Sentencia Nº 2020008472 de Sala Constitucional, 08-05-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2020008472
Fecha08 Mayo 2020
Número de expediente20-005582-0007-CO

*200055820007CO*

Exp: 20-005582-0007-CO

Res. Nº 2020008472


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas veinte minutos del ocho de mayo de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-005582-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS) .


Resultando:

  1. Por escrito recibido en la Secretaría de la S. el 17 de marzo de 2020, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la CCSS, y manifiesta que trabaja para esa institución, desde el 2008; actualmente, como Auxiliar de Enfermería en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Indica que, en marzo de 2018 a su madre R.J.C., se le diagnosticó cáncer de pulmón, el cual afrontó con quimioterapia y siguiendo el protocolo establecido. Afirma que, pese a los esfuerzos realizados, en diciembre de 2019 su condición de salud se agravó. Por tal motivo, a partir de ese momento, conforme a la Ley 7756, se le otorgó la licencia de cuido. Explica que con el propósito que se le extendiera la licencia por Fase Terminal acudió al Área de Salud de Aserrí. Agrega que, con el dictamen médico en mano fue atendida por el Dr. V.R., código profesional 7159, el cual al momento de trascribir las fechas cometió el error de anotar del 24 de enero al 22 de febrero de 2020, pese a que lo correcto era del 17 de enero al 15 de febrero de 2020. Apunta que debido a dicho error y ante las graves consecuencias que éste le ocasionaría en su trabajo, al no poder justificar su ausentismo, se dirigió el 27 de enero de 2020 a la Clínica para solicitarle al Dr. V.R. que corrigiera la incapacidad, lo cual hizo de inmediato. Pese a ello, se le indicó que la boleta que estaba mal confeccionada, a saber la No. A00233520000568 ya había sido digitada en el sistema y bloqueada. Por tal razón, se le rebajó del salario la incapacidad de 30 días, del 24 de enero al 22 de febrero de 2020. Afirma que ante lo ocurrido y con el objeto de que se le pague el subsidio correspondiente, acudió a la sucursal de la CCSS en Multicentro de Desamparados, donde se le informó: “al encontrarse la incapacidad bloqueada no se me puede pagar pues no se ha logrado digitar el documento con las fechas corregidas”. Alega que, dada la situación, se dirigió a la Clínica de Aserrí, donde fue atendida por la funcionaria J.N.C. quien le indicó que ya se había hecho todo lo posible para aligerar el proceso. Aclara que lastimosamente su madre falleció el 16 de febrero del presente año, por lo cual se le concedieron 8 días de licencia, teniendo que reintegrarse el 24 de febrero de 2020. Apunta que el 25 de febrero de 2020, en pleno proceso de duelo, se reunió con K.P.H., de Oficinas Centrales de la CCSS, quien textualmente le indicó: “al ser inicialmente un error del doctor V. y del Área de Salud de Aserrí como tal, es allí donde se debe dar seguimiento directo y constante a mi caso 65295, manteniendo conversación estrecha con la Mesa de Servicios TIC”. Sostiene que el lunes 9 de marzo de 2020 la funcionaria Olga Lidia Segura García le comunicó que la boleta de la licencia ya se tramitó de manera correcta y el 10 de marzo recibió respuesta de la Contralora del Área de Aserrí. Pese a ello, el 11 de marzo de 2020, la funcionaria de la Clínica de Aserrí, le informó que no se le ha tramitado el pago porque la licencia no había sido validada por la oficina de Recursos Humanos del Hospital Nacional Psiquiátrico. Por lo anterior, se dirigió a dicha oficina el 12 de marzo, donde fue atendida por la encargada de las incapacidades y licencias A.M.G., quien le explicó que para poder validar la licencia y se le pagara el subsidio la Clínica de Aserrí debía incluir la información en el sistema de Registro Control y Pago de Incapacidades (RCPI), lo cual hasta ese momento no se había hecho. Aclara que el 2 de marzo de 2020 se le incapacitó por enfermedad hasta el 7 de marzo de 2020, boleta No. A00230420000822, misma que se encuentra en trámite, para posterior cancelación. Reprocha que la falta de pago del subsidio de incapacidad evidencia el desorden administrativo con el cual se ha tramitado su caso. Considera que los hechos descritos, lesionan sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso.
  2. Informa bajo juramento A.L.Q., en su condición de Jefe de la Sub-Área Asesoría Prestaciones en Dinero, de la Caja Costarricense de Seguro Social, que el otorgamiento y registro de las boletas de incapacidad y licencias es de competencia médica por lo que esta unidad que es de índole financiero no interviene en dicho proceso. Agrega que, esa unidad posee a cargo la asesoría y guía en uso del sistema, por lo que en casos que se requiere o se solicita ayuda por parte de los centros médicos, la funcionaria encargada a nivel informático del sistema Registro Control y Pago de Incapacidades, K.P.H., puede dar recomendaciones al respecto, sin embargo, la misma no posee la potestad para realizar cambios a nivel de competencia técnico-médicas. Acota que, de acuerdo con el centro de adscripción de la asegurada, Área de Salud Aserrí, le corresponde a la Sucursal de Desamparados proceder con los pagos por concepto de subsidios de la licencia en cuestión. Concluye que, mediante nota N° S1202-440-3-2020, la Sucursal de Desamparados informó que se procedió a pagar la Licencia para cuido de paciente en fase terminal otorgada a la recurrente. Solicita se desestime el recurso planteado.
  3. Informa bajo juramento A.I.N.F., en su condición de Directora de la Clínica de Aserrí Mercedes Chacón Porras de la Caja Costarricense de Seguro Social, que mediante informe N° CLEI-ASERRI-0102-2020 del 03 de abril de 2020, la Comisión Local de Incapacidades del Área de Salud de Aserrí indicó el trámite seguido por esta en relación con la recurrente, señalando que su caso fue analizado en sesión ordinaria de Comisión Local Evaluadora de Incapacidades el 24 de enero de 2020, cuando se recibió la documentación pertinente para dar trámite a la licencia por cuido de paciente en fase terminal, y que por ello se le entregó boleta de licencia N° A00233520000568 que regía del 24 de enero de 2020 al 22 de febrero de 2020, sea ello un plazo de 30 días. Añade que, el 27 de enero de 2020, el Dr. L.D.V.R., por error involuntario realizó incapacidad previa con fechas erróneas, por lo que procedió a enmendar el error y se confeccionó la boleta N° 4105939Z del 17 de enero de 2020 al 15 de febrero de 2020, y la misma se codificó de manera errónea por parte de redes, por lo que la Dra. M.L.G., procedió a anularla y confeccionó la boleta N° 4105940Z por el mismo período señalado anteriormente el 20 de febrero de 2020. Posteriormente, acota, dándole continuidad a la licencia por fase terminal, de la cual venía disfrutando la tutelada, se le extendió una nueva licencia en sesión ordinaria de Comisión Local Evaluadora el 14 de febrero de 2020 con N° 3687979Z del 16 de febrero de 2020 al 16 de marzo de 2020, y señala que si bien se incurrió en un error involuntario, el mismo fue corregido a la brevedad posible; sin embargo, los retrasos posteriores obedecieron a trámites administrativos ajenos al Área de Salud. Explica que, según informe de la J.tura de Registros Médicos y Estadísticas de Salud del 02 de abril de 2020, se dispuso que “el 24 de enero de 2020, la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades realizó la licencia de fase terminal N° A00233520000568 en el SIES, con fechas del 24 de enero de 2020 al 22 de febrero de 2020. El 29 de enero de 2020 se procedió a bloquear tal boleta, ya que las fechas estaban erróneas, y se le confeccionó una nueva boleta con número 4105939Z con fecha del 17 de enero de 2020 al 15 de febrero de 2020. El mismo 29 de enero de 2020 se envió el correo a la dirección electrónica de prestaciones en dinero informando esta situación. El 30 de enero de 2020, se recibió respuesta mediante correo institucional por parte de la funcionaria K.P.H., del Área de Tesorería General, indicando que la incapacidad no podía anularse desde el RCPI, sino que la deben realizar por medio del SIES. El 11 de febrero de 2020 se envió correo al Grupo de Recuperación de Incapacidades, solicitando reversar el estado de la incapacidad para poder eliminarla y digitar la boleta correcta, ya que el RCPI generaba un error. Ese mismo día se recibió correo de la funcionaria antes mencionada indicando que se debía remitir el caso a la Mesa de Servicios TIC, por lo que al funcionaria J.N. hizo el reporte a tal despacho. El 12 de febrero de 2020, mediante correo la mesa de Servicios TIC, transfirió el caso al funcionario J.C.M.L., que a su vez lo transfirió a la funcionaria P.H.. El 14 de febrero de 2020, se recibió correo de la funcionaria P.H., indicando que iba a emitir solicitud a Sistemas Financiero-Administrativos y que una vez efectuada la anulación les estarían comunicando por medio del correo. El 03 de marzo de 2020, la funcionaria N. envió correo a P.H. sobre el seguimiento al caso de la anulación de la incapacidad, ya que no se había recibido respuesta, y respondió que todavía estaba en proceso. El 05 de marzo de 2020, se recibió correo de P.H. indicando que la boleta inicial fue anulada en el sistema RCPI. Una vez recibido el correo de la anulación de la incapacidad se procedió a digitar la licencia de fase terminal el 05 de marzo de 2020, según boleta número 4105940Z y se le dio refrendo respectivo en el RCPI el 06 de marzo de 2020. El 13 de marzo de 2020 se recibió correo de la funcionaria M.M.G., de la Oficina Gestión de Recursos Humanos del Hospital Nacional Psiquiátrico, indicando que no estaba incluida en el RCPI la incapacidad para poder validarla y que se le cancelara el subsidio a la usuaria. El 16 de marzo de 2020, la funcionaria O.L.S.G., encargada del refrendo de incapacidades en el Área de Salud respondió correo a Muñoz González, indicándole que la boleta 4105940Z ya estaba tramitada por parte de ese despacho y se le enviaron capturas de pantalla”. Por lo que el 27 de enero, por error subsanable se anuló y se confeccionó la boleta N° 4105940Z, por el mismo periodo señalado el 20 de febrero de 2020, y se extendió una nueva licencia en sesión ordinaria el 14 de febrero de 2020 (16 de febrero de 2020 al 16 de marzo de 2020). Agrega que según oficio del 03 de abril de 2020, las diligencias realizadas subsanaron el error y se digitó correctamente la boleta. Concluye que una vez recibido el correo de la anulación de la incapacidad se procedió a digitar la licencia de fase terminal el 05 de marzo de 2020, según boleta N° 4105940Z y se le dio el refrendo respectivo en el RCPI el 06 de marzo de 2020. El 05 de marzo se recibió la boleta N° A0023352000568 anulada en el sistema RCPI por el Área de Salud de Aserrí y se procedió a digitar la licencia de fase terminal el 05 de marzo de 2020 y luego el refrendo respectivo en el RCPI el 06 de marzo de 2020. Solicita se desestime el recurso planteado.
  4. Informa bajo juramento M.A.C., en su condición de J. a.i. de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos del Hospital Nacional Psiquiátrico, que “es cierto, es funcionaria de la Caja Costarricense de Seguro Social, labora en el Hospital Nacional Psiquiátrico con fecha de ingreso el 12 de junio del 1998, corno Auxiliar de Enfermería… En nuestros registros se encuentra incapacidad de la señora [Nombre 002], cédula 1-1235-0729, del 17 de enero del 2020 al 15 de febrero del 2020. Ver anexo 1… La información brindada por la funcionaria de la Clínica de Aserrí. según dice la recurrente "... no se le ha tramitado el pago porque la licencia no había sido validada por la Oficina de Recursos Humanos de Hospital Nacional Psiquiátrico ..." no es cierto…. En conclusión, el trámite que realiza la Oficina de Recursos Humanos es sobre salarios, el pago de incapacidades es un subsidio que es tramitado por la Subárea de Prestaciones en Dinero por medio del Sistema de Registro Control y Pago de Incapacidades, en el caso de licencias de Fase Terminal. Menor Grave, Extraordinaria y Maternidad, la Oficina de Gestión Recursos Humanos, no realiza ningún chek en el sistema porque no existe”.
  5. Por resolución de las 13:22 hrs. del 17 de abril de 2020, la Magistrada Instructora le confirió audiencia al Jefe Administrativo de la Sucursal de Desamparados de la CCSS.
  6. Informa bajo juramento H.A.P.S., en su condición de Jefe Administrativo de la Sucursal de Desamparados de la CCSS, que “le informo que el día 30 de marzo de 2020 se procedió a cancelar el monto correspondiente de la licencia de fase terminal a la señora [Nombre 001] , boleta 4105940Z del periodo 17/01/2020 al 15/02/2020”.
  7. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

R.e.M.....C.V.; y,

Considerando:

  1. Objeto del recurso. La parte recurrente reclama la vulneración a sus derechos fundamentales, pues acusa que la CCSS no le ha cancelado una licencia por fase terminal correspondiente del 17 de enero al 15 de febrero de 2020, por una serie de errores administrativos de esa institución. No obstante, pese a lo anterior, el 11 de marzo de 2020, la funcionaria de la Clínica de Aserrí, le informó que no se le ha tramitado el pago porque la licencia no había sido validada por la oficina de Recursos Humanos del Hospital Nacional Psiquiátrico. Por lo anterior, se dirigió a dicha oficina el 12 de marzo, donde fue atendida por la encargada de las incapacidades y licencias A.M.G., quien le explicó que para poder validar la licencia y se le pagara el subsidio la Clínica de Aserrí debía incluir la información en el sistema de Registro Control y Pago de Incapacidades (RCPI), lo cual hasta ese momento no se había hecho. Aunado a lo anterior, el 02 de marzo de 2020 se le incapacitó por enfermedad hasta el 7 de marzo de 2020, boleta No. A00230420000822, misma que se encuentra en trámite, para posterior cancelación.
  2. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
    1. El 24 de enero de 2020, por error involuntario, el Dr. V.R. realizó una incapacidad con fecha del 24 de enero de 2020 al 22 de febrero de 2020 (véase informe de Área de Salud de Aserrí).

    2. El 27 de enero de 2020, se procedió a enmendar el error y se confeccionó la boleta N° 4105939Z con fechas del 17 de enero de 2020 al 15 de febrero de 2020; sin embargo, esta se codificó de forma errónea, por lo que se confeccionó correctamente la boleta N° 4105940Z por el mismo período señalado (véase informe del Área de Salud de Aserrí).

    3. El 14 de febrero de 2020, mediante Sesión Ordinaria de Comisión Local Evaluadora de Incapacidades se extendió una nueva licencia a favor de la recurrente, con fechas del 16 de febrero de 2020 al 16 de marzo de 2020 (véase informe del Área de Salud de Aserrí).

    4. El 11 de marzo de 2020, la funcionaria de la Clínica de Aserrí, le informó a la recurrente que no se le había tramitado el pago porque la licencia no había sido validada por la oficina de Recursos Humanos del Hospital Nacional Psiquiátrico (hecho no controvertido).

    5. El 25 de marzo de 2020, las autoridades de la CCSS fueron notificados de la resolución de curso (véase actas de notificación).

    6. El 30 de marzo de 2020, la CCSS procedió al pago de la licencia por fase terminal a la recurrente por el período del 17 de enero de 2020 al 15 de febrero de 2020 (véase informe de la Sucursal de Desamparados de la CCSS).

  3. Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente manifiesta que en razón de la enfermedad de su madre, en diciembre de 2019 se le otorgó una licencia de cuido; no obstante, por una serie de errores materiales en la boleta, fue digitada de esa forma en el sistema y por ende se bloqueó, lo cual ocasionó el rebajo de salario del 24 de enero de 2020 al 22 de febrero de 2020, situación que expuso a una sucursal de la CCSS y en el Área de Salud de Aserrí en reiteradas ocasiones; sin embargo, su madre falleció el 16 de febrero de 2020 y fue hasta el 7 de marzo que se le incapacitó por enfermedad. Del elenco de hechos probados, se comprueba que el 24 de enero de 2020, por error involuntario, el médico encargado realizó una incapacidad previa con fechas del 24 de enero de 2020 al 22 de febrero de 2020. No obstante, el 27 de enero de 2020, se procedió a enmendar el error con fechas del 17 de enero de 2020 al 15 de febrero de 2020. Ahora bien, del estudio de autos y documentación presentada por las partes, se logra verificar parcialmente una lesión a los derechos fundamentales de la tutelada, toda vez que a la fecha de interposición del recurso -el 17 de marzo de 2020- no se le había cancelado el pago de la licencia, puesto que si bien, se cometió un error administrativo al momento de la emisión de la licencia, lo cierto es que las autoridades administrativas -de forma descoordinada- no lograron subsanar la problemática acusada y no fue hasta con ocasión de este proceso de garantía que fue el 25 de marzo de 2020, se procedió al pago de la alegada licencia el 30 de marzo de 2020 (véase informe del Jefe de la Sucursal de Desamparados). Por otro lado, en cuanto a la falta de pago de la incapacidad por enfermedad del 02 de marzo de 2020 al 7 de marzo de 2020, el recurso debe ser desestimado, ya que a la fecha de interposición del recurso no había transcurrido un plazo desproporcionado para su pago. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente para efectos indemnizatorios.
  4. SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL CASO CONCRETO. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta S. que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el correspondiente proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
  5. RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO. Coincido con la mayoría de la S. en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la S.. No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente:
La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la S. Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.
Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la S., exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.
En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la S. para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derecho fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “ (a)demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…” . Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la S. ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional.
Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.
La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la S. conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la S. constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.
Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la S. -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado” , situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado. En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas.
En este caso, puede afirmarse que la S. ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.
  1. RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, EN RELACIÓN CON LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Coincido con el resto de la S. en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
El artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la S. ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la S. haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la S., aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una “ terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta S. puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “ únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
  1. Razones diferentes de la Magistrada G.V.. En términos generales, cuando la S. por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “ resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “ si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la S. así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la S. condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la S. a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.
En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.
  1. Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta S. a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente por la tardanza en el pago de la licencia del 17 de enero de 2020 al 15 de febrero de 2020. Se condena a la Caja Costarricense del Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo relativo al pago de la incapacidad del 02 de marzo de 2020 al 07 de marzo de 2020, se declara sin lugar el recurso. La Magistrada H.L. da razones diferentes sobre la condenatoria en daños, perjuicios y costas, de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado S.A. da razones diferentes en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada G.V. da razones diferentes en cuanto a la condenatoria en costas, daños y perjuicios.


Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. S.zar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.



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