Sentencia Nº 2020007775 de Sala Constitucional, 24-04-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2020007775
Número de expediente20-005471-0007-CO

*200054710007CO*

Exp: 20-005471-0007-CO

Res. Nº 2020007775


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de abril de dos mil veinte .

                 Recurso de amparo que se tramita en el expediente n.° 20-005471-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] , a favor de [Nombre 002] , carné abogado/a [Valor 002] , contra el COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Sala el 16 de marzo de 2020, el accionante interpone un recurso de amparo. Manifiesta que por acuerdo n.° 2018-42-0009 tomado en la sesión ordinaria n.° 42- 18 celebrada el 29 de octubre de 2018, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica impuso al amparado una sanción disciplinaria, injusta y en irrespeto al debido proceso. Menciona que al amparado no se le permitió ejercer su derecho de defensa dentro del procedimiento seguido en su contra; además, las autoridades recurridas se negaron a evacuar la prueba aportada por el tutelado, sin mediar justificación alguna, situación que lo dejó en total indefensión. Considera que lo expuesto lesiona los derechos fundamentales del amparado.
2.- Por resolución de las 7:11 horas del 18 de marzo de 2020 se dio curso al amparo.
3.- Contesta Diego Moya Meza, en su condición de apoderado especial judicial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Rechaza el primer hecho. Afirma que la Junta Directiva ejerció el poder de disciplina conforme lo regula la Ley Orgánica de la Corporación. Niega que la sanción impuesta al colegiado se hubiese aplicado de forma injusta y violentado derecho constitucional o garantía procedimental del agremiado En todo momento, el procedimiento disciplinario se siguió en estricto apego al bloque de legalidad y en consonancia a los derechos que como procesado le asisten al colegiado, encontrándose el acto administrativo sancionatorio ajustado en un todo a Derecho. Señala que el recurrente no indica en qué consiste la alegada violación al derecho de defensa y la sanción injusta a que hace alusión. Apunta que el accionante no señala cuál prueba es la que no fue evacuada y que generara  una violación al derecho de defensa del agremiado. En todo caso, a pesar de que ello no se desprende del texto del recurso, tampoco existe prueba alguna para inferir tal alegación. En todo caso, considera que el reclamo no es materia de constitucionalidad sino de legalidad y debería remitirse a la jurisdicción ordinaria. Reitera que los argumentos de la interposición son oscuros. Señala que el Colegio actuó de conformidad con los numerales 3, 10 inciso 1, 11 de la Ley Orgánica de la Corporación, así como en los artículos 73 y 76 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

                4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales

                 Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

                I.- Objeto del recurso. El recurrente relata que se siguió un procedimiento disciplinario en contra del tutelado. Acusa violación al derecho de defensa debido a que no se permitió al amparado evacuar la prueba.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
  1. En el expediente administrativo n° 484-16 se tramitó un procedimiento disciplinario en contra del amparado. (Hecho incontrovertido).
  2. Mediante resolución de las 14:00 horas del 10 de enero de 2017 se inició el citado procedimiento. En esa oportunidad se advirtió: “Se hace saber a las pates que la admisión y recepción de la prueba testimonial, documental o cualquier otra, será en la comparecencia oral y privada que oportunamente se señalará, por lo que se previene que toda la prueba que tengan a bien ofrecer con relación con este asunto, deberá presentarla ante esta Fiscalía en el mismo acto de la comparecencia oral y privada, o bien en fecha anterior, en cuyo caso deberán hacerlo por escrito (…). Lo anterior bajo pena de caducidad de ese derecho, en el entendido de no recibir ninguna prueba fuera de los plazos indicados, declarándose la misma inevacuable o inadmisible …”. Esta resolución fue notificada al amparado el 29 de marzo de 2017. (Ver informe rendido y prueba aportada).
  3. El 27 de octubre de 2017 se efectuó la comparecencia oral y privada. Con respecto a la prueba, se indicó: “3.1- Documental. (…) El Lic. Ruiz manifiesta que únicamente la que consta en autos. 3.2.- Testimonial: No se aporta prueba de parte del Lic. Ruiz que deba ser evacuada en esta audiencia.” (Ver informe rendido y prueba aportada).
  4. Mediante acuerdo 2018-42-009 del 29 de octubre de 2018, la Junta Directiva del Colegio accionado impuso al tutelado una amonestación. Esta resolución fue impugnada por la parte. (Ver informe rendido y prueba aportada).
  5. Mediante acuerdo 2019-44-072 del 12 de noviembre de 2019, la Junta Directiva del Colegio recurrido declaró sin lugar el recurso de revocatoria y dio por agotada la vía administrativa. Esta resolución fue notificada al interesado el 17 de diciembre de 2019. (Ver informe rendido y prueba aportada).
III.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, el accionante considera que hubo una violación al derecho de defensa del tutelado, pues acusa que no se le permitió evacuar prueba. Como punto de partida, la Sala nota el procedimiento administrativo seguido en contra del tutelado finalizó y, además, se dio por agotada la vía administrativa mediante acuerdo 2019-44-072 del 12 de noviembre de 2019. La Sala recuerda lo indicado en la sentencia 2019-017457 de las 9:20 horas del 13 de setiembre de 2019:
III.- ACERCA DE LA TUTELA OPORTUNA PROPIA DE ESTA SEDE.  Precisamente por ello, la vía del amparo tampoco puede ser utilizada para reabrir plazos fenecidos y fases precluidas de un procedimiento. Por ese motivo, en la Sentencia Nº 2019-03475 de las 10:40 horas del 26 de febrero de 2019, se dijo:
“…El recurrente señala que la autoridad recurrida dictó la resolución n° 03-2005 de las 8:00 hrs. del 18 de marzo de 2005 en la que sancionó a su representada por incumplimiento contractual y la inhabilitó por dos años para la participación de concursos; además, declaró sin lugar un incidente de nulidad absoluta interpuesto contra lo resuelto el que exhibe los mismos vicios que la anterior resolución. Sostiene que –en el ejercicio de su derecho de defensa– su representada interpuso recurso de reconsideración en el que exponía de manera detallada, los vicios errores e inconsistencias de la resolución administrativa indicada y, el 6 de diciembre de los corrientes, se le notificó la resolución n° 05-0071-2005 en la que se declaró sin lugar el recurso de reconsideración y se dio por agotada la vía administrativa   , sin que la administración haya entrado a analizar todos y cada uno de los puntos esgrimidos en su articulación Considera que se ha producido una violación constitucional por falta de motivación de los actos administrativos, lo que incide directamente en su derecho de defensa; sin embargo, los argumentos que se expone en el recurso no corresponde conocerlos a esta jurisdicción puesto que, se trata de un alegato de mera legalidad que no afecta su derecho de defensa. En efecto, al haber presentado la interesada los recursos y articulaciones procedentes contra el acto administrativo que sanciona a la amparada y haber sido éstos resueltos, agotándose en consecuencia la vía administrativa (folios 06 a 11) queda a la interesada –como una expresión de su derecho de defensa y de tutela judicial efectiva– acudir ante la sede contencioso administrativa a fin de que –en esa sede y no por la vía del amparo–, se revisen los actos administrativos que se impugnan, sin que la Sala pueda declarar la nulidad de los mismos o reabrir plazos fenecidos e incidir en el ámbito de competencia que constitucionalmente está reservado a la jurisdicción contencioso administrativa – artículos 153 y 49 de la Constitución Política–. En razón de que lo reclamado por el amparado constituye un asunto ajeno al ámbito de competencia de esta Jurisdicción, el amparo resulta inadmisible como se declara…”.
Este argumento, por sí solo, permite a la Sala declarar sin lugar el recurso. Otro punto procesal que impediría el conocimiento de este caso en sede constitucional sería la aplicación del artículo 35 Ley de la Jurisdicción Constitucional, visto que habían transcurrido sobradamente los dos meses establecidos en dicha norma, al momento de interposición del amparo.
Independientemente de lo expuesto, el reclamo tampoco es procedente por el fondo. Tras analizar los autos, la Sala tuvo por probado que la resolución de las 14:00 horas del 10 de enero de 2017 inició el procedimiento en contra del tutelado. En ella se advirtió: “Se hace saber a las pates que la admisión y recepción de la prueba testimonial, documental o cualquier otra, será en la comparecencia oral y privada que oportunamente se señalará, por lo que se previene que toda la prueba que tengan a bien ofrecer con relación con este asunto, deberá presentarla ante esta Fiscalía en el mismo acto de la comparecencia oral y privada, o bien en fecha anterior, en cuyo caso deberán hacerlo por escrito (…). Lo anterior bajo pena de caducidad de ese derecho, en el entendido de no recibir ninguna prueba fuera de los plazos indicados, declarándose la misma inevacuable o inadmisible …”. Esta resolución fue notificada al amparado el 29 de marzo de 2017. Luego, en la comparecencia del 27 de octubre de 2017, se indicó con respecto a la prueba: “3.1- Documental. (…) El Lic. Ruiz manifiesta que únicamente la que consta en autos. 3.2.- Testimonial: No se aporta prueba de parte del Lic. Ruiz que deba ser evacuada en esta audiencia.”. Es decir, sí hubo oportunidad para el amparado ofreciera y evacuara la prueba que considerara pertinente y, además, ejerciera su derecho de defensa. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso.
IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:

                Se declara sin lugar el recurso.

 

 
Fernando Castillo V.
Presidente
 
Paul Rueda L.
 
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
 
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
 
Ana María Picado B.



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