. Indica que las actuaciones del Hospital están dirigidas a cumplir el plazo otorgado por el especialista para programar y efectuar la cirugía que requiere la usuaria. Asimismo, la amparada fue valorada en cita de control el 3 de marzo de 2020 por la Dra. K.O.V.D.S., especialista en oftalmología. En esa cita la Especialista en Oftalmología no cambia el criterio de priorización para la cirugía antes del mes de noviembre de 2020. Considera que no se han lesionado los derechos fundamentales de la amparada. Solicita se declare sin lugar el recurso. Indica que la cita para el 1de diciembre de 2020 fue asignada a la recurrente en el año 2019, cuanto tenían una amplia lista de espera en oftalmología, sin embargo gracias a las Jornadas de Producción en Oftalmología se reprogramaron las citas de los pacientes. Asimismo, a partir de febrero de 2020 cuentan con 2 nuevos especialistas en Oftalmología para un total de 3 especialistas en el Hospital, por ello se reprogramó la cita de la amparada para el 3 de marzo de 2020.

4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Picado Brenes; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. L a recurrente alega que a la amparada se le diagnosticaron cataratas en ambos ojos, razón por la cual debe ser operada. No obstante, en el servicio de oftalmología del hospital recurrido se le asignó cita para diciembre de 2020, por lo que considera lesionado el derecho a la salud de la amparada.
II.- HECHOS PROBADO. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
  1. La amparada [Nombre 001] cuenta con 67 años de edad, y es paciente del Servicio de Oftalmología del Hospital de Guápiles (hecho no controvertido);
  2. La amparada fue valorada el 1 de octubre de 2018 por el Manrique José Córdoba Quirós, Especialista en Oftalmología, quien determina que por el momento la paciente no es de resolución quirúrgica, le deja cita de control en 8 meses y solicita realizar biometría para confirmar diagnóstico y definir el tratamiento a seguir (informe de los recurridos);
  3. El 15 de mayo de 2019 se realiza biometría a la usuaria, se confirma diagnóstico de cataratas y que requiere cirugía. En esa fecha ingresa a la lista de espera de Cirugía, con prioridad baja (informe de los recurridos);
  4. En el año 2019 se le asignó una cita de control a la amparada para el 1 diciembre de 2020, pero la cita fue adelantada para el 3 de marzo de 2020 (informe de los recurridos);
  5. La amparada fue valorada en cita de control el 3 de marzo de 2020 por la Dra. K.O.V.D.S., especialista en oftalmología, quien no cambia el criterio de priorización para la cirugía antes del mes de noviembre de 2020 (informe de los recurridos):
  6. La amparada está en lista de espera para cirugía de cataratas y será operada en noviembre de 2020 (ver informe rendido y pruebas aportadas);
III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De las pruebas aportadas en el informe rendido bajo juramento al Tribunal, se ha tenido por demostrado que, la amparada cuenta con 67 años de edad, y es paciente del Servicio de Oftalmología del Hospital de Guápiles. El 15 de mayo de 2019 se realiza biometría a la usuaria, se confirma diagnóstico de cataratas y que requiere cirugía, por lo que se ingresa en la lista de espera con prioridad baja. Asimismo, se tiene como un hecho demostrado que en el año 2019, en el Servicio de Oftalmología se le asignó una cita de control a la amparada para el 1 diciembre de 2020, que es la cita que reclama en este amparo, pero la misma fue adelantada para el 3 de marzo de 2020. En esa fecha, la amparada fue valorada por la Dra. K.O.V.D.S., especialista en oftalmología, quien no cambia el criterio de priorización para la cirugía antes del mes de noviembre de 2020. De manera que se acredita que la amparada está en lista de espera para cirugía de cataratas y será operada en noviembre de 2020.
Analizados los reclamos de la parte amparada y de conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Sala en esta materia, se considera que, en el caso concreto, se ha lesionado su derecho a la salud, pues ha transcurrido un plazo de diez meses desde que le fuera prescrita la cirugía que reclama, por parte de su médico tratante. Dicho plazo es irrazonable y desproporcionado, por lo que lesiona su derecho a la salud. Asimismo, tratándose de una persona adulta mayor, considera este Tribunal que la espera prolongada por la cirugía de cataratas que requiere, menoscaba su calidad de vida. En vista de que los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social deben realizar de manera pronta y oportuna las acciones necesarias para resguardar, no solo la salud y vida de sus usuarios, sino además propiciarles una mejor calidad de vida, lo procedente es declarar con lugar el recurso. Sin embargo, visto que luego de la notificación del amparo las autoridades recurridas indican que la amparada será intervenida quirúrgicamente en el mes de noviembre de 2020, lo procedente es acoger el recurso con base en lo dispuesto en el numeral 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

IV.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la ley de la jurisdicción constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes. Se subraya que la Ley indica “ si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “ toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr . artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- Nota del Magistrado C.V.. Al 23 de enero de 2018, aproximadamente el recurrente -Hernández Mussio ha presentado 339, R.H. ha presentado 186, B.P. ha presentado 726 G.S. ha presentado 1940 (en su calidad de recurrente o abogado director)- recursos de amparo a favor de distintos usuarios de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social utilizando la figura de la acción vicaria que prevé el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Asimismo, la Fundación Derecho Sin Fronteras, cédula jurídica 3-006-702693, y quien tiene al señor G.S. como su director jurídico, conforme consta en el expediente 16-016504-0007-CO, ha planteado también diversos recursos a favor de distintos asegurados. Ahora bien, por imperativo de ley –artículo 51 de la LJC, al acoger un amparo se debe condenar e abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso –en aquellos casos en que resulta procedente-, y se reserva su liquidación para la ejecución de sentencia. E., el Juez de lo contencioso-administrativo, o la Administración –CCSS- en el caso de que haya llegado a un acuerdo extrajudicial con el fin de evitar otro litigio –ejecución sentencia-, para el pago de los daños y perjuicios deben verificar que el correspondiente pago se haga a favor del (la) amparado (a) únicamente, para que se mantenga el recto sentido de la norma. Cuando se trata de las costas –honorarios-, al (a la) abogado (a) se le cancelarán, siempre y cuando acredite que fue el (la) director (a) del proceso constitucional de amparo y el (la) amparado (a) no compruebe que le pagó los honorarios al profesional en derecho. C. esta sentencia a la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social y a la contralora General de la República.
VI.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y sobretodo el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social es un agravio que se ha tornado recurrente en esta Sala Constitucional. Este tipo de procesos han venido en un aumento exponencial, los cuales se evidencian mediante los números que se lleva en la estadística de este Tribunal:
Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:
AÑO
CANTIDAD EN SALUD
PORCENTAJE
2012
1745
10,26%
2013
1891
12,39%
2014
2710
13,02%
2015
3725
20,07%
2016
4865
27,08%
2017
5682
28,38%
2018
6932
33,78%
2019*
743
29,90%
(*) Asuntos ingresados del 01 de enero al 14 de febrero de 2019.
Del cuadro anterior se infiere un aumento constante, desde el año 2012 a la fecha, en la cantidad de asuntos por violación al derecho a la salud que han ingresado a la jurisdicción constitucional, tendencia que en estos momentos tiende al aumento. De tales asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal en la sentencia No. 2019-5560 de las 09:30 hrs. del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente por el estado de las listas de espera. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal ordenó la elaboración en el plazo de seis meses de un sistema de gestión integrado para solventar los problemas de lista de espera y que incorporara soluciones a las causas estructurales reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente 18-14499-0007-CO, entre otras, ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, las consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, así como el ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado, deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a ello, el proyecto de sistema de gestión integrado, deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse bajo los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Es decir, con la citada sentencia se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social –de conformidad con sus competencias constitucionales y legales- tome las medidas para poner fin a la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de las personas que acuden a esa institución a recibir atención médica. Aunado a ello, en aras de dar un seguimiento del cumplimiento de esta sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, se le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que deberá coadyuvar con el seguimiento de la ejecución de esta resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de disponer de acciones que reduzcan la problemática y que evite que los ciudadanos tengan que recurrir ante la Sala Constitucional para poder ver satisfecho su derecho a la salud.

VII.- Voto salvado de la Magistrada H.L., sobre las consecuencias económicas derivadas de declarar con lugar este recurso. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha declaratoria.

La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.

Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral.

En lo que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus artículos 46 y siguientes, tres aspectos concretos del ejercicio de la función jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a) el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49 y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de manera tal que –ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una restauración del disfrute de tales derechos y, además, una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin disuasorio para que el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la ley de la Jurisdicción Constitucional.

En este último aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “ toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…” ; en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide, la Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una condenatoria en costas daños y perjuicios, que se apoya en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por el hecho de que al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los efectos del acto reclamado” (artículo 50) pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha constatado la violación.

Dentro de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos- la disposición del artículo 52 de la Ley encaja perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación anormal del proceso”. Pero las condiciones y alcances para decretar esa forma de conclusión están delimitados como suma precisión por parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe comprobar: 1) que el amparo está en curso; 2) que exista una resolución administrativa o judicial (que debe entenderse en su sentido estrictamente formal); y 3) que en tal resolución se disponga incuestionablemente la revocación, la detención o la suspensión de la actuación impugnada. Se trata de conceptos sumamente acotados, cuyo ámbito de aplicación debe además ser interpretado restringidamente, no solo en atención a la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino porque las consecuencias de aplicar tal excepción generan indiscutiblemente una disminución en el derecho fundamental de las personas a lograr una efectiva tutela judicial frente a los daños recibidos con la lesión a sus derechos constitucionales. En conclusión, únicamente en tales limitados casos y luego de confirmado por el Tribunal todo lo anterior, a la luz de una lectura restrictiva de sus alcances, estaríamos ante la necesidad de dejar de lado el sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, y ejercitar -como jueces- nuestra discreción jurídica para decidir si se ordena el pago de tales extremos o no.

En este caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo 52 de LJC, pues, por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación anormal del proceso”. Por otra parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya que no existe una “resolución administrativa o judicial” formalmente emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello, es procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC y disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas del proceso.

Pero incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos probados de este caso han llevado a la Sala a declarar la existencia de una afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales del amparado, que, como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la Sala-, y no se aprecia en el expediente mérito alguno que convenza para exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto expresamente en la ley.

VIII.- Voto salvado parcial del Magistrado S.A., únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes ”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “ únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

IX.- Voto salvado parcial de la Magistrada G.V.

Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título derivado de este proceso para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a I.M.M., D. General del Hospital de Guápiles, o quien en su lugar ocupe dicho cargo, que ejecute las acciones necesarias, para que [Nombre 001], cédula de identidad No. [Valor 001], sea intervenida quirúrgicamente en el mes de NOVIEMBRE DE 2020, plazo programado por el centro médico recurrido, luego de la notificación de este amparo, si otra causa médica no lo contraindica. Lo anterior, bajo el apercibimiento que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. El M.C.V. pone nota. El Magistrado Rueda Leal pone nota. La Magistrada H.L. salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado S.A. salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada G.V. salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. N..


Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.



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EXPEDIENTE N° 200053430007CO

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del P.S.. Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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