Sentencia Nº 2020008852 de Sala Constitucional, 13-05-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expedienteExp:
Fecha13 Mayo 2020
Número de sentencia2020008852

*200063610007CO*

Exp: 20-006361-0007-CO

Res. Nº 2020008852

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del trece de mayo de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por FRANCISCO JIMÉNEZ SOLANO, cédula de identidad No. 1-1485-0407, a favor de JOHANNY BRIZUELA ARCE, cédula de identidad No. 7-0105-0040, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL y LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL 20 DE DICIEMBRE.

Resultando:

1.- Por escrito recibido por medio del sistema de fax de esta Sala a las 11:08 horas de 31 de marzo de 2020, el recurrente interpuso recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social y la Unidad de Atención Integral 20 de diciembre. Manifiesta que su representado se encuentra privado de libertad en la Unidad de Atención Integral 20 de Diciembre. Indica que el 12 de marzo de 2020, el amparado tenía programada una cita médica en el Área de Medicina Paliativa del Hospital San Juan de Dios. Añade que por oficio No. UAI-20-DIC-OFI-0589-2020 del Departamento de Seguridad de la Unidad recurrida, la parte amparada no fue trasladada al centro médico para su cita, al argumentar que solo cuentan con 2 unidades móviles para dichos traslados, pero éstas no dan abasto, ya que se encuentran atendiendo otras diligencias médicas. Además, que se procedería a remitir la referencia médica para su respectiva reprogramación. Señala que las autoridades de la Unidad de Atención Integral recurrida y el Ministerio de Justicia y Paz deben tomar las medidas necesarias para garantizar el traslado de las personas privadas de libertad a las citas médicas respectivas. Afirma que lo argumentado por los recurridos para no trasladar al amparado a la cita médica que tenía programada, no es aceptable, por cuanto las autoridades de las áreas médicas y de seguridad tienen que coordinar lo que corresponda para garantizar el derecho a la salud de los privados de libertad. Sostiene que a la fecha de interposición de este recurso, no se ha reprogramado la cita médica que perdió el amparado y ante la declaratoria de pandemia por el virus COVID-19 existente en el país, dicha cita no podrá ser programada en un futuro cercano. Considera que lo expuesto violenta los derechos fundamentales del amparado.

2.- En resolución de las 16:55 horas de 31 de marzo de 2020, se dio curso al amparo y se solicitó informe al Director General y al Director Médico de la Clínica, ambos de la Unidad de Atención Integral 20 de Diciembre; el Director General de Adaptación Social, la Ministra de Justicia y Paz, así como el Director Médico y el Jefe del Servicio de Medicina Paliativa, ambos del Hospital San Juan de Dios, sobre los hechos alegados en el recurso.

3.- Mediante escrito agregado al expediente digital a las 13:30 horas de 16 de abril de 2020, informan bajo juramento Leonel Salas Araya y Dr. Rafael Alberto González Corte, por su orden Director y Director Médico, ambos de la Unidad de Atención Integral 20 de diciembre, que el amparado efectivamente el 12 de marzo de 2020, tenía programa una cita electiva en el Servicio de Medicina Paliativa del Hospital San Juan de Dios. Indican que no fue posible efectuar por cuanto las unidades móviles se encontraban atendiendo otras diligencias. Señalan que debido a la condición del amparado, quien padece de hernia discal L4-L5, requiere de tratamiento analgésico crónico, por lo que se coordinó con medicina paliativa del Hospital de Guápiles para que le prescribiera el tratamiento que requiere. Acota que en el Hospital de Guápiles se le emitió receta por tres meses para que reciba el tratamiento en cuestión; y, además, se le dio cita de control en tres meses en el Hospital de Guápiles. Solicitan se declare sin lugar el recurso.

4.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:10 horas de 21 de abril de 2020, informa bajo juramento Viviana Boza Chacón, en su condición de Directora General de Adaptación Social, en igual sentido que el Director y Director Médico, ambos de la Unidad de Atención Integral 20 de diciembre.

5.- Mediante escrito agregado al expediente digital a las 21:10 horas de 28 de abril de 2020, informan bajo juramento Ileana Balmaceda Arias y María del Pilar Rodríguez Paniagua, por su orden Directora General y Jefa del Servicio Clínica del Dolor y Cuidado Paliativo, ambos del Hospital San Juan de Dios, que efectivamente el Sr. Brizuela Arce estuvo ausente en su cita médica del 12 de marzo de 2020; no obstante, sobre las causas que motivaron no presentarse, no corresponde a las competencias de ese hospital, por cuanto, el traslado correspondía al centro penitenciario. En todo caso, señalan que el amparado recibió el tratamiento que necesitaba por parte del Hospital de Guápiles, en donde además, se le brindó cita de control para el 1° de julio de 2020. Solicitan se declare sin lugar el recurso.

6.- Por medio de escrito agregado al expediente digital a las 9:05 horas del 30 de abril de 2020, informa bajo juramento Fiorella Salazar Rojas, en su condición de Ministra de Justicia y Paz, igual sentido que el Director y Director Médico, ambos de la Unidad de Atención Integral 20 de diciembre.

7.- En resolución de las 21:17 horas de 3 de mayo de 2020, se amplió el recurso y se solicitó informe a la Directora Médica del Hospital de Guápiles, sobre los hechos alegados en el recurso.

8.- Mediante escrito recibido agregado al expediente digital a las 13:27 horas de 8 de mayo de 2020, informa bajo juramento Iliana Musa Mirabal, en su condición de Directora General del Hospital de Guápiles, que el 30 de marzo de 2020, recibió correo electrónico por parte del médico del CAI de Pococí, en donde indica que el tutelado tenía consulta el 12 de marzo de 2020 en la Clínica del Dolor del Hospital San Juan de Dios, pero no pudo ser trasladado a causa de problemas de transporte, por lo que, el médico les solicitó que le suministraran el medicamento que requería y le programaran una cita de control. Menciona que la Coordinadora de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de ese hospital realizó las coordinaciones necesarias con el Hospital San Juan de Dios para que le remitieran el listado de medicamentos que utiliza el paciente. Agrega que el 3 de abril de 2020, la Coordinadora de la Clínica del Dolor se trasladó al Ebais del sector y entregó el 3 de abril de 2020, las recetas para tratamiento por tres meses a favor del tutelado, con las dosis de medicamentos suficientes y le asignaron una cita médica de control para el 1° de julio de 2020, en la Clínica del Dolor de Guápiles. Solicita se declare sin lugar el recurso.

9.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que el amparado tenía una cita médica programada para el 12 de marzo de 2020; sin embargo, no fue trasladado por parte de las autoridades de la Unidad de Atención Integral 20 de diciembre en donde se encuentra recluido, al argumentar que no contaban con unidades móviles para realizar el traslado. Acusa que a la fecha en que acude en amparo, no se ha reprogramado la cita médica que requiere, por lo que se encuentra sin el tratamiento necesario para atender su padecimiento de salud.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

1) El amparado se encuentra privado de libertad en la Unidad de Atención Integral 20 de diciembre (ver informe rendido por la autoridad recurrida).

2) El paciente padece de hernia discal L4-L5, requiere de tratamiento analgésico crónico (ver informe rendido por la autoridad recurrida).

3) El 12 de marzo de 2020, el tutelado tenía programada una cita en el Servicio de Medicina Paliativa del Hospital San Juan de Dios; sin embargo, estuvo ausente, por cuanto no fue trasladado por parte de la Unidad de Atención Integral recurrida (ver informe rendido por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente).

4) El 30 de marzo de 2020, las autoridades de la Unidad de Atención Integral contactaron al Hospital de Guápiles y comentaron el caso del amparado, para coordinar que se le suministrara el tratamiento que requiere y que se le programara una cita de control (ver informe rendido por la autoridad recurrida).

5) El 1 y 2 de abril de 2020, se notificó la resolución de curso de este proceso de amparo a las autoridades del Hospital San Juan de Dios y de la Unidad de Atención Integral 20 de diciembre, respectivamente (ver actas de notificación).

6) Con ocasión a la interposición de este proceso de amparo, el 3 de abril de 2020, se le brindó al tutelado las dosis de tratamiento para 3 meses que requiere para tratar su condición de salud y se le asignó cita de control para el 1° de julio de 2020, en el la Clínica del Dolor del Hospital de Guápiles (ver informe rendido por las autoridades recurridas).

III.- Sobre el derecho a la salud de los privados de libertad. En reiteradas ocasiones esta Sala ha desarrollado las especiales características de este derecho, señalando que todas las personas recluidas en el sistema penitenciario nacional -sean condenados o presos cautelarmente- tienen derecho a recibir, en forma expedita y eficaz, la atención necesaria para la protección de su salud, e integridad física y psicológica. En ese sentido, se disponen una serie de obligaciones para la Administración Penitenciaria, como por ejemplo, que debe disponer de servicios médicos calificados para el tratamiento de los internos, así como contar con los recursos para el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales en establecimientos de salud especializados o en hospitales nacionales; sin que sea de recibo la justificación que supedite la protección de dicho derecho a la realización de trámites burocráticos o a la existencia de recursos económicos (ver en ese sentido la sentencia No. 2012-011290 de las 9:05 horas de 17 de agosto de 2012).

IV.- Sobre el caso concreto. Después de analizar los elementos probatorios aportados y los informes rendidos bajo juramento por las autoridades recurridas, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se acredita una vulneración al derecho a la salud del amparado, únicamente, en contra de las autoridades de la Unidad de Atención Integral 20 de diciembre. En efecto, se constata que el amparado se encuentra privado de libertad en la Unidad de Atención Integral recurrida y que el 12 de marzo de 2020, tenía una cita médica en el Servicio de Medicina Paliativa del Hospital San Juan de Dios, en virtud de su padecimiento de hernia discal L4-L5 para el cual requiere de tratamiento analgésico crónico. Pudo acreditarse también que el tutelado estuvo ausente a su cita médica, debido a que la Unidad de Atención Integral no lo trasladó a su cita, por un problema con las unidades móviles.

Al respecto, las autoridades penitenciarias recurridas informan que el 30 de marzo de 2020, solicitaron colaboración al Hospital de Guápiles para que se atendiera al amparado y se le brindara el tratamiento a seguir, si bien esta actuación se realizó en apariencia de previo a la notificación de la resolución de curso de este proceso de amparo, lo cierto es que, no fue sino hasta que se notificó la resolución de curso a las autoridades recurridas que al amparado se le brindó el tratamiento que requería y se le asignó una cita médica de control en el Hospital de Guápiles

En consecuencia, considera esta Sala que la falta de traslado al amparado a la cita médica que tenía programada, vulnera su derecho a la salud, consagrado en el numeral 21 de la Constitución Política, por cuanto, requería ser llevado a esta para que se le brindara el tratamiento que requiere para su padecimiento crónico.

De esta forma, al acreditarse la violación al derecho a la salud en los términos dichos, el recurso debe ser declarado parcialmente lugar, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, dado que la pretensión del recurrente ya fue debidamente atendida y, únicamente, en contra de las autoridades de la Unidad de Atención Integral 20 de diciembre, por cuanto fue su responsabilidad el no traslado del amparado. Lo anterior, debido a que pudo comprobarse que las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social le han brindado la atención médica que ha requerido e incluso colaboraron para que se le brindara de una manera célere la atención médica que requería, tomando en cuenta que la ausencia en la cita no fue responsabilidad suya.

V.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la ley de la jurisdicción constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VI.- Nota del Magistrado Rueda Leal. Advierto que en este recurso no salvo el voto como ordinariamente lo hago y remito el asunto al Juez de Ejecución de la Pena, dado que el amparo está relacionado con aspectos de salud que según aduce el amparado le afectan, lo que es una excepción para mí, dada la relevancia de dicho derecho para la propia existencia del ser humano y cuya resolución debe ser atendida céleremente. Por consiguiente, estimo procedente conocer por el fondo el recurso.

VII.- Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

VIII.- Voto salvado parcial de la Magistrada Garro Vargas. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

IX.- Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios causados; únicamente, en contra de la Unidad de Atención Integral 20 de diciembre. Se ordena a Leonel Salas Araya y Dr. Rafael Alberto González Corte, por su orden Director y Director Médico, ambos de la Unidad de Atención Integral 20 de diciembre, o a quienes en sus lugares ocupen dichos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que trasladen al amparado a la cita médica que le fue programada al amparado para el 1° de julio de 2020, en la Clínica del Dolor del Hospital de Guápiles. Lo anterior, bajo la advertencia que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley la Jurisdicción Constitucional, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Rueda Leal pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.-

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Alicia Salas T.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*PJAKVN543QYG61*

PJAKVN543QYG61

EXPEDIENTE N° 20-006361-0007-CO

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